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Reconoce a la educación como derecho humano y servicio público esencial. Establece principios de gratuidad, equidad, inclusión y calidad en todos los niveles educativos.

Año y Fuente: 2008, Asamblea Nacional del Ecuador

Referencia: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador.

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Regula el Sistema Nacional de Educación. Garantiza una educación inclusiva, de calidad y adaptada a la diversidad cultural y lingüística del país.
Año y fuente: 2011, Ministerio de Educación
Referencia:
Ministerio de Educación del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural

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Compromete a los Estados a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
Año y fuente: 2015, Naciones Unidas
Referencia:
Naciones Unidas. (2015). Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de calidad.

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Establece el derecho a la educación inclusiva, sin discriminación y con igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en todos los niveles educativos.
Año y fuente: 2006, Naciones Unidas
Referencia:
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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Norma la atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), promueve ajustes curriculares y apoyos pedagógicos pertinentes.
Año y fuente: 2021, Ministerio de Educación
Referencia:
Ministerio de Educación del Ecuador. (2021). Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2021-00038-A.

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Promueve el acceso universal a una educación básica de calidad. Defiende la eliminación de las desigualdades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
Año y fuente: 1990, UNESCO
Referencia:
UNESCO. (1990). Declaración Mundial sobre Educación para Todos.

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Las normativas aquí presentadas reflejan el compromiso nacional e internacional con una educación centrada en el respeto a los derechos humanos. En la actualidad, su aplicación es crucial para combatir la desigualdad, garantizar la inclusión de grupos vulnerables y mejorar la calidad educativa. Estas leyes orientan políticas públicas y prácticas pedagógicas que dignifican la enseñanza y el aprendizaje.