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Es la primera ley educativa aprobada en democracia en España. Salió adelante bajo el Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), firmada por el ministro José Manuel Otero, y sus principales aportaciones fueron la creación de entidades colegiadas que agruparan a todos los sectores de la comunidad educativa (las asociaciones de padres, entre ellas, por ejemplo) y la aplicación de un sistema democrático de organización en los colegios e institutos. No llegó a entrar en vigor por dos motivos: el golpe de Estado del 23-F (1981) y la victoria electoral del Partido Socialista (1982).

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La segunda ley de Educación de la democracia llegó de la mano del Partido Socialista, que ya gobernaba en España tras ganar las elecciones en 1982, y su ministro de Educación, José María Maravall. Una de sus principales novedades fue el impulso de los llamados consejos escolares, órganos que por primera vez facilitaron la participación de alumnos, padres y profesores en la gestión de los centros. Además, mantuvo intacto el sistema de enseñanza que había aprobado el régimen franquista en su Ley General de Educación de 1970 (EGB y BUP), vigente hasta ese momento. Tardó en tramitarse porque algunos partidos también recurrieron el texto.

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Solo contó con los votos en contra del Partido Popular y fue impulsada y aprobada por el PSOE (con Felipe González como presidente y Javier Solana como ministro de Educación). Ahora sí, esta reforma acabó con el sistema de EGB y BUP de la LGE (1970) y estableció los ciclos formativos de Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (de 12 a 16 años) y Bachillerato. Esta última etapa, además, se estableció como ciclo no obligatorio (de los 16 a los 18 años). Este plan sigue vigente en nuestros días.

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Se aprobó, de nuevo bajo un Gobierno socialista, en noviembre de 1995 y, más que una reforma, supuso un complemento a la LOGSE. Sus objetivos tenían que ver con la organización y gestión de los centros escolares, a los que otorgó una autonomía mayor y obligó a admitir de forma preferente a alumnos procedentes de minorías sociales. Con esta ley, además, se reforzó la función inspectora, se amplió la vigencia del cargo de director de centro de tres a cuatro años (elegido por el Consejo Escolar, como hasta entonces) y promovió la jubilación anticipada del personal docente a los sesenta años hasta el año 2000.

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Se trata de la primera reforma educativa del Gobierno del Partido Popular tras ganar las elecciones en 1996, con José María Aznar a la cabeza y Pilar del Castillo como ministra de Educación. Se aprobó en 2002 pero no entró en vigor hasta el año 2003 y tuvo una vida bastante fugaz: la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2004. Entre sus novedades, encontramos la puesta en marcha de itinerarios formativos diferentes en Educación Secundaria y Bachillerato, una prueba de reválida al final de Bachillerato, la asignatura de religión computable y algunos cambios en los currículos formativos de la etapa de Educación Infantil.

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Derogó las leyes educativas previas, salvo la LODE de 1985, pero mantuvo el sistema establecido en la LOGSE. Entró en vigor en 2006, con Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y María Jesús San Segundo como ministra de Educación, aunque después la desarrolló Mercedes Cabrera. Permitió el paso de curso con dos asignaturas suspendidas como máximo, blindó las enseñanzas comunes a todas las Comunidades Autónomas y encontró sus principales polémicas en la asignatura de Educación para la ciudadanía y el mantenimiento de la asignatura de Religión como oferta obligada en los centros pero optativa para los alumnos.

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Bautizada como 'ley Wert', pues su impulsor fue el ministro de Educación del Gobierno de Mariano Rajoy José Ignacio Wert (PP), es la ley educativa que estableció el castellano como lengua vehicular. Su aprobación trajo una de las polémicas más fuertes que se recuerdan por medidas como: la implantación de las reválidas al final de ESO y Bachillerato, la reducción de las asignaturas optativas, la eliminación de las asignaturas Educación para la Ciudadanía y Ciencias para el Mundo Contemporáneo y el impulso renovado a la asignatura de Religión.

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Fue aprobada en el Congreso de los Diputados y llega de la mano del actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez y de su ministra de Educación, Isabel Celaá, de ahí que se la conozca popularmente como 'ley Celaá'. Se trata de la primera reforma educativa impulsada y aprobada por un Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) de la democracia en España. La polémica, en este caso, ha llegado por medidas como: la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, la obligatoriedad de los centros ordinarios de implementar los medios necesarios para escolarizar al alumnado de Educación Especial en un plazo de diez años y la no obligatoriedad de cursar la asignatura de Ética en 4º curso de Educación Secundaria.