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Este padlet es con la intención de que todos conozcamos un poco acerca de la situación que día con día todos como sociedad atravesamos. 

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Este padlet es con la intención de que todos conozcamos un poco acerca de la situación que día con día todos como sociedad atravesamos. 

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La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres.

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

"Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

4. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

6. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público."

Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios.Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

En este mismo tenor se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el caso de Mariana Lima Buendía, la cual establece que en el caso de muertes de mujeres se debe:

1. Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer;

2. Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta;

3. Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual;

4. Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.

Conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio es un gran paso para la procuración de justicia.

Para más información, puedes consultar el estudio La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014.

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Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

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¿Qué es el feminicidio y cómo identificarlo?

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La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres.

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La desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de las sociedades. Con el avance de los movimientos feministas estas cuestiones han adquirido una visibilidad mucho mayor de la que tenían hace pocas décadas en gran parte del mundo.

En este artículo definiremos los distintos tipos de feminicidio, la consecuencia más extrema de la violencia de género, y analizaremos cuáles son sus causas desde una perspectiva psicosocial.

¿Qué es el feminicidio?

El término "feminicidio" hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años.

La palabra "feminicidio" está en disputa; hay autores que afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones.

El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital.

Datos y estadísticas

Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a infravalorarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios.

Mientras que el 80% de las víctimas de asesinato son hombres, cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo el porcentaje de hombres desciende a un tercio. Este es uno de los factores que explican por qué el feminicidio requiere ser distinguido del resto de asesinatos.

Los países con las tasas más altas de feminicidio son El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia. Más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América; además de los mencionados, en la lista se encuentran Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil o la República Dominicana.

Motivaciones del asesino

La motivación para el crimen es una de las peculiaridades principales del feminicidio en relación a otros tipos de homicidio.

Según Diana Russell, a quien se atribuye la popularización de la palabra "feminicidio" ("femicide" en inglés"), algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer.

Otras variables que Russell considera relevantes son la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres.

Por otro lado, los asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja también están ligados, estadísticamente, al consumo de alcohol o de otras drogas por parte del homicida, si bien estas acciones no pueden ser atribuidas solamente a un fenómeno puramente bioquímico.

Tipos de feminicidio

Diana Russell y otros autores han propuesto diferentes tipos de feminicidio que difieren sobre todo en la relación entre la víctima y el asesino y en la motivación para el crimen.

1. Íntimo y familiar

Mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto "feminicidio íntimo" suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la ex pareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas.

El feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone un 35% de todos los asesinatos de mujeres (no sólo los cometidos por hombres), lo cual lo hace el más frecuente de todos los tipos de feminicidio.

El asesinato por honor es un tipo especial de feminicidio que se comete contra mujeres de las que se dice que han deshonrado a la familia. Entre los motivos más habituales de "deshonra" se incluyen ser víctima de violación y ser acusada de adulterio.

Asimismo en India, Irán, Pakistán y Bangladesh se perpetran asesinatos por dote. Tras el matrimonio, la familia del marido acosa y tortura a la esposa como método de extorsión para conseguir una dote mayor. En estos casos la mujer puede ser empujada al suicidio o morir asesinada, frecuentemente quemada viva cuando su familia no accede a pagar.

2. Lesbicidio

No es difícil encontrar periodos históricos en que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en la Francia del siglo XIII se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar una extremidad las dos primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que a la tercera debían ser quemadas.

Un crimen similar y frecuentemente unido al lesbicidio es la violación correctiva; consistente en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto "orden natural" mediante la violencia y el poder.

Hoy en día la homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres, sigue siendo condenada por la mayoría de religiones y es ilegal en países como Irán, Libia, India, Pakistán, Marruecos y Nigeria. Estas condiciones favorecen la violencia contra personas homosexuales, ya que la legitiman desde las instituciones.

3. Feminicidio racial

En los feminicidios raciales el componente de género se suma a un factor étnico: en estos casos el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación.

En este tipo de asesinato el racismo no sólo influye en la comisión del crimen, sino también en que el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente puede interferir en la resolución del caso, en el proceso legal y en la imagen que los medios dan de la fallecida.

4. Feminicidio en serie

Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sádico. En general estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia.

Las víctimas de feminicidios en serie, como el resto de feminicidios no íntimos, son más frecuentemente mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas.

En ocasiones se atribuye el feminicidio en serie a la pornografía, en especial a aquella que erotiza la violencia. Desde una perspectiva de género, esto puede deberse a la normalización de la violencia que se produce en estas piezas de ficción. No obstante, esta relación no ha sido demostrada por el momento. Es probable que el uso de estos materiales no sea un factor que predisponga a la realización de los crímenes, sino que forme parte del proceso de preparación a través del acto de fantasear con violaciones y asesinatos.

Explicaciones psicológicas de la violencia de género

Si bien desde distintas orientaciones teóricas se podría explicar la violencia de género y el feminicidio de modos muy distintos, nos centraremos en dos ejemplos: el interaccionismo simbólico y la psicología evolucionista.

Interaccionismo simbólico y el patriarcado

El interaccionismo simbólico es una corriente teórica de la sociología, la psicología social y la antropología que propone que las personas construimos conjuntamente símbolos que dotan de significado a la realidad en sus distintos aspectos, guiando nuestra conducta en relación a estos.

Desde esta orientación el feminicidio podría explicarse como una consecuencia de las diferencias en los roles otorgados a cada género por muchas sociedades: se entiende que el ámbito público debe ser controlado por los varones y se relega a las mujeres a la reproducción y al cuidado del hogar.

En muchas ocasiones se denomina "patriarcado" a esta estructura social, que se sostiene en leyes escritas y/o en normas implícitas que refuerzan y condicionan patrones de comportamiento diferenciados en función del sexo biológico.

Según la socióloga Sylvia Walby las estructuras patriarcales se manifiestan en la mayor probabilidad que tienen las mujeres de recibir abuso, de ocuparse del hogar y de los hijos, de ser representadas con poca fidelidad en los medios y en la cultura popular, de cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo y de que su sexualidad sea vista de forma negativa. Asimismo tienden a estar infrarrepresentadas en los ámbitos de poder y de toma de decisiones.

La concepción de las mujeres como inferiores a los hombres hace que el significado social de estos asesinatos sea menos negativo en entornos más patriarcales. De esto se podría deducir que existe una mayor probabilidad de que se dé violencia de género y por tanto feminicidio si la ley y la cultura no los penalizan.

¿Fruto de un proceso histórico?

El concepto del patriarcado sirve para introducir una dimensión muy relevante a la concepción del problema del feminicidio. Hace que no sea un problema aislado reducible simplemente a las tendencias violentas de algunos individuos, sino que tiene que ver con las situación de sumisión del género femenino y la del dominio del masculino.

Así, esta vulnerabilidad heredada y de causas económicas, políticas y sociales se concreta en muertes de personas desamparadas, que no ven sus derechos protegidos por la sociedad en la que viven, dado que esta protege privilegios que no tienen que ver con la forma de vida de la mayoría de las mujeres. Como resultado, el feminicidio debería ser analizado desde la óptica propia de la perspectiva de género.

Perspectivas evolucionista y biologicista

En muchas ocasiones se atribuyen las diferencias en los roles de género a la biología de hombres y mujeres. En particular, se suele mencionar que los varones tienen mayores niveles de testosterona, una hormona sexual que influye en la agresividad, la dominancia y la toma de riesgos. Sin embargo, no se ha demostrado que las diferencias hormonales sean las responsables de diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres.

También se ha propuesto que el hecho de que sean las mujeres quienes se quedan embarazadas influyó históricamente en el desarrollo de las sociedades desde los comienzos de la humanidad, especialmente a partir de la adopción del sedentarismo.

Desde estas perspectivas las diferencias biológicas existentes entre géneros tienden a ser muy valoradas, en detrimento de las influencias socioculturales, como la religión. De todas formas, se asume que en general la violencia contra las mujeres, y específicamente los asesinatos en los que ellas son las víctimas, no pueden ser explicados solamente a partir del análisis de categorías biológicas como los genes o las diferencias hormonales. Esto es así porque a pesar de que existen diferencias físicas claras entre ambos sexos, cualquier patrón de comportamiento incorpora una historia previa de aprendizaje que influye mucho en su aparición y en su manera de expresarse.

¿Qué se puede hacer?

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: psicológico, psico-social, y sociopolítico.

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, políticas penitenciarias que protejan a las víctimas, etc.

Referencias bibliográficas:

Alvazzi del Frate, A. (2011). When the Victim Is a Woman. In Geneva Declaration Secretariat, 113 - 144.

Naciones Unidas (2015). The world's women 2015. Trends and statistics. New York: Naciones Unidas. Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf

Organización Mundial de la Salud (2012). Understanding and addressing violence against women. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Radford, J. & Russell, D. E. H (1992). Femicide: The politics of woman killing. New York: Twayne.

Russell, D. E. H. & Harmes, R. A. (2001). Femicide in global perspective. New York: Teachers College Press.

Sagot, M. (2008). Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina. Athenea Digital, 14: 215 - 228.

Small Arms Survey (2012). Femicide: A global problem.

Walby, S. (1997). Theorizing Patriarchy. Cambridge: Polity Press.

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La desigualdad y la violencia de género son recurrentes en la historia de las sociedades. Con el avance de los movimientos feministas estas cuestiones han adquirido una visibilidad mucho mayor de la que tenían hace pocas décadas en gran parte del mundo.

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Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina

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El crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros.
Presidente Felipe Calderón, 27 de febrero de 2009

¿Estado fallido?

Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es un "Estado fallido", fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección.

En realidad, estas percepciones se explican por el incremento desmesurado de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes, que superaron las 6.000 en 2008, así como por la reaparición trágica de los secuestros de alto impacto, dos de las cuales afectaron profundamente el sentimiento de los mexicanos: el de Fernando Martí, un joven de 14 años secuestrado y asesinado cuyo padre, el empresario Alejandro Martí, creó una organización civil de lucha contra la inseguridad; y el de Silvia Vargas, de 18 años, también secuestrada y asesinada, hija del empresario Nelson Vargas. A esto se suman los escándalos provocados por las capturas por narcocorrupción de algunos de los máximos responsables de combatir el crimen organizado de la Procuraduría General de la República (PGR), la Interpol México y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de los asesinatos de ciudadanos extranjeros para robarles el dinero tras su ingreso al país.

En general, los analistas mexicanos coinciden en que México no es un Estado fracasado, aunque algunas de sus instituciones sí lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado. El último recurso de un Estado ante una situación de esta gravedad, recurrir a las fuerzas militares, ya comenzó a llevarse a la práctica. Se podría afirmar, entonces, que se trata de un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico.

La inseguridad contra la democracia

Una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. El crimen organizado, que antes era un poder paralelo y oculto, ha ampliado su radio de acción, con una descarnada lucha de poder entre los carteles, y se ha lanzado a la ofensiva contra el Estado y la sociedad.

La inseguridad se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad: por ejemplo, la emigración masiva de población hacia Estados Unidos incluye la trata de personas, una actividad de crimen organizado que, a su vez, repercute en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Al mismo tiempo, crece la transnacionalización del crimen, por ejemplo el tráfico de armas desde EEUU o la emergencia del fenómeno de las maras, que provienen de América Central y California.

La transición a la democracia generó cambios de distinta profundidad en las estructuras del Estado. En el caso de la seguridad, la defensa y la justicia, hay notables inconsistencias, contradicciones e incluso elementos que impiden la reforma de ciertas estructuras. No es posible, por ejemplo, guardar en la gaveta de pendientes la reforma de los sistemas de justicia, más allá de las reformas legales implementadas. Tampoco se ha avanzado en la reforma de las estructuras de defensa (ninguna fuerza política ha incluido este tema en su agenda) ni en la profesionalización de los servicios de inteligencia (se afirma que no están adoctrinados y entrenados para combatir el crimen organizado). Asimismo, persiste la herencia de un pasado caciquil y semifeudal de muchas estructuras de poder, principalmente en las zonas rurales, pero también, por ejemplo, en los sindicatos. Finalmente, hay que mencionar la reforma de las estructuras policiales. Hoy coexisten en México más de 1.600 corporaciones policiales (federales, estatales y municipales) bajo un sistema legal que genera atomización, falta de profesionalidad y corrupción. Todo esto, por supuesto, facilita su penetración por parte de las fuerzas del crimen organizado. En otras palabras, hay democracia, pero su calidad es precaria.

Por ello, la gobernabilidad democrática en México es débil y el crimen organizado tiene una alta capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción. Este fenómeno se produce en el poder político -federal, estatal y local- y, en menor medida, en las Fuerzas Armadas y en los servicios de inteligencia. La pregunta clave en esta etapa de transición es: ¿cómo construir instituciones para garantizar el Estado de derecho, fortalecer y profesionalizar a los organismos de seguridad y lograr una gobernabilidad sustentable?

El rol de EEUU en la seguridad mexicana

Uno de los principales elementos que define la política de seguridad de México es la situación creada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En la década de 1990, la relación México-EEUU pasó sin grandes tensiones del esquema de la Guerra Fría al de la Posguerra Fría, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el motor de ese ajuste. A partir de los atentados, la tensión en las relaciones internacionales afectó a México en forma directa. En la confusión reinante en los momentos posteriores a los ataques, se especuló con que los terroristas habían ingresado por las fronteras terrestres de Canadá o de México. En forma abrupta, México, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, se vio obligado a responder a las demandas estadounidenses de seguridad. Sin embargo, por su condición de vecino, fue, junto con Canadá, uno de los primeros países en ser requeridos para cooperar contra el terrorismo.

La estrategia estadounidense abarcó dos frentes: la protección de la patria ( homeland security) y la estrategia de acción preventiva contra el terrorismo ( preemptive action). Para el primer punto, la colaboración de México y Canadá era vital, por lo que muy rápidamente se firmaron los acuerdos gubernamentales de fronteras inteligentes, con Canadá en diciembre de 2001 y con México en marzo de 2002. En México, no se produjeron grandes cuestionamientos al nuevo esquema de seguridad firmado con EEUU. Por el contrario, las críticas se concentraron en la política internacional estadounidense: México no respaldó el esfuerzo diplomático de Washington para involucrar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la guerra contra el terrorismo, lo que generó una situación de fricción entre ambos gobiernos.

En otras palabras, el gobierno de México, en las relaciones con su vecino del Norte, dividió la labor de sus secretarios de Estado. Desde el 11 de septiembre, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General y los sistemas de inteligencia desarrollaron una fuerte cooperación con sus contrapartes estadounidenses. Pero al mismo tiempo se produjo una notable diferencia -y hasta una tensión abierta- con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su oposición a la estrategia contra el terrorismo de EEUU y al esfuerzo por derrocar a Saddam Hussein en Iraq; tampoco se vio con agrado la creación del Comando Norte de Estados Unidos en 2002.

Esta aparente contradicción en las políticas de México ante EEUU fue resultado de un debate en el seno de las elites mexicanas, divididas a grandes rasgos en dos sectores: los nacionalistas y los globalistas. Los primeros están a favor de una mayor independencia respecto de EEUU, mientras que los segundos se muestran proclives a impulsar cualquier iniciativa de cooperación internacional y defienden un estrechamiento de las relaciones con Washington. Esta tensión se refleja en varios puntos. Por ejemplo, los nacionalistas se oponen a la salida de tropas al exterior, mientras que los globalistas apoyan la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz y acciones cooperativas de seguridad hemisférica. En este caso, las Fuerzas Armadas parecen más proclives a mantener una distancia en relación con EEUU y la ONU.

Así, el principal acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre ambos países se centra en el intercambio de inteligencia, entrenamiento de policías -y, en menor medida, militares- y refuerzo del sistema de justicia en México. Si bien estos programas comenzaron a implementarse gradualmente desde la década de 1990, cuando se conformó un Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), dieron un salto importante tras los ataques del 11 de septiembre. Poco después de los atentados, como ya se señaló, se firmaron los acuerdos de fronteras inteligentes. En 2005, estos acuerdos se institucionalizaron mediante la creación de la Alianza por la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte, y luego se consolidaron con el diseño y la implementación de la Iniciativa Mérida, en 2008.

El alimento de los carteles: las armas

En México -como en EEUU, Colombia y algunos países de Oriente Medio y África- hay una cantidad de armas en manos de la población totalmente fuera de control. Esta amplia disponibilidad de armas se explica en buena medida por la legislación estadounidense, que permite la venta libre. Estas armas son el alimento principal tanto del crimen común como del crimen organizado y conforman un enorme mercado negro, que se nutre también de armas provenientes de Guatemala -donde su comercio es legal- y otros países de Centroamérica.

El control de las armas en México, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es muy deficiente.

La Secretaría de la Defensa ha informado que desde 1972 a la fecha se ha registrado un total de 2.824.231 armas, de las cuales el 85% corresponde a uso civil y 15% son usadas por personal de seguridad. Sin embargo, según estimaciones de la prestigiada publicación Small Arms Survey, en México existían entre 3,5 y 16,5 millones de armas en 2004. El comercio ilegal de armas se explica por la facilidad para cruzar ambas fronteras -la de México-EEUU y la de México-Guatemala-, por la ausencia de un control efectivo del comercio de armas en el sur de EEUU y por el gran negocio que realizan los comerciantes guatemaltecos. En EEUU, organizaciones de enorme peso, como la Asociación Nacional del Rifle, consiguieron que el gobierno estadounidense boicoteara una iniciativa impulsada por un grupo de países de América Latina para regular y controlar el tráfico transfronterizo de armas ligeras. De esta manera, lo ilícito se vuelve parte de la convivencia entre ciudadanos y aparece como un elemento importante para las economías, debilitando al Estado y fortaleciendo poderes clandestinos y mafiosos. Como veremos a continuación, el tráfico de armas alimenta y garantiza la supervivencia de los dos principales fenómenos de seguridad nacional que afectan a México: la inseguridad pública y el narcotráfico.

La guerra contra la población: la inseguridad pública

El crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia, en todos los estratos sociales. Las fuerzas de seguridad no logran reducir los índices de delito. Los cuerpos policiales son acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población, que exige el fin de la corrupción, y por los carteles, que los buscan para que trabajen para ellos. Todo esto ha generado una realidad dramática que ha hecho que los militares comiencen a encargarse del trabajo de la policía. A inicios de 2009, casi la mitad de los cuerpos policiales estatales eran conducidos por militares, sin que ello haya demostrado una mayor eficiencia en la reducción del delito.

Uno de los principales debates relacionados con el combate contra el delito y la inseguridad pública gira en torno de la participación de los militares. A diferencia de lo que ocurre con la policía, la población tiene una elevada confianza en las Fuerzas Armadas. Después de las universidades, son las instituciones que generan más confianza en México.

La dispersión de las fuerzas de seguridad es clara. Según el actual secretario de Seguridad Pública, hoy existen en México 1.661 corporaciones policiales. En 2008 existían casi 340.000 policías distribuidos entre policías municipales, estatales y federales. De ellos, muchos son militares. Cuando se inició el gobierno de Vicente Fox, en 2000, casi la mitad de la Policía Judicial Federal (PJF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), estaba conformada por militares. Evidentemente, no había ninguna confianza en los policías civiles. De igual manera, al crearse la Policía Federal Preventiva (PFP), en 1998, su base fueron las Fuerzas Armadas. Una importante reforma policial implementada durante el gobierno de Fox fue la transformación de la PJF en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuando se inició el proceso, el principal problema fue enfrentar la corrupción: en 2001, 7,61% de los policías judiciales tenían procesos penales en su contra; en 2002, 3,64%; en 2003, 6,56%; en 2004 y 2005 ya se había erradicado a los policías de la AFI que tenían cargos penales.

En México, los delitos se dividen entre el fuero común y el federal. En el primer fuero se incluyen aquellos que afectan habitualmente a la población: robo, homicidio, violación, secuestro y fraude. En total, suman más de 90% de la actividad delincuencial. El resto corresponde al crimen organizado. Junto con la creciente participación de militares, el debate sobre la inseguridad está dominado por las estrategias de mano dura. Sin embargo, la mayoría de los análisis coincide en que la mano dura no constituye una solución efectiva al crimen común y en que la clave pasa más bien por buscar estrategias de acercamiento comunitario, lograr más profesionalidad y honestidad e incluso la participación activa de la ciudadanía. El problema en México es que la mano dura se identifica con el empleo de las Fuerzas Armadas, con la impunidad y con posibles violaciones a los derechos humanos.

Así, el debate sobre qué tipo de policía se requiere para enfrentar las distintas modalidades de crimen incluye la necesidad de una policía de proximidad con la población, orientada a atacar el crimen común, y una policía militarizada (o el empleo directo de los militares por la ausencia de policías profesionales) para combatir al crimen organizado. El problema es que se recurre a una estrategia de militarización sin distinción del tipo de delito.

La guerra contra el Estado: el narcotráfico

Así como el crimen común constituye la principal amenaza a la población, el narcotráfico es la principal amenaza al Estado. Ello se debe a una sencilla razón: el crimen organizado le disputa al Estado espacios de poder y el ejercicio legítimo de la fuerza y está construyendo un poder paralelo basado en el terror, el asesinato y el control territorial.

Desde la década de 1930, cuando se consolidó el régimen de la Revolución, una característica del Estado mexicano y de las Fuerzas Armadas fue el desarme de los grupos alzados en armas, locales y estatales, en un proceso de desfeudalización del ejercicio de la violencia. Hoy, por primera vez, comienzan a verse los primeros signos de refeudalización, en manos de los siete principales carteles de la droga que operan en el país.

Esto ha convertido al narcotráfico en la principal amenaza a la democracia y la gobernabilidad. A inicios de 2009, el Instituto Federal Electoral (IFE) publicó un Mapa de Zonas Rojas para el proceso electoral de julio de este año. El mapa indica que en 70% de los 300 distritos electorales existen riesgos para la realización de un proceso electoral pacífico. Este mapa de peligro electoral coincide con los mapas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acerca de los municipios con más incidencia de violencia. De acuerdo con esta dependencia, de 2.454 municipios, 353 son extremadamente inseguros, con muy poca presencia de las fuerzas de seguridad.

El narcotráfico es un fenómeno con una larga historia en México en sus variables de producción, tráfico y consumo de marihuana y amapola. Pero lo que transformó el tráfico de drogas en un crimen de alto impacto, con creciente repercusión social, fue la incorporación del país a las rutas de tráfico de cocaína proveniente de los Andes. Aunque el inicio de este proceso data de la década de 1970, fue a partir de los años 90, con el desmantelamiento de los grandes carteles colombianos de Medellín y Cali, cuando comenzaron a consolidarse las organizaciones narcos mexicanas como factores de poder real en el país.

Estas verdaderas empresas transnacionales lograron construir emporios del comercio de cocaína que se produce en Colombia, se transporta a través de corredores aéreos, marinos y terrestres, y se consume en EEUU. A fines del gobierno de Fox, el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, sostuvo que no hay zona del país libre del crimen organizado. Según Medina Mora, el negocio llega a los 8.500 millones de dólares -aproximadamente 1% del PIB mexicano- y tiene a la corrupción policial como uno de sus principales elementos. Medina Mora afirmó que en Michoacán, Nuevo Laredo y Baja California los cuerpos policíacos locales estaban, hacia 2006, totalmente penetrados por el narcotráfico. Para el funcionario, la dimensión que ha adquirido el fenómeno lo convierte en un grave problema de seguridad nacional debido a la forma en que erosiona el Estado.

Así, si las estructuras municipales y estatales están colapsadas, entonces solo queda el gobierno federal. El listado de dependencias responsables del combate al narcotráfico abarca prácticamente todo el gabinete de seguridad. Constitucionalmente, esta labor corresponde a la PGR. Sin embargo, debido al crecimiento del delito, hoy participan también en forma directa siete dependencias federales: la Sedena; la Secretaría de Marina, para interceptar los cargamentos trasladados por el Pacífico; la SSP, tanto sus unidades de inteligencia como la PFP y el Sistema Federal Penitenciario; la Secretaría de Salud, para el combate contra las adicciones y el consumo; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente para el combate contra el lavado de dinero, a través del Servicio de Administración Tributaria; y la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En la actualidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores también es clave, pues es la encargada de la administración de los recursos de la Iniciativa Mérida.

Por otro lado, casi 80% de las estructuras de la PGR se dedican al combate contra el narcotráfico. Entre las más importantes se encuentran la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (la principal institución que realiza inteligencia en la PGR) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. En el caso de las Fuerzas Armadas, de sus casi 250.000 hombres, unos 40.000 realizan labores contra el narcotráfico de forma permanente.

El enorme esfuerzo que las estructuras del Estado dedican al combate contra el narcotráfico se explica, como ya se señaló, por la expansión de esta actividad en los últimos años. Su crecimiento y sus efectos cada vez más violentos tienen varias causas, como el incremento del consumo en EEUU y el ingreso de México en la ruta de la droga proveniente de Colombia. También resulta clave la guerra sin precedentes entre los carteles por el control de las plazas: las ciudades en las que se almacena la droga y las carreteras que conectan el norte del país con los puntos de ingreso, las costas y las fronteras con Guatemala y Belice. El control de estas plazas ha desatado la guerra actual. En 2005, los asesinatos entre bandas rivales de narcotraficantes y miembros de corporaciones policiales fueron 1.543. En 2006, la cifra ascendió a casi 1.600, y en 2007, a 2.275. En 2008, el número llegó a 6.300. Los puntos más importantes para la entrada de la cocaína proveniente de Colombia son las costas del Pacífico sur, en Oaxaca y Guerrero, y la península de Yucatán y Veracruz, para la droga proveniente de Venezuela y Brasil. En el tránsito por tierra, la mayor parte entra por la región del Petén, en Guatemala.

La PGR registraba para 2005 siete grandes carteles: Tijuana, del Golfo, Juárez, Sinaloa, Pacífico, Oaxaca y del Milenio. Hacia 2008 se consolidó un nuevo cartel, desprendimiento del cartel del Golfo, llamado "La Familia", extremadamente sanguinario, que incluso ha realizado atentados contra la población. El poder de los carteles se distribuye de la siguiente manera: el cartel de Tijuana (encabezado por la familia Arellano Félix) controla la distribución hacia el gran mercado de cocaína de California. El cartel del Golfo controla la ruta que se origina en Petén (Guatemala), Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas y la exportación hacia el suroriente de Texas. La llamada "federación de carteles" se ubica en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit y Quintana Roo (son dos grandes carteles de Sinaloa, también conocidos como los carteles del Pacífico, repartidos en los dominios del legendario Chapo Guzmán y la familia Beltrán Leyva). Los territorios en disputa se ubican en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Veracruz, donde se registran los más altos niveles de violencia, precisamente por ser áreas peleadas por los diferentes carteles. Las distintas fuentes de información coinciden en que el cartel del Golfo fue el más poderoso durante el gobierno de Fox. La Familia fue un desprendimiento de este cartel, para penetrar hacia el Pacífico, lo que explica los altos niveles de violencia registrados en el estado de Tamaulipas, principalmente en las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros. Uno de los cuestionamientos a la estrategia de guerra del presidente Calderón es que, a pesar de la gran cantidad de detenidos, los carteles del narcotráfico parecen aumentar sus actividades y capacidad de fuego, en vez de ser reducidos. En el actual gobierno, entre el 1o de diciembre de 2006 y el 24 de febrero de 2009, fueron detenidas 60.903 personas por cargos de narcotráfico. Entre ellas, 6.651 pertenecen al cartel de los Arellano Félix en Baja California; 9.959 al cartel de los Carrillo Fuentes (Tamaulipas y Chihuahua); 14.627 al cartel del Pacífico de Sinaloa, Jalisco y Durango; y 10.566 al cartel del Golfo.

El narcotráfico ha causado una especie de estado de terror en el que tanto la acción de los carteles como las estrategias del gobierno han generado espirales de violencia. El gobierno federal necesita recuperar el control de ciudades ocupadas por el narcotráfico, como por ejemplo Nuevo Laredo en 2005, Tijuana en 2007, Reynosa en 2006, y controlar la creciente presencia del narcotráfico en la ciudad de Monterrey, significativa por ser uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del país. La Ciudad de México no presenta, hasta el momento, expresiones generalizadas de violencia de este tipo, aunque se estima que, por la guerra desatada en ciudades cercanas, podría ser utilizada como refugio.

Otro factor sobresaliente, que ayuda a explicar la coyuntura de violencia que se vive en México, es la incorporación de prácticas de sicariato propias de Colombia o Guatemala. Ex-militares guatemaltecos, que fueron miembros de las unidades especiales del ejército de ese país, ex-kaibiles, podrían estar entrenando a los sicarios de los diferentes carteles. De igual manera, ex-integrantes del ejército mexicano, conocidos como "zetas", trabajan para entrenar y realizar las acciones militares más importantes de los carteles.

Como ya se señaló, una de las estrategias del gobierno federal consiste en realizar operativos en los que principalmente se despliegan fuerzas militares. Durante el gobierno de Fox, el más importante esfuerzo fue el operativo "México Seguro", iniciado el 11 de junio de 2005 en Nuevo Laredo, para remover a 700 policías locales comprometidos con el narcotráfico. Como evidencia del vínculo entre los policías municipales, los zetas y los carteles, se encontró a 44 personas secuestradas que eran retenidas ilegalmente por policías municipales. Sin embargo, el operativo México Seguro fue cuestionado debido a que el ejército tiene una limitada capacidad de despliegue y solo puede destinar fuerzas de manera temporal; como debe retirarlas después de un tiempo, los carteles recuperan luego el control del lugar. En cualquier caso, este operativo fue un preámbulo al incremento de la presencia militar durante el gobierno de Felipe Calderón.

Conclusiones

En América Latina, el debate sobre la seguridad ha pasado de las tradicionales amenazas estatales a las nuevas amenazas. Esto no quiere decir que los gobiernos hayan excluido de sus agendas el conflicto interestatal, sino que se considera que estas nuevas amenazas son hoy las principales fuentes de desestabilización y debilitamiento de las jóvenes democracias de la región. Así, la agenda de seguridad mexicana incluye nuevos temas y también percepciones distintas acerca de cómo enfrentar las nuevas amenazas. Dos temas nuevos son el terrorismo y la migración, introducidos por presión de EEUU, principalmente después del 11 de septiembre.

En el caso de la migración, EEUU reconoce su propia vulnerabilidad y la porosidad de las fronteras y por ello apuesta a reforzar el control de los migrantes, lo que en México se interpreta como un agravio a su soberanía. Desde siempre, la migración ha estado vinculada a la seguridad nacional en todos los países, tanto para favorecer el ingreso (como ocurrió en EEUU durante el siglo XIX y la primera mitad del XX) como para contenerla (tendencia presente desde los 80). La cuestión de la frontera es parte esencial del fenómeno de la migración.

En el contexto de la seguridad regional, entonces, hay que distinguir dos lugares: el de los países exportadores y de tránsito (de drogas y personas) y el de los países consumidores y receptores. Desde la década de 1980, EEUU reconoce la vulnerabilidad de sus fronteras terrestres, principalmente la frontera Sur. Pero para México su frontera Sur también es un asunto de seguridad nacional, por las guerras civiles que tuvieron lugar en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En la década de 1990, una vez pacificados esos países, la problemática de seguridad se enfoca en el aumento del tráfico de personas, armas y drogas. Las maras aprovechan esta debilidad y convierten la delincuencia asociada a sus estructuras en una amenaza transnacional. El problema es que se construyen vínculos de seguridad que afectan a las personas más vulnerables, que solo buscan sobrevivir, y se criminaliza la condición de migrante (en EEUU e incluso en México). En ocasiones, los migrantes se vinculan con los narcotraficantes, por ejemplo para transportar la droga a modo de pago para facilitarles el cruce. Esto se da tanto en la frontera México-Guatemala como en la de México-EEUU.

El tráfico ilegal de migrantes y drogas ha crecido. El jefe del Comando Sur de EEUU sostuvo que el corredor Andes-Centroamérica-México constituye la principal fuente de alimentación de este problema y que solo las instancias cooperativas -como el centro de inteligencia instalado en Kew West, con representantes de casi todos los países de la región- podrá ayudar a enfrentarlo. La corrupción gubernamental de los responsables de la seguridad de México es uno de los factores que impiden el éxito de las estrategias del gobierno. A pesar de los intentos de reforma y control, no se ha logrado evitar este flagelo en instituciones como el Instituto Nacional de Migración, Aduanas, la PFP, los aparatos de seguridad pública del estado de Chiapas y la PGR. La corrupción es histórica. En la frontera participan, como socios estratégicos, los funcionarios guatemaltecos. El fenómeno se presenta en los ocho cruces fronterizos legales entre los dos países. De igual manera, la corrupción campea en la frontera de México con Belice, que tiene solo dos puntos de cruce legales y más de 15 ilegales. Debido a la corrupción, muchos de los compromisos firmados entre los gobiernos carecen de efectividad.

Las nuevas amenazas a la seguridad de México representan un grave riesgo para la gobernabilidad y la democracia. Por la debilidad de las estructuras institucionales, es cada vez más frecuente emplear a las Fuerzas Armadas para enfrentar estos retos. Esto es evidente en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico, los desastres naturales y hasta los problemas ambientales. Ello obstaculiza la evolución "normal" de las estructuras civiles del Estado y prolonga el poder político de los militares. Las Fuerzas Armadas mexicanas contrastan con las de la gran mayoría de los países del hemisferio debido a la ausencia de una reforma democrática. Por ello, la reforma del Estado debería incluir un esfuerzo para profesionalizar y dotar de recursos a los cuerpos policiales, las estructuras de inteligencia, los sistemas de justicia y de prevención civil, de modo que las fuerzas militares sean solo un recurso de última instancia.

En el caso de la cooperación con EEUU, la Iniciativa Mérida podría implicar un cambio muy importante en la guerra contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, en la medida en que la participación estadounidense en el equipamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas puede ayudar a superar los recelos históricos. La influencia externa podría catalizar un proceso de modernización militar. Sin embargo, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en equipo y entrenamiento -y quizá también prerrogativas- podría debilitar el proceso de reforma y afectar las relaciones cívico-militares en México.

Todavía es prematuro para saber si el gobierno de Barack Obama modificará la relación con México en materia de seguridad y defensa. El flamante presidente estadounidense ha mostrado interés en México, pero no ha emitido, hasta el momento, señales de cambios significativos. La Iniciativa Mérida sigue su curso tal cual se había planificado a fines del mandato de George W. Bush, con el aporte de 400 millones de dólares en 2008 y 300 millones en 2009. Estos fondos se destinan a equipo militar, software y entrenamiento. El plan no incluye el ingreso de tropas a México. Lo que sí se observa en la relación con EEUU es una menor presión para la cooperación en la guerra al terrorismo y un énfasis mayor en la cuestión del tráfico de armas (su control en el sur de EEUU), migración (fuente habitual de conflictos bilaterales) y control de la frontera y el narcotráfico. Debido a la actual crisis económica, se habla también de una crisis del TLCAN y de posibles repercusiones negativas en la relación bilateral. Pero aún es pronto para afirmar si habrá cambios significativos.

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La crisis de seguridad en México | Nueva Sociedad

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El crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros. Presidente Felipe Calderón, 27 de febrero de 2009 ¿Estado fallido?

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Jóvenes platican sobre la inseguridad en su país

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El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó este miércoles que se registraron 969 feminicidios, más de dos por día en promedio, durante 2020.

Durante 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo, hubo un total de 966 feminicidios.

Seis entidades concentraron el 51 por ciento de los feminicidios: Estado de México, con 151 asesinatos contra mujeres; Veracruz, con 87; Jalisco, con 68; Ciudad de México y Nuevo León, con 67 respectivamente; y Puebla, con 54.

El 31 de diciembre del año pasado, el subsecretario informó que la estimación del aumento anual de los feminicidios durante 2020 era de 0.3 por ciento; no obstante, este miércoles, dijo que esta cifra se había ajustado.

"En feminicidios, el 31 de diciembre se habló de un aumento de 0.3 por ciento. Sin embargo, ya con las carpetas verificadas del Secretariado Ejecutivo, el aumento es de apenas el 0.1 por ciento. Se mejoró dos décimas con relación (a la cifra dada) al 31 de diciembre", apuntó.
En tanto, señaló que hubo una disminución de 8.2 por ciento en asesinatos en contra de mujeres en diciembre en relación con noviembre del año pasado.
"Hay que subrayar, como hemos dicho en otras ocasiones, sin querer minimizar, el incremento de carpetas de investigación tiene que ver con que se siguen protocolos de atención de violencia de género en la apertura de carpetas y no por homicidio doloso, se va a seguir insistiendo que se trate como feminicidio cualquier hecho de violencia en que pierda la vida una mujer", afirmó.

Con respecto a los homicidios dolosos, Mejía señaló que se confirmó que estos tuvieron una disminución en el año de 0.4 por ciento con respecto a 2019, citando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Diciembre de 2020 tuvo una reducción de 1.9 por ciento en este delito con relación a noviembre del mismo año, dijo, lo que convierte a diciembre en el mes más bajo de homicidios dolosos en lo que va de la administración actual.

"Esto es importante porque se confirma con el dato del menos 0.4 por ciento una reducción de 133 homicidios en relación al año pasado (2019), y no había habido en el país, desde 2015, una disminución en el crecimiento de homicidios", añadió.

En noviembre de 2020 hubo un total de 2 mil 677 homicidios, mientras que en diciembre la cifra fue de 2 mil 627.
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En 2020 se registraron 969 feminicidios, más de dos por día en promedio, según cifras del Gobierno

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El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó este miércoles que se registraron 969 feminicidios, más de dos por día en promedio, durante 2020. Durante 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo, hubo un total de 966 feminicidios.

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La delincuencia en México alcanzo la cifra récord en los primeros tres meses de 2019. La violencia no da tregua y se han registrado 8493 homicidios, 9.6% más que en el mismo periodo de 2018, según datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La inseguridad cada vez está más grave, hemos tenido diversos sucesos de gran magnitud en la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, entre otros Estados de la República Mexicana.

En la actualidad hay muchas causas de inseguridad en México y los factores más influyentes surgen de los siguientes:

Las fallas en el sistema educativo;

La mala política de seguridad;

Los malos elementos policiacos;

La desigualdad económica;

La delincuencia organizada;

El tráfico ilegal de armas y drogas;

La desintegración familiar; y

Por la corrupción.

Con estos factores la inseguridad se difunde y sigue generándose como un círculo vicioso que alguien en algún momento tendrá que romperlo, por lo tanto, hay que tomar en cuenta todas las fallas que existen a consecuencia del mal sistema económico que tiene el país y aquí es donde debemos corregir los errores, es decir, hay que cambiar el sistema económico y, sobre todo, evitar que la corrupción siga invadiendo los sectores más importantes del Estado.

Por mencionar unos ejemplos de los últimos los acontecimientos sobre el problema de la inseguridad que estamos sufriendo, mencionaré el acaecido la semana pasada cuando una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente recibió un disparo al interior de una de las aulas del plantel, este miércoles en Cuernavaca, Morelos, un individuo realizó disparos en contra de varías personas mientras se llevaba a cabo una marcha de comerciantes, la cifra dada a conocer por las autoridades es de dos muertos, dos heridos y un detenido, el cual se dice que fue contratado para perpetrar dicha acción por cinco mil pesos a lo que el Presidente López Obrador dijo ayer en su conferencia de prensa matutina:
"...El que asesina, un joven, por una cantidad (si son ciertas las versiones), de muy poco, 5 mil pesos, fíjense a lo que llegamos por abandonar a los jóvenes".
Así mismo, reprochó que llamaran anteriormente a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan "ninis", por lo que hizo hincapié en que:
"...ahora que salgan a explicarnos los defensores del gobierno neoliberal que nunca pensaron que iban a producir una descomposición social como la que estamos padeciendo".
Ayer un hombre fue lesionado por un proyectil de arma de fuego en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Máxima casa de Estudios (la UNAM).

Dicho lo anterior, tenemos que preguntarnos ¿Qué está pasando con los valores en nuestro país?

Considero importante mencionar que independientemente de los factores antes mencionados por los cuales se ha incrementado la inseguridad en México, cabe destacar que la base de nuestra sociedad es la familia y es ahí donde debemos de reforzar todos los valores que en algún tiempo nos enseñaron y que ahora se han ido perdiendo poco a poco.

Estos valores tienen que ser inculcados a todos los seres humanos desde que nacen y los adultos tenemos que ponérselos como ejemplo con nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, no debemos olvidar que el valor es la calidad del alma que nos mueve y rescatar el principal valor que significa el ser padre y madre.

Nunca hay que perder la confianza, ni la fe, ¡por favor hagamos algo al respecto! no podemos seguir viviendo en esta inseguridad, no le dejemos todo al gobierno, tenemos que actuar y después exigir que las autoridades hagan su trabajo para protegernos de todos aquellos individuos que han decidido ir por el mal camino de la delincuencia.

Luchemos por seguir viviendo en paz y con valores, especialmente con el de la familia y enfrentemos así lo que la vida nos presenta para lograr hacer de nuestros hijos, mejores hombres y mejores mexicanos, ya que son el futuro de toda nación.
"La FAMILIA es la BASE de la SOCIEDAD y el sitio donde aprendemos los VALORES que nos GUÍAN toda la VIDA" (Juan Pablo II).

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Causas que generan la inseguridad en México | Foro Jurídico

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La delincuencia en México alcanzo la cifra récord en los primeros tres meses de 2019. La violencia no da tregua y se han registrado 8493 homicidios, 9.6% más que en el mismo periodo de 2018, según datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El origen del feminicidios y como es en la actualidad

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Video realizado por una integrante del equipo. 

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