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Feminicidio (agregado) en el Perú y su relación con variables macrosociales

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En el Perú, la discrepancia en las cifras oficiales sobre feminicidios –variable que ha incluido solo feminicidios y no tentativas pese a la delgada línea que los separa en términos de la intencionalidad del victimario– ha llevado a una lectura incorrecta y parcial del fenómeno. Para superar este problema, construimos la variable feminicidio agregado (sumatoria de feminicidios y tentativas), e identificamos su aumento constante y a ritmo creciente en el tiempo. Sobre esa base, el objetivo de este artículo fue estudiar los determinantes macrosocia - les del feminicidio agregado . En base a un modelo econométrico de datos de panel (2009-2013), obtuvimos evidencia sobre una asociación más fuerte entre feminicidio agregado y factores protectivos (educación, au - tonomía económica y accesibilidad a servicios de salud) que entre feminicidio agregado y factores de riesgo (violencia física). Las implicancias de política apuntan a la necesidad de desarrollar indicadores macrosociales para mejorar la focalización y efectividad de las políticas públicas en feminicidios y violencia contra la mujer.

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Visor Redalyc - Violencia extrema contra la mujer y feminicidio en el Perú*

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Rol del Estado en la prevención del feminicidio en el Perú

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Consecuencias psicosociales en familiares víctimas de feminicidio en México

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Entre 2015 y 2018, los feminicidios en Perú aumentaron de 84 casos en 2015 a 150 en 2018, según el INEI.

Esta tendencia evidencia una grave situación que, a pesar de algunas campañas de prevención, no se ha detenido. En 2023, se reportaron 146 feminicidios, lo que muestra que el problema persiste.

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Las cifras por regiones muestran que los casos no se distribuyen de forma uniforme.

Entre 2015 y 2018, Huánuco y Ayacucho registraron las tasas más altas (≈3 por 100 000 mujeres). Lima Metropolitana lidera en número absoluto con 32 feminicidios en 2018.

Esto refleja que, más allá de Lima, muchas regiones también enfrentan una violencia extrema que suele pasar desapercibida.

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Las víctimas de feminicidio en el Perú son, en su mayoría, mujeres jóvenes entre 18 y 34 años, con estudios secundarios y, frecuentemente, en situación de dependencia económica.

Muchas de ellas ya habían sufrido violencia previa por parte de su agresor. Estos datos ayudan a identificar grupos en riesgo y a enfocar mejor las políticas públicas.

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Aunque Perú ha incorporado el delito de feminicidio en el Código Penal (art. 108-B), aún existen fallas graves en la respuesta estatal: las investigaciones suelen carecer de enfoque de género y muchas medidas de protección llegan tarde.

La impunidad y los retrasos en el sistema judicial contribuyen a que la violencia continúe. Se necesita una reforma efectiva y recursos reales.

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El feminicidio no solo acaba con una vida: deja consecuencias devastadoras en la salud mental de familiares, especialmente hijas e hijos.

Muchos atraviesan duelos prolongados, rupturas familiares y desconfianza social.

En lo educativo, la violencia de género reduce la participación de mujeres, refuerza estereotipos y frena el desarrollo de sociedades más justas