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es la obligación ética y legal que tienen los funcionarios para informar al Estado cómo han utilizado los recursos que les otorgó el pueblo, en beneficio del pueblo, ya que el gobierno es el encargado de administrar los fondos del Estado.

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Gobierno de Honduras miente cuando sostiene que promueve la transparencia y rendición de cuentas " Criterio.hn

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Gobierno de Honduras miente cuando sostiene que promueve la transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno de Honduras sigue acudiendo a campañas engañosas para posesionar una imagen positiva a nivel local e internacional al hacer uso de discursos que son fáciles de desmontar.

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Es un proceso ciudadano para dar seguimiento, controlar y evaluar la gestión de un organismo, para mejorar los servicios públicos y garantizar el buen uso de los recursos del Estado.

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Los que rinden las cuentas son:
Los partidos políticos
Presidente de la República
Funcionarios
Secretarías de Estado
Instituciones descentralizadas
Congreso Nacional
Sistema Judicial

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Uno de los mayores logros de Honduras en su vida democrática es la celebración de diez elecciones generales consecutivas desde 1981. La continuidad de process electorales libres es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia en el mundo, y Honduras ha consolidado la democracia durante más de tres décadas. Esto ha permitido que se genere una cultura democrática y que los valores y principios democráticos sean cada vez más conocidos y practicados por el pueblo hondureño.

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Ilustración: Guillermo Burgos redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El domingo 13 de septiembre de 2020 Honduras dio por iniciado el proceso electoral de 2021. La ciudadanía reclama que las elecciones tanto primarias como generales sean transparentes, sin embargo, se hizo la convocatoria a las elecciones primarias sin llegar a los consensos necesarios para aprobar el dictamen de la nueva Ley Electoral.

La convocatoria para las elecciones primarias fue hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, siguiendo las instrucciones que manda la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de mayo de 2004.

La consejera del CNE, Rixi Moncada, piensa que la convocatoria es ilegal porque se basa en el censo electoral de 2017, argumentando que "está lleno de fallecidos, corrupción e inconsistencias" y que ir a un proceso sin segunda vuelta electoral significa que no habrá forma de realizar elecciones limpias, ya que "ahora mismo no hay manera de cumplir con esa garantía".

El Partido Nacional, que tiene 61 de los 128 diputados del Congreso Nacional, se negó a cumplir los acuerdos para aprobar las nuevas reformas contenidas en el dictamen que proponía, entre otras cosas, evitar el fraude en las mesas electorales. Además, establecía cambios en el pago de la deuda política, una modificación que representa una muerte anunciada para los partidos pequeños acostumbrados a recibir en cada proceso electoral cerca de L. 10 millones, sin importar los votos que saquen, y de paso elimina la posibilidad de que siguieran vendiendo sus credenciales.

En palabras del sociólogo, Víctor Meza, aunque el dictamen de nueva Ley Electoral presenta algunas cosas positivas, la propuesta no está a la altura de ser llamada una nueva ley: "Algunos dicen que bastaba con reformar la ley vigente. Podría decir que temas sustanciales para la modernización están ausentes".

Para este nuevo proceso electoral se eliminó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fue sustituido por el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los magistrados y consejeros que integran estos organismos están regidos por una ley especial.

Un análisis minucioso del dictamen de la nueva Ley Electoral reveló que este no contempla ni la segunda vuelta, ni la ciudadanización de las mesas electorales, ni reformas tecnológicas, tal y como lo revela un análisis comparativo del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh).

En agosto de 2013, el entonces candidato presidencial Juan Hernández firmó el Compromiso de Garantías Mínimas para la Ética y la Transparencia Electoral que establecía que quien ganara las elecciones haría reformas electorales para transparentar los procesos. Pero Hernández no solo incumplió el compromiso, sino que violentó la Constitución de la República al reelegirse en el cargo de la Presidencia. Contra esa reelección se hizo una impugnación en 2018, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lleva dos años ignorándola.

En octubre de 2018, la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, denunció que el Congreso Nacional le pagó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, US$ 249 mil (L.6 millones) para el pago de una consultoría orientada a hacer reformas electorales que nunca surtieron efecto ni en el mismo poder del Estado que hizo la millonaria erogación.

A catorce meses para escoger al nuevo presidente de Honduras, la ciudadanía aún tiene el paladar amargo por las decenas de muertes a manos de policías y militares. Estos decesos fueron registrados durante las manifestaciones por la reelección fraudulenta de Juan Hernández en 2017 y quedaron documentados en un informe de Naciones Unidas.

Este análisis a profundidad de Criterio.hn demuestra que no existen garantías para evitar un nuevo fraude electoral, ni con el dictamen abortado de la nueva Ley Electoral y mucho menos con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 2004. La falta de seguridad jurídica se constituye en un alto riesgo de que la convulsión vuelva a las calles.

A elecciones sin segunda vuelta electoral

El origen de no sentirse representado en el poder nació, creció y se robusteció tras el golpe de Estado en de 2009 contra del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009). Tras esa ruptura constitucional se rompió el bipartidismo histórico ejercicio por los partidos Liberal y Nacional y se creó el partido Libertad y Refundación (Libre) que ha sido constante y ha obtenido un importante caudal de votos. La existencia de este partido obliga a plantearse la necesidad de una segunda vuelta electoral.

El presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley Electoral, el diputado liberal Mario Segura, dijo que, si no se discutía y aprobaba la reforma constitucional de la segunda vuelta, ellos se retirarían de los debates.

El balotaje o segunda vuelta sonó en las últimas semanas como un alarido para enterrar más de una década de sinsabores democráticos, sin embargo, la idea de reformar la Constitución para ese fin no fructificó en el Congreso Nacional.

El abogado Edmundo Orellana, doctor en derecho administrativo y ex Fiscal General de Honduras, le dijo a Criterio.hn que el dictamen de esa nueva Ley Electoral no traía innovaciones importantes como para que justificaran el nombre de "reformas electorales", ya que en primer lugar desecharon la segunda vuelta electoral, que esa sí es una reforma electoral sustancial porque le otorga legitimidad al gobierno cuando son más de dos partidos los que están participando activamente y con posibilidades reales de asumir el poder.

Los diputados del Partido Nacional cerraron filas contra la segunda vuelta y apenas debatieron unas cuantas horas el dictamen de la nueva Ley Electoral a través de la plataforma digital Zoom. Los diputados del partido Libre y Liberal, por su parte, fracasaron en su intento para tener reformas antes de la convocatoria a elecciones.

Justicia no resolvió vicios de reelección presidencial

El presidente hondureño, Juan Hernández, prolongó su mandato mediante una reelección argumentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que violentó la ley más importante de Honduras, la Constitución de la República, asegurándole a Hernández un periodo más en el poder (2014-2018 electo y 2018-2022 reelecto).

Las posibilidades para una segunda reelección de Juan Hernández son reales debido a la falta de un marco jurídico estricto que le impida seguir en el poder. Aunque él mandó un mensaje a la oposición diciendo que no se postulará para un tercer mandato, aunque lo hizo con un estilo folklórico, invitándolos a tomarse "un té de valeriana para calmar los nervios".

Un sector que tiene nervios es la empresa privada. El empresario Armando Urtecho, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su preocupación por las múltiples voces que han salido a decir que es posible que Juan Hernández vuelva a lanzarse a la Presidencia: "Nos preocupa que las normas nuevas no den la seguridad jurídica que requiere el país y que se genere violencia al final de las elecciones".

De manera astuta, Hernández ha enviado al Congreso Nacional en tres ocasiones un decreto de ley para que ese poder del Estado discuta sobre los límites a la reelección presidencial, algo que ha sido rechazado por los Partidos Liberal, Libre y Pinu-SD, que consideran la medida como una jugada política de Hernández para legalizar su reelección. Los opositores aseveran que jamás se prestarán a reglamentar algo inconstitucional, mientras los nacionalistas aseguraban hasta meses después del fraude electoral que ellos proponían que la reelección fuera por una única vez, "como en los Estados Unidos".

El exmagistrado del desaparecido TSE, Enrique Ortez Sequeira, dijo a Criterio.hn que no van a haber reglas del juego claras en las próximas elecciones y que quien va a tener la última palabra será la Corte Suprema de Justicia.

Ortez Sequeira está convencido que el círculo de Juan Hernández necesita mantenerse en el poder, ya que ahora existen dos elementos que no estaban tan profundizados como ahora: la narcopolítica y la corrupción, y le agrega el caso Invest-H, como caso emblemático de la corrupción durante la pandemia por Covid-19. "Si pierden, muchos de ellos terminarán en cárceles de Honduras o de Nueva York", expone el exmagistrado del TSE.

Sequeira -que renunció a su cargo como magistrado del TSE en abril de 2014- añade, con respecto a la reelección presidencial, que "ese recurso de amparo está sin resolver y no lo van a resolver. Eso comprueba que existe una concentración de poder y que quien está en el gobierno tiene contralada toda la institucionalidad del país".

El expresidente Manuel Zelaya dijo a Criterio.hn que Juan Hernández no puede participar por varias razones, primero, porque el Partido Nacional redactó una resolución durante una convención en la que aseguraron que no lo apoyan para una nueva reelección. Después, porque en el CNE, cuando era presidido por Rixi Moncada y con el voto de Ana Paola Hall, tomó una decisión de no inscribirlo si manda su inscripción. "Así que él no podría participar bajo ningún mecanismo", cree Zelaya.

Órganos electorales siguen politizados

El 10 de septiembre de 2019 el Congreso Nacional eligió a las nuevas autoridades de los organismos electorales que estarán en su cargo un periodo de cinco años, con la posibilidad de ser reelectos. El CNE está integrado por tres concejales propietarios (que se alternan anualmente la presidencia) y dos concejales suplentes.

Pese a que una de las recomendaciones para no repetir los errores del desaparecido TSE era despolitizar los órganos electorales, el CNE está integrado por los consejeros, Rixi Moncada (Libre), Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Kevin Aguirre (Partido Nacional). Este último, Aguirre, será el consejero que asumirá la presidencia del CNE en el momento más importante: convocatoria y desarrollo de elecciones generales.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) está integrado por Eduardo Enrique Reina (Libre), Miriam Barahona (Partido Liberal) y Gaudy Alejandra Bustillo (Partido Nacional). Mientras que Francisco José Dávila Nolasco (Alianza Patriótica Hondureña) y Karen Johanna Guandique Estrada (Democracia Cristiana) son magistrados suplentes.

El sacerdote católico German Reyes, representante de Cáritas, dijo que el dictamen de la nueva Ley Electoral busca mantener el control de los tres partidos mayoritarios, ya que es una forma de protegerse en el próximo gobierno. "No se está abriendo el espacio para la ciudanía. Los tres partidos controlarán las mesas. Quedamos en manos de las mismas personas que han estado gobernando este país".
Tripartidismo construyó propuesta para nueva Ley Electoral
Los grandes actores para la propuesta de la nueva Ley Electoral son los partidos Libre, Liberal y Nacional, a pesar de que existen 14 partidos en contienda. Los congresistas se enzarzaron en una amplia gama de debates que giraron en torno al escrutinio, juntas receptoras de votos, organismos municipales y departamentales, deuda política, identificador biométrico, paridad y alternancia, diputados al Parlamento Centroamericano, cociente electoral y censo electoral. El diputado por la Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, dijo durante uno de los debates de la nueva Ley Electoral: "Hemos vuelto a un triunvirato. En donde solamente negocian personas de la ultraderecha, izquierda y ultraizquierda". La diputada Doris Gutiérrez dice que estos tres partidos políticos no quieren que los demás institutos políticos integren las Mesas Electorales Receptoras, ni los Consejos Departamentales y Municipales.

El abogado Raúl Alvarado piensa que "es comprensible lo que Doris Gutiérrez dice, pero la democracia es un sistema político que orbita con relación a las mayorías. Lo contrario sería que los partidos con una gran masa de militantes se hiciesen a un lado y dejaran a las minorías tomar las decisiones".

Transmisión de resultados: "caídas del sistema"

En las pasadas elecciones de 2017, el sistema de transmisión de resultados del TSE se cayó por cinco horas consecutivas. Salvador Nasralla que iba 5 puntos arriba de Juan Hernández, con el 57 % de las actas escrutadas, fue rebasado por Juan Hernández, tras la caída del sistema, y 21 días después terminó siendo ungido como ganador.

El diputado del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) e ingeniero informático, Luis Redondo, dijo a Criterio.hn que él estuvo presente en un evento de ciberseguridad auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la transmisión de resultados electorales en Honduras para las elecciones de 2021. "Todo lo que se decía ahí sonaba muy bonito. Pero les pregunté que de que servían todas las bondades de ese sistema si las llaves las tenía el propio gobierno que no goza de legitimidad. No me supieron responder. El sistema de transmisión debe ser programado para que no sea tocado por nadie por lo menos un mes antes y un mes después de las elecciones", dijo Redondo.

La consejera del CNE, Rixi Moncada, fue consultada por Criterio.hn sobre el sistema de transmisión y la opinión de Luis Redondo. Ella explicó: "Le puedo decir que el desaparecido TSE, en ningún proceso electoral de los cinco que ejecutó, fue titular de la transmisión. La transmisión siempre se contrató por fuera, en la institución en 10 años no existe el desarrollo de capacidades propias. Siempre se contrató afuera por muchos millones de lempiras. Y sin ser dueños de los programas. Ni de los códigos fuentes. Ni de ningún derecho de carácter intelectual. Ese sistema de transmisión es fundamental para tener resultados la misma noche de las elecciones, pero ese sistema de transmisión es operado por humanos y lo que la OEA dice, a través de sus misiones técnicas, es que tuvo incontables intrusiones humanas. No solo 640 caídas que tuvo en las pasadas elecciones; se trata de un sistema que por mucha seguridad que tenga es fundamental quién lo opera".

Ante la pregunta de si se contratará siempre un sistema de transmisión externo, Moncada dejó entrever que no existe capacidad en el CNE para contratar un sistema de transmisión en Honduras y le cedió la responsabilidad a su homóloga: "Pues lo más seguro es que, si no hay capacidades instaladas en la institución, y estamos a 6 meses... Esperaremos a ver qué se plantea la consejera Ana Paola Hall".

Voto electrónico, domiciliario y en el extranjero

El voto electrónico en Honduras, una de las peticiones para buscar mayor transparencia democrática, no fue incluido en el proyecto de dictamen para la nueva Ley Electoral y mucho menos está contemplado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 2004.

Para Redondo el fraude está garantizado porque aún en el dictamen de la nueva Ley Electoral no se establecen cambios tecnológicos y no se prioriza votar con una nueva identidad y tampoco con un nuevo censo electoral. "No hay una tan sola una reforma que garantice un proceso tecnológico que venga a garantizar que no se haga fraude", explica.

En cuanto al voto domiciliario y el voto en el extranjero el dictamen de la nueva Ley Electoral no establece novedades, más allá del estilo de la redacción, con respecto a la ley actual.

Mesas electorales: el pantano del debate

Lo que antes conocíamos como Mesas Electorales Receptoras (MER), en el dictamen de la nueva Ley Electoral pasan a ser Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Uno de los puntos principales para que no se aprobara el dictamen de la nueva Ley Electoral, antes de la convocatoria a elecciones, fue que los partidos Nacional, Liberal y Libre no se pusieron de acuerdo en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos.

El abogado Rafael Jerez, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Criterio.hn que esto confirma la importancia que revisten las mesas para los partidos políticos, porque cuando el Partido Nacional vio que pierde el control de las mesas con la nueva Ley Electoral, entonces debido a eso, cambió su postura frente a los consensos que ya había hecho.

Jerez indicó que le gusta el planteamiento del dictamen de la nueva Ley Electoral ya que en este se propone que las mesas no estén sobrepobladas y que sean conformadas por tres integrantes propietarios que representan a los partidos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal) y dos suplentes (de los partidos pequeños), que serán integrados de forma aleatoria.

"Es que al final de cuentas no se trata de a qué partido le beneficia o no, si existieran irregularidades en las mesas para eso se crearon acciones de nulidad que están ahí y que se van a poder interponer ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también", añade el profesional del derecho.

Antes eran conocidos como Tribunales Electorales Departamentales, sin embargo, el dictamen de la nueva Ley Electoral los denomina Consejos Departamentales Electorales. Su tarea es exhibir públicamente listados electorales e información del proceso electoral; hacer llegar a las juntas receptoras el material electoral; recibir las actas de cierre de todas las Juntas Electorales Receptoras junto con las demás documentaciones utilizadas en el proceso electoral, entre otras atribuciones.

La Ley también crea los Consejos Municipales que serán nombrados por el CNE a petición de los partidos políticos.

Rixi Moncada aseguró que "los organismos departamentales y municipales deben tener todas las facultades para hacer el consolidado de los votos de la gente, tanto en el municipio como en el departamento. Nosotros a nivel de pleno del CNE, lo que debemos es garantizar de que en la Junta Receptora y Consejos Departamentales y Municipales hagan tanto los escrutinios como conteos de actas de manera descentralizada, en garantía de respetar la voluntad de la gente.

Paridad, alternancia e igualdad de género

El dictamen de la nueva Ley Electoral establece cambios en el principio de la paridad en todos los niveles de elección popular. El capítulo III regula la paridad, alternancia e igualdad de género, temas comprendidos en los artículos 74, 75 y 76.

La diputada Doris Gutiérrez expresó durante uno de los debates: "alabamos que haya un enfoque transversal de género, y digo alabamos porque creo hablar en nombre de las mujeres que somos la mayoría en Honduras, en torno al 52 %. Esta ley en eso es muy innovadora porque va el enfoque de género, la paridad y la alternancia".

Sin embargo, el abogado Rafael Jerez, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), no está de acuerdo con la diputada Gutiérrez y dice que en el dictamen de la nueva Ley Electoral "la participación política de las mujeres, queda igual a como está ahora, incluso hay regresiones porque no se exige la paridad y alternancia en los suplentes. Y tampoco a nivel de alcalde y vicealcaldes. Entonces es un retroceso".

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina establece que Honduras es uno de los países que no alcanza ni el 20 % de representación de mujeres en el Poder Legislativo y en el caso de las corporaciones municipales o alcaldías, apenas llegan a ocupar un 7.2 %.

Tráfico de credenciales

Uno de los puntos positivos del dictamen para una nueva Ley Electoral, es que al menos en la teoría, se promete eliminar el tráfico de credenciales. En las anteriormente conocidas como Mesas Electorales Receptoras las credenciales identificaban a los representantes de los partidos políticos, sin embargo, los partidos pequeños eran incapaces de cubrir los de centros de votación ubicados en el territorio nacional, por tal razón, utilizaban las credenciales para actos de corrupción, al poner las credenciales como objetos de compraventa.

El dictamen de la nueva Ley Electoral propone que los representantes de los partidos políticos, ubicados en las Juntas Receptoras de Votos, sean identificados de una forma tan minuciosa que sea imposible la suplantación.

A elecciones con 14 partidos políticos

Las elecciones de 2021 contarán con la participación de 14 partidos políticos: Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN), Libertad y Refundación (Libre), Democracia Cristiana (DC), Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Unificación Democrática (UD), Partido Anti Corrupción (PAC), Alianza Patriótica Hondureña (APH), Frente Amplio (Faper), Va Movimiento Solidario (Vamos), Partido Nueva Ruta de Honduras (PNRH), Liberación Democrática de Honduras (Lidehr), Salvador de Honduras (SDH) y Todos Somos Honduras (TSH).

Los partidos Lidehr, del candidato Lempira Viana; SDH de Salvador Nasralla y TSH, del diputado, Enrique Yllescas, fueron inscritos el pasado 7 de septiembre por el CNE, que entonces estaba presidido por la concejal, Rixi Moncada.

Honduras podría quedarse únicamente con tres partidos políticos una vez finalizado este proceso electoral de 2021, eso debido a que la nueva Ley Electoral hace cambios en cuanto al pago de la deuda política. La creación de partidos pequeños ha sido un negocio y una jugada para traficar credenciales, dijo a Criterio.hn el analista, Raúl Pineda Alvarado.

Censo electoral y denuncias de manipulaciones

El dictamen de la Ley Electoral pide al Registro Nacional de las Personas (RNP) entregar un listado general de electores al CNE y se fundamenta en el artículo 56 de la Constitución de la República, en lo referente a lo "público, permanente e inalterable". Además, dedica los artículos 86, 87 y 88 de la Ley Electoral.

Un análisis riguroso demuestra que el dictamen de la nueva Ley Electoral no hace cambios sustanciales en este sentido.

El dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Barahona, señaló incluso que el dictamen de la nueva Ley Electoral permite igualmente la manipulación del censo, es decir, que todo el esfuerzo económico de todos los que prestaron dinero, cooperantes internacionales, impuestos ciudadanos, por depurar un censo y tener una nueva tarjeta de identidad, todo eso, se corrompe a través del dictamen.

El dirigente interpreta que la nueva Ley Electoral regresa a los antiguos observadores electorales, que en el dictamen de la nueva Ley Electoral son nombrados como delegados. "Esta es una figura que en el pasado siempre sirvió para darle pase a una persona para que pudiera votar en otra mesa en donde no le tocaba."

Financiamiento y deuda política

El dictamen de la nueva Ley Electoral hace cambios en cuanto al pago de la deuda política, lo que llevó a los representantes de los partidos pequeños a amenazar, incluso, con acudir a instancias internacionales para exigir que no les quiten los beneficios que históricamente han obtenido.

Históricamente se ha acusado a los partidos pequeños de ser correa de transmisión del partido político que está en el gobierno, porque para ellos, los procesos electorales se convirtieron en un negocio más allá del pago por el voto por concepto de deuda política; su negocio está en la venta de credenciales y en jugar un papel de comodín en la integración y configuración de la Junta Directiva el Congreso Nacional, dijo a Criterio.hn, Elvin Hernández, sociólogo e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

El 17 de enero de 2017 el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como como Ley de Política Limpia y que fue impulsada por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para combatir la infiltración del narcotráfico en el financiamiento político.

En un sinfín de juicios por narcotráfico en EE. UU. han surgido testimonios de narcotraficantes que confesaron haber financiado a políticos hondureños a cambio de que cuando estuvieran en el poder les retribuyeran brindándoles seguridad.

Por ejemplo, en octubre de 2019, el testimonio de Alexander Ardón en la corte de Nueva York sacudió a Honduras. El narcotraficante reveló que en el 2017 para garantizar la reelección de Juan Hernández aportó US$ 500.000 para su campaña en el departamento de Lempira y que de manera adicional entregó 1.6 millones para garantizar el triunfo en Copán. El exalcalde de filiación nacionalista dijo que Hernández solicitó el dinero durante una reunión celebrada en Santa Rosa de Copán, seis meses antes de las elecciones. Ese mismo mes, Víctor Hugo Díaz Morales alias "El Rojo" también dijo que le había entregado 100 mil dólares a Juan Hernández y a Porfirio Lobo Sosa para la campaña de 2009.

Las acusaciones se dieron en el marco del juicio por narcotráfico a Juan Antonio "Tony" Hernández, donde se reveló además que " El Chapo" Guzmán entregó personalmente un millón de dólares a Tony para financiar la campaña de su hermano, el presidente de Honduras, Juan Hernández.

El economista del Foro Social Para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, dijo a Criterio.hn que la política limpia ha sido marginada por los partidos políticos porque había un anteproyecto de ley que le daba independencia, creando una unidad especial para fiscalizar el financiamiento de los institutos políticos.

"El problema es que ahorita la Unidad de Política Limpia está adscrita al CNE, entonces esa no independencia está sujeta presupuestariamente, normativamente y armónicamente, entonces acá prácticamente marginan a la unidad porque no les conviene que sean investigados. Por eso es que no se debate esta unidad, porque por eso la quieren tener ahí de adorno", dice Zepeda.

Elecciones primarias e internas

El dictamen de la nueva Ley Electoral presenta un cambio novedoso en cuanto a esto, y es que crea la figura de la consulta partidaria como mecanismo para elegir candidatos en asambleas departamentales y municipales, esto cuando un solo movimiento solicite su inscripción, en la misma fecha prevista para las elecciones primarias. Si se vence el plazo y no hay inscrito ningún movimiento interno, el CNE puede autorizar al partido para elegir, bajo su supervisión, los candidatos en una asamblea.

El dirigente de Libre, Rafael Barahona, dijo que hay artículos peligrosos que le entregan la llave a los principales líderes de los tres principales partidos políticos para que decidan si quieren o no realizar elecciones internas.

El presidente de la comisión del dictamen de la nueva Ley Electoral, Mario Segura, dijo que quisieron dar la oportunidad a los partidos pequeños para no acudir a elecciones internas, sino que pudieran escoger a sus candidatos en asambleas, bajo la supervisión del CNE. Según Segura, esta decisión se dio para evitar vacíos en la ley.

Diputados al Parlamento Centroamericano

En cuanto a la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano la ley, que regía al TSE, establecía que se tomaran como base los resultados obtenidos a nivel nacional en el nivel presidencial, y se siguiera el mismo procedimiento que se aplica para los diputados al Congreso Nacional, sin embargo, el dictamen de la nueva Ley Electoral reformula la manera para elegirlos y señala que deben respetarse las normas fundacionales del Tratado constitutivo de ese organismo regional y manda a que se declare electo en cada departamento al candidato del movimiento que obtenga la simple mayoría de votos, excepto los dos departamentos con mayor población, Francisco Morazán y Cortés, en donde saldrán dos diputados que serán electos por cociente departamental.

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Honduras inicia proceso para las elecciones de 2021 sin reformas electorales

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Honduras inicia proceso para las elecciones de 2021 sin reformas electorales. El domingo 13 de septiembre de 2020 Honduras dio por iniciado el proceso electoral de 2021. La ciudadanía reclama que las elecciones tanto primarias como generales sean transparentes, sin embargo, se hizo la convocatoria a las elecciones primarias sin llegar a los consensos necesarios para aprobar el dictamen de la nueva Ley Electoral.

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Durante la mayor parte del siglo pasado, las personas ran perseguidas por expresar sus opiniones. En la actualidad existe una mayor apertura para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan expresar abiertamente us ideas sin temor de ser acosados por ello. La libertad de expresión en Honduras se encuentra en una escala bastante mayor que el promedio presentado en la región centroamericana.

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Principales problemas de la democracia en Honduras

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Principales problemas de la democracia en Honduras

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El abstencionismo ha sido una constante en los procesos electorales hondureños, lo cual refleja la desconfianza y falta de credibilidad que un sector de la población siente hacia los políticos y los partidos que tradicionalmente han gobernado. Solo por medio de gobiernos e instituciones eficaces y con la confianza que estos logren generar en la población se puede disminuir el abstencionismo.

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El desempleo, la falta de oportunidades y la inseguridad son algunos problemas que aún persisten en Honduras y que la democracia no ha logrado solventar. Es necesario lograr avances significativos en aspectos como salud, educación y justicia, no solo para que lleguen a la totalidad de la población sino para lograr mejoras sustanciales en la calidad de dichos servicios.

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Instituciones creadas para combatir la corrupción

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Instituciones creadas para combatir la corrupción

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En 1982 se establecieron dos órganos de control auxiliares del Congreso Nacional: la Controlaría General de la republica y la Dirección de Probidad Administrativa, dependiente de la Controlaría. Posteriormente mediante el Acuerdo de Consolidación Democrática, celebrado en 2001 entre las principales fuerzas políticas del pais, se convino unir las funciones de la Controlaría General de la Republica y de la Dirección de Probidad administrativa en una sola institución denominada Tribunal Superior de Cuentas, dirigido en forma colegiada por tres miembros electos por el Congreso Nacional.