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Asegura una protección integral para los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. El estado, sociedad y la familia trabajan en conjunto para garantizar el desarrollo total de los menores y el ejercico pleno de sus derechos, respetando la libertad, dignidad y equidad

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Las normas se aplican a todos los seres humanos desde su concepción hasta los 18 años. Además, se amplia la protección a personas mayores de edad en situaciones específicas señaladas en el propio código.

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Establece que, en caso de que el código no contemple alguna situación específica, se aplicaran las otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, siempre que estas no contradigan los principios del código y que sean favorables para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.

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Define a los niños y niñas como aquellas personas que tienen menos de 12 años, mientras que los adolesentes son ambos sexos que tienen entre 12 y 18 años.

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En caso de duda sobre la edad de una persona, se presupondrá que es un niño o niña, antes que un adolescente, antes que un adulto mayor de 18 años.

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El Ecuador garantiza una protección integral para niños, niñas y adolescentes, estableciendo que el Estado, la sociedad y la familia deben trabajar juntos para asegurar su desarrollo y el ejercicio plenp de sus derechos, siemore respetando su libertad, dignidad y equidad.

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Resalta la corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y la familia asegurando el ejercicio efectivo de estos derechos, con el Estado obligado a implementar políticas públicas y proporcionar recursos adecuados. La familia es reconocida como el entorno fundamental para su desarrollo, y los padres tiene la responsabilidad campartida de cuidar y promover los derechos de sus hijos.

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El Estado debe tomar medidas para eliminar cualquier forma de discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no debe ser discrimindado por motivos como nacimiento, nacionalidad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situción económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diversidad cultural u otras condicones relacionadas con ellos o sus familias.

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Reconoce y garantiza el derecho de los niñas, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos a desarrollarse de acuerdo a sus cultura, promoviendo la interculturalidad, siempre que las practicas culturales respeten sus derechos.

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El estado, sociedad, y la familia tiene la responsabilidad de implementar medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas para garantizar el pleno ejercicio y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ademas el Estado y la sociedad deben desarrollar políticas públicas y asignar recursos económicos suficientes de manera cosntante y oportuna.

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Reconoce y protege a la familia como el entorno esencial para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Establece que los padres tiene la responsabilidad compartida de respetar, proteger y cuidar a sus hijos, asi como de promover y exigir sus derechos.

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El Estado tiene la obligación prioritaria de definir e implementar políticas, planes y programas que apoyen a la familia en el cumplimiento de sus responsabilidades en el desarrollo y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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Este principio requiere que todas las autoridades e instituciones ajusten sus decisiones para cumplirlo, manteniendo un equilibrio entre los derechos y deberes de los menores.

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Establece que en la formulación y ejecución de políticas públicas y la asignación de recursos, se dene otorgar prioridad absoluta a la niñez y adolecencia. Se enfatiza la atención especial a niños y niñas menores de 6 años. En situciones de conflicto, los derechos de niños, niñas y adolecentes prevalecen sobre los derechos de los demás.

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Esteblece que el ejercicio de los derechos y garantias, asu como el cumplimiento de los deebres y responsablidades de niños, niñas y adolescentes, se realizará de menera progresiva, conforme a sus desarrolllo y madurez. Además, se prohibe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos que no este explícitamente previsto en el código.

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Establece que ninguna autoridad judicial o administrativa puede justificar la violación o el desconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes alegando la fata o insuficiencia de normas o procedimientos.