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Este tipo de ayuda no es especifica de este colectivo pero si cabe reseñar que por las condiciones laborales, económicas y familiares que han sufrido, muchas personas del colectivo (sobre todo las personas trans) se pueden beneficiar de esta prestación.

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Servicios sobre IMV

En este apartado podrá acceder a un resumen de los aspectos más importantes de la regulación legal del ingreso mínimo vital. Además, puede utilizar los servicios siguientes sobre esta prestación:

En este acceso encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el ingreso mínimo vital.

Tiene a su disposición un Simulador del ingreso mínimo vital con el que podrá comprobar si cumple los requisitos para recibir la prestación del Ingreso Mínimo Vital y conocer el importe aproximado que podría corresponderle.

Para solicitar el ingreso mínimo vital y/o el complemento de ayuda para la infancia acceda al Servicio Ingreso Mínimo Vital en nuestra sede electrónica.

Dispone de un teléfono de información sobre ingreso mínimo vital: 900 20 22 22.

Beneficiarios

Beneficiarios individuales

Personas de al menos 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que:

No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.

No estén unidas a otra persona como pareja de hecho.

No formen parte de otra unidad de convivencia.

Si se trata de personas de entre 23 y 29 años deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Se entiende que una persona ha vivido de forma independiente si acredita que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los dos años y que en dicho periodo ha permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado o una mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Si se trata de personas mayores de 30 años deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores, salvo que el cese de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos.

Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas, habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.

Personas sin hogar.

No tienen derecho a la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Titulares de la unidad de convivencia

Los titulares del IMV, es decir, las personas que perciben la prestación en nombre de la unidad de convivencia y la representan, deberán tener capacidad jurídica y una edad mínima de 23 años.

También podrán ser titulares, siempre que tengan capacidad jurídica, las personas mayores de edad o menores emancipados, cuando tengan hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente o los huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros de la unidad de convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.

Unidad de convivencia

La unidad de convivencia está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio, unidas por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Se considerará pareja de hecho, a estos efectos, la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

Podrán ser beneficiarias de la prestación las personas que, sin integrarse en la unidad de convivencia o integradas en una unidad de convivencia independiente, residan en el mismo domicilio con otras con las que tengan alguno de los vínculos de parentesco señalados. Para ello deberán encontrarse en alguno de estos supuestos:

a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores.

c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente.

En los supuestos previstos en los apartados b) y c) únicamente cabrá la consideración como unidad independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos indicados en cada una de ellas.

Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los vínculos de parentesco señalados, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión social, circunstancia que debe ser acreditada por los servicios sociales o por entidades del tercer sector inscritas en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital.

Cuando se trate de personas que figuren empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, la unidad de convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado.

La unidad de convivencia debe estar constituida de forma continuada durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación, u otras circunstancias similares.

Una misma persona no puede formar parte de más de una unidad de convivencia.

Requisitos

Los siguientes requisitos deben cumplirse tanto en el momento de la presentación de la solicitud como de sus revisiones, y mantenerse al dictar la resolución y durante el tiempo de la percepción de la prestación:

Tener residencia en España:

Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud. No se exige el plazo de un año a:

Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.

Las mujeres víctima de violencia de género.

Estar en situación de vulnerabilidad económica:

La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 100, cuando exista identidad de causante o beneficiaros de esta.

En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, se reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo del beneficiario del ingreso mínimo vital.

En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo del beneficiario del ingreso mínimo vital. Si optara por la asignación económica por hijo o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital.

Acreditación de los requisitos

1. La identidad, tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles y mediante el documento nacional de identidad de su país de origen o de procedencia, o la tarjeta de identificación de extranjero, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros que, además, deben aportar el número personal de identificación (NIE) si no consta en los documentos presentados para acreditar la identidad o la residencia legal en España.

El DNI es exigible a todos los españoles miembros de la unidad de convivencia, cualquiera que sea su edad, pero los menores de 14 años integrados en una unidad de convivencia están exentos del pago de tasas de expedición y renovación del DNI.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la Secretaría de Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la autoridad que sea competente para otorgar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en tanto se resuelve sobre esta última autorización.

3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.

4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará mediante el libro de familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda.

Cuando no haya coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento.

5. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación.

6. El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial, o mediante documento público.

7. No estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho, se acreditará por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto que constará en la propia solicitud de la prestación. Dicha declaración jurada o afirmación solemne no impedirá que la entidad gestora requiera acreditación adicional en caso de duda fundada.

8. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo.

9. Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

10. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

11. La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales. También podrá acreditarse mediante un informe emitido por entidades sociales especializadas debidamente reconocidas por las Administraciones Públicas competentes en la materia.

12. La condición de persona de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad que haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente.

13. La condición de persona con discapacidad igual o superior al 65% se acreditará con certificado del órgano competente de las comunidades autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.

14. Los requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco.

15. No será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el registro de prestaciones sociales públicas.

16. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes o por entidades del tercer sector de acción social inscritas en el registro de mediadores sociales del IMV, cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:

a) La residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo vital.

c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el empadronamiento.

d) La inexistencia de vínculos de parentesco, cuando en el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho.

e) La inexistencia de vínculos de parentesco entre todos o parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital.

f) El cumplimiento de los requisitos relativos a la acreditación de haber vivido de forma independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.

17. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales competentes o por entidades del tercer sector de acción social inscritas en el registro de mediadores sociales del IMV para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos de convivientes sin vínculo de parentesco.

Cuantías

Determinación de la cuantía

La cuantía del ingreso mínimo vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

La cuantía mensual de la renta garantizada en 2022 es:

Para un beneficiario individual: el 100 por 100 del importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre doce. En 2022 son 491,63 euros. Esta cantidad se incrementa un 22 por 100 si el perceptor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

Para la unidad de convivencia la cuantía anterior incrementada en un 30 por 100 por miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del 220 por 100. Para 2022 los importes son:

639,12 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos.

786,61 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos.

934,10 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores o tres adultos y un menor o por cuatro adultos.

1.081,59 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor.

La cuantía señalada en el punto anterior se incrementa con un complemento del 22 por 100, cuando se trate de unidad de convivencia monoparental (un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el segundo grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año). Para 2022 los importes mensuales son:

747,28 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un menor.

894,77 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y dos menores.

1.042,26 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y tres menores.

1.189,75 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a efectos de la percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia de género y uno o más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

A la cuantía mensual que corresponda a la unidad de convivencia se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento en el supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento.

Además de las cuantías indicadas se abonará un complemento mensual de ayuda para la infancia por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia (en la fecha de la solicitud), en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

Menores de tres años: 100 euros.

Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

Para la determinación de la cuantía, los hijos o menores o mayores que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones que formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerará que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.

En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos del ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de convivencia, cuando el solicitante del ingreso mínimo vital o uno o varios de los miembros de la unidad de convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera reconocida antes de la resolución, una o más pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo importe mensual conjunto, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, fuera inferior a la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y procediera el reconocimiento del ingreso mínimo vital por concurrir todos los requisitos para ello, el importe mensual de esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida en su caso la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Cuando el referido importe mensual conjunto de las pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los subsidios de desempleo para mayores de 52 años, fuera igual o superior a la cuantía mensual de la renta garantizada aplicable no procederá reconocer el derecho al ingreso mínimo vital.

Igualmente, el reconocimiento de una pensión contributiva o no contributiva del sistema de la Seguridad Social o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años a la persona o personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital determinará la minoración o extinción de esta prestación conforme a los mismos criterios indicados en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta la suma de todas las pensiones de que sea titular el beneficiario individual o los miembros de la unidad de convivencia, con efectos del día primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos si esta fuera posterior.

En ningún caso la actualización del importe del ingreso mínimo vital con efectos de 1 de enero de cada año podrá dar lugar a la percepción de una cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada aplicable conforme a este artículo y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario individual o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

Las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria.

Asimismo, estarán exentos del pago de tasas de expedición y renovación de Documento Nacional de Identidad lo menores de 14 años integrados en una unidad de convivencia que solicite la prestación de ingreso mínimo vital.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá un incremento extraordinario en la prestación de ingreso mínimo vital, en las mensualidades de abril a diciembre de 2022, ambas incluidas, que consistirá en la aplicación de un porcentaje del 15 por 100 al importe mensual establecido en los mencionados meses, incluyendo los complementos mensuales reconocidos y excluyendo los importes correspondientes a periodos previos, así como a otros conceptos de periodicidad no mensual que hubieran podido acumularse.

Modificación de la cuantía

El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá suponer la modificación de la cuantía de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.

La modificación tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación.

En todo caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.

Pago

El pago de la prestación será mensual y se efectúa por transferencia bancaria a una cuenta del titular de la prestación.

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

El ingreso mínimo vital es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, ni de compensación o descuento, ni de retención o embargo.

Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:

1. Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.

2. Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan.

3. Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan.

4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

5. Comunicar a la entidad gestora con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español por causa de enfermedad.

6. Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

7. En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

8. Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.

9. Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:

1. Comunicar el fallecimiento del titular.

2. Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el fin de la prestación otorgada.

3. Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

4. Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.

5. En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

6. Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

7. Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.

Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas

El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas y en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta. A los responsables solidarios se les podrá exigir el principal, los recargos e intereses que deban exigirse al primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

En los supuestos anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.

Duración

El derecho a la prestación nace a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. Se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la Ley.

Suspensión del derecho

El derecho a la prestación se suspenderá por las causas siguientes:

1. Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

2. Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.

3. Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora.

4. En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo continuado o no superior a 90 días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.

5. Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados expedidos por los servicios sociales o por entidades del tercer sector de acción social inscritas en el registro de mediadores sociales del IMV, en los casos expresamente previstos.

6. Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con rentas de trabajo o actividad económica por cuenta propia.

7. Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

En caso de incumplimiento de la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en las condiciones y plazos previstos en la normativa tributaria aplicable, la suspensión tendrá lugar cuando las personas que tengan la condición de obligados tributarios hubieran incumplido durante dos ejercicios fiscales seguidos dicha obligación.

La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.

Si desaparece las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento, devengándose la prestación a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

Si las causas de suspensión se mantienen se procederá a la modificación o extinción del derecho, según proceda.

Extinción del derecho

El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes causas:

1. Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos, podrá presentar una nueva solicitud. Si la solicitud se presenta en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro de del plazo señalado.

2. Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.

3. Resolución recaída en un procedimiento sancionador que así lo determine.

4. Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año.

5. Renuncia del derecho.

6. Suspensión de la prestación por tiempo superior a un año.

7. Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.

8. Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

Simulador del Ingreso Mínimo Vital

Este simulador le hará una serie de preguntas sobre su situación y, según las respuestas, podrá comprobar si cumple los requisitos para recibir la prestación del Ingreso Mínimo Vital y podrá saber el importe aproximado que le correspondería.

Puede acceder al simulador en el siguiente enlace: simulador del Ingreso Mínimo Vital.

Preguntas Frecuentes

En Preguntas Frecuentes hay publicadas una serie de cuestiones sobre el Ingreso mínimo vital que podrán aclarar las dudas más comunes sobre esta nueva prestación. Se irán actualizando para incluir aquellas que se vayan produciendo.

Cambio de Cuenta bancaria

La comunicación del cambio de la cuenta bancaria puede realizarse por la entidad financiera en nombre del titular del Ingreso Mínimo Vital. Más información.

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Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores

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En este apartado podrá acceder a un resumen de los aspectos más importantes de la regulación legal del ingreso mínimo vital. Además, puede utilizar los servicios siguientes sobre esta prestación: En este acceso encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el ingreso mínimo vital.

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Es un instrumento para la promoción del respecto a la diversidad y la activación del espíritu crítico de denuncia contra delitos de odio por motivo de identidad u orientación sexual.

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Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia

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Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia

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El Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia es un nuevo instrumento para la promoción de valores de respeto a la diversidad

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Agrupa a mas de 57 asociaciones LGTBIQ+ de toda España que luchan por la  diversidad afectivo-sexual, familiar y de género del país, así como por la lucha contra el VIH y sida.

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La FELGTBI+ es una ONG estatal de carácter laico, laicista, feminista, apartidista y asindicalista que agrupa a más de 50 entidades LGTBI+

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La Comunidad de Madrid elabora este programa que se presta en los Centros de Apoyo a la Familia para mejorar la atención prestada a las familias del colectivo así como promover su visibilización social.

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Por los derechos LGTBI - Programa de atención integral a familias LGTBIQ+ - Ayuntamiento de Madrid

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Por los derechos LGTBI - Programa de atención integral a familias LGTBIQ+ - Ayuntamiento de Madrid

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La Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas realiza un trabajo de diagnóstico y tratamiento a las enfermedades infecciosas, siendo el fin la calidad asistencial de las personas que sufren infecciones. Este colectivo ha sido muy castigado con las enfermedades de trasmisión sexual y por ello lo reseño como algo especifico sin querer estigmatizar.

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Publicación en el BOJA de una resolución de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca la concesión de subvenciones en materia de drogodependencia y adicciones dirigidas a entidades privadas sin animo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas.

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Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2021 la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria (BOJA de 29 de julio de 2021). Texto completo.
RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS, POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL EJERCICIO 2021 LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES, DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL MANTENIMIENTO DE SEDES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, Y A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA.
Mediante Orden de 1 de julio de 2020 (BOJA núm. 130, de 8 de julio), se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud y Familias.

En el marco de la referida Orden de 1 de julio de 2020, se determinan las siguientes líneas de subvenciones a las que resulta de aplicación y se especifica el régimen jurídico para su regulación:

- Línea 1: Subvenciones para el mantenimiento de sedes y sostenimiento de la actividad ordinaria de las entidades privadas sin ánimo de lucro, ubicadas en el territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía, dedicadas al ámbito de las adicciones.

- Línea 2: Subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinadas al desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones "Ciudades ante las drogas".

- Línea 3: Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinadas al desarrollo de programas de drogodependencias y adicciones.

La concesión de las subvenciones viene limitada por la existencia de disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio económico. La línea 1 se financiará al 100% con cargo al presupuesto de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La línea 2 será cofinanciada al 30,34% por la Administración de la Junta de Andalucía y al 69,66% por la Administración General del Estado; y la cofinanciación de la línea 3 será al 53,42% por la Administración de la Junta de Andalucía y al 46,56% por la Administración del Estado.

En cuanto al pago, y conforme a las Bases Reguladoras aprobadas por Orden de 1 de julio de 2020, será del cien por cien del importe de las subvenciones con anterioridad a su justificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.1.a) y b) de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

Asimismo, se ha estimado la necesidad de aplicar a la presente convocatoria de subvenciones la tramitación de urgencia dispuesta en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dada la especial atención que requiere el colectivo afectado por problemas de adicciones y la obligatoriedad de que las actuaciones a subvencionar comiencen a ejecutarse en el presente ejercicio 2021.

En su virtud, y de conformidad con la disposición adicional primera de la Orden de 1 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria, que delega la competencia para convocar la concesión de estas subvenciones en la persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios,

RESUELVE

Primero. Convocatoria y limitaciones presupuestarias.

1. Convocar para el ejercicio 2021, en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva, las siguientes líneas de subvenciones en el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud y Familias, en la cuantía total máxima que se especifica para cada una de ellas y con cargo a los créditos presupuestarios que asimismo se indican para cada línea, imputándose el gasto exclusivamente al ejercicio 2021:

Tabla omitida.

En aquellos casos en los que de conformidad con las bases reguladoras existan dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, las citadas cuantías máximas se distribuyen entre dichos ámbitos en los importes que se señalan en cada una de las líneas indicadas en la presente resolución de convocatoria. Esta distribución podrá ser posteriormente modificada por parte del órgano directivo competente en materia de drogodependencia y adicciones de la Consejería de Salud y Familias, mediante acuerdo motivado adoptado con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes presentadas, dándole difusión en los mismos medios de publicidad de la convocatoria.

2. La presente convocatoria se circunscribe a las actuaciones cuya dotación presupuestaria se produce con cargo a los recursos de la Junta de Andalucía consignados en la Ley 3/2020, de 28 de diciembre , del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021.

3. En todo caso, la concesión de las subvenciones previstas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

4. No obstante, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una resolución complementaria de la concesión de la subvención, que incluya solicitudes que aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo, conforme determina el artículo 10.e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 5.5 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las Bases Reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía, para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019), actualizados por Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm. 248, de 28 de diciembre de 2020), en adelante Bases Reguladoras Tipo.

Segundo. Bases Reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de drogodependencia y adicciones, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud y Familias, aprobadas por Orden de 1 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias (BOJA núm. 130, de 8 de julio), en adelante, Orden de 1 de julio de 2020.

Tercero. Régimen Jurídico.

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus términos por lo establecido en la citada Orden de 1 de julio de 2020.

Cuarto. Línea 1. Subvenciones para el mantenimiento de sedes de entidades privadas dedicadas al ámbito de las adicciones.

El objeto de esta línea de subvenciones lo constituye el mantenimiento de las sedes de las entidades privadas dedicadas al ámbito de las adicciones, mediante el sostenimiento de la actividad ordinaria de las mismas.

Se destinará una cuantía máxima de 650.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 1500010000 G/31B/ 48202 / 00 01, con la siguiente distribución territorial:

Tabla omitida.

Quinto. Línea 2. Subvenciones a entidades locales destinadas al desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones "Ciudades ante las drogas".

El objeto de las subvenciones de esta línea lo constituye el desarrollo de programas de prevención comunitaria "Ciudades ante las drogas", mediante el desarrollo de actuaciones dirigidas a toda la comunidad, enmarcadas entre las estrategias del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones vigente.

Se destinará una cuantía máxima de 1.215.917,00 euros, imputándose con cargo a la partida presupuestaria 1500010000 G/31B/ 46201 /00 01, la cantidad de 368.917,00 euros y a la partida presupuestaria 1500180000 G/31B/ 46200 / 00 S0066, la cantidad de 847.000,00 euros, con la siguiente distribución territorial:

Tabla omitida.

Sexto. Línea 3. Subvenciones a entidades privadas destinadas al desarrollo de programas de drogodependencias y adicciones.

El objeto de las subvenciones de esta línea lo constituye el desarrollo de programas y actuaciones en materia de drogodependencia y adicciones enmarcadas entre las estrategias del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones vigente, por parte de las entidades privadas.

Se destinará una cuantía máxima de 2.367.258,00 euros, imputándose con cargo a la partida presupuestaria 1500010000 G/31B/48202/00 01, la cantidad de 1.265.115,00 euros y a la partida presupuestaria 1500180000 G/31B/48200/00 S0066, la cantidad de 1.102.143,00 euros, con la siguiente distribución territorial:

Tabla omitida.

Séptimo. Actuaciones subvencionables.

Solo podrán financiarse en la presente convocatoria las actuaciones definidas para cada una de las tres líneas en el Anexo de la presente resolución, de acuerdo con el apartado 2.a) del Cuadro Resumen de cada una de las líneas recogidas en la Orden de 1 de julio de 2020.

Octavo. Solicitudes y plazos de presentación.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 10.b) de los Cuadros Resumen de las tres líneas, las solicitudes de entidades de ámbito autonómico o supraprovincial, irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias. Las que tengan ámbito provincial o local, se dirigirán a la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias.

2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo establecido en el Anexo I que se publica conjuntamente con la presente Resolución, y se presentarán en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme dispone el apartado 10.c) del cuadro resumen de cada una de las líneas, en la siguiente dirección electrónica:

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml

Tanto la solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos a los que se refiere la Orden de 1 de julio de 2020 de Bases Reguladoras, se podrán obtener en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía o en la siguiente URL:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html

3. La utilización de los formularios Anexos I y II incorporados a la presente resolución de convocatoria, tendrá carácter obligatorio, debiendo las entidades solicitantes ajustarse a los mismos, de acuerdo con el artículo 10 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de las Bases Reguladoras Tipo.

4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria y de su extracto, y concluirá el 8 de septiembre de 2021 inclusive, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de las Bases Reguladoras Tipo.

Noveno. Notificación y publicación.

1. De conformidad con el apartado 19 del Cuadro Resumen de las tres lineas, aprobados mediante la Orden de 1 de julio de 2020, los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas, y en particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento se publicarán en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la siguiente dirección web de la Consejería de Salud y Familias:

https://www.juntadeandalucia.servicios/procedimientos.xhtml

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente se practicaran en el lugar indicado por las entidades en sus solicitudes.

Décimo. Plazo para resolver.

El plazo máximo para adoptar y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, se podrá entender desestimadas las solicitudes de concesión de subvención.

Undécimo. Utilización de medios telemáticos.

El estado de tramitacion del procedimiento de concesión de estas ayudas se podrá consultar por las entidades interesadas a través de la dirección web de la Consejería de Salud y Familias, en la dirección:

https://www.juntadeandalucia.servicios/procedimientos.xhtml

en la que figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.

Duodécimo. Instrucción y resolución del procedimiento .

1. Las solicitudes de entidades de ámbito autonómico o supraprovincial, previa propuesta de la Comisión de Evaluación, como órgano instructor, se resolverán por la persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios; las que tengan ámbito provincial o local, serán resueltas por la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de Salud y Familias; ambas por delegación de la persona titular de la Consejería de Salud y Familias, de conformidad con el apartado 13 del Cuadro Resumen de las tres líneas de la Orden de Bases Reguladoras de 1 de julio de 2020, correspondiendo la instrucción del expediente de subvenciones a la Comisión de Evaluación que corresponda a cada una de las lineas.

2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos, en la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimotercero. Tramitación de urgencia.

Debido a la importante atención que se presta con las presentes líneas de subvenciones a los sectores de la población andaluza menos favorecidos, a la urgente necesidad de satisfacer la asistencia de forma continuada al colectivo afectado por problemas de adicciones, y la obligatoriedad de que las actuaciones a subvencionar comiencen a ejecutarse en el presente ejercicio 2021, existen razones de interés público que aconsejan la aplicación al presente procedimiento de subvenciones la tramitación de urgencia. Así pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se reducirán para la presente convocatoria a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 1 de julio de 2020 de Bases Reguladoras, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Decimocuarto. Devolución a iniciativa del perceptor.

La persona beneficiaria puede proceder, sin previo requerimiento de la Administración, a la devolución de las cantidades percibidas o del exceso obtenido sobre el coste total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.quáter, del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda de la Junta de Andalucía.

A estos efectos, la entidad beneficiaria lo comunicará al órgano concedente mediante la presentación de la correspondiente comunicación a través del Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, a fin de que por el órgano gestor se confeccione la correspondiente carta de pago con la que podrá dirigirse a una entidad bancaria para realizar la citada devolución. La carta de pago que se emita se corresponderá con una liquidación provisional hasta la liquidación de los intereses de demora y obtención del oportuno documento de pago y pago efectivo de la cantidad que resulte, tras el cual se dictará la resolución definitiva del procedimiento de devolución voluntaria de la subvención percibida.

Conforme al apartado 2 del citado artículo 124.quáter, la entidad beneficiaria, con anterioridad al inicio del expediente de reintegro, podrá presentar solicitud de compensación con reconocimiento de deuda, o solicitud de aplazamiento con reconocimiento de deuda.

Decimoquinto. Efectos.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Anexos

Omitidos.

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Subvenciones en materia de drogodependencia y adicciones

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Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2021 la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria (BOJA de 29 de julio de 2021).

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Este observatorio facilita información real, objetiva, fiable, comparable y a escala europea sobre las drogas, las toxicomanías y sus consecuencias, con objeto de asesorar la elaboración de políticas en la materia y guiar las iniciativas de lucha contra la droga.

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Visión general

El OEDT proporciona a la UE y sus países miembros información real, objetiva, fiable, comparable y a escala europea sobre las drogas, las toxicomanías y sus consecuencias, con objeto de asesorar la elaboración de políticas en la materia y guiar las iniciativas de lucha contra la droga.

¿Qué hace?

El OEDT:

hace un seguimiento del problema de las drogas (incluidas las tendencias emergentes) en Europa

hace un seguimiento de las soluciones aplicadas a los problemas relacionados con las drogas

ofrece información sobre las mejores prácticas en los países de la UE y les anima a comunicarlas

evalúa los riesgos de las nuevas sustancias psicotrópicas

lleva un sistema de alerta rápida de las nuevas sustancias psicotrópicas

desarrolla herramientas e instrumentos que facilitan a los países miembros el control y la evaluación de sus políticas nacionales y a la Comisión el control y la evaluación de las políticas de la UE.

¿A quién beneficia?

Responsables políticos, como las autoridades nacionales y los representantes de las instituciones de la UE

Científicos e investigadores

Organizaciones internacionales

Profesionales

Ciudadanos

Para mantenerse útil, el OEDT está pasando de un modelo centrado en la información a otro orientado al servicio que ofrece análisis adecuados a las necesidades de los organismos a quienes asesora.

Véase también
Publicaciones Actividades Temas de la A a la Z

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Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías | Unión Europea

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El OEDT proporciona a la UE y sus países miembros información real, objetiva, fiable, comparable y a escala europea sobre las drogas, las toxicomanías y sus consecuencias, con objeto de asesorar la elaboración de políticas en la materia y guiar las iniciativas de lucha contra la droga.

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Es una plataforma madrileña de entidades para la asistencia a la persona adicta y a su familia. Tiene como objetivo el abordaje biopsicosocial en el ámbito de los trastornos adictivos.

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Bienvenidxs a FERMAD Vive Contigo ı fermad.org

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Plataforma Madrileña de Entidades Para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia. Somos una Organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, que trabajamos en el ámbito de las adicciones. Contamos con todo un equipo de profesionales especializados en adicciones, tanto en nuestra sede como en cualquiera de las Asociaciones que conforman esta Plataforma.

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Tiene como finalidad la incorporación social de personas con  problemas de drogas y/o afectadas por el juego patológico mediante la formación para el aprendizaje de un oficio y la sensibilización empresarial para la contratación de este colectivo.

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El Programa Red de Artesanos tiene como finalidad última la incorporación social de aquellas personas con problemas de drogas y/o afectadas por el juego patológico que se encuentren en un proceso terapéutico o como apoyo a éste. El programa concede ayudas a las personas que por falta de formación ti…

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Los Centros Provinciales de Drogodependencia tienen una serie de tratamientos que constan de tres fases. la desintoxicación, la deshabituación y la incorporación social. Por medio de una serie de recursos como Centros de tratamiento ambulatorio, Centro de Día, Unidad de desintoxicación hospitalaria, etc.

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Página oficial de esta institución con información sobre las distintas áreas y agenda de actividades.

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Subvención de la diputación de Granada para fomentar la actividad empresarial por mujeres.

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Trabaja para la disminución de las desigualdades de género en la salud desde una perspectiva de participación y colaboración entre el conjunto de los diferentes agentes.

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Asociación que trabaja para la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y profesional así como sanitario, cultural y familiar.

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Almeida sentenciado a prisión permanente revisable por el 'Caso Álex' El Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado que enjuició el crimen del niño Álex condena en su sentencia a la pena de prisión permanente revisable a Francisco Javier Almeida como autor de un delito de asesinato y a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual.

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Por un lado el IAM recoge en su Plan Estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres los ejes de actuación hasta el 2028 en materia de perspectiva de genero, en la presencia de mujeres en los poderes públicos, en la búsqueda de espacios mas feministas y la erradicación de la vinolencia machista. En el apartado de subvenciones vemos como incentiva la inclusión social de la mujeres victimas de violencia de género con dificultades para obtener empleo y otra ayuda para fomentar el emprendimiento y empleabilidad en mujeres universitarias entre otras.
El Ministerio de Igualdad en su portal de prioridades recoge sus ejes de actuación en el Plan de Corresponsables donde marca como ejes de actuación la  la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el marco de la protección de los Derechos Humanos para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres.

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Un instrumento que nace con la vocación de cambiar la metodología y el paradigma de trabajo y construcción de las políticas en materia de igualdad, alineado con la política internacional que apela a la responsabilidad de las diferentes administraciones. Este Plan Estratégico pretende generar instituciones más sensibles al género y comprometidas con la igualdad, acompañadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, pero siempre introduciendo en su propia gestión institucional y agenda política el principio de igualdad de género.

En este Plan Estratégico abordamos, a través de cinco ejes, los cinco grandes campos de trabajo que guiarán y orientarán nuestra acción:

La gobernanza y el camino hacia Gobiernos con una mirada violeta en su gestión.

Los cuidados y la propia sostenibilidad de la vida con perspectiva de género.

El trabajo centrado en la representación y el poder.

La necesidad de impulsar un espacio productivo igualitario desde las instituciones competentes, que acompañen a las empresas que llevan años construyendo igualdad.

La búsqueda de una sociedad libre de violencias machistas.

Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028
Finalidad

El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 tiene como finalidad establecer las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención que orientarán las actividades de los poderes públicos en Andalucía, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el fin último de alcanzar la democracia paritaria y la plena incorporación de las mujeres en orden a superar cualquier discriminación social, política, económica o laboral.

Ámbito de Aplicación

Este Plan afecta a todas las Consejerías, a sus entidades instrumentales, a las Universidades públicas andaluzas, así como a las Entidades Locales que deberán desarrollar sus propios planes específicos de Igualdad en función de las directrices que marca el Plan Estratégico. Por tanto, y atendiendo al ámbito de actuación, se derivan del plan estratégico los siguientes planes específicos de igualdad:

Planes sectoriales de igualdad a cargo de las Consejerías y entes instrumentales de la Junta de Andalucía.

Planes locales de igualdad a cargo de las Entidades Locales.

Planes de igualdad en las Universidades públicas andaluzas.

Servicio de Asesoramiento

Conforme quedó establecido en la Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la responsabilidad de asesorar a los poderes públicos en su proceso de elaboración de sus correspondientes planes de igualdad recae sobre el Instituto Andaluz de la Mujer.

Las Consejerías de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos y las Universidades públicas andaluzas pueden solicitar asesoramiento al Instituto Andaluz de la Mujer para recibir orientaciones en la redacción y elaboración de sus planes de igualdad.

Con la información recogida tanto a partir del diagnóstico, como del proceso participativo, junto con las indicaciones que se hayan recibido del Instituto Andaluz de la Mujer u otros órganos consultivos, cada organismo redactará su Plan de Igualdad respetando las directrices formuladas en el presente Plan Estratégico, tanto en materia de Objetivos generales a cumplir, como en lo que respecta a las directrices o principios rectores y la estructura de Líneas de actuación, pero concretando ya aquí las medidas y actuaciones que ayuden a materializar los Objetivos específicos de cada plan y la asignación de responsabilidades.

Una vez elaborada la propuesta de Plan de Igualdad de ámbito específico, ésta será remitida al Instituto Andaluz de la Mujer para su conocimiento, con carácter previo a su aprobación.

En definitiva, al Instituto Andaluz de la Mujer le corresponde el papel de impulsar y coordinar la actividad en materia de planificación de igualdad de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bajo esta responsabilidad, además de difundir las directrices y recomendaciones que aporta el presente Plan Estratégico, asesora a los poderes públicos en la elaboración de sus propios planes de igualdad específicos a través de este servicio especializado. Las Consejerías, Universidades y Entidades Locales podrán solicitar asesoramiento en el proceso de elaboración de sus planes en lo relativo a su adecuación a las líneas y directrices previstas en el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía. En el caso de planes de ámbito local se contará con la participación de los Centros Municipales de Información a la Mujer, que en sí mismos son fruto de la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer con los Ayuntamientos.

Para solicitar el asesoramiento puede llamar al teléfono 900 200 999, de lunes a viernes (laborables) en horario de 8:00 a 16:00 horas o también puede enviar su consulta cumplimentando el siguiente formulario:

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Un instrumento que nace con la vocación de cambiar la metodología y el paradigma de trabajo y construcción de las políticas en materia de igualdad, alineado con la política internacional que apela a la responsabilidad de las diferentes administraciones. Este Plan Estratégico pretende generar institu...

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Programa específico para la inserción sociolaboral de las mujeres cuyo objetivo es:
Fomentar la empleabilidad de las mujeres, fomentar la autonomía económica, promover el movimiento asociativo y
fomentar la igualdad entre hombre y mujeres.

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Instituto de las Mujeres - Programa AURORA

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programa aurora, insercion, sociolaboral, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad

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La Diputación de Granada a través de su Delegación de Igualdad pone en marcha un servicio de asesoramiento y apoyo psicológico a víctimas de violencia de genero destinado a mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes, que no dispongan de un Servicio Público de estas características.

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Asesoramiento Psicológico para Mujeres

Servicio de asesoramiento y apoyo psicológico a víctimas de violencia de género

La Diputación de Granada a través de su Delegación de Igualdad pone en marcha un SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO destinado a mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes, que no dispongan de un Servicio Público de estas características.

Excepcionalmente también podrán solicitar este servicio aquellas mujeres que aún no siendo víctimas necesiten asesoramiento o apoyo por temas relacionados con el género y se encuentren en una posición de vulnerabilidad.

El asesoramiento psicológico se realizará de forma no presencial, a distancia, en el caso que las mujeres no dispongan de acceso a internet se hará de forma telefónica. Se contempla, de forma excepcional y dependiendo de los casos, alguna sesión presencial, en el que la psicóloga se trasladará al Municipio en el que resida la usuaria.

El acceso a este servicio se solicitará a la Delegación de Igualdad a través del teléfono 669534402 en horario de 10:30 a 13:30 o escribiendo a la dirección de correo Una vez comprobado que la solicitud se ajusta a los requisitos requeridos, se les facilitará a las usuarias, de manera rápida, la cita con las psicólogas.

Información de contacto:
Delegación de Igualdad y Juventud
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. C.P.: 18014 Granada
Tel. 958 24 71 80. Fax: 958 24 70 20

igualdadyjuventud@dipgra.es

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Asesoramiento Psicológico para Mujeres Servicio de asesoramiento y apoyo psicológico a víctimas de violencia de género La Diputación de Granada a través de su Delegación de Igualdad pone en marcha un SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO destinado a mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes, que no dispongan de un Servicio Público de estas características.