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Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley Nacional Nº 25.673 reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual

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Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley Nacional Nº 25.673 reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual

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1. Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género.

2. Derecho de todas las personas a la participación, sin importar su sexo, sexualidad o género.

3. Derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal.

4. Derecho a la privacidad.

5. Derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley.

6. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión; derecho a la asociación.

7. Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico.

8. Derecho a la educación e información.

9. Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos.

10. Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños.

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La ley establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a:
Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la ley;
Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la ley;
Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley;
Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.
La ley garantiza:
El derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
El derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 15 del proceso gestacional en las siguientes situaciones:
Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de personas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida.
Si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la ley.
En los casos de personas menores de dieciséis (16) años de edad, se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo 7º de la Ley.

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Ley 27.610 IVE Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto   (2021)

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Ley 27.610 IVE Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto   (2021)

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Derecho a la educación y a recibir información

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Transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.

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La educación sexual integral es un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, en sus tres niveles: inicial, primaria, secundaria, sean privadas o estatales, confesionales o laicas.
Este derecho de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que obliga al Estado nacional y a los estados provinciales a garantizar su acceso, se encuentra establecido en la ley nacional 26.150 que, a partir de su sanción en 2006, crea el Programa de Educación Sexual Integral para su implementación.
La Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, las niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad.
Cuando hablamos de educación sexual integral no nos referíamos a un contenido y/o a una asignatura específica sino que forma parte del proyecto educativo de la escuela y requiere de un trabajo articulado con los centros de Salud, las familias y las organizaciones sociales.

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Desde el rol docente, enseñar ESI se presenta como una tarea compleja que invita a revisar la propia práctica, los paradigmas aprendidos sobre la sexualidad, los estereotipos que condicionan el ejercicio de los roles, desandar los prejuicios que se traen con relación al estudiante adolescente y la visibilización de lo velado en un contexto de realidades dinámicas y diversas, en continua transformación como es todo ámbito educativo y sin perder de vista la necesaria articulación del trabajo docente con la comunidad, en virtud de propiciar el efecto multiplicador hacia los hogares del trabajo realizado en las aulas.

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Los derechos sexuales y los derechos reproductivos están protegidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por Leyes Nacionales
Derechos sexuales: se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, a que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, a acceder a información sobre cómo cuidarse, y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencia, riesgos ni discriminación.
Derechos reproductivos: todas las personas tenemos derecho a decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijas/os, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo. También son derechos recibir información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al método elegido.

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Ley 26.061 Protección integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2005)

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Ley 26.061 Protección integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2005)

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Reconocimiento a la identidad de género, garantiza:
Desarrollarte libremente como persona conforme a tu identidad de género. Recibir un trato digno de acuerdo con dicha identidad. Ser identificada/o con tu nombre de pila, tu propia imagen y sexo.