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sancionada el 9 de mayo de 2012, reconoce el derecho de las personas a ser tratadas y a desarrollarse según su identidad de género autopercibida, permitiendo la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales y garantizando el acceso a tratamientos médicos de adecuación a la identidad de género.

Aspectos clave de la Ley 26.743:

Reconocimiento de la identidad de género:

La ley establece que cada persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida y respetada, sin necesidad de patologización ni requisitos judiciales o administrativos previos.

Cambio registral:

Permite la rectificación del nombre y sexo en documentos oficiales (DNI, partidas de nacimiento, etc.) para que coincidan con la identidad autopercibida.

Acceso a tratamientos médicos:

Garantiza el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo a la identidad de género, incluyendo su cobertura por el sistema de salud público y privado.

No patologización:

La ley establece que la identidad de género no es una enfermedad, eliminando cualquier requisito de diagnóstico médico para el acceso a los derechos que consagra.

Aplicación en todos los ámbitos:

La ley establece que todas las normas, reglamentaciones y procedimientos deben respetar el derecho a la identidad de género, tanto en el ámbito público como privado.

Protección contra la discriminación:

La ley prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la identidad de género y promueve la inclusión y el respeto a la diversidad.

En resumen, la Ley de Identidad de Género en Argentina es una herramienta fundamental para garantizar los derechos de las personas trans, travestis y no binaries, promoviendo su inclusión y respeto en todos los ámbitos de la sociedad.

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En Argentina, una persona, goza de varios derechos constitucionales que protegen su desarrollo integral y su bienestar, tanto a nivel individual como en relación con su familia y la sociedad. Estos derechos están establecidos tanto en la Constitución Nacional como en leyes específicas que protegen a niños, niñas y adolescentes, como la Ley 26.061.

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LEY 26.485 Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres"

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LEY 26.485 Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres"

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La Ley Nº 26.485, conocida como "Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres", es una ley argentina que busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La ley establece políticas públicas, procedimientos y mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales.

Aspectos clave de la ley:

Objeto:

La ley tiene como objetivo principal proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica o simbólica.

Enfoque integral:

La ley aborda la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral, incluyendo prevención, asistencia, sanción y erradicación.

Políticas públicas:

La ley establece la creación de políticas públicas interinstitucionales y planes nacionales para abordar la violencia contra las mujeres.

Protección en diversos ámbitos:

La ley abarca la violencia en el ámbito doméstico, laboral, institucional, mediático, educativo y en la comunidad en general.

Medidas de protección:

La ley prevé medidas de protección urgentes para las mujeres víctimas de violencia, así como asistencia integral para su recuperación.

Creación del Observatorio:

Se crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres para recolectar, producir y sistematizar datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

Acciones afirmativas:

La ley promueve acciones afirmativas para garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en diferentes ámbitos.

En resumen, la Ley 26.485 es una herramienta fundamental para la protección integral de los derechos de las mujeres en Argentina, buscando asegurarles una vida libre de violencia y promoviendo la igualdad de género.

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Derecho a la vida y a la integridad física:

Se garantiza la protección de su vida y se prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Derecho a la salud:

Puede acceder a tratamientos médicos, incluso sin la autorización de sus padres en algunos casos, como tratamientos no invasivos que no comprometan su salud, integridad física o vida.

Derecho a la identidad:

Tiene derecho a un nombre, nacionalidad y a conocer su origen familiar.

Derecho a la libertad de expresión y opinión:

Puede expresar sus ideas y opiniones, y estas deben ser tenidas en cuenta según su edad y desarrollo.

Derecho a la educación:

Tiene derecho a recibir una educación de calidad, y se prohíben las sanciones disciplinarias por embarazo, maternidad o paternidad.

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión:

Puede profesar libremente su religión o creencias, con ciertas limitaciones necesarias para proteger la seguridad y los derechos de los demás

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Derecho a vivir en familia:

Se protege su derecho a vivir con su familia y a mantener relaciones familiares saludables.

Derecho a la protección contra el maltrato y la explotación:

Se prohíbe cualquier tipo de maltrato, abuso o explotación, y se promueve su protección integral.

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Derecho a la participación:

Puede participar en actividades sociales y comunitarias, y sus opiniones deben ser tenidas en cuenta.

Derecho a la protección contra la discriminación:

Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por edad, género, origen, etc.

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Derecho al trabajo:

Si bien existen restricciones para el trabajo infantil, a partir de cierta edad, los adolescentes pueden acceder a trabajos permitidos, siempre que se respeten sus derechos laborales y se promueva su desarrollo integral.

Derecho a la recreación y al descanso:

Tiene derecho a disfrutar de actividades recreativas, deportes y tiempo libre.

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Prohíbe, en establecimientos educativos públicos de Argentina, cualquier acción institucional que impida a estudiantes embarazadas iniciar o continuar sus estudios. Además, establece que las autoridades educativas deben garantizar la salud física y psíquica de la estudiante embarazada y del niño durante la gestación y lactancia, autorizando los permisos necesarios.

La ley, sancionada el 11 de abril de 2002 y promulgada el 2 de mayo de 2002, busca proteger el derecho a la educación de las alumnas embarazadas y evitar cualquier tipo de discriminación o exclusión. El Ministerio de Educación Nacional, en colaboración con las autoridades educativas jurisdiccionales, debe difundir y hacer cumplir esta ley, así como tomar acciones administrativas o judiciales ante cualquier irregularidad.

En resumen, la Ley 25.584 asegura que las estudiantes embarazadas puedan continuar con su educación sin obstáculos, promoviendo la inclusión y el respeto a sus derechos en el ámbito educativo.

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LEY 27.610 ( Interrupción Voluntaria del Embarazo)

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LEY 27.610 ( Interrupción Voluntaria del Embarazo)

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La Ley 27.610 de Argentina regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. Establece el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 de gestación inclusive. Después de ese plazo, se permite la interrupción solo en casos de violación o si está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. La ley también garantiza la atención postaborto, el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el acceso a la información y la calidad en la atención para todas las personas.

En resumen, la ley:

Establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y en casos específicos después de ese plazo .

Garantiza el acceso a la atención postaborto .

Establece el derecho a la atención integral y de calidad en los servicios de salud, con trato digno, privacidad y confidencialidad .

Es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino.

Aspectos clave de la ley:

Interrupción voluntaria del embarazo (IVE):

Las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden decidir sobre la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, sin necesidad de justificación.

Interrupción legal del embarazo (ILE):

Después de la semana 14, la interrupción del embarazo solo es legal si el embarazo es producto de una violación o si está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.

Atención postaborto:

La ley garantiza la atención postaborto, incluyendo el acceso a servicios de salud de calidad, con trato digno, privacidad y confidencialidad.

Objeción de conciencia:

La ley regula el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal de salud, estableciendo que deben garantizar la derivación oportuna de la paciente a otro profesional o efector de salud que realice la práctica.

Capacitación:

El personal de salud debe capacitarse en los contenidos de la ley y su normativa complementaria y reglamentaria.

Aplicación:

La ley es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino.

La ley 27.610 es una conquista importante en materia de derechos sexuales y reproductivos en Argentina, que busca garantizar el acceso a la salud integral de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

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La Ley 27.611, conocida como la Ley de los 1000 días, busca fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros tres años de vida. Esta ley establece derechos y crea programas para garantizar la atención y cuidado durante el embarazo y la primera infancia, incluyendo apoyo alimentario y acceso a servicios de salud.

En resumen, la Ley 27.611:

Amplía el derecho a la seguridad social, la identidad, la salud integral y la protección en situaciones de vulnerabilidad durante el embarazo y la primera infancia.

Crea el "Plan de los 1000 días", un programa que busca asegurar el acceso a servicios de salud, apoyo alimentario y acompañamiento a las familias.

Garantiza el acceso a leche y otros alimentos: para el desarrollo saludable de niños y niñas de hasta 3 años.

Implementa el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos: para asegurar la inscripción e identificación inmediata de los recién nacidos.

Facilita el acceso a la licencia por maternidad y a las asignaciones por nacimiento y adopción.

En cuanto a la relación con el DNU 70/2023, algunos artículos de la Ley 27.611 fueron limitados, modificando el concepto de "mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" por el de "madres en situación de vulnerabilidad"

En resumen, la Ley 27.611 representa un esfuerzo importante para garantizar el bienestar de las personas gestantes y los niños y niñas durante sus primeros años de vida, aunque algunas de sus disposiciones han sido modificadas por el DNU 70/2023

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La Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La ley busca garantizar que los funcionarios públicos tengan herramientas para abordar y resolver conflictos desde una perspectiva de género, promoviendo así la igualdad y previniendo la violencia.

Objetivos principales de la Ley Micaela:

Capacitación obligatoria:

Todas las personas que trabajan en el Estado deben recibir formación en perspectiva de género.

Incorporación de la perspectiva de género:

La ley busca que la perspectiva de género se integre en todas las políticas públicas y prácticas del Estado.

Erradicación de la violencia:

Se pretende prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de la capacitación y sensibilización.

Concientización:

La ley busca generar conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

Inclusión de la diversidad:

La ley también busca abordar la diversidad de género y la interseccionalidad de categorías como clase, etnia, etc.

Contexto y motivación:

La ley fue promulgada en enero de 2019 y lleva el nombre de Micaela García, una joven militante feminista asesinada en 2017. Su femicidio, ocurrido en un contexto de violencia machista, motivó la sanción de esta ley para asegurar que situaciones similares no se repitan.

Implicaciones y alcance:

La Ley Micaela no solo implica la capacitación de los funcionarios públicos, sino que también busca generar un cambio cultural en la sociedad argentina, promoviendo la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres. La ley ha sido implementada a nivel nacional y muchas provincias y municipios se han adherido a la misma, extendiendo su alcance a diferentes niveles de gobierno

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LEY 26.150 LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

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LEY 26.150 LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

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La Ley 26.150, conocida como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), establece el derecho de todos los estudiantes en Argentina a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, de todas las jurisdicciones. La ESI busca integrar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en la educación, promoviendo actitudes responsables hacia la sexualidad, previniendo problemas de salud y fomentando la igualdad de género.

A continuación, se detallan los puntos clave de la Ley 26.150:

Derecho a la educación sexual integral:

La ley reconoce a todos los estudiantes como sujetos de derecho, con capacidad para ejercer y solicitar el acceso a la educación sexual integral.

Educación integral:

La ESI no se limita a aspectos biológicos, sino que aborda la sexualidad desde una perspectiva integral, incluyendo aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Ámbito de aplicación:

La ley abarca a todos los establecimientos educativos públicos y privados de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones (nacional, provincial, CABA y municipal).

Programa Nacional de Educación Sexual Integral:

La ley crea este programa como herramienta para garantizar la implementación de la ESI.

Objetivos de la ESI:

Promover actitudes responsables ante la sexualidad.

Prevenir problemas relacionados con la salud, incluyendo la salud sexual.

Fomentar la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, sin discriminación.

Desarrollar capacidades para la comunicación y resolución de conflictos a través del diálogo.

Enfoque de derechos:

La ESI se basa en el respeto de los derechos humanos y sexuales, incluyendo los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Implementación gradual:

La ley establece una implementación gradual y progresiva de la ESI, con un plan que incluye ajustes curriculares y capacitación docente.

En resumen, la Ley 26.150 busca garantizar que todos los estudiantes reciban una educación sexual integral que les permita tomar decisiones informadas, responsables y respetuosas sobre su sexualidad, contribuyendo a su bienestar integral y al ejercicio pleno de sus derechos.

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EL CUARTETO DE NOS – NO LLORA (VIDEOCLIP OFICIAL)