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Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 12 años y menos de 18 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales.

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Se aplicará esta ley a todos los menores de edad que, en el transcurso del proceso, cumplan con la mayoría de edad. Igualmente se aplicará cuando los menores de edad sean acusados después de haber cumplido la “mayoridad” penal, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles esta ley.

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Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y su ejecución entre dos grupos a partir de los 12 años de edad y hasta los 15 años de edad y hasta tanto no se hayan cumplido los 18 años de edad.

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Los actos cometidos por un menor de 12 años de edad, que sean delito o contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Sin embargo, los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia para que se brinde la atención necesaria. Si las medidas limitan la libertad de tránsito del menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil, quien también las controlará.

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Serán principios rectores de la presente ley: la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respecto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho.