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Galindo (sf) como se citó en Yala (2015) cree que no se puede despatriarcalizar sin descolonizar, y viceversa, y que no se trata “de ocupar con mujeres la casa del amo: mujeres en las policías, los ejércitos, los parlamentos, las alcaldías o los gobiernos. El problema y el desafío es la capacidad de poner en cuestión las estructuras, lógicas y sentidos de todas y cada una de estas instituciones”.

Yala (2015) menciona que parece un juego de palabras: así como no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Aquello que necesitamos como movimiento no son derechos, sino utopías. Horizontes de lucha que nos permitan descolocar las energías del feminismo de esta suerte de trampa liberal en la que el proyecto colonial de la cooperación internacional y los estados nos han metido y retomar un horizonte de lucha utópico capaz de llevarnos a la reconceptualizacion de todos y cada uno de los presupuestos teóricos del feminismo, al repensamiento completo de las categorías y lenguajes de lucha y, en ese contexto, a superar de una vez por todas el uso de la categoría “género”, como a repensar el sujeto de la lucha feminista al mismo tiempo. Todo esto supone la despatriarcalización.

La despatriarcalización representa esa nueva reinvención del feminismo entero porque supone al mismo tiempo un horizonte de lucha no liberal, ni de inclusión dentro del patriarcado sino de desmontaje de este como estructura de poder; una metodología de práctica política que supone la capacidad de decodificar, desmontar, desmantelar los mandatos y estructuras patriarcales y el reconocimiento de un nuevo punto de partida, que es el hecho de que desde el complejo universo de las mujeres ese proceso de despatriarcalización de facto se está dando.

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Vargas (2005) establece que la nueva estructura neocolonial del Estado se organiza para la transferencia de valores y recursos a las metrópolis donde se ubican las grandes corporaciones transnacionales, las cuales buscan lograr mayor eficiencia en sus economías de escala y de alcance mediante un nuevo sistema de organización laboral, que ha entrado en una etapa de especialización colonial como base de la creación de ventajas competitivas.

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Lugones (2008) señala que Quijano entiende que el poder está estructurado en relaciones de dominación, explotación, y conflicto entre actores sociales que se disputan el control de «los cuatro ámbitos básicos de la existencia humana: sexo, trabajo, autoridad colectiva y subjetividad/intersubjetividad, sus recursos y productos».

Quijano (2015) menciona que:

...El poder tiene que ser descolonializado para que las relaciones predatorias con el resto del planeta puedan también ser también descolonializadas. Y eso es lo que está pronto a ocurrir, con la emergencia de los pueblos llamados indígenas comenzando por América Latina, pero que se están continuando en todo el resto del mundo donde hubo dominación colonial europea lo demás quedó indigenizado. Eso indígena emerge, porque no se trata solamente de defenderse, de recuperar identidad, de descolonizarse, se trata de otra cosa mayor. Porque para esa gente, para una parte creciente de esa gente la supervivencia física está en cuestión. Por lo tanto no puede admitirse para ellos lo que es la fundación del capital, no solamente la explotación de la fuerza viva de trabajo, sino la idea de lucro y del dinero.(p.14)

Continúa Quijano (2015):

Qué dice hoy la población indígena; el aire no puede ser mercadería, el agua no puede ser mercadería, la floresta y el agua no pueden ser mercadería. Una parte de eso llamado naturaleza no puede ser mercadería, por qué no puede ser mercadería, porque entonces no existiríamos. Esto comienza a pervadir a otras capas sociales, hay una confluencia con el mundo académico que pelea por el término de la depredación del planeta o llamado naturaleza. Debe ser desnaturalizada, descolonializada esa relación.(p.14)

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La globalización ha convertido el mundo en “una plaza grande, en un ágora, donde se mueven e interactúan gentes de todas las razas y culturas (Calvo, 2006, p.30). A partir de esto se ha evidenciado que los estados se han visto en la necesidad de evolucionar y enfrentar diversos retos que trae consigo la globalización, por ejemplo, la convivencia en un mismo territorio físico o digital de diferentes culturas nativas e inmigrantes. Ahora bien, “tanto la teoría política como el derecho han definido la ciudadanía como la relación de pertenencia de una persona a una comunidad política; de la cual dependen una serie de derechos y obligaciones para con dicha comunidad” (Aláez, 2006, como se citó en Andrade, 2017). Esta noción tradicional de ciudadanía tiene algunas dificultades con los desafíos de la globalización y el fenómeno de la multiculturalidad, ya que ante estos fenómenos sociales se refleja que algunos conceptos se sustentan en premisas de una cultura igual, estableciendo que el demos es homogéneo. En ese sentido, con la multiculturalidad y la globalización se determina que hay diversidad en el demos y de la ciudadanía y, esto abre la puerta a una ciudadanía multicultural. Es decir, como plantea Avendaño, Paz & Parada (2016) la ciudadanía más que el reconocimiento de derechos es la construcción de escenarios permanentes donde se pueda convivir con los otros, aquellos que no son iguales y que también son depositarios de dignidad humana.

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González Higuera, Colmenares Vargas y Ramírez Sánchez (2011) comentan que la resistencia civil se caracteriza por ser una opción de las sociedades modernas para enfrentar las posibles arbitrariedades de los gobiernos, cuando estos se salen de los límites establecidos por los linderos propios de los derechos y las libertades reales de los ciudadanos.

Óscar Useche (2008) como se citó González Higuera et.al.(2011)  destaca a la resistencia civil como un método de lucha política que parte de la base de que los gobiernos se deben a los ciudadanos y dependen de la colaboración, obediencia y legitimidad de la población civil y militar que pertenece a una sociedad. La resistencia civil se materializa en la politización efectiva y consciente de la ciudadanía. Según Useche la resistencia social, como potencializadora de reĚexiones éticas y creadoras de vida en el sujeto, es funcional a éste para cuestionar, subvertir y dar golpe de opinión y de acciones aęrmativas ante las injusticias de un Estado despótico, que ha olvidado su dependencia a los intereses del ciudadano. Este tipo de resistencias superan disidencias o desacuerdos individuales, pues va más allá de intereses particulares, buscando sobreponer valores de humanidad favorables al colectivo sin que de ninguna manera se haga uso sistemático de la violencia. La resistencia civil exige necesariamente una reĚexión sobre las ideologías, epistemologías y metodologías del poder; además de una resignięcación de éste, pensándolo y desligando de conceptos e imaginarios tales como: dominación e imposición. En contraposición debe pensarse al poder como potencializador, generador y dador de vida. Así, se subvierte la idea del poder como base invisible y alienante de los sistemas hegemónicos, dominadores y despóticos tradicionales. No poder por control y obediencia, sino poder por vida, por una ciudadanía con sentido. La resistencia social promueve la participación plena y decisoria de la gente, además de los procesos de autoreĚexión, concientización y autonomía que “aęanzan pactos Ěexibles y profundos que se hacen entre comunidades concretas” (p. 264).

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Revilla (1996) comenta que la acción colectiva es la acción de las organizaciones dedicadas a la atención de los intereses colectivos y particulares de los individuos que la componen, y destinada a la producción de bienes públicos, esto es, de bienes que están disponibles para todos los miembros de la organización, hayan o no participado en los esfuerzos por su logro, un individuo maximizador (calculador de la relación coste/beneficio de la acción) intentará beneficiarse a través de la acción de los otros, ya que su propia aportación al esfuerzo colectivo tiene un efecto poco notable para la organización.

Cante (2007) menciona que además del consentimiento, de la cooperación y de las creencias, la acción colectiva es costosa, puesto que, depende de oportunidades materiales e institucionales. Hay cinco facetas de este proceso, las cuales se enuncian y desarrollan enseguida:

Consentimiento colectivo para pertenecer a una colectividad y para actuar en beneficio de ésta, lo cual supone un consenso (voluntad colectiva) o una coordinación (norma social), gracias a motivaciones como la razón y/o las emociones.

Una vez existe consentimiento se requiere de la cooperación, la cual demanda solucionar un problema de negociación, para armonizar los intereses individuales con los fines colectivos.

El consentimiento y la cooperación dependen de las creencias de los individuos y éstas juegan un papel estratégico. Los individuos dan su consentimiento y ofrecen cooperación si consideran que sus semejantes, también lo harán (señales y efectos de demostración que toman su propia dinámica por las creencias) y debido a la confianza que le inspiran (la cual es posible por la creencia de una interdependencia directa y/o continuada).

Se presentan oportunidades endógenas para actuar colectivamente, las cuales abarcan posibilidades de organización e interacción estratégica (incluyendo el tamaño del grupo), además de habilidades y recursos.

Existen oportunidades exógenas, las cuales son de carácter estructural y político.

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Tilly (2005) comenta que los movimientos sociales se diferencian y distancian de otras formas de hacer política, como las campañas electorales y los grupos de interés, actuando por la combinación específica de (1) campañas sostenidas en defensa de demandas colectivas, (2) actuaciones múltiples, incluyendo asambleas públicas, manifestaciones, comunicados de prensa y la creación de asociaciones, redes y coaliciones con fines específicos, (3) muestras coordinadas de WUNC5 —valía, unidad, número y compromiso— en defensa de los activistas, partidarios y/o objetos de sus peticiones.

Almeida y Cordero (2017) plantea que los procesos de globalización económica impulsados por las medidas neoliberales crearon nuevas amenazas contra las que se movilizan grandes contingentes (Almeida, 2014). Las dos principales amenazas relacionadas a la globalización son las ambientales y las económicas. Las amenazas hacia el medioambiente son expuestas por las movilizaciones en respuesta a la disminución de las condiciones ecológicas (Arce, 2014; Johnson y Frickel, 2011).

Ibarra (sf) señala que un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver –haciéndolo visible, dándole dimensiones- esa acción colectiva. Pero – importante llamada de atención- no cualquier conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento social. 1. Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales (las estructura del trabajo o las familiares o las urbanas), que generan vulneración de intereses muy concretos, muy visibles, muy sentidos; muy vividos a veces. Así pues, surgen por carencias o fracturas estructurales (que, dicho sea de paso, siempre existirán). 2. Un movimiento social surge porque otras formas preexistentes -organizacionesde solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a él. Surge, pues, porque existen carencias organizativas. 3. Un movimiento social surge además porque a la gente –a determinada gente- no le gusta cómo se vive (cómo viven ellos) en general y cómo se vive la resolución de esa injusticia, de esa negación de intereses colectivos (pero muy cercanos) en particular. Preferiría vivir/relacionarse con los otros de otra forma y preferiría solucionar esos problemas colectivos de la misma manera que le gustaría vivir.

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El Estado es una sociedad política autónoma y organizada cuya función es estructurar

la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer las necesidades afines

con la supervivencia y el progreso común, bienestar general o bien común. El Estado no

solo constituye una dimensión política sino una fuerza social que determina la existencia de

relaciones coexistenciales jerárquicas entre gobernantes y gobernados. (Llatas Ramírez, 2011, pp. 117).

Por otra parte, Díaz Revorio (2018) menciona que con frecuencia se utiliza la palabra “Estado” para referirse solo a una parte, perspectiva o dimensión de la compleja realidad a la que hace referencia el concepto que acabamos de ofrecer. De ahí que en ocasiones sea más preciso acompañar al sustantivo de un adjetivo. Así, se habla de Estado-ordenamiento, lo que supone entender este concepto como orden jurídico originario e independiente y, en definitiva, vincular Estado y derecho, destacando así la dimensión jurídica del completo entramado institucional y organizativo que ejerce el poder sobre una población y un territorio; en cambio, el Estado-aparato alude fundamentalmente a la organización política en sí misma considerada. Pero el mismo Estado-aparato se contrapone a veces al Estado-comunidad, idea que se centra en otro de los elementos, al referirse a la población o sociedad que en un determinado territorio se encuentra sometida al poder.

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De acuerdo con Esquivel & Chávez (2017) actualmente no existe una definición unívoca y plenamente aceptada por la comunidad académica sobre el concepto de Sociedad Civil (CS). Por el contrario, es una noción que enfrenta un importante nivel de polisemia, vaguedad e imprecisión. La falta de consenso en cuanto a su significado puede ser producto de la disputa entre corrientes político-ideológicas históricamente contradictorias, o simplemente, la confrontación de argumentos de diferentes tradiciones académicas. En todo caso, lo importante es reconocer que hoy en día es una categoría en disputa que se encuentra lejos de alcanzar un acuerdo en cuanto a su definición.

De las diversas interpretaciones del concepto que surgen a partir de las tradiciones que las postulan, podemos sin embargo, destacar sus coincidencias o puntos mínimos de acuerdo:

1. La noción SC se refiere a un conglomerado heterogéneo, diverso y continuamente divergente de actores y sujetos sociales que actuando en el espacio público buscan lo que genéricamente se conoce como el “bien común”, cada uno de ellos, desde su propia interpretación.

2. No alude ni explica un único mecanismo de interrelación entre cada uno de estos actores y el sistema político o el económico.

3. Es un proceso de carácter moderno occidental.

4. Los actores de la SC no buscan conquistar el Estado o integrarse a él, ni tienen como su objetivo central el lucro.

5. La formación de la SC en cada país o territorio determinado responde a procesos históricos y culturales particulares.

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ELEMENTOS ESENCIALES Y MODALES DEL ESTADO

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ELEMENTOS ESENCIALES Y MODALES DEL ESTADO

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Elementos esenciales del estado:

Población: El concepto de «población» se utiliza para señalar la agrupación humana como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus habitantes, tengan el carácter o la condición que tuvieren, nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, particulares, funcionarios, etc., y es en este sentido que utilizamos la expresión cuando analizamos los elementos que integran al Estado y que está presente en el segundo inciso del artículo 2° constitucional (Colombia) cuando se refiere al deber de las autoridades de proteger a «todas las personas residentes en Colombia», o en el artículo 334 cuando habla del «mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes», donde es clara la referencia genérica al elemento humano del Estado sin distingas ni particularidades, (Herrera, 2003, pp. 226).

Territorio: Díaz Revorio (2018) señala que en primer lugar, encontramos las teorías según las cuales el territorio es un mero objeto sobre el que recae el poder del Estado, y sobre el que este posee un derecho equivalente a la propiedad. Indudablemente, estas teorías encuentran su raíz en concepciones preestatales propias del feudalismo, pero han sido actualizadas dentro del Estado, configurando el dominio de este como un derecho especial de carácter público.

Desde otra perspectiva, el territorio no se configura como objeto, sino como elemento constitutivo del Estado, es decir, como parte integrante del mismo. En esta

línea, algunas teorías apuntan que el derecho del Estado sobre el territorio es equivalente al que posee una persona sobre su cuerpo.

En fin, desde otra perspectiva el territorio es considerado como el ámbito en el cual está vigente el derecho, como ámbito espacial de validez de un ordenamiento. Esta idea, formulada por Kelsen, trata de superar la alternativa entre relación real o personal, y es correcta en la medida en que el territorio constituye el espacio que resulta necesario para la delimitación del ámbito espacial de validez del derecho.

Ordenamiento jurídico y político: Un ordenamiento no es sólo un conjunto de normas, es la estructura, la función y fin normativo que da sentido a las normas, que permite predicar su validez, su existencia, sus características, jerarquía y clasificación. Las normas jurídicas sin inscribirse en un ordenamiento no podrían explicarse, reconocerse como jurídicas, ubicar su jerarquía, su lugar en alguna clasificación, determinar su validez, existencia y eficacia.

Los ordenamientos jurídicos se suelen presentar desde tres características fundamentales: 1 ) la unidad; 2) la coherencia, y 3) la plenitud.

Elementos modales:

Soberanía: Díaz Revorio (2018)  comenta que el poder del Estado es un poder soberano. Con este adjetivo se trata de sintetizar las notas que permiten distinguir el poder estatal de cualquier otro tipo de poder, de manera que la soberanía vendría a ser el poder del Estado, entendido este en sentido estricto. Pero en todo caso conviene detenerse algo en los orígenes doctrinales de este concepto, en su evolución y utilidad actual. De este modo, en su concepción original, la soberanía se configura como un poder que no depende de ningún otro y, al contrario, los demás son secundarios respecto al poder soberano —que es el originario—; que se impone a todos lo demás —es supremo y absoluto—; que no puede coexistir con otro poder soberano en el mismo Estado —es único—, ni se puede fraccionar—es indivisible—, ni transmitir o enajenar —es intransmisible—, ni suprimirse o desaparecer en tanto exista el Estado —es imprescriptible—.

Imperio de la ley: Los conceptos de “imperio de la ley” y de “Estado de derecho” (rule of law, état de droit, rechstaat) no solamente no son sinónimos sino que además cada uno de estos términos se encuentra sujeto a disputas sobre su definición normativa. Puede, sin embargo, afirmarse que la mayoría de las definiciones tiene un núcleo común o denominador común, la cual es que el sistema legal es un sistema jerárquico ordenado a partir de una Constitución que aspira a su completitud como sistema a través de la existencia de principios lógico-formales que se ordenan conforme a la lógica de los antecedentes y que contiene normas de clausura del mismo sistema. De tal manera resulta que las relaciones entre reglas legales se rigen entre ellas mismas, conforme a preceptos jurídicos y que no cabe lugar para el arbitrio o el capricho con que un actor en particular pudiera justificadamente cancelar o suspender las reglas que gobiernan su desempeño. De modo que puede afirmarse que en un Estado de derecho no queda lugar para el accionar discrecional y que ni siquiera los funcionarios más encumbrados de un gobierno o sistema político pueden actuar de legibus solutus. Como bien afirma Joseph Raz: “el gobierno habrá de regirse por la ley y estar sujeto a ella”, incluyendo “la creación de derecho que está en sí mismo legalmente regulado”.

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https://www.youtube.com/watch?v=iL1BA8LiMZU

https://www.youtube.com/watch?v=1iYxwp0J4vM

Colombia surgió, como los demás países de Iberoamérica excepto Cuba y Puerto Rico, como unidad con pretensión de independencia política a raíz de la invasión napoleónica a la península ibérica. Tras la secesión de Venezuela y Ecuador en 1830 el país vivió diversas guerras civiles hasta la llamada Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. La causa principal de las guerras fue la pugna entre Bogotá y sus vinculadas y el resto del país. El ordenamiento federal bajo la llamada Confederación Granadina de 1858 y luego bajo los Estados Unidos de Colombia fue muy inestable. Ello abrió el paso al proyecto de Rafael Núñez, de establecer centralización política con descentralización administrativa, en 1886.

Este ordenamiento, de carácter conservador, sufrió una gran transformación en 1936, con redefiniciones fundamentales que lo transformaron en liberal. Tras una nueva guerra entre liberales y conservadores entre 1948 y 1957 se estableció un mecanismo de transición hasta 1974. Entre tanto, la constitución tuvo otra transformación en 1968, que la volvió tecnocrática. En 1986 se estableció la elección popular de alcaldes, y en 1991 se improvisó un nuevo ordenamiento constitucional centralista, con entrega de recursos a los municipios para atención a necesidades en salud y educación bajo reglas establecidas en Bogotá.

Los departamentos perdieron importancia como elementos articuladores del desarrollo social y económico, y los procesos electorales y de formación de altas cortes se degradaron. Desde entonces la calidad del gasto público se ha deteriorado. La consecuencia práctica es la promoción de la corrupción. Pese al crecimiento económico sostenido, el país es aún muy desigual en ingresos y oportunidades, lo cual es obstáculo para el crecimiento ulterior. Preocupan las deficiencias en educación e infraestructura, que dificultan la inserción en la economía mundial y la debilidad del Estado: en los últimos cuarenta años Colombia ha vivido la guerra de la coca, que facilitó la ocupación de mitad del territorio por las Farc a finales del siglo pasado y contaminó las instituciones.

La minería del oro y productos primarios, como el tabaco y la quina, fueron la base de la economía hasta que comenzó el ciclo del café en el último cuarto del siglo diecinueve. El grano fue pilar de la economía hasta hace medio siglo, pero desde hace nueve décadas hubo inversión en industria, y desde la posguerra prosperó la política de protección a la producción nacional, impulsada por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), hasta 1990; la crisis de la deuda latinoamericana indujo la apertura de la economía, lo que puso fin a la estrechez cambiaria, pero desde entonces la mala gestión pública desindustrializó el país.

La población creció, de menos de tres millones en 1819 a cinco millones en 1900, 11 millones a mediados del siglo 20, y cerca de 50 millones hoy. El país, 70% rural al terminar la segunda guerra mundial, ya era mitad urbano a mediados de los sesenta, y hoy es solo 20% rural.

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El sistema de partidos colombiano ha [había] sido caracterizado tradicionalmente como un sistema bipartidista, debido a la preponderancia de los partidos Liberal y Conservador y a la inexistencia de otros partidos o movimientos políticos, específicamente hasta las últimas dos décadas del siglo pasado. A partir de ese momento el bipartidismo colombiano está siendo copado por un multipartidismo que ha surgido como consecuencia de la atomización de los partidos tradicionales y de la creación de nuevos partidos y movimientos políticos. Sin embargo, la gran mayoría de estos partidos son inestables, desarticulados, efímeros y volátiles, por lo que podría ser poco consistente una absoluta y definitiva clasificación del sistema de partidos como multipartidista. Lo anterior resultaría paradójico si se tiene en cuenta que es imposible negar la idea de la existencia de una dimensión multipartidista en Colombia; sobre todo, si se tiene en cuenta que antes de las elecciones de 2006 existían sesenta (60) partidos y movimientos políticos registrados ante la Organización Electoral. (Giraldo, 2007, p. 132 como se citó en Giraldo & Muñoz, 2014, p. 22).

Giraldo & Muñoz (2014) señalan que, comparado con otros sistemas de partidos, integrados por partidos y movimientos políticos, en Colombia el sistema está compuesto por partidos y movimientos políticos que gozan del mismo tipo de personería jurídica. Los dos tienen derechos y garantías, deberes y obligaciones y ninguno de los dos tienen prerrogativas. Pero adicional a ello, para efectos de la competencia electoral, existen los llamados grupos significativos de ciudadanos y el derecho que tienen las organizaciones sociales, no políticas, a postular candidatos ante los electores. En Colombia el sistema se asemeja más a uno de aparatos políticos y electorales con difusas responsabilidades ante el mismo. Los partidos y movimientos son considerados como organizaciones políticas iguales, independiente de su tamaño, desarrollo, origen y los intereses que dicen representar. La importancia del sistema de partidos va más allá del número de sus unidades; ella reposa en la función mediadora y de representación de intereses sociales que cada unidad dice encarnar.

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De acuerdo con el Centro de Investigación en Relaciones Internacionales CIDOB (2016), el sistema político peruano es presidencialista y unicameral, con un sistema de partidos bastante amplio y muy fragmentado. La ley peruana permite la formación de agrupaciones políticas de corte local en las elecciones regionales, por ejemplo, de manera que parte importante de los miembros del ejecutivo y del legislativo a nivel municipal y en las regiones peruanas (el equivalente peruano a las comunidades autónomas españolas) no está afiliada a ningún partido nacional.

El actual Congreso está compuesto por 130 congresistas, electos por el voto popular para un mandato de cinco años. La elección coincide con la votación para presidente y la distribución de los escaños se da de acuerdo con la población votante en cada uno de los 26 distritos electorales peruanos. La circunscripción de Lima, la capital peruana, abarca también a los votantes del extranjero y es la que elige la mayor cantidad de parlamentarios: son 36. La provincia de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, es la que elige menos congresistas, con apenas un escaño.

En el Perú, el voto para congresista es preferencial de lista abierta, es decir, cada partido o alianza electoral presenta una lista de candidatos al Congreso en cada provincia del país. A la hora de la votación, el elector escoge votar por un partido y tiene la opción de elegir a partir de la lista de ese partido el candidato de su preferencia.

De los últimos tres presidentes del actual período democrático peruano, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, los últimos dos no han gobernado con mayoría parlamentaria, y el último, si bien eligió la principal bancada en el Congreso, perdió parlamentarios a lo largo del gobierno. En los tres casos, hubo conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo nacionales que han generado distintas crisis políticas.

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La cultura Inca se confrontó con la hispana con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En 1532, las huestes de Francisco Pizarro capturaron al Inca Atahualpa en Cajamarca y ese hecho marcó el declive del Imperio Inca.

En 1542, se creó el Virreinato del Perú que dependía de la corona española. El territorio del virreinato comprendía gran parte de Sudamérica y se mantuvo por casi 200 años bajo diversas formas de control por parte de sus autoridades. El virreinato se consolidó en el siglo XVI con el virrey Francisco de Toledo, quien estableció las bases de la economía colonial: un sistema de control de mano de obra indígena (mita) para la minería y la producción artesanal. La explotación de las riquezas mineras recayó sobre los hombros de los indios peruanos colonizados que vieron sus derechos restringidos y su cultura oprimida. Con las reformas del siglo XVIII se creó una gran disconformidad entre muchos sectores sociales y explotaron sucesivas rebeliones. El más importante levantamiento indígena fue encabezado por Túpac Amaru II, con quien se empezó a generar el movimiento criollo que independizó a Hispanoamérica en el siglo XIX.

El nacimiento del Estado peruano

En 1821, Perú fue declarado país independiente por don José de San Martín y en 1824 Simón Bolívar culminó el proceso libertario con las guerras de la independencia. Como república en formación, durante sus primeros años Perú tuvo que afrontar crisis económicas y caudillismos militares que hicieron difícil la consolidación de un nuevo espíritu nacional entre indios y mestizos.

En términos económicos, se produce el boom del guano, el algodón y el azúcar. A mediados del siglo XIX se pone fin a la esclavitud de los negros. Al mismo tiempo, comenzaron las primeras migraciones de chinos que llegaron para trabajar en la agricultura. Posteriormente, surgieron los gobiernos civiles con Manuel Pardo. Para entonces, el boom del guano, producto por el cual el país había tenido su principal ingreso, había terminado y la economía nacional entró en una situación de crisis.

Hacia 1879 el país enfrentó una guerra con Chile en la que fue derrotado. En medio de la bancarrota, sobrevino un nuevo apogeo de gobiernos militares y retornaron los civiles. Así, empezó un período llamado la “República Aristocrática” que se basada en una economía dominada por la élite terrateniente. Comenzó el apogeo de la explotación del caucho en la selva y se abrió más la brecha entre una élite, básicamente capitalina, con el resto de la población en el interior del país, que vivía principalmente de la agricultura.

Durante la década de 1970, Perú estuvo gobernado por una dictadura militar liderada por el general Juan Velasco. La administración militar estatizó el petróleo, los medios de comunicación y reformó las bases agrarias, con lo cual, la propiedad de los terrenos agrícolas cambió radicalmente.

Los gobiernos democráticos retornaron con la década de 1980, pero el país se sumergió en una fuerte crisis económica con una gran hiperinflación. Paralelamente, tomó más importancia el surgimiento de dos movimientos terroristas que por veinte años sacudieron con violencia al país.

En la década de 1990, Alberto Fujimori, después de un autogolpe en 1992, estableció una serie de leyes que iniciaron el fin de estos grupos terroristas. El país se incorpora al sistema económico mundial, del cual había sido retirado en la década anterior por su decisión de no pagar su deuda externa.

Desde el año 2000, Perú ha tenido gobiernos claramente democráticos de modo consecutivo, con Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala Tasso (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y actualmente Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020) el cual fue destituido y actualmente el país está en una coyuntura política en la que toma posesión un nuevo presidente. El país se encuentra en pleno desarrollo económico, con índices de crecimiento jamás alcanzados y superando las crisis de las décadas pasadas.

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https://youtu.be/XGW7NK3-KbQ

El gobierno es el depositario de las funciones del poder del Estado, es decir, de las funciones públicas cuyo ejercicio se distribuye entre las diferentes instancias del aparato gubernamental del Estado. En la tesis organicista, el gobierno viene a ser el cerebro del Estado, dado que conduce, rige y dirige su actuación, (Fernández Ruiz, 2015, pp. 50).

En ese sentido, Llatas Ramírez (2011) comenta que el gobierno es la organización mediante la cual se fomenta la voluntad del Estado, es decir, la existencia de un conjunto de personas denominadas gobernantes quienes se encargan de la dirección, conducción o administración del Estados. Las formas de gobierno se clasifican en dos: a) tradicional o clásica: monarquía, aristocracia, república o democracia y b) moderna occidental: parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo.

La forma de gobierno alude a un conjunto de instituciones estatales o gubernamentales que caracterizan a un Estado, es decir, se refiere a una tipología de la estructura gubernamental. Se trata del conjunto de personas que se van a encargar de ejercitar conscientemente el poder público en sus distintas manifestaciones (legislar, dirimir los conflictos jurídico, administrar, entre otros).(Llatas Ramírez, 2011, pp. 187).