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nombre femenino

1. Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen.

2. Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal.

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"La vida es bella" (La vita è bella) - Trailer en español

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En esta foto aparecen mis abuelos maternos, paternos, mis padres y yo.
Estábamos celebrando mi 19 cumpleaños y también el 43 cumpleaños de mi madre, ya que nací en su cumpleaños. Las dos nacimos el 29 de mayo! (géminis).

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Mamá, la mejor palabra. Puedo decir que mamá es la mejor palabra.

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Diversidad: Cualidad de diverso o variado.

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Diversidad: Cualidad de diverso o variado.

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Explicar el mundo a su hijo Cris, que nació con parálisis cerebral hace más de treinta años, es para Andrés Aberasturi una tarea dura y dolorida. Pero el autor de estas páginas honestas y sin adornos, que solo pretende dejar testimonio de una parte de su verdad, la considera esencial para combatir el desasosiego. «Andrés hace hablar a Cris. A sus manos, a su silla, a sus movimientos, a su siempre implorada sonrisa, a su mutismo, Andrés les da vida», como bien explica Javier Sádaba en el prólogo. Un grito callado. Una lucha contra el mundo. Una cadena de «porqués» que no acaba nunca. El valiente ejercicio de sinceridad de un padre desolado.

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Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno.

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La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo de individuos habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma.

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https://drive.google.com/file/d/1vP-lbvHgdcoxGH02dviPcGXNCN8MNgZR/view?usp=sharing

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Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia.

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Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno.

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Los alojamientos alternativos son un conjunto de viviendas establecidas con la intención de que personas con necesidades específicas puedan vivir organizadas e independientes en un entorno normalizado.

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Los centros de acogida residencial tienen como objetivo cubrir temporalmente las necesidades básicas de alojamiento de personas o familias en casos determinados de urgencia puntuables.

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Los recursos intermedios incluyen un amplio abanico de servicios que ejercen una atención intermedia entre la atención domiciliaria y la residencial.

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La cartera de servicios sociales es el documento que recoge el conjunto de prestaciones de servicios, de prestaciones económicas y de otro tipo, que la red de servicios sociales pone a disposición de la población.

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Conoce el día a día en un centro de primera acogida para menores

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Los servicios sociales son el conjunto de servicios y actuaciones orientados a mejorar el bienestar social de la ciudadanía mediante la prestación de información, atención y apoyo a las personas y los colectivos vulnerables.​

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Personas que conviven por parentesco, afinidad o amistad.
Centros residenciales, centros de día, viviendas tuteladas y casas de acogida.
Es decir, una unidad de convivencia es el conjunto de personas que conviven, unidas por parentesco, afinidad de algún tipo, o incluso amistad.

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Mucho antes de que una pandemia convirtiera a las residencias de mayores en el epicentro de la desgracia, ya había infinidad de voces reclamando un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno. El objetivo era, en definitiva, lograr una transición entre un sistema todavía vinculado al concepto de " asilo" y una nueva fórmula residencial que se acerque a la idea de "hogar".

Después de que la COVID-19 provocara una trágica oleada de muertes en residencias y destapara las deficiencias que están en la base del modelo actual, el Gobierno se ha comprometido a impulsar el cambio y ya hay algunas medidas sobre la mesa. Entre ellas, que los centros tengan al menos un 65 % de habitaciones individuales o que los nuevos edificios que se construyan sean de menos de 90 plazas y estén divididos en unidades de convivencia.

El paquete de medidas está incluido en el borrador de trabajo que la Secretaria de Estado de Derechos Sociales ha compartido con sindicatos y patronal para que lo negocie la mesa del diálogo social y se puedan acordar criterios comunes de acreditación y calidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo negocia con las comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre este asunto, los requisitos mínimos que deben cumplir en todo el país. Lo previsto es tenerlo todo listo su aprobación en un Consejo Territorial antes de finales de marzo.

Según varias entidades, asociaciones y sociedades científicas vinculadas a las residencias mayores, el borrador es un punto de partida que recoge bien los objetivos pero que se puede mejorar respecto a las medidas. Además, no deja claro cómo se llevará a cabo, en la práctica, esa transformación.

La teoría queda clara, pero no la forma de materializarla

Según ese documento, al que ha podido acceder RTVE.es, los·"principios rectores" del nuevo modelo de atención son: la dignidad y respeto a las personas en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de todo el ciclo vital; la atención centrada en la persona; la participación, control y elección de lo que sucede en su propia vida; el derecho a la salud y al bienestar personal; y la vida activa en comunidad.

Desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), que ha mantenido varias reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales por este asunto (la más reciente, esta misma semana), aseguran que la teoría es buena, pero desconfían de la práctica:

"El borrador tiene avances indudables con relación a los acuerdos de acreditación que habia hasta ahora y que son del año 2008. Entendemos que el Gobierno ha detectado cuál es el problema y, como muy bien ha dicho en alguno de los borradores (este es el tercero), se trata de hacer las cosas pensando en la atención que tienen que recibir las personas mayores (...) El problema lo vemos a la hora de materializarlo porque ya se empieza a mirar cómo van a reaccionar las empresas que tienen en su poder la gestión del 89% de las residencias del Estado", señala el presidente de esa plataforma, Miguel Vázquez.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también implicada en el rediseño de las residencias, celebra la iniciativa del Ejecutivo y se alegra de que el plan teórico recoja algunas de sus propuestas, pero critica que no esté acompañado de una memoria económica que incluya, por ejemplo, las estimaciones de costes por plaza.

"No se puede presentar un documento a la mesa de diálogo civil y social y a las comunidades autónomas sin tener un análisis de coste y una memoria económica para ver quién paga qué. Eso me parece muy poco serio. El borrador no es más que un ejercicio intelectual, están claros los principios pero yo soy más de ver los finales", recalca su presidente, José Manuel Ramírez.

De hecho, fuentes de la patronal han explicado a Efe que el espíritu y los objetivos del nuevo modelo de cuidados con mejores ratios y salarios puede ser compartido por todos, pero han reclamado al Gobierno que cuantifique su coste, porque consideran que supondrá "un encarecimiento brutal" de los servicios y dudan de que pueda ser asumido por todas las comunidades autónomas.

Las reuniones de la mesa del diálogo social continuarán la próxima semana para analizar la propuesta en debates por grupos de trabajo por separado que abordarán residencias, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio. El próximo 14 de febrero está previsto otro encuentro más para revisar el documento de manera conjunta y su coste económico.

Menos de 90 plazas y al menos un 65% de habitaciones individuales

El documento que está sobre la mesa en estos momentos señala que los edificios cuya construcción comience tras la transposición normativa no podrán superar las 90 plazas residenciales. En el caso de los previamente acreditados, o en proceso de acreditación, deberán presentar un plan de adecuación para sectorizar el centro en unidades independientes entre si, de forma que cada una de ellas no supere ese número de plazas.

Desde Marea de residencias apuntan que una versión anterior del documento se planteó ese límite en 50 y se sienten muy "decepcionados" por el paso atrás. "Nos ha sorprendido. Entendemos que para que realmente tengan una especie de hogar no puedes meter a tantas personas (...) Hay bastante margen de mejora en el borrador pero no perdemos la esperanza de que se pueda pulir mucho más", señala Mariví Nieto, portavoz de esa plataforma en la que piden alejarse del "marketing" y que haya un compromiso real de que van a cambiar las cosas.

Para Vázquez, ese cambio en el tope de plazas responde a las "presiones" y a la preocupación por "cómo van a reaccionar" las empresas que tienen en su poder la gestión del 89% de las residencias, que son privadas.

En cambio, Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontología en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), cree que el límite de 90 es equilibrado, teniendo en cuenta la "viabilidad", y cree que ya supondrá un gran salto: "En España aún hay residencias con más de 300 plazas, heredadas de cuando eran del IMSERSO. Hay muchísimas públicas y privadas también muy grandes. Sin duda el tamaño de un centro es muy importante, pero hay que encontrar un equilibrio para hacer viable la gestión económica y profesional", dice la gerontóloga, que añade:

"No podemos pensar en políticas públicas imposibles de desarrollar sabiendo el reto demográfico al que tenemos que dar respuesta. El tamaño que define el borrador ahora puede permitir la sostenibilidad a la vez que proporcionar unos estándares adecuados para vivir en ellas. Pensemos que aunque sean 90 plazas, el objetivo es que en su interior se encuentre dividido y distribuido en unidades de convivencia. La persona que allí viva debe de sentir que lo hace en un lugar más agradable, personalizado, más familiar, con compañeros y trabajadores que conoce, en un espacio en el que puede hacer más cosas y tener más libertad. Lo que es absolutamente novedoso e imprescindible es qué en España se abandone el concepto de residencia como institución (mucho más como macroinstitución)", sostiene la gerontóloga.

El rediseño de residencias también habla de las características que tendrán que tener los edificios que alberguen estas viviendas colectivas. Por ejemplo, señala que los centros residenciales estarán ubicados en suelo urbano y garantizarán a los usuarios el acceso y la proximidad a espacios de actividad social y comunitaria para favorecer su participación.

Sobre esto, Ramírez señala que, como objetivo teórico está muy bien, pero que será difícil de cumplir si no se incluye en el plan la reserva de suelo dentro de los planeamientos urbanos de los ayuntamientos: " Es una barbaridad que el documento no recoja esto porque si no será imposible que las residencias estén donde tienen que estar, que estén integradas dentro de esa proximidad. Luego todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque se construyen las residencias a las afueras de las ciudadades".

Por otro lado, el borrador marca que nuevos centros dispondrán de, como mínimo, un 65 % de habitaciones individuales y los previamente acreditados o en proceso al menos tendrán un 35 % de habitaciones de un solo residente, una medida que, según las entidades consultadas, supondrá una gran mejora, aunque la cifra sea aún "mejorable". Marea de Residencias y Pladigmare, por ejemplo, habían pedido que ese mínimo se sitúe en el 75%.

Un aumento de ratios de personal aún "insuficiente"

Una parte de la teoría que convence más es la de promover que las personas residentes gocen simultáneamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y espacios de uso colectivo que sean configurados en " unidades de convivencia" estables. Estas unidades en ningún caso podrán superar las 15 personas y estarán compuestas por un espacio común que incluye cocina, comedor y sala de estar y, preferentemente, dispondrán de acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín.

Además, esto espacios estarán personalizados por los propios residentes y los centros deberán facilitar conexión a Internet de forma gratuita, tanto en espacios comunes como privados, y poner a disposición de las personas residentes dispositivos para el acceso a la Red.

Estos, según Vázquez, son propósitos muy oportunos, pero ve difícil que se puedan cumplir con las ratios de personal que plantea el borrador: "Las ratios que se establecen son totalmente insuficientes. Nosotros hemos calculado que serían necesarias unas ratios del 1,13 distribuidas entre 0,45 por la mañana 0,45 por la tarde y 0,23 por la noche, mientras que el borrador del Gobierno establece unas ratios que van del 0,33 al 0,40", señala Vázquez.

Algo que también llama la atención en el borrador respecto a las ratios es que son diferentes, dependiendo de si se trata de residencias para mayores o residencias para personas con discapacidad, y esto es algo que tanto Vázquez como Bermejo piden cambiar. "Si en ambos casos la situación de dependencia es alta, no entendemos por qué no pueden tener el mismo personal de atención directa", dice la gerontóloga.

El texto en el que trabaja el Ejecutivo también establece nuevos requisitos de titulación de los trabajadores y apuesta por mejorar la formación continua del personal de cuidados, incluyendo áreas como la aplicación de protocolos sanitarios, la utilización de los EPI o el respeto a los derechos humanos.

Del mismo modo, plantea poner límites a la temporalidad y parcialidad en las contrataciones con medidas como la de garantizar un 75 % de contratos indefinidos sobre el total de contratos, salvo causa justificada y acreditada por falta de oferta de personal.

Bermejo ve importante esto último, pero entiende que debe ir acompañado de una mejora salarial para que haya más profesionales que quieran trabajar en residencias y vean reconocida su labor. Ramírez opina igual: "Mientras les estemos pagando 700 u 800 euros no se va a querer hacer fijo nadie".

Coordinación para la atención sanitaria y social

En materia sanitaria, el documento señala que se facilitará el acceso a la historia clínica, el intercambio de información social, el acceso a recetas electrónicas, la gestión de pruebas complementarias, la interconsulta, la coordinación y revisión de casos, así como el uso de teleconsulta, el envío y recepción de análisis clínicos y la implantación de la tecnología que automatice procesos.

También menciona que los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con un profesional sanitario "de enlace" para la coordinación de la atención.

Amnistía Internacional, que lleva desde el inicio de la pandemia denunciando vulneraciones de derechos humanos en residencias y que esta semana ha organizado un acto junto a familiares de mayores fallecidos en estos centros, valora positivamente algunos puntos del este apartado del borrador, pero creen que es aún mejorable.

"Seguimos echando en falta que se especifique que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible", indican a RTVE. es desde esa organización que también cree que las instrucciones y los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios "en ningún caso" pueden incluir criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria.

En cuanto a las sujeciones a los residentes, otro asunto que los agentes sociales pedía abordar, se establece que se llevarán a cabo de manera " excepcional y temporal", se aplicarán con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y siempre que se haya constatado el fracaso de otras medidas alternativas. Según Bermejo, esto debe "acotarse" más, "con medidas muy concretas",para garantizar "el derecho de los mayores a ser cuidados sin sujeción".

Inspecciones y visitas de familiares

Por otra parte, el texto menciona que los centros serán sometidos a inspección, control y seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo acordado. Las administraciones competentes deberán garantizar al menos que haya un inspector por cada 30 centros de atención residencial de los acreditados en su ámbito, con independencia de que esas unidades alcancen también los centros de día u otros servicios sociales.

Lo previsto, sin embargo, no contenta del todo a Amnistía Internacional, que pide que se cree un " sistema de denuncias" que garantice el anonimato y los recursos adecuados para el seguimiento efectivo de las mismas y la adopción de medidas de corrección sin demora. También ven necesario garantizar que se dé respuesta a las denuncias interpuestas y que se especifique que las inspecciones se han de hacer de forma regular y sin previo aviso.

Sobre este punto lo que ha propuesto la SEGG al Gobierno es que haya transparencia. Es decir, que la ciudadanía pueda acceder a la información relacionada con las inspecciones por las que haya pasado cualquier residencia pública o privada.

En cuanto a la relación de los usuarios de residencias con su entorno familiar - un ámbito muy deteriorado durante la pandemia- el propósito del Gobierno parece ser reforzarlo. Así, entre otras medidas, se promoverá la participación de las familias en el proceso inicial de adaptación y en los cuidados, se implementarán canales de comunicación permanente, se celebrarán reuniones periódicas para intercambio de información y se facilitará que las personas residentes puedan recibir visitas de sus familiares y personas allegadas siempre que lo deseen, "sin más límites que los derivados de la convivencia y necesaria organización de cualquier hogar".

Las dos plataformas de familiares consultadas, en cambio, piden medidas más específicas. Vázquez, por ejemplo, veía necesario que hubiera órganos de representación formados por familiares, que no están contemplados. "Creemos que tenemos que ser una pieza fundamental del nuevo modelo porque la mayoría de nuestros familiares tienen una gran dependencia, no son capaces de luchar por sí mismos por sus derechos", agrega Nieto.

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El modelo de residencias del Gobierno: una base "mejorable"

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Mucho antes de que una pandemia convirtiera a las residencias de mayores en el epicentro de la desgracia, ya había infinidad de voces reclamando un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno.

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Facilitar información a las familias que buscan una plaza en centros privados o públicos para sus mayores es el argumento con el que EH Bildu ha presentado una moción para su debate en Juntas Generales de Álava, para que se elabore un catálogo de centros con amplia información.

La procuradora Claudia Wenceslao ha explicado en una rueda de prensa que las y los trabajadores sociales del Instituto Foral de Bienestar Social suelen entregar una lista de centros a las familias que buscan plaza, pero "los únicos datos que se facilitan son el nombre del centro, su dirección, el teléfono y el número de plazas. Es decir, es la familia la que en base a esta lista debe buscar otro tipo de información, llamando por teléfono o acudiendo a las páginas web de cada centro. Algunas residencias tienen páginas con información amplia, pero otras no tienen tanta información".

Listas de espera

Por propia experiencia ha contado que lo normal es que los interesados en una plaza pública tengan que pasar primero por una plaza privada, debido a las listas de espera. En este sentido, la página web de la Diputación facilita información, tanto de unas como de otras, pero con pocos datos. Por eso, lo ideal para las familias sería el contar con un catálogo, "que debería estar en la web foral", para que cualquier persona pueda tener un detallado informe de cada centro.

El objetivo de este catálogo sería por tanto recopilar información exhaustiva, detallada y rigurosa de los centros residenciales. Venceslao ha insistido especialmente en las plazas y los servicios ofertados por los centros privados, ya que son "mayoritarios" en Araba y lo justificaba señalando que "si la Diputación, por la escasez de plazas públicas que oferta, manda a las familias al mercado privado de residencias, por lo menos que sea la Diputación la que facilite a estas familias una información transparente, contrastada y garantizada por el Departamento Foral de Políticas Sociales".

Para ello plantea hasta una quincena de bloques con información. Además de dirección y teléfono, reuniría información sobre instalaciones, existencia de gimnasios, servicios ofertados, ratios de personal, coste mensual de la plaza, protocolos de actuación sanitaria relacionados con el covid, encuestas de satisfacción, inspecciones realizadas o régimen de visitas, entre otros. Con todos estos datos se facilitaría a las familias la toma de una decisión, sobre todo cuando se va a acceder a una plaza en un centro privado, ya que hay algunos que no cuentan con esa información online.

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EH Bildu propone un amplio catálogo de centros públicos y privados para mayores

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Facilitar información a las familias que buscan una plaza en centros privados o públicos para sus mayores es el argumento con el que EH Bildu ha presentado una moción para su debate en Juntas Generales de Álava, para que se elabore un catálogo de centros con amplia información.

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Viviendas de la Avenida de las Ciudades de Getafe
El Ayuntamiento de Getafe reivindica nuevamente recuperar los pisos tutelados para mayores, del bloque de 45 viviendas que construyó con este fin en la avenida de las Ciudades. Así se lo ha transmitido la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, al viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, José María García, en una carta, en la que además le pide una nueva reunión "lo antes posible para dar continuidad a las gestiones para solucionar el grave problema existente".

El Ayuntamiento de Getafe, a través del gobierno del Partido Popular, cedió el uso de tales viviendas a la Comunidad de Madrid, de manera provisional, para personas en situación de emergencia social en el año 2013. Debido a la falta de asignación de una vivienda definitiva por parte de la Agencia de Vivienda Social, se han convertido en domicilio permanente, y ya no son viviendas adecuadas para las familias, lo que supone el incumplimiento del convenio por parte de la Comuniad de Madrid, reclamando de nuevo Getafe que vuelvan al destino inicial de viviendas tuteladas para mayores. Asimismo reclama que se proporcione una residencia adecuada a las personas alojadas actualmente en las mismas.

A iniciativa del Ayuntamiento de Getafe se han mantenido diferentes reuniones, exponiendo los argumentos tanto jurídicos como sociales que justifican los incumplimientos del convenio, que concluye además en 3 años.

Getafe sigue trabajando en el programa 'Ciudad Respetuosa con las Personas Mayores' con propuestas como 'Contigo' contra la soledad no deseada; la mejora del servicio de teleasistencia; la reducción de la lista de espera de Ayuda a Domicilio; etcétera.

Además, recientemente se ha aprobado el Plan Ciudad Amigable en el Consejo Social de las Personas Mayores donde la vivienda es precisamente una de las línea de acción. El objetivo es orientar tanto la ciudad como los servicios de administración pública, hacia la atención y el cuidado de las personas mayores, procurando un envejecimiento activo y saludable, sintiéndose integrados y autónomos en la vida de la ciudad, participando de sus diversas actividades y recibiendo sus cuidados.

Con el nuevo plan, se adquieren varios compromisos en los que el Gobierno Municipal ya ha avanzando mucho, como por ejemplo portenciar tanto la información como fortalecer el espacio público para su uso por parte de los y las mayores, donde sientan que lo hacen libremente y con seguridad con medidas como espacios de prioridad peatonal, el proyecto Getafe ciudad 30; mejoras en la accesibilidad y la movilidad de las calles; el mantenimiento de parques y jardines; y mayores facilidades en el acceso a la vivienda en iniciativas como esta..

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Getafe vuelve a reivindicar la activación de las viviendas tuteladas para mayores del municipio

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Viviendas de la Avenida de las Ciudades de Getafe El Ayuntamiento de Getafe reivindica nuevamente recuperar los pisos tutelados para mayores, del bloque de 45 viviendas que construyó con este fin en la avenida de las Ciudades.

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La residencia para personas mayores Nuestra Señora de Leire, de Barakaldo, cesará toda su actividad desde el próximo 5 de marzo, por un periodo máximo de un año, debido a un expediente sancionador abierto por la Diputación Foral de Bizkaia a este centro tras una inspección que detectó falta de personal en horario nocturno, una "falta muy grave". El diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, explica que los inspectores visitaron la residencia el 8 de octubre de 2021 tras recibir una información sobre la "ausencia de personal de cuidados" en la noche del 3 al 4 de octubre, y diez días después realizaron una nueva inspección relacionada también con el personal del centro y la atención a los residentes.

Tras estas inspecciones, la Diputación decidió en noviembre pasado suspender la concertación foral con esta residencia y, tras desestimar las alegaciones formuladas por los responsables del centro, el pasado 28 de enero acordó la suspensión temporal de la actividad de Nuestra Señora de Leire por un período "máximo de un año". La residencia debe "cesar totalmente su actividad" para el próximo 5 de marzo. Transcurrido un año, si la residencia cumple la normativa podrá reabrir, indicó Murillo. La Diputación contactó con los 15 usuarios que tenía el pasado mes de noviembre esta residencia de Barakaldo para ofrecerles una alternativa dentro de este mismo municipio y "acompañarles en el traslado" a otra plaza del sistema público foral.

La Diputación ya cerró otra residencia temporalmente

Tras recordar que la Diputación ya cerró temporalmente el pasado año la residencia Iñigo de Loyola de Barakaldo por diversas vulneraciones de la normativa, Murillo destaca que "al Gobierno foral no le tiembla el pulso" a la hora de tomar estas decisiones. En este sentido, remarca que las inspecciones forales reflejan que las residencias "funcionan bien" y que, cuando no lo hacen, "salen de la circulación". En 2021 la Diputación efectuó 543 inspecciones en centros de servicios sociales, "más que nunca" y un 10% por encima de 2020, y detectó 30 "incumplimientos" de los requisitos.

Nueve incumplimientos estaban relacionados con las medidas relacionadas con el covid-19 (visitas, limpieza...), 4 se daban en residencias de personas mayores, 5 en viviendas comunitarias y 12 incumplimientos en centros de menores, vinculados con exceso de ocupación. De las 543 inspecciones, 239 fueron en residencias de mayores (el 64%, de oficio), 59 en centros de día, 79 en viviendas comunitarias de titularidad pública, 57 en centros de atención temprana y 110 en centros de menores.

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Cierran una residencia de Barakaldo por dejar el centro sin trabajadores por la noche

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La residencia para personas mayores Nuestra Señora de Leire, de Barakaldo, cesará toda su actividad desde el próximo 5 de marzo, por un periodo máximo de un año, debido a un expediente sancionador abierto por la Diputación Foral de Bizkaia a este centro tras una inspección que detectó falta de personal en horario nocturno, una "falta muy grave".

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En el 2015, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, se aprobó la ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, con el apoyo unánime de los partidos con representación parlamentaria. Todos estaban contentos ante lo que parecía una buena norma que pondría fin a una realidad oculta para la sociedad y que afecta a esos a los que constantemente se exige proteger, los niños. En esa ley se establecía que los menores de hasta 3 años que están bajo la tutela de la administración no deben estar institucionalizados, viviendo en residencias por el daño emocional y psíquico que ello supone. Y el siguiente paso debía darse con los niños de 4 a 6: había que buscarles una familia para evitar el daño que supone crecer en una residencia.

Siete años después, hay 1.177 pequeños de hasta 6 años viviendo en centros de menores: 537 de hasta tres años y 640 de entre 4 y 6 (datos del 2020, los últimos disponibles). De 7 a 18 años, hay 15.814 en residencias.

La comunidad con más niños de hasta 6 años institucionalizados es Catalunya, con 263 pequeños en centros de acogida, el 22% del total de España. Le sigue a mucha distancia Andalucía, con 175 (53 de menos de 3 años), y Madrid, con 140 (82 bebés). Solo hay una región que no tiene pequeños de menos de 6 años en centros: Cantabria. Navarra no tiene (al menos hasta el 31 de diciembre del 2020) ningún bebé, aunque sí figuraba un menor de entre 4 y 6 años en una residencia.

¿Cómo es posible que haya tantos niños pequeños institucionalizados? Porque la ley del 2015 no fue lo suficientemente taxativa al respecto y, donde puso que no podía haber niños en instituciones, estableció una coletilla a la que se amarran las comunidades: siempre que se pueda. "La norma cerró una puerta, pero dejó abierta una ventana. Cuando vimos la redacción final intentamos que se subsanara esa frase. Pero no hubo manera", señala Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y uno de los expertos cuya voz se escuchó en el Parlamento para redactar esta norma. Y el resultado es que casi 1.200 pequeños están en residencias.

Sin embargo, no se entiende, ni desde el punto de vista del bienestar infantil ni tampoco desde el económico (una plaza en un centro de menores cuesta al mes unos 3.000 euros), la actuación de las administraciones en materia de la protección de los menores bajo su tutela. "No tiene explicación salvo que para ellas es mucho más cómodo meter a un niño en una residencia que buscar una familia de acogida. Encontrar familias implica acción y poner en marcha planes, sin embargo, meterlos en residencias es una actuación rápida", señala Adriana de la Osa, coordinadora de proyectos de la Asociación Estatal de Acogimiento Familia (Aseaf), entidad que lleva años luchando para reducir la institucionalización de los niños, por las graves consecuencias que vivir en ese entorno les comporta. Palacios va más allá: "Las residencias son un chollo para el sistema. Siempre están abiertas y disponibles y si hay muchos niños, contratas a más gente. Y ya está".

¿Qué consecuencias? Palacios lleva años estudiando el acogimiento y lo tiene claro: las carencias emocionales.

El catedrático de la Universidad de Sevilla explica que la única ventaja de las residencias es que los niños están protegidos. Vienen de vivir situaciones muy complicadas, donde en muchos casos han tenido carencias, por ejemplo, de alimentación. Y eso, señala Palacios, lo tienen cubierto. O niños que han sufrido situaciones de maltrato y en los centros tienen protección.

Pero el bienestar de la infancia va más allá de estar alimentados, limpios o no ser maltratados. Un niño, indica Palacios, debe crecer bien desde el punto de vista emocional. "Unos centros con cuidadores a turnos, niños que no sienten que están locos por ellos, que son cambiados de centros, de amigos y de cuidadores una y otra vez en función de la edad, que reciben atención colectiva... genera muchas carencias en los menores".

Especialmente en los más pequeños. En los primeros años de vida, la atención individualizada es fundamental. Y, como saben los padres, exige cuidados y compromisos durante las 24 horas del día. En los primeros años de vida se cimenta la arquitectura emocional, lingüista e intelectual posterior. Por eso es tan importante que se críen en una familia de acogida.

¿Y si no hay? Adriana de la Osa niega que no haya. "Cuando a las administraciones nos dicen que no hay, pedimos que nos digan qué hacen para buscar. Y la respuesta es el silencio, porque no hacen nada. En un país tan solidario como este, no se entiende que, por ejemplo, en Madrid, casi el 40% de los pequeños de 6 años no tengan ni siquiera una propuesta de acogida".

Tanto Palacios como De la Osa tienen claro que desinstitucionalizar a los pequeños es una cuestión de voluntad política y de creer de verdad en la infancia y en el bienestar de los niños más allá de los discursos grandilocuentes. Y ponen el ejemplo de Andalucía, que ha aprobado una ley de Infancia que promueve que no haya menores de 13 años en los centros, potenciando el papel del acogimiento.

La consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz (profesora, que ha ejercido en áreas vulnerables), ha puesto en marcha la campaña "Súper Valiente busca hogar", que hace hincapié en la valentía de los menores para sobreponerse a situaciones adversas pese a su corta edad y transmite que el acogimiento familiar supone una gran experiencia positiva para las familias. Además, ha puesto en marcha un teléfono para recibir información y da charlas para concienciar a quien quiera ofrecer una familia a unos niños invisibles para la sociedad.

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Hay 1.200 menores de 6 años en centros cuando por ley no debería haber ninguno

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En el 2015, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, se aprobó la ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, con el apoyo unánime de los partidos con representación parlamentaria.

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Cruz Roja ayudó el pasado año a superar los problemas de drogodependencia de 362 personas en Córdoba, lo que supone un incremento del 38 por ciento con respecto a las 262 atendidas en 2020. Este notable aumento está "muy condicionado por la pandemia", según el director del centro ambulatorio de drogodependencias de la institución humanitaria, Bartolomé Cañuelo, quien advierte además de la edad "cada vez más joven" de las personas que precisan apoyo para tratarse por alguna adicción.

Destaca además en el balance anual que ofrece este servicio de Cruz Roja que algo más de un tercio (124 concretamente) de los pacientes de 2021 acudían por primera vez a dicho centro, o retomaban el tratamiento tras una recaída. Y es que entre los efectos provocados por la pandemia se encuentra un " aumento en las recaídas de aquellas personas aquejadas de alguna adicción, sobre todo en aquellas con dependencia del alcohol que estaban en las primeras fases del tratamiento", según explica Cañuelo, quien además llama la atención sobre el crecimiento de los casos en los que se unen el consumo de alcohol y de cocaína. "Antes veíamos en las consultas mucho alcohol, y por otra parte cocaína y heroína, y ahora estamos viendo en casi todos los casos el alcohol asociado a la cocaína, con una incorporación de gente bastante joven".

Del total de personas atendidas en 2021, 265 fueron hombres y 97 mujeres, en su mayoría con edades comprendidas entre los 31 y los 65 años. Este centro ambulatorio de drogodependencias de Cruz Roja, en el que trabajan un médico, una psicóloga, una trabajadora social y un nutrido grupo de voluntarios, ofrece tratamiento integral ambulatorio a toxicómanos -empezando por la desintoxicación, pasando por la deshabituación y acabando con la integración social- y apoyo y asesoramiento de diverso tipo a sus familiares.

En el mismo se llevaron a cabo a lo largo de 2021 más de 5.000 intervenciones, entre la atención médica, la psicológica y la social prestada a los pacientes. Los profesionales hacen un seguimiento médico y psicosocial, que contempla revisiones clínicas periódicas y terapias individuales y de grupo, así como diversos controles toxicológicos. De estos últimos se efectuaron durante el pasado año un total de 39 pruebas.

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Cruz Roja ayuda a salir de las drogas a 362 cordobeses en el último año, un 38% más que en 2020

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Cruz Roja ayudó el pasado año a superar los problemas de drogodependencia de 362 personas en Córdoba, lo que supone un incremento del 38 por ciento con respecto a las 262 atendidas en 2020.

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Proxecto Home y el Concello firman el acuerdo para construir un centro de drogodependientes en Eirís

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La instalación asistencial ocupará una parcela de 5.538 metros cuadrados próxima al Hospital Universitario

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Entendemos por intervención en unidades de convivencia (UC) las actuaciones que realizamos para atender de manera integral a las personas que viven en centros o alojamientos alternativos al medio familiar

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La programación centrada en la persona (PCP) persigue supeditar el sistema de organización de la institución a las preferencias y deseos de las personas usuarias.

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El plan de atención individualizado (PAI) es el documento en el que se planifica el conjunto de actuaciones destinadas a la atención integral y personalizada de cada una de las personas usuarias.

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Un protocolo es un documento formal y escrito en el que se detalla la secuenciación de los pasos que debe seguir el profesional para la realización de un procedimiento de atención de manera correcta.

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El registro es el documento donde anotamos y dejamos constancia por escrito de nuestras actuaciones y de las incidencias detectadas en la realización de un procedimiento o protocolo

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La supervisión tiene como finalidad valorar la idoneidad de la actuación llevada a cabo en la unidad convivencial.

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Primera guía de residencias privadas de España

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"A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos", escribió Susan Sontag en un ensayo motivado por su experiencia con el cáncer de mama. Cuando al autor de este testimonio, Jacobo Parages, le fue diagnosticada a los 28 años una enfermedad reumatológica crónica incurable, la espondilitis anquilosante, se vio obligado a identificarse como ciudadano de un lugar habitado por el dolor. Pero esto no significó para el empresario madrileño un obstáculo para seguir adelante. Todo lo contrario: la enfermedad produjo en él un cambio positivo. Lo que aprendí del dolor combina, de forma emotiva y personal, los ingredientes de la resiliencia: la superación, el esfuerzo y la adaptación, y nos invita a seguir los pasos para conseguir lo que nos proponemos: insistir, arriesgar y actuar. La capacidad de Parages de ver más allá de los desafíos lo llevó a entrenar con tenacidad hasta convertirse en el primer hombre con espondilitis en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y los cuarenta kilómetros que separan las islas de Mallorca y Menorca, y a dar la vuelta al mundo con mochila al hombro. Un libro útil no solo para quienes se han visto forzados a vivir con el pasaporte de la enfermedad, sino para todos aquellos interesados en entender la naturaleza humana ante la adversidad.

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"A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos", escribió Susan Sontag en un ensayo motivado por su experiencia con el cáncer de mama.

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Fundación Pilares para la Autonomía Personal

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El modelo de atención integral y centrada en las personas en residencias

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Almudena Navarro es enfermera en el Hogar Social San Juan de Dios, en Granada, un centro que "requiere mucha planificación diaria en las distintas unidades, a saber, el taller, el centro de día y la residencia para personas adultas con discapacidad y alto grado de afectación (RGA)", explica, y destaca que, en lo que respecta a las personas a las que atienden, no hablan de pacientes, sino de usuarios, porque "aunque tienen su discapacidad y sus limitaciones y, algunos de ellos, otras enfermedades de base, es un concepto que vemos más ligado al entorno de los hospitales".

Hogar Social San Juan de Dios, en Granada

Así, las necesidades de estos usuarios no son idénticas y, por lo tanto, tampoco las situaciones de cada uno. Con todos se planifican y realizan actividades educativas en las que se trabaja "desde la estación del año, fiestas del mes, manualidades, talleres de cocina o, entre otras, terapias de grupo, que ellos llaman asambleas, así como actividades lúdicas de juegos o excursiones". Además, con las personas de alto grado de afectación llevan a cabo tareas cotidianas y se trabaja para potenciar, o mantener, su autonomía en su vestuario y acicalamiento, el orden de sus habitaciones y ropa, actividades de psicomotricidad y de deporte diariamente, y tiempo libre para el ocio, ahonda.

"El día a día está cargado de ilusión y optimismo, y siempre está el usuario como eje principal. Su perfil más común es el de personas mayores de edad con discapacidad intelectual que, una vez finalizada su etapa en centros de educación especial, continúan su formación y autonomía en todos los ámbitos", comenta. En el Hogar San Juan de Dios atienen a personas de los tres grupos de discapacidad intelectual, es decir, leve, moderado y gravemente afectados, que es el caso de los usuarios de la residencia.
Tareas enfermeras en personas con alto grado de afectación
Estas personas, apunta Navarro, requieren mucha atención y acompañamiento para controlar y que expresen sus emociones, mucha vigilancia para evitar situaciones de peligro y una buena convivencia entre ellos. "Es muy importante", continúa, "mantener en los usuarios una buena calidad de vida y saludable para prevenir mayores niveles de dependencia. Sus necesidades varían, desde suplir las básicas hasta supervisarlas. Todos ellos están incluidos en el programa de salud mental del Servicio Andaluz de Salud".

Todo ello requiere un trabajo "diario y constante" de las enfermeras. Es necesario identificar correctamente cuáles son las necesidades básicas de los usuarios y sus diagnósticos, y "ponerse unos objetivos de trabajo para conservar y fomentar la salud". Se trabaja con diagnósticos enfermeros y de promoción de la salud; para ello, las profesionales se realizan labor en equipo con el personal de técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE) para identificar las actividades básicas de la vida diaria que la persona afectada puede realizar por sí misma, las que precisan ayuda y aquellas que solo requieren supervisión. En este sentido, se realiza registro de balance de ingresos-pérdidas, valoración del estado de la piel, incontinencias o constantes, entre otras actividades.

Navarro detalla que se trabaja con protocolos y sus registros, a saber, el de contenciones homologadas, de caídas, de errores en la medicación, de aislamientos, de ingesta compulsiva, de vacunación, de visitas de familiares y permisos de salida temporal y registros de conductas disruptivas. Las enfermeras gestionan la adquisición, preparación y administración de medicamentos y pañales. "Yo realizo el acompañamiento a los usuarios a sus visitas médicas programadas y la valoración de heridas, lesiones y las curas, si las precisan. Llevo a cabo la extracción de sangre, de orina, de secreciones, pruebas PCR... en coordinación con el centro de salud de referencia. También cumplimento la parte de Enfermería de los procesos asistenciales integrados (PAI) y realizo actividades de promoción de hábitos de vida saludable, como la alimentación, el fomento de la actividad física, el control de la ingesta compulsiva con vigilancia del peso e índice de masa corporal, la higiene bucal o la sexualidad. También realizo valoraciones de salud periódicas para detectar posibles problemas a este respecto".

Almudena Navarro es enfermera en el Hogar Social San Juan de Dios

Es muy importante, incide, el apoyo y el trabajo con el equipo multidisciplinar del centro, especialmente a la hora de abordar las conductas disruptivas. Las enfermeras mantienen informada a la familia sobre cualquier cambio o acontecimiento que suceda al usuario y realizan el control y el registro del consentimiento informado. "En conclusión, se trabaja con diagnósticos enfermeros y de promoción de la salud y con protocolos de actuación".

En función del grado de afectación intelectual y/o física la dependencia será mayor o menor, explica Navarro al ser preguntada por la situación de los usuarios cuando acuden al Hogar San Juan de Dios. "En general suelen ser chicos sanos, muy activos, con muchas ganas de pasarlo bien. Se adaptan muy bien a las tareas de trabajo y a las actividades diarias del centro". Algunos de ellos tienen situaciones familiares complejas y desestructuradas, y "desde aquí también trabajamos y apoyamos".

En lo que se refiere a los nuevos ingresos, siempre se realiza, de forma previa, una entrevista entre la familia o el tutor legal y el equipo multidisciplinar y se abre la historia del usuario. Se realiza una visita guiada por el centro a la familia para que puedan conocer, en primera persona, el lugar en "el que estará su ser querido, su nuevo hogar, y se les informará de nuestro trabajo diario". Se realiza el registro y la firma de todos los documentos pertinentes y, posteriormente, existe un primer contacto con el usuario de este con el centro, así como una presentación oficial del resto de usuarios. "Siempre desde la calidez y la cercanía", afirma.
La importancia de la educación para la salud y la comunicación y el contexto de la COVID-19
"Unos buenos hábitos de vida saludable permiten mantener unas correctas salud y calidad de vida, no viéndose agravada la dependencia de los usuarios. La educación es la garantía para el fomento de salud. Es fundamental", argumenta Navarro, y subraya que es necesario incidir mucho en la comunicación con los usuarios y que ha de ser diaria. "Es verdad que cada uno de ellos tiene su profesional de referencia, con el que es capaz de expresar aquello que va más allá de lo cotidiano, y eso se debe fomentar. Ellos son los que nos aportan toda la información para seguir trabajando y ponernos objetivos de trabajo y de mejora", corrobora. En este sentido, dadas las discapacidades, emplean a menudo pictogramas o lenguaje de signos.

Almudena Navarro es enfermera en el Hogar Social San Juan de Dios

Y esta comunicación diaria es asimismo "esencial" con las personas cuidadoras encargadas de los afectados. Existe un registro de actividades que se realizan en cada turno de trabajo (de constantes, de pérdidas, de contenciones homologadas, de visitas y salidas...), y cualquier acontecimiento reseñable ha de ser transmitido a las enfermeras, como, por ejemplo, una caída, un error en la administración de medicación por vía oral, etc. Y, por otra parte, en lo que se refiere a la familia, es preciso favorecer que este aspecto sea "fluido, constante y que se sienta en todo momento que es la que decide y participa en las decisiones de su familiar. La información que aportan los allegados es el otro punto de apoyo del equipo para trabajar con nuestros usuarios".

Por ello, las enfermeras dan respuesta a estas necesidades del entorno de los usuarios del Hogar San Juan de Dios identificando las de los afectados, situaciones de peligro, valorando continuamente las conductas disruptivas y las de su grupo de trabajo y de los profesionales. Y "también somos un apoyo personal y compañeras de cada uno en su día".

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 ha tenido mucho impacto en el centro, afirma Navarro, dado que entre los usuarios de las distintas unidades de este "no hemos tenido flujo de personas, ya que los de la residencia 'viven aquí' y el resto iba a sus casas y abrían el círculo de personas de contacto". Así, se suspendió todo tipo de actividades fuera del centro, como las excursiones. Y en el caso de las personas con algo grado de afectación solo se recibían videollamadas con los familiares; se cancelaron permisos de fin de semana y el contacto directo con el entorno. Poco a poco se ha ido recuperando la normalidad y dicho contacto. Primero, con las visitas sin contacto al hogar; luego, con contacto; y, actualmente, se disfruta de los permisos de fin de semana y de vacaciones. "Son personas a las que les afecta mucho no poder salir del centro y no mantener un contacto físico. Esta última temporada nos ha pasado sentir rechazo de la población, al salir a dar un paseo cerca del sitio, por el hecho de que alguno de ellos no llevara mascarilla, a pesar de que están exentos de ello por su discapacidad intelectual. Por no hablar del trauma que les suponía cada vez que había que realizarles una PCR".

La sobrecarga de trabajo ha sido "una realidad", apunta esta enfermera, debido a la elaboración de nuevos protocolos, la realización de PCR, control de vacunación, control de síntomas, el contacto con las familias, promover las videollamadas... Además, destaca, con este colectivo "ha sido muy complicado" mantener la distancia de seguridad y la colocación de las mascarillas. "Por supuesto, a esto tenemos que añadir la preocupación no solo profesional, sino también personal por seguir velando con más fuerza que nunca por la salud de quienes nos necesitaban", concluye.

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Un día en una residencia para personas adultas con discapacidad intelectual y alto grado de afectación: visión enfermera

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Almudena Navarro es enfermera en el Hogar Social San Juan de Dios, en Granada , un centro que "requiere mucha planificación diaria en las distintas unidades, a saber, el taller, el centro de día y la residencia para personas adultas con discapacidad y alto grado de afectación (RGA)", explica, y destaca que, en lo que respecta a las personas a las que atienden, no hablan de pacientes, sino de usuarios, porque "aunque tienen su discapacidad y sus limitaciones y, algunos de ellos, otras enfermedades de base, es un concepto que vemos más ligado al entorno de los hospitales".

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Una veintena de municipios implanta un modelo simplificado de tramitación que limita a una las visitas de valoración al usuario y acorta plazos

Desde que se solicita una prestación para una persona con algún tipo de dependencia hasta que se recibe el servicio es fácil que pasen casi dos años. La espera media se sitúa actualmente en 680 días en Andalucía, mejorando sensiblemente la situación de hace un año (700 días), y a pesar de que, en lo que va de legislatura, el número de personas pendientes de prestación se ha reducido a la mitad, según datos de la Junta de Andalucía.

A juicio de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, sigue siendo una demora insoportable para muchos usuarios que, cuando tienen una edad avanzada, pueden sufrir en poco tiempo un deterioro creciente en sus capacidades. Para ellos, el tiempo de respuesta en el acceso a los recursos de la administración es sustancial.

La Junta ha puesto en marcha una experiencia piloto en una veintena de municipios para ensayar un nuevo protocolo que simplifica los trámites y acorta los plazos. El objetivo es acabar con la lista de espera para aquellos recursos que son accesibles, por ejemplo, la ayuda a domicilio. El cambio de modelo podría reducir a la mitad las demoras en el conjunto del sistema.

La consejera visitaba hace una semana el pueblo de Aljaraque (Huelva), uno de los elegidos para poner a prueba el programa que unifica los trámites para hacer la valoración del grado de dependencia y asignar el recurso.

Una única visita al usuario el trabajador social elabora el informe social y del entorno, aplica el baremo de valoración de la dependencia y realiza la propuesta de PIA (Plan Individual del Atención) donde se recoge la modalidad de recurso más adecuada para la persona en función de sus circunstancias.

Ese recurso puede ser desde una persona que acude al domicilio cada día durante unas horas para ayudar en el aseo o en las tareas domésticas, hasta una plaza en un centro de día o una residencia. También está dentro de la oferta la asignación de una prestación económica a un familiar para que se ocupe de la persona dependiente o el servicio de teleasistencia.

Hasta la fecha, en el conjunto de la red, esa doble valoración se hace en dos procedimientos diferentes con dos visitas al usuario. Y los tiempos de espera dependen del recurso asignado. La prestación o la ayuda a domicilio se tramitan con más agilidad que una plaza en la residencia, que depende de la disponibilidad en la zona. "En ocasiones, la familia demanda una plaza en el mismo municipio donde residen por razones de accesibilidad o comodidad y no siempre hay recursos disponibles", explica Víctor Bellido, director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

En su visita a Aljaraque a finales de enero, la consejera de Igualdad puso a este municipio como muestra de la eficiencia del nuevo protocolo que, aseguró Rocío Ruiz, ha permitido resolver el 87% de los expedientes de las personas que estaban a la espera de la resolución de grado (la valoración sobre el nivel de dependencia). Además, el 82% de los que ya tenían el grado valorado, han accedido finalmente a la atención y el recurso asignado adecuado a su situación.

La experiencia piloto, que se desarrolla durante siete meses, desde septiembre de 2021 a marzo de 2022, está siendo "muy positiva" y la demora podría reducirse a la mitad si se extendiera al conjunto del sistema, asegura Víctor Bellido. La Ley de Dependencia establecía unos plazos idóneos de 180 días para recibir la prestación desde que se solicita el servicio, pero la realidad está aún muy alejada de ese marco temporal deseado.

Para ampliar al resto del sistema el nuevo protocolo simplificado, serán necesarias una adaptación de la normativa y una adecuación de los procedimientos administrativos e informáticos. Y en eso está actualmente la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Andalucía tenía a finales de 2021 un total de 257.227 personas beneficiarias que cuentan con 359.285 prestaciones, lo que supone un aumento del 12,54% en beneficiarios y del 15,74% en las prestaciones con respecto a lo existente al término de 2020. Eso significa que se ha incrementado en más del doble sobre los objetivos fijados en el convenio firmado entre la Consejería y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del plan de choque estatal en materia de dependencia.

La Consejería subraya también como un hito que, durante 2021, la lista de espera se ha reducido en 23.000 personas. Así, en diciembre pasado, había 18.209 personas menos esperando recibir la prestación y 5.031 personas menos esperando la resolución de grado.

Con todo, casi 5.000 personas han fallecido en 2021 sin haber recibido la prestación que demandaban. Son el 7% del total de usuarios (70.526) que estaban en lista de espera en enero de 2021 y ya no lo están. El 85% de ellos ya reciben la prestación y el 8% restante han causado baja por motivos diferentes (desistimiento, traslado a otra comunidad autónoma, etc.).

A lo largo de la legislatura, subraya la Consejería en el informe presentado la pasada semana por Rocío Ruiz al Consejo de Gobierno, se han creado un total de 1.912 nuevas plazas de atención a personas en situación de dependencia, un dato que la consejera compara con las 283 plazas creadas por el gobierno anterior en el periodo 2015-2018.

En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, este es el recurso que más ha crecido y el más demandado por las familias. De hecho, el 50% de las personas beneficiarias de la dependencia cuentan con atención domiciliaria. 129.060 personas reciben ayuda a domicilio en Andalucía, lo que supone el 44% de esta prestación a nivel nacional.

Conforme a los criterios de

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Andalucía pone a prueba un nuevo protocolo que reduce los elevados tiempos de espera de la dependencia

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Una veintena de municipios implanta un modelo simplificado de tramitación que limita a una las visitas de valoración al usuario y acorta plazos Desde que se solicita una prestación para una persona con algún tipo de dependencia hasta que se recibe el servicio es fácil que pasen casi dos años.

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Informes realizados utilizando la base de datos de residencias:

Estos datos no son oficiales (ver observaciones*).
Residencias para pesonas mayores por provincia, en formato xls Serie histórica: Informes Envejecimiento en red de distribución de centros y plazas residenciales por provincia, formato pdf Informes de distribución de centros y plazas residenciales por provincia, formato pdf o xls *Observaciones
- Definición. Hay disparidad de criterios entre las comunidades autónomas. En este informe, centros residenciales se refieren a alojamientos colectivos para personas mayores bajo diferentes modelos: residencias, incluidas las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centro psicogeriátricos (o secciones dentro de esos centros); centros sociosanitarios (sección de mayores, si está diferenciada); conjuntos residenciales (apartamentos, etc., con servicios comunes de titularidad pública); otros centros colectivos.

- Estas estadísticas no son oficiales. Las competencias sobre Servicios Sociales y Residencias están transferidas a las comunidades autónomas, últimas responsables del control y supervisión de estos equipamientos colectivos. Cada una de ellas puede ofrecer datos de centros y plazas bajo su competencia.

- Fuentes. Listas y webs de las comunidades autónomas y otras guías, servicios web de Portal Mayores, ahora cancelados.

- Agradecemos las sugerencias y rectificaciones que se envíen a enred@cchs.csic.es.

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Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

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Estadísticas sobre Residencias. Otros indicadores. Datos. Envejecimiento en red. CSIC

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Envejecimiento en Red, EN-RED, es un portal temático para transferencia de conocimiento en envejecimiento y demografía. Ofrece información sobre investigación en el campo de la Gerontología y la Geriatría (documentos), y sobre recursos de utilidad para profesionales de los servicios sociales y sociedad en general. Mantiene una plataforma de redes sociales.

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La intervención social en residencias para personas mayores

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La Fundación Érguete retomará este mes en Carballo el programa de orientación laboral y gestión de competencias para la inserción sociolaboral de personas en proceso de excarcelación o que concluyeron su período de condena. En este sentido, el Concello aportará una subvención de más de 1.600 euros que cubre la totalidad del proyecto.

"Vai dirixido a dez persoas de Carballo e a súa contorna en réxime de semi-liberdade ou que remataron a súa condena", exponen desde Érguete. Entre los días 8 y 17 de noviembre se ejecutarán actividades orientadas a mejorar la empleabilidad y competencias personales de los participantes de cara a su inserción social y laboral, "facilitando a súa integración na comunidade".

Este servicio se encuadra dentro de la necesidad que Érguete detectó en su intervención en el centro penal de Teixeiro y el Centro de Inserción Social de A Coruña, donde hay atenciones a vecinos de la comarca.

El Concello de Carballo, a través de Igualdade e Benestar, financia este año con 60.000 euros un total de 14 proyectos presentados por otras tantas entidades sociales que desempeñan su tarea en la capital de Bergantiños.

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Érguete ayudará a diez exreclusos de Carballo y comarca en su reinserción a nivel sociolaboral

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La Fundación Érguete retomará este mes en Carballo el programa de orientación laboral y gestión de competencias para la inserción sociolaboral de personas en proceso de excarcelación o que concluyeron su período de condena. En este sentido, el Concello aportará una subvención de más de 1.600 euros que cubre la totalidad del proyecto.

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La Fundación Érguete, cuya sede en A Coruña se ubica en el número 85 de la avenida de Arteixo, atiende cada año a unos 200 nuevos reclusos, en su mayoría del penal de Teixeiro. Buscan

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Veinte reclusos de Carballo buscan la reinserción laboral a través de Érguete

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La Fundación Érguete, cuya sede en A Coruña se ubica en el número 85 de la avenida de Arteixo, atiende cada año a unos 200 nuevos reclusos, en su mayoría del penal de Teixeiro.

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Érguete da servicio a más de 4.000 personas cada año

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La coordinadora de la asociación Érguete, Elvira Rivas, se reunió con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, para transmitirle la “gran importancia” de mantener y estabilizar los convenios de colaboración que el gobierno gallego tiene con esta entidad, que da servicio a más de 4.00…