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La denuncia es un acto mediante el cual cualquier persona puede informar al Ministerio Público sobre la comisión de un delito, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP). Según el artículo 262, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo puede presentarla.

Aunque no es una obligación general, el artículo 264 señala que ciertas personas, como funcionarios públicos, tienen la responsabilidad legal de hacerlo. La denuncia debe ser presentada de forma oral o escrita, incluyendo detalles sobre los hechos y posibles implicados, tal como se indica en el artículo 263. Es fundamental que el denunciante actúe de buena fe, ya que las denuncias falsas pueden acarrear sanciones según el artículo 266.

Por otro lado, la querella es un acto procesal mediante el cual una persona, conocida como querellante, solicita la apertura de un proceso penal, convirtiéndose en parte activa del mismo. Según el artículo 267 del Código Procesal Penal (CPP), este acto permite a las personas autorizadas promover un proceso penal por acción pública o intervenir en uno ya iniciado por el Ministerio Público.

La querella debe ser presentada por escrito y requiere la representación de un abogado, como se establece en el artículo 268. Además, el artículo 269 detalla que la querella puede ser interpuesta tanto para delitos públicos como privados. Los artículos 270 y 271 especifican los requisitos formales que debe cumplir la querella, incluyendo la identificación de los hechos delictivos y los datos del querellante.

Finalmente, el artículo 272 menciona que cualquier persona puede constituirse como querellante en ciertos casos, incluso si no ha sido directamente ofendida por el delito.

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Igualmente, se encuentra el conocimiento directo de una infracción, el cual es un procedimiento clave regulado por los artículos 273 a 278 del Código Procesal Penal.

Según el artículo 273, los funcionarios de la policía que tengan conocimiento directo de un delito deben informar al Ministerio Público dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas.

El artículo 274 establece que se pueden tomar medidas precautorias para asegurar la escena del crimen y evitar la fuga de sospechosos.

Los artículos 275 y 276 detallan las acciones que pueden llevarse a cabo, incluyendo el arresto de sospechosos y la preservación de pruebas.

Además, el artículo 277 exige que se elabore un informe sobre lo actuado, mientras que el artículo 278 menciona la obligación de la policía de seguir informando al Ministerio Público sobre el caso hasta su conclusión.

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El acta informativa policial, según el artículo 277 del Código Procesal Penal, es un documento que los funcionarios de la policía deben elaborar para informar al Ministerio Público sobre las diligencias preliminares realizadas tras el conocimiento de un hecho delictivo. Este informe debe incluir un resumen de las acciones llevadas a cabo, así como los elementos de prueba recolectados. Además, el acta se leerá en la audiencia correspondiente, garantizando que todos los participantes estén al tanto de las actuaciones realizadas durante la investigación.

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El Ministerio Público presenta acusación, se abre la etapa y se la presenta a un juez (juez de las garantías y las libertades), que en nuestro espacio se llama juez de la instrucción, y es quien debe hacer trámites de comunicación.

Todo desembocará a una audiencia preliminar, la cual una vez conocida puede dar 2 resultados:

-        Acto de no a lugar (se produce cuando el juez desmerita la acusación) pone término al proceso, por ende, no da paso a la siguiente etapa.

-        Auto de apertura a juicio, decisión del juez de la instrucción, la cual acoge la acusación del MP y el querellante, que puede ser total o parcial (la acogencia).

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El Ministerio Público es el director de la investigación, tiene la potestad de decidir a quién somete y a quién no, criterio de oportunidad (Art. 22, principios fundamentales, CPP).

La investigación tiene un plazo de duración (art. 150) de 3 meses, (prisión preventiva o arresto domiciliario//para que el fiscal presente el acto conclusivo) de 6 meses (otras medidas).

Si el fiscal no presenta acto conclusivo, se extingue.

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Las medidas de coerción (art. 226) cumplen con la función de atar al imputado en el proceso. Nunca se valora la culpabilidad o no del imputado, solo cómo puede lograrse que la persona se presente en el proceso.

El artículo 227 del Código Procesal Penal establece que la aplicación de medidas de coerción es procedente cuando concurren tres requisitos fundamentales:

Primero, deben existir elementos de prueba suficientes que indiquen razonablemente que el imputado es autor o cómplice de una infracción.

Segundo, debe haber un peligro de fuga, basado en una apreciación razonable de las circunstancias del caso que sugieran que el imputado podría no someterse al procedimiento.

Tercero, la infracción atribuida debe estar reprimida con pena privativa de libertad.

Si el juez verifica que no se cumplen estos requisitos, debe ordenar la libertad pura y simple del individuo.

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Por otro lado, el peligro de fuga es un concepto crítico en el proceso penal, regulado por los artículos 227, 228 y 229 del Código Procesal Penal. Según el artículo 227, se pueden aplicar medidas de coerción si existen elementos de prueba suficientes que indiquen que el imputado es probable autor o cómplice de un delito, y si se presume que podría no someterse al procedimiento judicial.

El artículo 229 detalla las circunstancias que el juez debe considerar para evaluar el peligro de fuga, incluyendo el arraigo en el país, la imposibilidad de identificación, la gravedad del hecho, y el comportamiento del imputado.

Para establecer el arraigo, se pueden presentar documentos como cartas de trabajo, contratos de alquiler, o pruebas de residencia.

La imposibilidad de identificación puede incluir la falta de documentos oficiales como cédulas o pasaportes.

Además, la gravedad del hecho y la importancia del daño a resarcir son factores determinantes. Si no se trata de un delito con pena privativa de libertad, no se puede aplicar medida de coerción.

Las audiencias sobre medidas de coerción no examinan pruebas; en cambio, se basan en la denuncia presentada por el Ministerio Público.

La prisión preventiva es una medida de coerción que puede ser apelada o revisada conforme al artículo 238, y su cese está regulado por el artículo 241, que establece plazos específicos para su duración.