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En Ecuador, las garantías básicas constitucionales para detenidos incluyen:

1. Privación de Libertad Limitada: La detención se reserva para casos específicos, como asegurar la comparecencia al proceso, la justicia o el cumplimiento de pena.

2. Orden Judicial: La detención debe ser ordenada por un juez o jueza competente, excepto en delitos flagrantes.

3. Derechos en Detención: Los detenidos tienen derecho a conocer las razones de su detención, a permanecer en silencio, a solicitar un abogado y a comunicarse con familiares.

4. Derecho a la Defensa: Incluye ser informado en su lengua, derecho al silencio y a no autoincriminarse. Las declaraciones voluntarias de víctimas son válidas.

5. Plazos de Prisión Preventiva: La prisión preventiva tiene límites: hasta 6 meses para delitos con prisión y 1 año para delitos con reclusión.

6. Liberación Tras Sobreseimiento o Absolución: Una vez sobreseído o absuelto, el detenido debe ser liberado inmediatamente.

7. Medidas Cautelares Alternativas: Se promueve el uso de medidas alternativas a la prisión. Los jueces pueden aplicarlas según la ley.

8. Trato Digno en Detención: Los detenidos deben ser tratados con respeto y dignidad, sin incomunicación. Si son extranjeros, se debe informar a su consulado.

9. Derechos de Adolescentes: Los menores infractores tienen medidas socioeducativas proporcionales y la privación de libertad es el último recurso.

10. Impugnación y Sanciones por Detención Arbitraria: La detención arbitraria tiene sanciones penales y administrativas. Se protege contra el uso excesivo de la fuerza y la discriminación.

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El Artículo 76 de la Constitución establece que las garantías del debido proceso aplican en procesos administrativos o judiciales donde se discuten derechos y obligaciones personales, excluyendo expectativas o actos normativos. Dichas garantías no aplican a la formación de actos administrativos normativos o leyes. La actividad estatal no es "proceso" vinculante en ese caso. Se puede debatir la conveniencia, pero no alegar garantías. En cambio, se pueden impugnar actos por el Art. 173 o la inconstitucionalidad de normas por vías apropiadas.

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El debido proceso penal es esencial e inmediato, exigiendo respeto de gobernantes y ciudadanos. Se abordan normas constitucionales, normativa internacional y regulaciones aplicables por operadores judiciales. El Art. 11, numeral 9 subraya que el Estado debe salvaguardar los derechos constitucionales. Se destaca la importancia de cumplir con los principios constitucionales del debido proceso, promoviendo justicia sin excepciones. El estudio explora el origen, definiciones y principios del debido proceso, incluyendo inocencia, defensa, motivación de resoluciones y apelación. Se busca armonizar legislación ecuatoriana e internacional, priorizando una defensa adecuada para todos.