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La decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada una demanda competencial para suspender investigaciones contra la presidenta refleja la tensión entre el control político y la protección institucional. Si bien busca garantizar la estabilidad del cargo presidencial, también puede generar debate respecto al equilibrio de poderes y la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción.

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Me parece preocupante que el Tribunal Constitucional haya suspendido las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Aunque se diga que es por respeto a su cargo, eso no debería estar por encima del derecho de las víctimas a saber la verdad y acceder a la justicia. En un Estado de Derecho, todos deben ser investigados sin privilegios, incluso los presidentes. Si no se garantiza eso, se pierde la confianza en las instituciones.

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Esta decisión del TC genera preocupación sobre el equilibrio entre la protección institucional y la rendición de cuentas. Suspender investigaciones puede interpretarse como un debilitamiento del Estado de Derecho si no se garantiza que todos los ciudadanos, incluyendo autoridades, estén sujetos a la ley.

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En mi opinión, el fallo del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato refleja una fuerte tensión entre la protección institucional de la presidencia y el derecho de los ciudadanos a la justicia.
Si bien la Constitución reconoce ciertos límites para investigar al jefe de Estado, la decisión del TC genera preocupación porque podría interpretarse como un privilegio excesivo que afecta el principio de igualdad ante la ley.

Este caso pone en evidencia la importancia del Estado de Derecho, que debe garantizar tanto el respeto a las competencias constitucionales como la protección efectiva de los derechos fundamentales de las víctimas. La clave está en encontrar un equilibrio: proteger la estabilidad institucional sin caer en la impunidad.

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TC declara fundada demanda competencial de suspensión de investigaciones contra presidenta

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El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo ante las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en contra de la presidenta Dina Boluarte, por lo que se ordena suspender dichas acciones hasta que culmine su mandato.

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Suspensión de investigaciones

El TC ordenó suspender todas las investigaciones iniciadas contra la Presidenta Boluarte que no estén dentro de los supuestos legalmente permitidos mientras ella esté en el cargo. Es decir, no pueden continuar hasta que termine su mandato (que culmina el 28 de julio de 2026).

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La decisión del Tribunal Constitucional de suspender las investigaciones contra Dina Boluarte hasta el fin de su mandato refleja el delicado equilibrio entre la estabilidad política y la exigencia ciudadana de justicia. Aunque la medida pretende garantizar que la Presidencia no sea debilitada por procesos judiciales en curso, también genera dudas sobre un posible blindaje que retrase la búsqueda de responsabilidades. En este contexto, el reto principal será demostrar que la protección institucional no se convierte en sinónimo de impunidad.

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En mi opinión crítica, el fallo del Tribunal Constitucional podría generar controversia, ya que al suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte durante su mandato, se abre un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política. Si bien la Constitución establece que el presidente solo puede ser procesado por ciertos delitos graves durante su mandato, esta decisión puede percibirse como un intento de proteger a la figura presidencial frente a posibles irregularidades.