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Conflictos socio - ambientales por el agua en La Guajira

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Conflictos socio - ambientales por el agua en La Guajira

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Claudia Florez ID:621127

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Conflictos socio - ambientales por el agua en La Guajira - Semillas

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Las relaciones ancestrales y tradicionales que las comunidades de la Guajira mantuvieron con sus aguas como garantía de la vida y elemento sagrado, se han visto desconfiguradas por la actividad extractiva minera privilegiada como supuesto motor de desarrollo económico de la región y del país.

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Posibles soluciones desde un punto social hacia una problemática ambiental.
Viviana Martinez
ID:620585

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Aproximadamente 500.00 personas viven en el departamento de la guajira, pertenecen a varias culturas indígenas, árabe y criolla.
La Guajira es multilingüe y pluricultural. Cinco grupos indígenas residen entre la pampa y las montañas: wayuu, kinqui, ika, kogui y wiwa; los criollos viven principalmente en los asentamientos urbanos y los euro-asiáticos: árabes o “turcos”, en Maicao.
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=44&COLTEM=216

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Electrificación fotovoltaica en comunidades indígenas de la alta Guajira Enel-Corinam ong

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Electrificación fotovoltaica en comunidades indígenas de la alta Guajira Enel-Corinam ong

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Utilización de soluciones limpias para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Guajira
Claudia Florez ID:621127

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La electrificación fotovoltaica para la Alta Guajira Colombia es un proyecto liderado por Enel Green Power, que consiste en convertir las áreas rurales en autosuficientes y sustentables.

Enel trabaja en convenio con Barefoot College Tilonia (India) quien apoya el programa a través de la transferencia de tecnología solar. En este importante proceso, en sus inicios confluyen actores importantes, como la Embajada de la India en Colombia, la Agencia Presidencial de Cooperación - APC, quien firmó un convenio con la Corporación Internacional Ambrosia - Corinam Ong para la nacionalización de los paneles.

Para implementar el programa en 6 comunidades de la Alta Guajira, Enel en Colombia cuenta con su Ong aliada Corinam, para desarrollar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a tan hermoso proyecto.

Tres mujeres valerosas, quienes iniciaron el reto de implementar sus conocimientos en cada una de sus comunidades, María Luisa Uriana Ramírez, María Milagros Ibarra Epieyu, Magalis Polanco, habitantes del municipio de Uribia.

Más de 500 familias indígenas wayúu de la zona de Nazareth y Wimpeshi beneficiada del proyecto de electrificación solar están felices al ver por primera vez iluminadas sus comunidades, por poder tener más tiempo para compartir en familia, tejer sus mochilas y chinchorros, mover la economía local.

Próximamente serán beneficiadas de este importante programa, dos comunidades más, nos informa la directora ejecutiva de Corinam, Isabel Gutiérrez, quien con su equipo de profesionales acompañaron a las mamás solares en la instalación de los paneles solares, en el proceso de selección de las mujeres que viajaron a la India, organización de las comunidades y sus asociaciones solares y realizando el seguimiento a dicho proyecto para apoyar su sostenibilidad. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

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Electrificación fotovoltaica en comunidades indígenas de la alta Guajira Enel-Corinam ong

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La electrificación fotovoltaica para la Alta Guajira Colombia es un proyecto liderado por Enel Green Power, que consiste en convertir las áreas rurales en autosuficientes y sustentables. Enel trabaja en convenio con Barefoot College Tilonia (India) quien apoya el programa a través de la transferencia de tecnología solar.

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el Cerrejón, una de las empresas privadas más grandes y rentables de Colombia que funciona, en La Guajira, una de las regiones más desiguales del mundo y con una alta tasa de mortalidad, contaminación y desnutrición.
Claudia Florez ID:621127

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¡Cerrejón la Muerte Negra! Episodio 3, Lo que el gobierno colombiano no quiere que veas

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Población indigena Wayuu toma el ferrocaril de Cerrejon hacia el puerto en el Caribe. Cerrejón la Muerte Negra 2001: VIDEO: http:/...

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Las problemáticas generadas por la intención de desarrollo económico de unos pocos, termina con la naturaleza, la cultura y la vida digna de los habitantes y poblaciones vulnerables de la zona.
Claudia Florez ID:621127

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BOGOTÁ. En medio del drama humanitario que vive La Guajira por las muertes casi que semanales de niños por causas asociadas a la desnutrición, la Corte Constitucional hace público un fallo que había emitido el año pasado a favor de 40 familias de los corregimientos de Patilla y Chancleta, en Barrancas, sur de la península, ordenando al Gobierno, a Carbones del Cerrejón, a Aguas del Sur de La Guajira, a la Alcaldía y a la Gobernación garantizar el acceso, la calidad y la disponibilidad del agua potable.

Citando un informe de 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, que dice que "las enfermedades transmitidas por medio del agua ocupan el segundo lugar en las causas de muerte en la niñez en todo el mundo, después de las infecciones del tracto respiratorio", la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a las comunidades afrodescendientes que conforman el Consejo Comunitario 'Negros Ancestrales' de Barrancas.

El alto tribunal defensor de la Carta Magna, mediante un fallo de 228 páginas, fechado el 5 de mayo de 2015, y con ponencia de la magistrada Martha Victoria Sáchica Méndez, apoyada por sus colegas de sala Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa, revocó las sentencias contrarias a la comunidad, emitidas en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, el 2 de abril de 2014, y en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, el 22 de mayo de 2014.

Amparó de esta manera el alto tribunal "los derechos al ambiente sano, a la vida, la salud, al agua potable y a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas de reasentamiento de las familias a las que pertenecen los accionantes y al reconocimiento y subsistencia como pueblo ancestral de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas".
"El agua la usa el Cerrejón"
En las entrevistas realizadas por la Corte desde el 5 de marzo de 2015 en los corregimientos en cuestión, dirigidas por el magistrado auxiliar Juan Antonio Barrero Berardinelli, el campesino Wilman Palmezano Arregocés, en Chancleta, advirtió: "nosotros queremos que se nos proteja, porque nos sentimos solos (...), no queremos que nos violen nuestros derechos, que nos los han violado toda la vida, nos han quitado el agua, nos han quitado los alimentos, nos han quitado todo, entonces nosotros aquí resistimos porque Dios es grande y estamos con él y él está con nosotros".

Y a la pregunta de ¿cuáles son las condiciones del servicio de agua en cuanto a calidad, disponibilidad, accesibilidad?, responde el guajiro: "eso fue lo primero que contaminó el Cerrejón, ellos fueron creando poco a poco la necesidad. (...) Teníamos el arroyo Cerrejoncito, recibíamos el agua (...), ¿entonces qué paso? El Cerrejón por allá nos lo contaminó, allá hay un bombardeo de contaminación hacen unas taladas que van a descargar al arroyo y ya nosotros no podemos consumir esa agua".

A su vez, Rubén Darío Araújo Uriana, campesino de Patilla, describió: "(...) ellos tienen unos socavones donde se crea el carbón y el agua que mana de ese manantial, eso lo utilizan ellos, en tiempos de invierno, paralelo a las aguas lluvia, echan el agua allá en la comunidad de Patilla y se multiplica el zancudo, de toda clase de insectos, como presión para que nos vayamos del territorio. (...) Cuando los socavones se llenan, a través de unas turbinas gigantescas extraen el agua y nos contaminan el agua muy aledaña al poblado, donde allí llegan al pasto son los niños (...)".
El pleito
Campo Elías López Morón, actuando como apoderado judicial de la comunidad, presentó una acción de tutela contra la empresa Carbones del Cerrejón "a causa de la contaminación ambiental por la emisión de las partículas de carbón que genera la explotación carbonífera a cielo abierto y ante el incumplimiento por parte de la empresa accionada de hacer efectivo el proceso de reasentamiento de sus familias, sin tener en cuenta su identidad étnica como comunidad negra".

Indica López que desde hace más de 30 años el complejo carbonífero ha explotado el mineral a cielo abierto en las inmediaciones de sus territorios y que el 12 de agosto de 2010 el Ministerio de Ambiente ordenó a la empresa proceder a la reubicación y reasentamiento de los habitantes de Patilla y Chancleta, en un término que no superara el mes de diciembre de 2011.

Y si bien algunas familias de la comunidad afectada se han reubicado en una zona sobre la carretera nacional, hasta la fecha no se ha hecho efectivo de manera completa el reasentamiento ordenado.

Por su parte, el Cerrejón inició la construcción de unas viviendas en la carretera nacional, dotadas de todos los servicios públicos, pero las familias que interponen la tutela se niegan a ser parte del proyecto, al considerar que éste va en contra de su identidad cultural y social como comunidad negra, rural y campesina.

En suma, en la actualidad existen aproximadamente 40 familias que no han sido reasentadas, entre ellas hogares que llevan más de 10 años en laz zona, las familias wayuú que llevan más de 10 años viviendo en ese territorio y las familias con raíces ancestrales afrodescendientes.
Cerrejón responde
En respuesta, el apoderado judicial de la empresa asegura que para la extracción de carbón "se utilizan los más avanzados estándares de calidad certificada ISO 14001-2014, con lo cual se genera el más bajo impacto ambiental".

Y sobre el proceso de reasentamiento, sostuvo que "en el año 2000 se realizó un censo dentro de las poblaciones de Chancleta y Patilla con el fin de iniciar el proceso de reubicación. Posteriormente, se observó que entre los años 2005 a 2007 las familias asentadas en ese territorio aumentaron considerablemente y hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela continúan llegando más familias".

Afirma el Cerrejón, finalmente, que "los estándares utilizados por la empresa para el reasentamiento (...) son los establecidos por los estamentos internacionales y el Banco Mundial, razón por la cual, están bajo la supervisión de Anla".
Los fallos anteriores
El Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas consideró que la tutela "era improcedente, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad", y aseveró que "el mecanismo idóneo para solucionar de forma definitiva la afectación de los derechos invocados por los accionantes es la acción popular".

Las familias impugnaron, alegando que "si bien se trata de derechos colectivos, la Corte Constitucional ha declarado la procedencia de la acción de tutela en casos en los cuales se está ante la vulneración de derechos fundamentales".

Pero el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar confirmó el fallo de primera instancia, al señalar que "los accionantes deben acudir a medios ordinarios para la defensa de sus derechos".
"Minería acaba el agua"
Cita el alto tribunal en su providencia el informe aportado por la organización ambientalista Censat Agua Viva, en el que se comprobó la carencia de agua en la comunidad: "el acompañamiento que hemos realizado en diferentes comunidades del sur de La Guajira, nos permite afirmar que la gran minería a cielo abierto realizada por la multinacional Cerrejón tiene enormes e irreparables consecuencias a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas de la región".

Agrega el documento que "estamos frente a una forma de extracción minera que utiliza grandes cantidades de agua, un bien común cada vez más escaso y necesario para la vida y reproducción de las poblaciones".

Del mismo modo, la Corte tiene en cuenta otro informe del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, en el que se advierte de cuatro tipo de vulneraciones de la minería a cielo abierto contra las comunidades del sur de La Guajira: no hay acceso a fuentes hídricas como ríos, arroyos, jagüeyes y pozo por partes de las comunidades a raíz la presión de terceros, el cercamiento y cierre de formas de acceso como cierre de vías y caminos tradicionales, y cierre de sistemas tradicionales de abastecimiento de agua; la contaminación de fuentes hídricas causada por la extracción de recursos naturales; la pérdida de fuentes hídricas abastecedoras por la disminución del caudal y la desaparición de las fuentes hídricas, y el desvío de cauces de ríos y arroyos, y finalmente, el desabastecimiento de agua para el desarrollo de proyectos productivos y gestión de sistemas de recolección, almacenamiento y distribución de agua potable.
Lo ordenado
La Corte ordena a los condenados emprender un plan de suministro de agua potable a las comunidades en mención, que deberá ejecutarse en dos años, con plazos específicos para que las comunidades le hagan seguimiento, contando con mecanismos de control y evaluación y previendo un porcentaje adicional de agua que garantice el desarrollo de procesos productivos.

Así mismo, el alto tribunal obliga al Ministerio del Interior que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, "inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de negros afrodescendientes de Patilla y Chancleta (...), en el que se convoque a todas las partes involucradas en la presente acción de tutela, en relación con las medidas de reasentamiento de los afectados", para entrar "en un proceso de diálogo y concertación, que permita llegar a acuerdos antes de que se inicie la exploración y explotación de la obra en la zona".

También ordena a los entes cuestionados que mientras el proceso de consulta previa se surte, adopten las medidas necesarias para asegurar un mínimo de acceso y calidad de agua potable para las comunidades afectadas, mediante una forma alternativa de conexión al acueducto de Barrancas, empleando el medio que consideren adecuado.

La empresa Aguas de La Guajira, además, deberá tramitar en un mes la viabilidad de vincular como nuevo usuario a las comunidades de Patilla y Chancleta.

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"El Cerrejón nos ha quitado y contaminado el agua": familias guajiras

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BOGOTÁ. En medio del drama humanitario que vive La Guajira por las muertes casi que semanales de niños por causas asociadas a la desnutrición, la Corte Constitucional hace público un fallo que había emitido el año pasado a favor de 40 familias de los corregimientos de Patilla y Chancleta, en Barrancas, sur de la península, ordenando al Gobierno, a Carbones del Cerrejón, a Aguas del Sur de La Guajira, a la Alcaldía y a la Gobernación garantizar el acceso, la calidad y la disponibilidad del agua potable.

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               Afectación en la población

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               Afectación en la población

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Este vídeo nos muestra como las personas nativas de esta área se ven afectada por esta industria minera  transnacional el cerrejon
Natalia Nuñez- ID: 612945

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Guajira, Colombia: “Muerte a cambio de carbón”. El pueblo wayuu resiste

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Aquí podemos ver como este tipo de trabajo está dejando graves consecuencias para las personas que se encuentran habitando esta área.
Yelin Benavides- ID:612520

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EL CERREJÖN  PRINCIPAL PROBLEMA DE LA GUAJIRA 

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EL CERREJÖN  PRINCIPAL PROBLEMA DE LA GUAJIRA 

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Claudia Florez ID:621127

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El pueblo Wayúu y las comunidades de La Guajira llevan años denunciando que la sequía, los problemas de salud y el deterioro de sus formas de vida tiene que ver con el megaproyecto minero de El Cerrejón. El Gobierno ha señalado que el problema es la corrupción, la falta de educación o el cambio climático... Ahora, la Corte Constitucional, en su sentencia T-704/16, de diciembre de 2016 pero conocida hoy 1 de marzo de 2017, da un fuerte varapalo a las autoridades estatales y a la mina El Cerrejón.

"Es evidente para la Corte que la comunidad Media Luna, al igual que la región de La Guajira en general, está soportando cargas ambientales desproporcionadas por causa de la explotación de carbón en general y no solo por las obras de ampliación [del Puerto Bolívar] en particular. Así, la afectación ambiental se da más allá de la zona de explotación y ampliación del Puerto, pero además, las comunidades dan cuenta de dicho fenómeno dado su carácter desproporcionado". La Corte responde así a una tutela presentada por la comunidad de Media Luna Dos, situada a dos kilómetros del proyecto de ampliación de Puerto Bolívar, a la que concede " amparo constitucional y tutela de su derecho fundamental a la consulta previa ". Así, los magistrados enmiendan las decisiones previas del Consejo Seccional de la Judicatura de Rioacha, en primera instancia, y la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, en segunda, "que resolvieron negar la acción de tutela promovida la Comunidad Indígena Media Luna Dos en contra de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la empresa El Cerrejón".

La Corte exige a El Cerrejón mitigar los daños ocasionados a la región, al Gobierno que realice la consulta previa obviada en el proyecto de expansión de Puerto Bolívar y a evaluar si la precariedad del Plan de Manejo Ambiental amerita la modificación, la suspensión o, incluso, la revocación de la licencia a las multinacionales que manejan una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo.

El Cerrejón, "según cifras oficiales de la empresa encargada de dichas actividades, cuenta con una capacidad extractiva de 30 a 32 millones de toneladas de carbón anual. Eso, en aproximadamente 30 años de funcionamiento ha significado un total de 500 millones de toneladas de carbón, lo cual equivale al 40.5% de las exportaciones colombianas". El megaproyecto minero, hasta el 2001 con control del Estado, ahora es 100% propiedad de las multinacionales BHP Billinton, Anglo American y Xtrata.

La Corte, en esta sentencia sobre Media Luna Dos, hace todo un tratado sobre la consulta previa en relación a territorios étnicos y recuerda que las actividades de El Cerrejón "han causado no solo la mutación del espacio físico en donde se desenvuelven las actividades, sino también la transformación de ciertas comunidades que han soportado en mayor medida los efectos de la explotación de carbón. Así, dentro de los pueblos más afectados se pueden encontrar a las poblaciones del Tabaco, Albania, Los Remedios, Roche, Chancleta, Patilla, Papayal, Oreganal, Carretalito, San Pedro, Zaraita, Palmarito, El Descanso, Caracolí, Nuevo Espinal, Sojoi, Cabeza de Perro, Quebrachal, Punto Claro, Potrerito, Conejo, Las Casitas y Cañaverales".

La sentencia se hace pública unos días después de que los pasados 20, 21 y 22 de febrero la Sala Séptima de Revisión se trasladara a La Guajira para realizar audiencias e inspecciones judiciales en el marco de un proceso de tutela relacionado con los derechos al agua, la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu.

Modificar, suspender o revocar la licencia

Ahora, los magistrados ordena realizar de nuevo la consulta de la licencia ambiental Nº 0428 del 7 de mayo de 2014 que modifica el Plan de Manejo Ambiental Integral establecido mediante Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005, en el sentido de autorizar la ejecución y puesta en marcha del proyecto "Expansión de Puerto Bolívar". Este proyecto incluye ampliar el dragado del canal navegable de acceso al puerto, la construcción de un nuevo puerto de remolcadores y la ampliación de la capacidad de la planta desalinizadora.

La sentencia también insta a la empresa Cerrejón a, "consultando previamente con las comunidades afectadas, diseñar e implementar un plan de compensación de daños para mitigar los efectos negativos que se causaron por la extracción de carbón realizada por esa empresa". Pero la resolución va más allá. Obliga a las autoridades a revisar la Resolución 2097 de 2005, la que aprobó el Plan de Manejo Ambiental Integral de El Cerrejón e indica que si el Plan no es "suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce por la explotación de carbón" el estado deberá "modificar, suspender o revocar la licencia ambiental otorgada al proyecto".

En una larga y dura resolución, se urge a El Cerrejón, al Ministerio de Interior y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a reunirse en un plazo de 48 horas -una vez notificada la sentencia- con la comunidad para pactar un proceso de preconsulta. "Luego de ello, deberá efectuar la consulta previa a las comunidades afectadas, de acuerdo con las reglas identificadas en esta sentencia".

Mientras, "la empresa El Cerrejón [debe] realizar e implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales. Por tanto, deberá crear mecanismos para compensar los daños causados por la explotación de carbón a las comunidades afectadas. En caso de proceder la consulta por afectación directa de algún derecho de comunidades étnicas, deberá realizarse".

Territorios y consulta previa

La sentencia T-704/16 insiste en la definición y la importancia del proceso de consulta previa. "Es importante señalar que el derecho fundamental a la consulta previa es un medio y un fin en sí mismo. Su garantía no se cumple única y exclusivamente con la realización de un trámite. Los acuerdos, e incluso desacuerdos, que se produzcan en las reuniones deben generar algún tipo de efecto". Es decir, que según los magistrados, "la consulta no es una mera indagación o cuestionamiento a las comunidades acerca de si están o no de acuerdo con la medida que van a desarrollar y que afecta directamente sus derechos (...) La consulta es el móvil, el consentimiento el fin ".

Y la consulta previa no es igual en unos territorios que en otros. La Corte resalta que La Guajira es el departamento del país con mayor concentración de pueblos originarios y recuerda que " territorio ancestral no es sinónimo del espacio físico en donde se ubican los resguardos indígenas. Por el contrario, el territorio indígena es un concepto cultural mucho más amplio en el cual se desenvuelven las prácticas tradicionales, sociales, económicas, culturales, espirituales, entre otras, de esos pueblos". Esta posición de la Corte ya era conocida pero, ahora, además, insiste en que, cuando hay afectaciones de megaproyectos a comunidades étnicas, "la justicia ambiental adquiere una dimensión diferente, pues su aplicación no puede ser la misma a la que se realiza con el común de la sociedad".

Los abogados de la mina El Cerrejón y los representantes del Gobierno han insistido durante el proceso que la comunidad de Media Luna Dos, la que presentó la acción de tutela, no estaba dentro del área de "influencia directa". Pero, la Corte les recuerda que "como se puede apreciar, área de influencia directa y afectación directa no son equiparables. Eventualmente, el área de influencia directa podrá ayudar a determinar cuándo en una zona físicamente establecida existen comunidades étnicas, pero no es la norma o el concepto que fundamenta la procedibilidad de la consulta. Lo anterior ya que el área de influencia directa es un concepto restringido del territorio, mientras que afectación directa incluye muchas más hipótesis de lesión a los derechos étnicos".

La Sala, cuando analiza las afectaciones a las comunidades, asegura que " toda la actividad minera está trayendo efectos perjudiciales en la región (...) en ese proceso de explotación se han podido percibir cambios en el ecosistema de la región, al punto de causar trasgresiones y lesiones significativas al derecho al agua de los habitantes sin que hasta la fecha hayan sido mitigados". Aire contaminado, acceso al agua cercenado, "exterminio" de los ecosistemas tropicales... pero algo más porque " El Cerrejón no solo ha producido secuelas negativas en el ambiente, sino también en distintos ámbitos de las comunidades étnicas de La Guajira ".

La sentencia, que profundiza en el proceso de extracción del carbón y sus afectaciones, concluye que "la explotación de carbón a cielo abierto implica remover todos los objetos que existan en la superficie o, mejor, que estén sobre el carbón. Estos elementos pueden ser geológicos, ecosistémicos y/o humanos. Al implementar esas prácticas, todo lo que está encima del carbón (320 metros bajo tierra), debe desaparecer".

La Guajira está desapareciendo y la Corte Constitucional quiere evitarlo señalando a uno de sus principales victimarios: El Cerrejón.

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El Cerrejón sí es el problema de La Guajira - Colombia Plural

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La Corte Constitucional concede el amparo constitucional a una comunidad afectada por la ampliación del Puerto Bolívar, en La Guajira, y denuncia las desproporcionadas afectaciones de la minería de carbón. La Sala contempla hasta la suspensión o la revocatoria de la licencia.

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Natalia Nuñez- ID:612945

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Natalia Nuñez- ID: 612945

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Les comparto un vídeo que da cuenta del origen sobre el tema, tanto antes como después.
Yelin Benavides- ID: 612520

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Claudia Florez ID:621127

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Yelin Benavides - ID: 612520

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Inicialmente la solución debe estar enfocada en el desarrollo de la mejora de la calidad de vida, el acceso a servicios públicos, asignación de tierras fértiles, control estricto del estado a las empresas operadoras de la mina.

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La sequía de los últimos años, sumada a los conflictos con Venezuela y razones de fondo como la extrema pobreza de la región y la corrupción, ha agravado la crisis de agua en La Guajira, un problema que hoy muchos están tratando de resolver. La zona tiene características que no permiten atenderla de una forma tradicional, como una red de acueducto. Según Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, la extensión del territorio, la población dispersa o la vida nómada de muchas comunidades obligan a pensar en alternativas.

De acuerdo con el gobernador encargado del departamento, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge E. Vélez, el Gobierno está pensando en soluciones para llevar el líquido a 21.000 puntos. Una de las apuestas está en el tren del agua, con el Cerrejón, para repartirla en la alta Guajira, y la construcción de tanques cada 40 kilómetros. Lo que es definitivo para Vélez es que por costos se descartan opciones que funcionen con energía eléctrica o combustible.

En el congreso de Acodal que se llevó a cabo esta semana en Cartagena estuvo presente una compañía que asegura tener una solución. Se trata de Col Energy, una empresa colombiana que por estos días anda recorriendo la región en busca de una comunidad para llevar a cabo una prueba piloto, en alianza con la compañía MFT, especializada en filtración de agua con membranas, es decir, sin químicos. El proyecto cuenta con la cofinanciación del gobierno de Alemania.

El modelo, que fue implementado en Etiopía hace seis años, se basa en la desalinización de agua con el uso de energía solar y eólica y plantas automatizadas. Lo primero significa que el costo energético es cercano a cero, a diferencia de los sistemas eléctricos, en los que los costos de energía significan casi el 70 %. Lo segundo apunta a que las inversiones no se queden como elefantes blancos por factores como los costos y la disponibilidad de mano de obra en la operación.

Los puntos de acceso a los depósitos líquidos no estarían interconectados, por lo que, de acuerdo con Camilo Cañón, gerente de Col Energy, se minimizarían las pérdidas por robos o filtraciones de las tuberías, que en acueductos de grandes ciudades como Bogotá significan cerca del 40 %. "Si hablamos de un sistema descentralizado, tenemos que entender que nuestro reto es el control y el monitoreo de microrredes de acueductos", dice.

Oliver Kopsch, de MFT, implementó el sistema en Etiopía y asegura que las comunidades se apropiaron allí del sistema al no tener que hacerse cargo de asuntos como su mantenimiento interno. Además, con el acceso al agua potable es evidente la reducción de problemas como las enfermedades, y con los excedentes del líquido han podido emprender proyectos productivos. Para Cañón, una de las tareas es generar la cultura de pago por el servicio, que, dicen, incluso podría buscar subsidios del Gobierno.

"El problema en La Guajira no ha sido de dinero, y la solución tampoco lo es. El enfoque está en la operación de los sistemas", afirmó Kopsch, y agregó que, en la medida en que el modelo, una vez validado, se pueda replicar con alianzas público-privadas, el costo por unidad será más bajo. Lo cierto es que hay consenso en que la crisis de agua en La Guajira demanda soluciones. Según el gobernador Vélez, el interés por solucionarla se ha manifestado tanto nacional como internacionalmente. La clave es "tener diseños sostenibles en el tiempo, que no sean costosos para no ganarnos dolores de cabeza en el futuro".

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Una solución de agua para La Guajira | ELESPECTADOR.COM

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La sequía de los últimos años, sumada a los conflictos con Venezuela y razones de fondo como la extrema pobreza de la región y la corrupción, ha agravado la crisis de agua en La Guajira, un problema que hoy muchos están tratando de resolver.