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Se puede definir como la indemnización económica compensatoria por la pérdida de una cosa o derecho expropiado, representa un equilibrio razonable entre el sacrificio expropiatorio y su reparación económica. El justiprecio o precio justo choca entre el interés público y el privado, prevaleciendo siempre el interés público. Como no ha de ser un precio fijo, variará según la ocasión o el interés público que se esté velando. Tomás de Aquino creía que el precio de una mercancía para ser justo tenía que permitir a 'su productor o al artesano de aquella época conservar su nivel de vida.

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En Costa Rica, específicamente, en la ley de expropiaciones (N-7495) el justiprecio se analiza en la sección II Artículos 21 al 26 inclusive.

En el artículo 21 se inicia con  el procedimiento para la solicitud del evalúo, en el cual se indica , “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley, cuando se requiera adquirir bienes o afectar derechos para fines de interés público, la Administración deberá solicitar a la dependencia especializada respectiva o, si esta no existiera, a la Dirección General de Tributación, que practique el avalúo administrativo correspondiente por medio de su propio personal o con la ayuda del personal necesario, según la especialidad requerida. El avalúo deberá rendirse en un plazo máximo de un mes, contado a partir del recibo de la solicitud.”

Además, en el artículo 22 se indica que, para determinar el justo precio, aparte de los criterios estipulados en el inciso 2) del artículo 39, los criterios para la determinación del justo precio, entre lo más importante se menciona que el avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia y describirá, en forma amplia y detallada, el método empleado.

En los artículos siguientes se habla sobre Revisión del avalúo administrativo, Fijación de valores. Notificación del avalúo y Arbitraje.

Además, según la legislación española se dan tres sistemas para llevar a cabo la expropiación y fijar el justiprecio.

· por mutuo acuerdo: se establece que la Administración y el expropiado convienen en la adquisición de los bienes o derechos objeto de la expropiación libremente, y ahí concluye.

· por hojas de aprecio contradictorias: se abrirá un expediente individual a cada propietario de los bienes expropiados en los cuales la Administración requerirá que en el plazo de 20 días presenten la hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estimen del objeto que se les está expropiando.

· determinación por un Jurado de Expropiación: si el propietario rechazara el precio ofrecido, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado de Expropiación, para que éste lo determine.

Entonces, el precio justo no podrá ni deberá ser pagado sino se han seguido y cumplido las formalidades presupuestarias correspondientes y establecidas

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En nuestro país, en los artículos 47 y 48 de la Ley de Expropiaciones, se determina el pago y el depósito del justiprecio, al indicar que:

· el justiprecio será pagado en dinero efectivo, salvo que el expropiado lo acepte en títulos valores. En este caso, los títulos se tomarán por su valor real, que la Bolsa Nacional de Valores certificará por medio de sus agentes o, en su defecto, un corredor jurado. Firme la sentencia, el pago de la indemnización o de la diferencia con el avalúo administrativo aceptado, depositado y retirado por el propietario, se realizará mediante el trámite establecido en la Ley de Administración Financiera de la República, para el caso del Gobierno central. Los demás entes públicos efectuarán el acuerdo de pago. Transcurridos tres meses desde que el fallo es ejecutorio sin que se haya pagado al expropiado, la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República ordenarán una reserva, en el presupuesto ordinario o extraordinario de la Administración obligada al pago, hasta por el monto del justiprecio, para garantizar el cumplimiento de la sentencia. (reformado por el artículo 1º de la ley No.7757 de 10 de marzo de 1998)

· y cuando el expropiado no retire el justiprecio, éste permanecerá depositado a la orden del juzgado que conoció de la expropiación. Los propietarios del justiprecio o sus representantes legales podrán solicitar su giro en cualquier tiempo

Con respecto al tema de los intereses, se indica en el artículo 11 de esta misma ley, el cual establece que:

· la administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo. Cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre este y el justiprecio”

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Pleno en el Ayuntamiento de Meco en enero de 2017. Kike Para

El Ayuntamiento de Meco -municipio situado a 35 kilómetros al noreste de Madrid- expropió en 2006 una parcela de 6.700 metros cuadrados destinada a zona verde. Las autoridades regionales fijaron en 425.828,55 euros la cantidad que el Consistorio debía pagar al dueño de la finca. Pero pasó el tiempo y el Ayuntamiento no abonó el dinero, según explica la portavoz del gobierno municipal, del PP, porque el dueño no pidió la ejecución del pago y porque no había ningún informe municipal que dijera que debía hacerse.

Desde la oposición, Ricardo Expósito, del PSOE, asegura sin embargo que no era necesaria ninguna petición de ejecución: "Confunden las cosas. No era una sentencia, sino una decisión de Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid", señala. Expósito achaca todo el problema a "la irresponsabilidad, mala gestión, ineptitud y chulería del alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz".

Sea como sea, el propietario de los terrenos se acogió en septiembre de 2008 a su derecho legal de pedir una retasación pasados dos años de la primera estimación sin haber cobrado; algo que le convenía especialmente por la aprobación aquel mismo año de un cambio legal que afectaba a los sistemas de cálculo del justiprecio de las expropiaciones y aumentaba de forma significativa el valor de su finca. Así, tras la negativa del Consistorio, el hombre inició un conflicto judicial que ha supuesto varias idas y venidas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Supremo, con varias fijaciones sucesivas del justiprecio: 487.165,62 euros, 534.585,65 y 2.088.141,36. El último capítulo, al menos de momento, se produjo el pasado 12 de febrero, con una sentencia de la Sección quinta de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que satisface las pretensiones iniciales del propietario del terreno y condena al Ayuntamiento a pagar por la expropiación 4.092.928 euros ("3.898.027 euros, más el 5% del premio de afección").

La portavoz municipal -que asegura que cuando el Ayuntamiento intentó abonar el dinero, tras la primera reclamación, el propietario ya no lo quiso aceptar- señala asimismo que la corporación respeta la decisión judicial, pero no está de acuerdo con ella. Les parece desproporcionada y lesiva, por lo que están buscando la manera de recurrir la sentencia; para hacerlo van a contratar a un abogado especialista.

Por su parte, el concejal Expósito, del PSOE, asegura que el único recurso posible es al Tribunal Constitucional y duda mucho que este lo vaya admitir a trámite. "Hubiera sido tan fácil haber pagado los 425.828,25 euros de la primera tasación y haber respetado las leyes... Ahora no estaríamos hablando del agujero que este señor le ha hecho a las arcas municipales", se queja. Expósito advierte que a los cuatro millones habría que sumarle "el interés legal que se solicite" por la demora en el pago, con lo que gasto llegaría a 5,5 millones de euros, el 61% del presupuesto municipal de 2017.

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Meco deberá pagar cuatro millones por una expropiación que empezó costando 425.000 euros

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Una sentencia del Tribunal Supremo eleva el precio después de una larga pelea judicial

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Navarro. Abogados y asesores tributarios

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En la actualidad la declaratoria de interés público suele emplearse, sin demasiado rigor, para referirse a las necesidades colectivas que justifican una exposición cuyo beneficiario es, directa o indirectamente, una entidad pública. La expresión de interés social, se incorporó a las legislaciones, probablemente con el objeto de cubrir expropiaciones cuyos beneficiarios iban a ser sujetos privados y alude a cualquier tipo de situación que revela una necesidad colectiva prevalente al del mantenimiento de la propiedad en manos de su actual titular. El fin de esta declaratoria de interés público es dificultar y racionalizar el ejercicio de la potestad expropietaria mediante una determinación apriorística de la necesidad publica que se quiere satisfacer misma que debe efectuarse con el cumplimiento de requisitos formales especialmente rigurosos. Además, pretende asegurar que el fin que se justificó en la expropiación, no se altere en cualquier momento posterior a la misma, el bien expropiado debe utilizarse permanentemente para el fin para el que fue expropiado, y si dicho fin desaparece o es alterado, el titular tiene el derecho de recuperarlo por medio de la reversión.

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En Costa Rica, específicamente, según la ley 7495, articulo 18 para realizar una expropiación, será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien por expropiar se declare de interés público. La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado o a su representante legal y será publicada en La Gaceta.

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Ante la necesidad de hacer conciencia sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores.

San José, 21 may (elmundo.cr)- La diputada independiente, Ivonne Acuña presentó el proyecto 21.982 con el cual busca impulsar la Declaración de Interés Público de la Apicultura y el Día Nacional de las Abejas.

El proyecto tiene como propósito principal "otorgar la declaratoria de interés público a la apicultura, oficializar el 20 de mayo como el día nacional de las abejas, y establecer acciones de cara a la atención de la emergencia por abejas", comentó la legisladora.

Según explica Acuña "esta es una actividad que reviste de importancia para el desarrollo ambiental, social y económico del país".

Ya que "las abejas polinizan hasta 170.000 especies de plantas. Y se estima que entre 235.000 y 577.000 millones de dólares de producción anual de alimentos a nivel mundial depende de la ayuda de polinizadores", afirmó la diputada.

Además, "el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos y otros animales".

Por esta razón, Acuña considera "indispensable reconocer a las abejas como agentes biológicos de gran importancia para la agricultura y los bosques del país; pues se estima que más del 80% de la polinización de las especies de flora, se da gracias a las abejas, por ejemplo, el café, el aguacate".

La legisladora subrayó que es importante hacer de interés público la protección a las abejas, ya que "actualmente, se presenta una problemática debido al despoblamiento abrupto de las colmenas. Las abejas de todos los países de América, Asia, África y Europa han desaparecido hasta en un 90%, debido a deforestación, uso indiscriminado de pesticidas, cambios de uso de suelo".

Aunado a esto, Acuña señaló que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de mayo el Día Mundial de las Abejas, con el fin de hacer consciencia sobre la importancia de preservar las abejas y otros polinizadores.

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Ivonne Acuña presentó proyecto para otorgar declaratoria de interés público a la apicultura

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Ante la necesidad de hacer conciencia sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores. San José, 21 may (elmundo.cr)- La diputada independiente, Ivonne Acuña presentó el proyecto 21.982 con el cual busca impulsar la Declaración de Interés Público de la Apicultura y el Día Nacional de las Abejas.

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Declaratoria de Interés público Construcción Hospital de Puntarenas

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La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado

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Ley 6313 del ice, artículo 45 de la constitución política, artículos 3, 5, 22, 40, 51, 55, 58  ley de expropiaciones, Ley de Planificación Urbana, Reglamento de construcciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad, Ley de aguas N 276

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Según lo indicado en la ley de expropiaciones articulo dos, se observa: Cuando, para cumplir con sus fines, la Administración Pública necesite adquirir bienes o derechos deberá sujetarse a las regulaciones vigentes sobre la contratación administrativa, salvo que, a causa de la naturaleza de la obra, los estudios técnicos determinen los bienes o los derechos por adquirir; en tal caso, deberán seguirse los trámites que se establecen en esta ley Artículo 2.- Adquisición de bienes o derechos

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Bloques de viviendas públicas en un distrito de Madrid. LUIS SEVILLANO

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la capacidad del Gobierno vasco y de los ayuntamientos para proceder a la expropiación forzosa de viviendas que permanezcan deshabitadas durante más de dos años sin causa justificada y estén situadas en zonas en las que haya una demanda contrastada de personas que necesitan una vivienda pública o social. Las instituciones tendrán la potestad de ponerlas a disposición del mercado de alquiler social cuando haya una demanda en las zonas donde se ubican.

"Esto no va a suponer que el Gobierno o los ayuntamientos van a proceder a una ola expropiatoria", ha querido aclarar el consejero vasco de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola. El pronunciamiento del máximo tribunal da luz verde a decretar el alquiler forzoso de aquellos hogares que están sin uso durante un periodo prolongado de tiempo y están situadas en ámbitos donde la demanda de vivienda social es elevada. Se trata, ha precisado Arriola, de que "haya una compensación entre las políticas de incentivo de vivienda en alquiler y las medidas punitivas en el caso de que no se haga un buen uso de una propiedad como es la vivienda".

El último censo de viviendas vacías y deshabitadas de Euskadi lo hará público mañana el propio consejero, quien hoy ha declinado adelantar cuál es el parque inmobiliario en desuso en esta comunidad autónoma. El informe anterior, con datos de 2015, cifra en 86.325 las viviendas vacías (el 8,3% del total de hogares vascos). De estos, casi la tercera parte (32%) son utilizados como vivienda de temporada y el 68% restante están clasificadas como "deshabitadas". De las 58.697 viviendas deshabitadas, más de la mitad (35.647) se encontraban sin oferta, esto es, no estaban a la venta ni se ofrecían en alquiler.

No se considerará una vivienda deshabitada cuando es una segunda residencia y en los supuestos de traslados de domicilio por razones labores, de salud, de dependencia y de emergencia social que justifiquen que estén desocupadas, ha precisado Arriola. Antes de declarar una vivienda desocupada, las instituciones deberán abrir un expediente, dar audiencia a los propietarios y posteriormente determinar si cumple con los requisitos de la ley para que se pueda aplicar un canon, su alquiler forzoso o la expropiación temporal.

El Gobierno del PP recurrió en 2016 ante el Constitucional la ley vasca de Vivienda al considerar que varios de sus preceptos excedían de las competencias autonómicas y se adentraban en terrenos reservados al Estado. La normativa vasca, que establece el derecho subjetivo a disponer de una vivienda, fue aprobada en junio de 2015 a iniciativa del PSE y obtuvo el apoyo de EH Bildu y UPyD. El PNV y el PP votaron en contra.

El recurso del Ejecutivo de Rajoy se fundamentaba en que la normativa vasca impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda por incluir el deber de habitarla. La Abogacía del Estado impugnó 13 artículos y varios apartados, la mayoría referidos a la definición de vivienda deshabitada y a las herramientas de actuación sobre aquellos hogares que no están ocupados y, por lo tanto, no cumplen la función social que marca la ley.

El consejero Arriola ha asegurado que el TC convalida "sin restricción alguna" la capacidad de las instituciones vascas de actuar sobre las viviendas deshabitadas que "no cumplen una función social". La normativa otorga al Gobierno vasco y a los ayuntamientos la capacidad de determinar cuándo una vivienda está deshabitada y los instrumentos "para incentivar su ocupación o penalizar su falta de uso".

El consejero de Vivienda ha valorado positivamente la sentencia que, en su opinión, permite la "plena competencia" de Euskadi para regular este ámbito con toda la seguridad jurídica. Sin embargo, el tribunal considera inconstitucional el artículo en el que se recoge la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria que estén impulsados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos.

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Euskadi podrá expropiar las viviendas que permanezcan deshabitadas más de dos años

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El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la capacidad del Gobierno vasco y de los ayuntamientos para proceder a la expropiación forzosa de viviendas que permanezcan deshabitadas durante más de dos años sin causa justificada y estén situadas en zonas en las que haya una demanda contrastada de personas que necesitan una vivienda pública o social.

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Expropiación para obras públicas urbanística

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Expropiación para obras públicas urbanística

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consiste en una institución de derecho público en la que un sujeto previa indemnización puede ser privado del derecho de propiedad que tiene sobre una cosa a favor de otro sujeto interesado en haras de la realización de una obra pública con fines urbanísticos, donde el interés colectivo supera al interés individual, siendo la expropiación como un puente entre la figura de obra pública urbanística y su  función social.

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cuando se declare necesario para la construcción de una obra pública urbanística siendo necesaria la restricción de un derecho fundamental, siguiendo para ello ciertos principios básicos: debe estar llamada a satisfacer un interés público imperativo, para satisfacer dicho interés se debe escoger entre varias opciones, aquella que restrinja en menor medida el derecho protegido, la limitación debe ajustarse de forma proporcional al interés que la justifica, la restricción debe ser imperiosa socialmente por tanto excepcional, aquello que no se ajuste a dichos principios no procede.

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ley 6313 del ice, artículo 45 de la constitución política, artículos 3, 22, 40, 51, 55,

58  ley de expropiaciones, Ley de Planificación Urbana, Reglamento de construcciones, Reglamento de fraccionamiento y urbanización

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Las expropiaciones urbanísticas o por razón de urbanismo se encuentran principalmente reguladas por la legislación autonómica, aunque sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, norma dictada, en este punto, en aplicación del apdo. 1 del Art. 149 ,Constitución española, que reconoce al estadola competencia exclusiva sobre las condiciones básicas de ejercicio de los derechos constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa. No obstante, esta última regulación se ha visto severamente afectada por la Sentencia del TC 143/2017, de 14 de diciembre de 2017 (Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013).
El Art. 85 de la Ley de Expropiación forzosa (Ley de 16 de Dic de 1954) dispone que expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la Ley de Expropiación Forzosa. Por su parte, el Art. 102 del Decreto de 26 de Abr de 1957 (Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa) señala que expropiaciones que se realicen por razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Sueldo y disposiciones, vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia. las

Tales remisiones normativas nos llevan, en consecuencia, y dado el "reparto" competencial que existe en la materia desde la más que citada sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, a considerar la aplicación de las siguientes normas:

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuyos preceptos dedicados a la expropiación forzosa son dictados en aplicación del apado. 1 del Art. 149 ,Constitución española que reconoce al estadola competencia exclusiva sobre las condiciones básicas de ejercicio de los derechos constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa.

Los preceptos dedicados a la materia en las diversas leyes urbanísticas autonómicas, en cuanto estas tienen competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

De este modo, el Art. 42 , Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, rubricado como " Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística" (y afectado por la Sentencia del TC 143/2017, de 14 de diciembre de 2017)señala lo siguiente:
1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley de Expropiación Forzosa. 2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios. 3. La delimitación espacial de un ámbito para la realización de actuaciones sobre el medio urbano, sea conjunta o aislada, una vez firme en vía administrativa, comporta la declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los efectos de la aplicación de los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración actuante*, además de aquellos otros que expresamente se deriven de lo dispuesto en la legislación aplicable. (*NOTA: Inciso destacado del apdo. 3 declarado inconstitucional y nulo) 4. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente para la mutación demanial o desafectación, según proceda. Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación urbanística. 5. Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales para la ejecución de planes u obras determinadas.
El Art. 43 , Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre contiene, a su vez, diversas precisiones sobre el " justiprecio" (igualmente afectadas por la Sentencia del TC 143/2017, de 14 de diciembre de 2017 ):
1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie. 2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se aplique la expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio urbano, no será preciso el consentimiento del propietario para pagar el justiprecio expropiatorio en especie, siempre que el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal establecido para la terminación de las obras correspondientes. Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración actuante, cuando se aporten garantías suficientes, por parte del propietario liberado, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan*. (*NOTA: Inciso destacado del apdo. 2 declarado inconstitucional y nulo) 3. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de Expropiación Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, conservando no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda. 4. Llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en los títulos. Si existiesen cargas deberán comparecer los titulares de las mismas. 5. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podrá pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante cualquiera de los medios señalados en la legislación hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial.
La regulación sobre la expropiación en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se completa con los siguientes preceptos:

El Art. 44 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre versa sobre la "Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad".

El Art. 45 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre se ocupa del principio de la "Adquisición libre de cargas".

El Art. 46 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre trata "Modalidades de gestión de la expropiación".

El Art. 47 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre a los "Supuestos de reversión y de retasación".

El Art. 48 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre a los "Supuestos indemnizatorios".

Por su parte, y en relación con la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas, estos son los preceptos que se habrán de tener en cuenta, según el territorio, a la hora de estudiar las cuestiones concernientes a la expropiación forzosa:

Castilla-La Mancha (Art. 116 ,Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010).

Valencia Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, bajo el rótulo de "Técnicas operativas de gestión de suelo".

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Las expropiaciones urbanísticas o por razón de urbanismo

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Las expropiaciones urbanísticas o por razón de urbanismo se encuentran principalmente reguladas por la legislación autonómica, aunque sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, norma dictada, en este punto, en aplicación del apdo.

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Es la transferencia coactiva de un derecho de propiedad de un sujeto particular al estado, de bienes cuya naturaleza, materiales o inmateriales, permite que puedan desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza extraña manteniendo su integridad, esto con fines de realizar algún proyecto de interés social.

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Solo son susceptibles de éste tipo de expropiación aquellos donde se pueda invocar intereses legítimos, entendido esto último como aquellos sobre los que puede recaer la potestad de imperio del estado.

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Artículo 45 de la constitución política, artículos 3, 22, 40, 51, 55, 58  ley de expropiaciones, las leyes especiales, como la Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad u ICE

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Los transeúntes despistados se detienen un momento frente al ventanal de la Librería Lehmann, en Avenida Central, para confirmar que lo que están leyendo es real: "Nueva entrada a la vuelta, sobre calle 3, 150 m Norte del Teatro Nacional".

El aviso no llama a engaño. Algunos, estupefactos, se detienen y leen el resto de las informaciones pegadas en las ventanas. Otros aprovechan para hacerse una última foto o para ingresar a la librería que pronto dejará de operar en ese edificio y se mudará "a la vuelta", como reza la advertencia.

El 30 de setiembre de 2019, tras 103 años de atender a los clientes que ingresaban por la Avenida Central, Lehmann dejó esa vitrina y entrada para trasladarse al edificio que la empresa posee frente al Omni. El motivo del traslado es que no pudo lograr un acuerdo con el Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, actual propietario del inmueble, el cual le fue conferido mediante una donación.

Las diferencias entre Lehmann, cuyo actual gerente es Antonio Lehmann Gutiérrez, y las dos más recientes juntas directivas del auspicio Carlos María Ulloa, dueño del inmueble en que operaba la librería, acabaron con una tradición de más de un siglo. Desde el tiempo de las carretas hasta de los carros eléctricos, los costarricenses que iban en busca de útiles escolares y de libros cruzaban esa puerta para ingresar a un negocio que responde al menos a tres generaciones.

En el último mes en que operó la librería en su habitual espacio, las miradas de asombro por los avisos pegados en las ventanas que daban a la Avenida Central, así como la nostalgia que se percibía en el ambiente, con algunas fotos de los primeros años como telón de fondo, predominaron en el entorno. Hasta los propios empleados de Lehmann dejaban traslucir su tristeza por el cambio que se les venía encima.

Uno de los empleados, que pidió no ser identificado, dijo que llevaba 37 años de laborar en ese edificio y que no podía dejar de sentir que "algo" se quedaba atrás, no solo como parte del negocio para el que trabajaba, sino también un "algo" personal vinculado completamente a su historia de vida.

Mientras las numerosas palomas que tienen copada la Plaza de la Cultura y que dejan sus excrementos en el Teatro Nacional, el propio edificio en que estaba Lehmann e incluso el inmueble en el que se ubica el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, hacían estragos, los transeúntes a mediados de setiembre se quedaban asombrados por los avisos del adiós de la librería, dado que desconocían el sustrato histórico que daba pie a la historia.
EL ORIGEN DE TODO
Después de la declaratoria de guerra de Costa Rica a Japón, el 8 de diciembre de 1941, y a Alemania e Italia, el 11 de diciembre de ese mismo año, se empezó a dar una persecución a algunos ciudadanos alemanes e italianos radicados en el país.

Es en ese contexto cuando Antonio Lehmann Ringwald traslada la propiedad donde se ubicaba la Librería Lehmann a Enrique Kern Diringer, con el fin de que ante las posibilidades de expropiación la familia y el negocio no se vieran afectados.

Kern es de la entera confianza de los Lehmann y es por esa razón que recibe tamaño encargo, como quedó contado por Lehmann Ringwald en el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José cuando el propietario acudió por segunda vez a la justicia costarricense con el fin de que se le estableciera un alquiler del inmueble -que, antes de que se precipitara la Segunda Guerra Mundial, le pertenecía- en condiciones que le permitieran seguir operando en el corazón de San José.

"Es cierto que el canónigo Enrique Kern Diringer, mayor, soltero, sacerdote católico donó mediante la Fundación Monseñor Kern al asilo mencionado la propiedad donde está establecida hoy en día la Librería Lehmann, fundada por Antonio Lehmann Merz, abuelo del suscrito, en 1896, a consecuencia de una invitación que le hiciera el arzobispo de Costa Rica en ese entonces, Dr. Bernardo Augusto Thiel, para que en conjunto con la Editorial Católica Herder, de Friburgo, Alemania, establecieran una en este país, como soporte cultural a su desarrollo".

El relato anterior es parte del alegato que hiciera Lehmann Ringwald mediante una carta presentada en el citado juzgado de San José, en el 2000, cuando trataba de lograr un alquiler acorde con la operación de su representada, dado que a partir de 1979 las diferencias con las distintas juntas directivas del hogar de ancianos comenzaron a exacerbarse.

Ante el clima de incertidumbre por la situación que se vivía en esos momentos en el país, con la Primera Guerra Mundial ya consumada y con los vientos que anunciaban la Segunda, el 23 de febrero de 1939 monseñor Kern transfiere la propiedad de Lehman a su ama de llaves: María Ramírez Sáenz. A partir de este momento Ramírez será un personaje clave para entender cómo y por qué los Lehmann pierden la propiedad que hoy legal y legítimamente le pertenece al Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, que lo alquilará a la empresa de capital ecuatoriano Eta Fashion, que ya opera otras tiendas en el país, como en el caso del Lincoln Plaza, en Moravia.

Tanto Kern como Lehmann Ringwald fueron deportados del país y sufrieron prisión en el campo de Crystal City, en Texas, Estados Unidos, entre 1942 y 1946.

Al regreso de Kern al país, en 1948, Ramírez le devuelve la propiedad para que este a su vez la pueda reintegrar a la familia Lehmann. Pero al final no lo hace porque Lehmann Ringwald había perdido las acciones de la librería que de buena fe había entregado al doctor Peña Chavarría, quien una vez dueño de ellas optó por no devolverlas a su legítimo dueño hasta tanto este no lo indemnizara.

En este tiempo ocurre una situación que sería trágica para el desenlace de la historia para los Lehmann: la muerte del padre Kern. Ante esta situación, la propiedad vuelve a pasar a manos de Ramírez Sáenz y esta, finalmente, convencida por uno de los sacerdotes del Carlos María Ulloa, decide hacer la donación a este asilo para adultos mayores. Así lo explica en su oficina Antonio Lehmann Gutiérrez, actual gerente de la librería y quien tomó la decisión de romper relaciones con las dos últimas juntas directivas del citado auspicio.

Hace 15 años, Lehmann Ringwald ya sospechaba que la permanencia de la librería donde había estado casi por un siglo estaba en peligro, y así lo advertía en el documento en cuestión y presentado en el Juzgado de menor cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José: "Frente a estas situaciones le he propuesto a las diversas juntas directivas del Asilo Carlos María Ulloa canjear esa propiedad por un terreno suficientemente grande en el cálido ambiente del cantón de Belén, en la provincia de Heredia, para poner término a nuestra disputa inquilinaria. Sin embargo, la poca visión empresarial de estas ha ignorado esta propuesta por simple comodidad de no hacerle frente a la realidad urbana de este siglo XXI".

Los problemas con el Carlos María Ulloa comenzaron, explica Lehmann Gutiérrez, a partir de 1979 y en lo sucesivo se fueron complicando. Esa situación llegó a un punto de quiebre en 2017, cuando la librería, cuyo edificio fue declarado patrimonio histórico en 2016, sufrió una inundación porque el sistema de canoas colapsó.

"Tuve que esperarme dos años para que la Junta Directiva del Carlos María Ulloa me atendiera, y cuando les dije que debían indemnizarme con cuatro mil dólares por las pérdidas me dijeron que jamás, que eso era imposible y más bien argumentaron que iban a aumentarme el alquiler", puntualizó.
COMUNICACIÓN ROTA
Lisbeth Quesada, actual presidenta de la Junta Directiva del Carlos María Ulloa, sostuvo que "ellos no echaron a la Lehman", sino que fue Lehmann Gutiérrez quien pidió un finiquito, el cual en un principio llegaría hasta el último día de agosto, pero que luego solicitaron un mes más para realizar los cambios de la librería al edificio ubicado en calle 3.

"Ellos no plantearon ninguna negociación. No nos dijeron nos queremos quedar y podemos pagarles un poco más. Nada. Inclusive, ellos lo que pagan son quinientos y un poquito más, y desde 2015 a la fecha no hemos subido el alquiler".

Al respecto, Lehmann Gutiérrez aclaró que la librería pagaba mensualmente la suma de ¢5 millones, por lo que el dato suministrado por Quesada responde a un error involuntario.

En este sentido, Lehmman Gutiérrez detalló que existía la pretensión de la Junta Directiva del Carlos María Ulloa de que esa cifra debería de aumentar de forma ostensiva, por lo que ellos optaron por poner fin a la relación que durante toda la vida habían mantenido con el asilo, una vez que había muerto Ramírez Sáenz.

En relación con la deuda de la Lehmann, que llegó a ser de ¢30 millones, Quesada puntualizó que les pusieron un desahucio para obligarlos a cancelar seis meses.

Ante ello, Lehman Gutiérrez reconoció que esa situación se dio, pero que fue porque la operación de traslado demandaba dinero, así como porque en un principio la directiva no tuvo ni siquiera la cortesía de atenderlo para explicarle las pérdidas que la lluvia había ocasionado y que para tal fin tuvo que esperarse dos años.

"Les pagamos todo, porque el honor de la familia Lehmann está por encima de cualquier situación", manifestó Lehmann Gutiérrez, quien no oculta el dolor que le causa a él y a los empleados el tener que haber dejado el inmueble que los acogió durante un siglo.
ANTES QUE UNA TIENDA
Quesada aseguró a UNIVERSIDAD que si por ella fuera convertiría a la Lehmann en un centro histórico y de conferencias, antes que tener que alquilarlo como finalmente sucederá.

"Le voy a decir lo que a mí me gustaría hacer, que en este momento no es posible. Me gustaría tomar ese inmueble y darle la belleza y el esplendor que tienen esos edificios neoclásicos de San José y convertir el local en un centro de cultura, de exposición, de conferencias, y en un centro histórico. Que tenga la historia del propio edificio. Que tenga la historia del benemérito hogar Carlos María Ulloa, que empezó como un hogar de mendigos, luego se transformó en un auspicio y después en una asociación.

Me gustaría que se pudiera dar todo lo histórico del lugar y lo histórico de la atención del adulto mayor en Costa Rica. Que se pudiera educar con respecto al adulto mayor. Que se convirtiera en una especie de centro de enseñanza. La asociación de alzheimer tiene que pagar cada vez que da un curso y explicaciones a la familia. ¿Por qué no convertir el edificio en un centro educativo?

Me gustaría devolverle gloria y esplendor y convertirlo en un centro de conferencias. Porque los costarricenses somos muy dados a botar los edificios como la Biblioteca Nacional, que fue un gravísimo error y hoy su lugar lo ocupa un parqueo.

Yo soy historiadora. Estudié historia y geografía. Cómo es que botamos la plaza de artillería para construir el Banco Central. Bueno, se necesitaba, pero se toman las fotos y se hacen los estudios necesarios del lugar y dentro del Banco se crea un piso para la historia de la plaza de artillería, lo que estaba adentro, el palacio nacional, los muebles maravillosos en madera que tenía. Todo eso se preserva para la historia; pero no, nosotros los costarricenses derrumbamos todo.

Eso es lo que a mí me gustaría hacer con el edificio de la Lehmann, pero sabe cuál es el problema: que el Estado costarricense para patrimonio nacional y esas cosas tiene un presupuesto reducido. Son muchos los edificios que son declarados patrimonio nacional que hacen lista de espera y, lo más importante, el Carlos María Ulloa no tiene el dinero para hacer algo así.

El benemérito hogar depende del alquiler de los poquitos inmuebles que tiene para la atención de los adultos mayores. Nosotros contamos con 200 adultos mayores y el costo de su atención solo es sufragado por el Estado en un 25 por ciento, el restante 75 por ciento se lo tiene que agenciar el hogar con sus propios medios".
LA INTERNACIONAL AL ACECHO
Lehmann Gutiérrez sostuvo en una amplia entrevista con UNIVERSIDAD que uno de los interesados en ocupar el espacio que dejaba Lehmann era la Librería Internacional.

"Lo tengo registrado en las cámaras de video de que personeros de la Librería Internacional vinieron al menos en dos ocasiones a ver el edificio y en una de ellas les dije cómo estaba la situación. Ese es un edificio que no tiene ni agua ni luz propias, porque se abastecía del otro edificio que nos pertenece. Les dije, también, que debían saber de las condiciones del inmueble, de la situación que se vivía con las canoas que se llenaban producto del excremento de las palomas. Y les dije que era un edificio construido en bahareque que había sufrido daños durante el terremoto de Limón y de Cinchona.

También les expliqué que si la Librería Internacional quería operar ahí, tenía que hacer frente al derecho de llave que iba a exigir Lehmann".

Ante esta situación, Gutiérrez Lehman expresó que "es una tienda de capital ecuatoriano" la que finalmente estaba interesa en ocupar lo que por un siglo estuvo lleno de libros.

Todo apunta a que es Eta Fashion, la firma que tendrá que solicitar los permisos respectivos para que le permitan adecuar el edificio patrimonial para vender ropa.
ADIÓS REITERADO
Rodeado de fotos, documentos sobre la propiedad y muchos recuerdos vividos por él y que provienen de tres generaciones, Lehmann Gutiérrez no oculta la nostalgia que lo invade por dejar la entrada de oro que daba a la Avenida Central.

"No hay duda de que es un gran punto, por el que por tantos y tantos años entraron entre 3.000 y 5.000 personas a diario; pero nosotros con las nuevas condiciones que nos pedían no podíamos exponer el patrimonio de la empresa. Tuvimos que hacer lo que se hace con el cáncer: cortarlo de raíz".

Terminada la entrevista de más de tres horas, Lehmann Gutiérrez todavía tiene energía y paciencia para darle un recorrido al periodista por lo que fue la Lehmann, que ya desmantelada y entre sombras tiene un aspecto extraño. Afuera, por la Avenida Central, los transeúntes y los curiosos no dejan de parar para mirar los ventanales y constatar que una tradición de más de un siglo está a punto de extinguirse para abrir "a la vuelta", en la calle 3, por donde la Librería Lehmann quiere ampliar el hito de seguir perteneciendo a una sola familia durante 123 años.

"Somos la librería más antigua de América Latina en manos de una sola familia. Hay una que tiene más años en Argentina, pero ha pasado por 17 familias. Y está la Librería Porrúa en México, pero también ha tenido varios propietarios", dice Lehmann Gutiérrez, mientras en sus palabras se mezcla el orgullo por el hecho de que su familia ha sacado a flote la empresa y la melancolía por saber que después del 30 de setiembre empieza una nueva era de la Lehmann, tras perder la batalla por una propiedad que una vez les perteneció.

La guerra, los nazis, los aliados y el azar se confabulan en esta historia convulsa y cinematográfica, humana y frágil que explica el traslado de una librería que, como tal, es ya un patrimonio intangible de la cultura nacional.

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Error histórico propicia salida de Lehmann de Avenida Central * Semanario Universidad

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Tras un siglo, Librería Lehmann deja su casa habitual para mudarse a 150 metros, luego de que la familia Lehmann perdiera una propiedad que traspasó con el fin de conservarla frente a los acontecimientos que propiciaron_el_estallido_de_la Segunda Guerra_Mundial, de_la_que_Costa Rica_no_estuvo_exenta.

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27 familias resisten a la expropiación de la Alcaldía en el barrio San Luis

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Aquella afectación que se realiza sobre un bien, con previa indemnización del titular de la propiedad, por razones de utilidad pública por parte del estado, que busca principalmente la realización de una planificación o una estructura definida previamente como de interés social, siendo éste último definido ya sea por ley por parte de los diputados o en ciertos casos por las municipalidades.

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Universitat Politècnica de València - UPV

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Casos en los que procede ante una eminente necesidad de disponer del terreno para continuar con el desarrollo de un proyecto de una obra en vías públicas

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Artículo 45 de la constitución política, artículos 3,22, 40, 51, 55, 58  ley de expropiaciones, las leyes especiales, Ley General de Caminos Públicos

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San José, 27 may (elmundo.cr) - El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional hizo un llamado para que se incentive la construcción de obra pública de proyectos trascendentales para el país, pues esto permitiría reactivar la economía y generación empleo, ante la crisis generada por el COVID-19.

El grupo está conformado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (Acccr).

El 23 de abril el gobierno anunció la concesión de megaobras de infraestructura vial como motor de la reactivación económica, aspecto con el cual este grupo está de acuerdo y respalda como una fuente de generadora de empleo y reactivación.

Sin embargo, señalan que hay otros proyectos de infraestructura vial que tienen su proceso de contratación más avanzado y pueden iniciar su construcción en un plazo muy corto, de hasta tres meses.

Estos proyectos son:

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°1, Sección Barranca - Limonal

Pasos a desnivel en las intersecciones Taras y La Lima

Ampliación Radial Lindora en Santa Ana

Diseño y construcción de túnel en la antigua Galera

Asfaltado en ruta Puriscal a Parrita.

Paso a desnivel en la rotonda de La Bandera

OBIS Ruta San José - San Ramón - primer contrato

Algunos de estos proyectos tienen situaciones particulares que se deben resolver, no obstante, la situación que vive el país es atípica, por lo que consideran que se debe flexibilizar algunas condiciones contractuales previamente establecidas, que permitan una inmediata ejecución de estos.

En la misma línea de impulsar la reactivación económica, se insta a las correspondientes entidades de gobierno, a acelerar los procesos licitatorios y todos los relacionados con permisología y coordinación interinstitucional de los siguientes proyectos, considerados que se pueden ejecutar en el mediano plazo.

Pasos a desnivel en Circunvalación Sur (Hatillo 4, Hatillo 6 y Hatillo 7-8)

Ampliación del puente sobre el río Virilla

Circunvalación Norte - unidad funcional V (entre RN32 y Calle Blancos)

Hay otro grupo de proyectos señalados por el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, que este grupo considera que son de gran importancia para el desarrollo del país por lo que instan a que siga adelante en su gestión, estos son:

Ruta a San Carlos

Iniciativas privadas: ruta San José-Cartago, San José-Río Frío, ampliación de ruta 27

OBIS Ruta San José - San Ramón otros contratos

Programa de puentes
En el caso de los proyectos en ejecución, se insta a realizar un esfuerzo por resolver los problemas que han retrasado o están retrasando la ejecución de estas obras, como lo son las expropiaciones y reubicación de servicios, para que puedan reorientar el proceso constructivo a los niveles establecidos preliminarmente.

Finalmente, y no menos importante, este grupo respalda la gestión del ministro de Obras Públicas y Transportes, el ingeniero Rodolfo Méndez Mata, así como el trabajo de su equipo de trabajo.

El Grupo Consenso se puso a disposición de las autoridades del Gobierno Central para colaborar en lo que considere necesario.

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Grupo Consenso: Urge construir obras de infraestructura pública para reactivar la economía

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San José, 27 may (elmundo.cr) - El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional hizo un llamado para que se incentive la construcción de obra pública de proyectos trascendentales para el país, pues esto permitiría reactivar la economía y generación empleo, ante la crisis generada por el COVID-19.

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ARE2 Abogados - Despacho Abogados Madrid

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Expropiación de un terreno rústico para hacer una carretera