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IUS COGENS Se considera uno de los principios que rigen a los tratados internacionales de derecho público. No obstante, sí es objeto de discusión qué normas concretas revestirían este carácter. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario”. La existencia de estas normas imperativas de Derecho internacional público es generalmente aceptada. Dejando aparte la enorme dificultad de determinar cuándo una norma internacional es de esa clase, está claro que la aplicación de esta disposición interfiere con la libertad de contradicción de los estados pues incluso una de las normas que unánimemente   se considera del “ius cogens” como es la prohibición de la agresión, podría ser derogada en ciertos casos, para las relaciones entre algunos estados en particular. Es así por la especial naturaleza del objeto jurídico que esta norma pretende proteger. Estas normas se imponen a todos los sujetos de manera obligatoria, se basan en el consenso universal, sobre determinados valores mínimos, elementales, consideraciones de humanidad, intereses generales de la humanidad, que todos los estados tienen que respetar al margen de toda voluntad expresada. Sólo algunos pocos Estados la niegan, entre ellos Francia. Hace referencia a normas de derecho imperativo, en contraposición a las de derecho dispositivo.
Sumamente discutido fue el principio incorporado en el artículo 53 de la convención de Viena, según el cual “un tratado seria nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional”.

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EX CONSENSU ADVENIT VINCULUM Es un principio absoluto, significa: del consentimiento deviene la obligación. Es resultado de la estructura de la sociedad internacional, principalmente formada por estados, formalmente considerados iguales. Otra definición de este principio: Los estados deben manifestar libremente el consentimiento para obligarse por un tratado. Al no haber un ente jurídico superior a ellos y capaz de imponerles una determinada conducta, se supone que deben dar su consentimiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual. Teóricamente se podría pensar en una diferencia en el tratamiento de esta cuestión, en los periodos, anterior y posterior al pacto Briandkellog, el cual, al poner fuera de la ley la guerra, debería dejar sin valor jurídico los resultados que un país que recurriera a las armas hubiera obtenido por tal medio. Solamente atreves de consentimiento, los estados se comprometen en obligaciones jurídicas contractuales. Se ha establecido incluso una distinción entre violencia ejercida sobre los agentes y aquellas de la que se hace objeto al estado mismo. El estado debe manifestar su consentimiento a través de los órganos facultados para celebrar tratados en la creación, modificación o extinción de obligaciones y derechos.
En esta, como en otras ocasiones, resulta demasiado tentador para los juristas el recurrir a las analogías con el derecho interno, en particular, la teoría general de las obligaciones; así, se ha manifestado que el consentimiento, un consentimiento real no viciado por la violencia (física o moral) o por el error, era condición indispensable para el nacimiento de la obligación jurídica convencional. 

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BONA FIDE
Este principio (Buena Fe) está ligado con la prohibición del abuso del derecho, el cual tiene lugar cuando un derecho es utilizado de mala fe, es decir cuando está en contra del ordenamiento jurídico establecido. Es evidente que los estados que se comprometen al cumplimiento de un tratado deben actuar de buena fe. Este principio es también absoluto.
En el artículo 26 de la convención de Viena de 1969, establece: “todo tratado en vigor obliga a sus partes”, pero además agrega “deben ser cumplidos de buena fe “. Si se retira al derecho internacional el tapete de la buena fe, este orden jurídico caería por su propio peso.

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IUS COGENS Se considera uno de los principios que rigen a los tratados internacionales de derecho público. No obstante, sí es objeto de discusión qué normas concretas revestirían este carácter. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario”. La existencia de estas normas imperativas de Derecho internacional público es generalmente aceptada. Dejando aparte la enorme dificultad de determinar cuándo una norma internacional es de esa clase, está claro que la aplicación de esta disposición interfiere con la libertad de contradicción de los estados pues incluso una de las normas que unánimemente   se considera del “ius cogens” como es la prohibición de la agresión, podría ser derogada en ciertos casos, para las relaciones entre algunos estados en particular. Es así por la especial naturaleza del objeto jurídico que esta norma pretende proteger. Estas normas se imponen a todos los sujetos de manera obligatoria, se basan en el consenso universal, sobre determinados valores mínimos, elementales, consideraciones de humanidad, intereses generales de la humanidad, que todos los estados tienen que respetar al margen de toda voluntad expresada. Sólo algunos pocos Estados la niegan, entre ellos Francia. Hace referencia a normas de derecho imperativo, en contraposición a las de derecho dispositivo.
Sumamente discutido fue el principio incorporado en el artículo 53 de la convención de Viena, según el cual “un tratado seria nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional”.

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RES INTER ALIOS ACTA   Este principio establece los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Este principio se considera relativo, porque, aunque ciertamente en la mayoría de los tratados, se obliga a los firmantes o a quienes lo hayan ratificado, también. Es cierto que, en algunos casos, un tratado puede crear derechos y obligaciones respecto a terceros Estados que no han hecho parte del tratado. Por ejemplo, en el asunto de la desmilitarización de las islas Aland (decidida en un tratado firmado entre Rusia y otros países), Finlandia sostenía que, por no haber tomado parte en ese tratado, no se creía obligada por él; pero la comisión de juristas reunida en parís en 1920 decidió que ese tratado, a causa de los intereses vitales de otras potencias, envueltos en él, había creado una situación jurídica objetiva, y era oponible a los estados terceros.

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201710050002