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A partir de un decreto dictado por el presidente del momento, Mauricio Macri, se modificaron los artículos que regulan la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley.

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Cinco cosas que cambiaron debido a este decreto

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Cinco cosas que cambiaron debido a este decreto

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1. El Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) es la nueva autoridad de aplicación de medios audiovisuales y comunicaciones.
2. Se puede comprar y vender licencias.
3. El servicio de TV por cable pasa a regirse por el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
4. Hay un limite de licencias que puede tener una compañía. El máximo total de 10 licencias de televisión abierta o radio, pasa a ser de 15, y se elimina el tope de cobertura del 35% de los habitantes.
5. Crea la Comisión para una nueva ley de comunicaciones. El DNU establece que la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078” tendrá a cargo la elaboración de un proyecto que, entre otras cosas, garantice la libertad de prensa, el pluralismo, y la seguridad jurídica para fomentar inversiones, y “avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles”.

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La ley 22.285 fue promulgada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que tanto entonces como ahora basa su política y la aplicación de sanciones en esa normativa.

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Menem. En 1989, recién llegado a la presidencia, Carlos Menem derogó el artículo 45, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Así quedaba abierto el camino para la privatización de los canales 11 y 13 (que se hizo el 23 de diciembre de ese año, cuando Televisión Federal y Artear se hicieron cargo de las emisoras). Canal 2 y Canal 9 ya habían regresado a manos privadas en 1983, por una decisión del general Reinaldo Bignogne, tomada poco antes de las elecciones del 30 de octubre

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En septiembre de 1999, Menem modificó puntos considerados clave de la ley de radiodifusión mediante el decreto de necesidad y urgencia 1005.

La norma autorizaba que cualquier persona física o sociedad comercial fuera titular de hasta 24 licencias de radio o televisión en todo el país, modificando el tope de 4 admitidas por la ley. También habilitaba la formación de redes o cadenas para radio y TV y autorizaba la transferencia de licencias, que estaba prohibida.

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Cinco días antes de dejar el poder, en mayo de 2003, el presidente Eduardo Duhalde firmo un decreto que modificaba el artículo 11 de la ley 22.285 y autorizaba a las administraciones provinciales a tener un canal de TV abierta y una radio AM, y a los municipios a disponer del servicio radiofónico en FM.

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En noviembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobo una modificación a la ley de radiodifusión que permitía a las cooperativas y mutuales ser propietarias de medios de comunicación. El proyecto fue aprobado por 146 votos en favor y 2 negativos. Sin embargo, la sanción definitiva del proyecto fue en agosto de 2005.

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fines de marzo de 2008, tras varias semanas de rumores y desmentidas, el entonces interventor del Comfer, Julio Bárbaro, renunció a su cargo, que ocupaba desde junio de 2003. Gabriel Mariotto lo reemplazó, e inmediatamente trascendió la intención de la presidenta Cristina Kirchner de sancionar una nueva ley de radiodifusión.

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Promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y que se mantenía vigente.

El proyecto original presentado en agosto de 2009 estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país.3​ Luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley.

El Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, lo que paralizó la plena aplicación de la ley durante más de cuatro años. El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley.