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Según BENZA Rodrigo (2016). Durante el conflicto armado interno en el Perú (entre los años 1980 y 2000), en el año 1985, en la comunidad de Accomarca en el sur de los Andes (Ayacucho/Perú) una patrulla militar realizó una matanza en la que murieron más de 60 campesinos incluyendo ancianos y niños.

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Para Rubio (2016) las manifestaciones de teatralidad andina se presentan principalmente en el contexto de las fiestas religiosas en las que se desarrollan diversos niveles de performatividad y en la que el actor-danzante enmascarado es una presencia casi obligada. Otro elemento característico de estas manifestaciones presentado por Rubio es el juego o pukllay.

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En agosto de 1985, la pequeña comunidad campesina de Accomarca, ubicada en el departamento de Ayacucho, Perú, se vio sumida en una tragedia de proporciones devastadoras. Durante una operación militar denominada Plan Huancayok, liderada por el teniente Telmo Hurtado, conocido posteriormente como "El carnicero de los Andes", un grupo de soldados peruanos perpetró una masacre que marcó un hito negro en la historia del conflicto interno del país. Separando a mujeres, niños y ancianos de los hombres, las fuerzas armadas encerraron a sus víctimas en casas donde, tras un despiadado ataque con armas de fuego, granadas y fuego, dejaron 61 muertos según cifras oficiales, entre ellos 23 niños. Esta atrocidad, ejecutada en nombre de la lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, no encontró justificación alguna en el hallazgo de armamento o propaganda subversiva en el lugar.

Después de más de tres décadas de impunidad, la sentencia histórica emitida por la Sala Penal Nacional de Perú en 2021 finalmente condenó a diez miembros del ejército por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión judicial no solo reconoce la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas, sino que también simboliza un paso crucial hacia la verdad y la reconciliación en un conflicto que cobró la vida de decenas de miles de peruanos. La resolución del caso de Accomarca, tras seis años de juicio y múltiples obstáculos legales, representa un llamado a la memoria y a la justicia, recordándonos la importancia de enfrentar el pasado para construir un futuro más justo y equitativo.

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Derecho a la vida y a la integridad personal: La masacre de Accomarca constituyó una violación masiva del derecho fundamental a la vida y a la integridad personal de las víctimas. Más de 60 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron brutalmente asesinadas por miembros del Ejército Peruano. Este acto atroz no solo privó a las víctimas de su derecho más básico, sino que también dejó secuelas profundas en las comunidades afectadas, generando un trauma colectivo que perdura hasta el día de hoy. La condena de "El carnicero de los Andes" y otros militares involucrados es un paso crucial hacia la rendición de cuentas por estos crímenes de lesa humanidad, destacando la importancia de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal en contextos de conflicto armado y violencia estatal.

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sí hizo la patrulla Lince 7 desaparecer prácticamente del mapa la comuna campesina de Accomarca, en el departamento de Ayacucho, en el sur de Perú.

Era el 14 de agosto de 1985 y los 18 militares peruanos, encabezados por el entonces teniente del ejército Telmo Hurtado -que pasaría a ser conocido como "El carnicero de los Andes"-, habían llegado al lugar en busca de miembros de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

in embargo, según señaló en su día la Comisión de la Verdad y la Reconciliación -creada en 2001 para elaborar un informe sobre la violencia armada interna de Perú entre 1980 y 2000-, "no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso".

Y la jornada terminó con 61 muertos, según cifras oficiales, 23 de ellos niños. Los familiares reclaman que fueron hasta 71, pero al quedar los restos carbonizados esto no se pudo verificar con muestras de ADN.

El tribunal determinó que estos fueron los autores materiales, junto a los entonces soldados Clider Venancio Ramírez, Vicente Chupan Herrera, Pedro Amaya Miranda, Daniel Salas Arenas y Francisco Marcañaupa Osorio, para quienes la pena es de 10 años.

Por lo tanto, los magistrados concluyeron que el crimen no se debió a decisión individual de Hurtado, sino a una orden superior cuya cadena de mando pudo se identificada.

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Derecho a la justicia y reparación integral: El caso de Accomarca ilustra la larga lucha por el derecho a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Durante décadas, las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos buscaron incansablemente que los responsables fueran llevados ante la justicia.

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El Acceso a la Justicia como un Derecho Fundamental

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El acceso a la justicia debe tener como proioridad las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.

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La condena histórica de "El carnicero de los Andes" y otros nueve militares por la masacre de Accomarca marca un hito significativo en la búsqueda de justicia en Perú. Este fallo judicial no solo representa un paso importante hacia la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, sino que también envía un mensaje claro sobre la imperiosa necesidad de enfrentar el pasado para construir un futuro más justo y reconciliado. La decisión judicial refuerza la idea de que ninguna persona está por encima de la ley y que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes, fortaleciendo así la confianza en las instituciones democráticas del país y en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.

Sin embargo, la condena también pone de relieve los desafíos persistentes en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas y sus familias. A pesar de este avance judicial, muchas comunidades afectadas por la violencia aún esperan justicia plena y medidas de reparación integral que aborden no solo las pérdidas materiales, sino también el impacto psicológico y emocional que perdura. Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de justicia transicional y de garantizar que las lecciones aprendidas de estos dolorosos episodios de la historia peruana se traduzcan en políticas públicas efectivas que promuevan la reconciliación y la no repetición.

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Es fundamental fortalecer los programas educativos y las iniciativas de memoria histórica en Perú, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno como Ayacucho. Esto implica integrar de manera transversal en el currículo escolar la historia de los derechos humanos y los crímenes cometidos durante esa época, promoviendo el conocimiento y la reflexión crítica entre las nuevas generaciones. Además, se deben crear espacios de encuentro y diálogo intergeneracional donde las víctimas, sus familias y la sociedad en general puedan compartir experiencias, reconstruir la memoria colectiva y trabajar hacia la reconciliación.

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Para garantizar la no repetición de tragedias como la masacre de Accomarca, es crucial fortalecer las instituciones judiciales y los mecanismos de protección de derechos humanos en el país. Esto incluye asegurar que los tribunales cuenten con recursos adecuados para investigar y procesar casos de violaciones de derechos humanos de manera eficiente y justa. Además, es necesario promover la independencia judicial y la capacitación continua en derechos humanos para jueces, fiscales y abogados, asegurando así que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia de manera equitativa y confiable.

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Era el 14 de agosto de 1985 y los 18 militares peruanos, encabezados por el entonces teniente del ejército Telmo Hurtado -que pasaría a ser conocido como "El carnicero de los Andes"-, habían llegado al lugar en busca de miembros de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

Plan Huancayok se llamaba la operación y los soldados tenían órdenes de "capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada" con ese mismo nombre.

Sin embargo, según señaló en su día la Comisión de la Verdad y la Reconciliación -creada en 2001 para elaborar un informe sobre la violencia armada interna de Perú entre 1980 y 2000-, "no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso".

Y la jornada terminó con 61 muertos, según cifras oficiales, 23 de ellos niños. Los familiares reclaman que fueron hasta 71, pero al quedar los restos carbonizados esto no se pudo verificar con muestras de ADN.

Otros 189 niños quedaron huérfanos.

Fue una matanza colectiva que demostró "un profundo desprecio por la vida", "una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad" determinó este jueves, 31 años después de la masacre, la Sala Penal Nacional de Perú.

El tribunal determinó que estos fueron los autores materiales, junto a los entonces soldados Clider Venancio Ramírez, Vicente Chupan Herrera, Pedro Amaya Miranda, Daniel Salas Arenas y Francisco Marcañaupa Osorio, para quienes la pena es de 10 años.

Por lo tanto, los magistrados concluyeron que el crimen no se debió a decisión individual de Hurtado, sino a una orden superior cuya cadena de mando pudo se identificada.