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La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales.

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La policía y el ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, intencionadamente letal contra manifestantes.

En enero, al menos 24 personas murieron en actos violentos relacionados con las protestas. Al menos 21 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad públicas y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia. Dado el patrón sistemático y generalizado de dichos homicidios, éstos podían constituir crímenes de lesa humanidad.

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Pekín continuó atenazando a la población cristiana y musulmana, mientras el país seguía adelante con su política de “chinización de la religión”, en la que insistió el primer ministro Li Keqiang en la Asamblea Nacional Popular en marzo. Numerosos templos y estatuas budistas y taoístas, así como mezquitas e iglesias, sufrieron daños o fueron destruidos a instancias del gobierno.

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Corea del Norte viola los derechos de las personas de manera sistemática. El gobierno no protege ni promueve los derechos de numerosos grupos vulnerables, entre ellos mujeres, niños y personas con discapacidad. El gobierno utiliza el trabajo forzoso de ciudadanos comunes, incluyendo niños, para controlar al pueblo y sostener su economía.

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En abril de 2015, un tribunal egipcio dictó una resolución que intensifica la homofobia consentida por el Gobierno, sentando así un precedente inquietante. La resolución del tribunal confirma una sentencia contra un hombre libio, por la que se le prohíbe volver a entrar al país después de haber sido acusado de «prácticas homosexuales» y haber sido deportado en 2008. Con arreglo al Derecho egipcio, las autoridades pueden deportar a extranjeros por considerar que «ofenden la moralidad pública». Esta reciente resolución judicial sirve de estímulo adicional para que las autoridades deporten a personas LGBT y les prohíban su entrada al país.

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El derecho a la libertad de expresión se limitó aún más en la legislación y en la práctica, con restricciones adicionales al uso de Internet y nuevas represalias contra la disidencia online. Aumentó más que nunca la disparidad en la manera de aplicar la legislación reguladora de la libertad de expresión a las autoridades y los medios de comunicación oficiales, por un lado, y a quienes expresaban críticas u opiniones discrepantes, por el otro.

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United States Capitol, First Street Southeast, Washington D. C., Distrito de Columbia, EE. UU.

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Según datos oficiales, los casos de delitos de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género aumentaron ligeramente por cuarto año consecutivo en 2018. Las mujeres transgénero de color eran especialmente objeto de delitos de odio violentos. Muchos estados no incluían la orientación sexual y la identidad de género en la legislación que establecía penas más elevadas para los delitos motivados por el odio.

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La tortura y otros malos tratos seguían siendo un importante motivo de preocupación. Las investigaciones sobre los informes de tortura eran generalmente defectuosas, y las personas responsables rara vez comparecían ante la justicia.

A partir de abril, el gobierno y las ONG redactaron el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que no se había hecho público al concluir el año.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus conclusiones sobre México y expresó su preocupación por el elevadísimo número de casos de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y del personal encargado de llevar a cabo investigaciones.

La violencia de género contra mujeres y niñas seguía siendo generalizada. Las autoridades no investigaban esos delitos y los responsables rara vez comparecían ante la justicia. Las autoridades iniciaron 1.006 investigaciones sobre feminicidios.