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De acuerdo a esta investigación, los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán; mientras que la conflictividad por campos petroleros se concentra en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En relación con gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla- Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa, y Chihuahua-Sinaloa. Los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero registran el mayor número de hechos conflictivos por instalaciones hidroeléctricas, y los conflictos por instalaciones eólicas se concentran en Oaxaca y Yucatán.

En términos absolutos, los datos analizados revelan que la minería es la actividad que ocasiona el mayor número de conflictos (374 hechos conflictivos reportados en 134 proyectos mineros), seguida por la extracción de hidrocarburos (campos petroleros y gasoductos), luego por instalaciones hidroeléctricas y finalmente por eólicas. En su mayoría, los hechos conflictivos reportados por la prensa en minería, hidrocarburos e hidroeléctricas son relacionados con afectaciones al medio ambiente. En el caso de los desarrollos eólicos, la causa principal de conflicto identificada en las notas son problemas de ordenamiento territorial; en tanto que para la actividad minera se reporta también una alta incidencia de conflictos laborales.

En términos relativos, sin embargo, en los gasoductos se reporta el mayor número de hechos conflictivos por proyecto (casi 5 hechos conflictivos por proyecto), seguidos por las hidroeléctricas (3.8 por proyecto), las eólicas (3.3 por proyecto), las mineras (2.7 por proyecto) y, finalmente, los campos petroleros (casi 2 hechos por campo).

La base de datos desarrollada identifica también las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas involucradas, así como el papel de los mecanismos de participación (por ejemplo, la consulta previa, las consultas públicas, y las asambleas ejidales y comunales) en estos conflictos. Los datos recabados muestran que, contrariamente a lo que se suele decir, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción "institucionalizada" (como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de acciones con otras "no institucionalizadas" (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios. Por su parte, los actores gubernamentales, en combinación con las empresas, son los que más frecuentemente aparecen mencionados en relación a acciones informales e ilegales.

Dado que los datos fueron recabados a partir de notas periodísticas, la investigación también muestra algunos rasgos del tipo de reporte que suscitan estos conflictos en México, incluyendo las amenazas a periodistas derivadas del ejercicio de su labor.

Las notas periodísticas de recopiladas en la base de datos fueron escritas por un total de 373 periodistas. El 18% (67 periodistas de 40 medios), ha recibido amenazas o agresiones. Sin embargo, no es posible establecer si las amenazas fueron derivadas directamente por el reporte de hechos socio-ambientales conflictivos o por otros asuntos reportados por el mismo periodista.

Los principales estados en los que se presentaron amenzas o agresiones son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de Mexico, Chiapas y Veracruz. Los periodistas más amenazados pertenecen a Proceso, La Jornada, El Universal, Lado B y Animal Político. De los 40 medios a los que pertenecen los periodistas amenazados, la mayoría (26) son de alcance local, y en menor medida (14), se trata de medios de cobertura nacional.

Finalmente, destaca el uso de los medios como vía para expresar reclamos por parte de las comunidades. De un total de 669 hechos reportados que presentan repertorios de acción llevados a cabo por comunidades, 336 (50.2%) incluyen el uso de medios periodísticos.

La cartografía y bases de datos presentadas están abiertas al público para su consulta en este enlace y forman parte del proyecto Conversando con Goliat , coordinado por FLACSO-México y De Montfort University, con financiamiento de British Academy. El mapeo de los datos recabados para este proyecto se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México - México y El Caribe y CartoCrítica, A.C.

Consulta aquí la presentación de Gisela Zaremberg (pdf).

Mira el video de la presentación en nuestra página de Facebook.

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Identifican más de 800 conflictos socioambientales generados por proyectos mineros y energéticos en los últimos 12 años | Heinrich-Böll-Stiftung - Ciudad de México | México y el Caribe

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De acuerdo a esta investigación, los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán; mientras que la conflictividad por campos petroleros se concentra en Tabasco, Chiapas y Veracruz. En relación con gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla- Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa, y Chihuahua-Sinaloa.

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-El ‘viento’ se lleva el bosque Kallpavalli, India

La energía eólica es ampliamente promovida como una solución energética sustentable y socialmente deseable. Sin embargo, algunos grandes proyectos eólicos en el mundo están provocando a un creciente número de conflictos que van más allá de las subjetivas afectaciones al paisaje. Estos litigios ponen en contraste los beneficios de algunas grandes empresas, mientras los territorios son transformados en detrimento de sus sistemas sociales y valores ecológicos locales.

Un caso relevante se da en el estado de Andhra Pradesh (India), donde una exitosa iniciativa comunitaria para reforestar e impulsar actividades de subsistencia en el bosque Kallpavalli ha sido destruida por el proyecto eólico Nallakonda. El proyecto, propiedad de la empresa India Tadas Wind Energy, cuenta con un fuerte respaldo del gobierno nacional. La instalación de más de 60 turbinas Enercon ha deforestado las áreas restauradas, degradado tierras productivas y dañado las fuentes locales de agua.

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Minas de carbón destruyen sitios sagrados en Sudáfrica

La empresa de prospección minera Ibhuto-Coal ha propuesto abrir una mina de carbón a cielo abierto en KwaZulu-Natal (Sudáfrica). El proyecto llamado Fuleni se sitúa en el parque natural más antiguo de África, hogar del rinoceronte blanco (la frontera Hluhluwe-iMfolozi). Dos minas de carbón ya rodean la región del parque: Zululand Anthracite Colliery (propiedad de la empresa Río Tinto) y Somkhele (propiedad de Petmin).

Actualmente, ambas minas operan y han generado fuertes impactos a las comunidades locales: destrucción de los sitios sagrados, pérdidas de hogares, así como afectaciones en el agua, cultivos y biodiversidad de la región. Ante la propuesta de implantar el proyecto Fuleni, las comunidades afectadas se oponen a la intensificación de los impactos sobre sus medios de subsistencia y el ecosistema local protegido por el parque.

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El 5 de noviembre de 2015, la rotura de la presa del Fundão en la Ciudad de Mariana (Minas Gerais) y el vertido de 34 millones de metros cúbicos de lodo sobre el pueblo de Bento Rodriguez mató a 19 personas y 600 personas quedaron sin hogar. Se considera el mayor desastre ambiental producido en Brasil por negligencia de una empresa.

Los desechos del embalse-vertedero provenían de la producción de mineral de hierro de la empresa Samarco (Vale, de Brasil, y BHP Billiton, de Australia-Reino Unido), una de las mayores minas de mineral de hierro en el mundo, hasta que el accidente paralizó sus actividades.

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El petróleo contamina el delta del Níger (Nigeria)

El delta del río Níger es uno de los lugares más afectados por la masiva extracción de crudo en el mundo desde los años 50. El resultado son impactos ambientales y sociales irreparables, así como un altísimo nivel de violencia. La respuesta a las protestas contra estos daños ha sido la violencia de grupos armados locales, detenciones ilegales, torturas y ejecuciones.

Las comunidades locales han denunciado repetidamente prácticas industriales ilegales, como la quema del gas residual que se produce en el proceso de extracción y procesamiento del petróleo, que conlleva grandes daños ambientales y a la salud.