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Santa Anna fue llamado por los conservadores; ejerció un gobierno dictatorial que provocó la Revolución de Ayutla, la cual condujo a la creación de la Constitución de 1857.

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“El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. En consecuencia, declara: “que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución” (Congreso Extraordinario Constituyente, 1857).

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El Partido Liberal Mexicano (1906) dedicó cinco artículos de su programa a la educación, enfatizando el aumento de escuelas, la laicidad, la obligatoriedad, la enseñanza de artes y oficios, la instrucción cívica y el mejoramiento de los sueldos de los maestros (artículos 10 a 14).

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1934, expresa la más amplia perspectiva de transformación social de la Revolución mexicana en la administración cardenista, instituyendo la educación socialista y la primaria obligatoria. Además, da precisión a la autoridad estatal y crea una facultad del Legislativo para unificar y coordinar la educación en la República.

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La Ley Orgánica de Educación (3 de febrero de 1940) reglamentó tardíamente el artículo 3° de 1934 al final de la administración de Lázaro Cárdenas. Acorde con la orientación socialista de la educación, que ratifica como obligación del Estado (Presidencia de la República, 1940, artículo, ii), 7, la ley se refiere a la “función social de educación” (artículo 1°) y la establece como servicio público.

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El 23 de enero de 1942 la Ley Orgánica de la Educación Pública atenuó su alcance social y político, no obstante que el artículo 3º Constitucional de 1934 seguía vigente y por tanto la educación impartida por el Estado sería socialista (Presidencia de la República, 1942, artículo, 16).

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1946, establece un humanismo de unidad nacional que ya había sido sancionado en la reglamentación del artículo en 1942, proceso que no rompía con algunos valores del texto de 1934 como la educación racional, expresada con diversa forma y alcance; crea el compromiso de que toda la educación estatal sea gratuita.

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Las crisis social, económica y política de las décadas de 1970 y 1980 condujeron a realizar importantes cambios en el régimen político que
en la cuestión educativa se expresaron en reformas constitucionales.

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1980, reconoce un cambio cultural relevante por medio de la autonomía de las instituciones de educación superior.

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1992, amplía la libertad de la educación privada y limita la gratuidad a la educación que imparta el Estado, el cual queda obligado a promover y atender otros tipos y modalidades educativos.

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1993, afirma el derecho de todo individuo a la educación y establece la obligatoriedad de la secundaria, además de precisar la facultad sobre planes y programas de primaria, secundaria y normal como propia del Ejecutivo Federal, en lugar del Estado.

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La reforma del 3° Constitucional del 5 de marzo de 1993, que afirmó expresamente que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, la (LGE) tiene componentes muy relevantes encaminados a fortalecer tanto la comprensión de la educación por medio de la formulación de sus fines (artículo 7°), como de crear las condiciones para garantizar el cumplimiento del derecho, a lo cual se encaminan los capítulos sobre la equidad y sobre la participación social.

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La Ley General de Educación (LGE) (Poder Ejecutivo Federal, 13 de julio 1993) reglamentó la reforma constitucional del artículo 3° y fue un elemento fundamental de una modernización conservadora, análoga a la de Echeverría, ahora con el rasgo de la apertura a la globalización.

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2002, hace obligatoria la educación preescolar y la integra con la primaria y la secundaria para conformar la educación básica.

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2011, integra a los fines de la educación el de fomentar “el respeto a los derechos humanos”.

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2012, obligatoriedad de la educación media superior.

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2013, se establecen los medios institucionales para garantizar “la calidad en la educación obligatoria” en términos de alcanzar “el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

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La calidad es un valor implícito en los artículos 1° al 10° de la ley, y en función de ello el artículo 11 afirma la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la aplicación y vigilancia de las normas, es decir, en que las condiciones para la calidad se hagan posibles, asunto enfatizado por la reforma de 2013.

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La reforma del 11 de septiembre de 2013 vincula claramente el derecho a la educación con la calidad y la equidad: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad” (artículo 2°).

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2016, se incorpora la Ciudad de México como entidad al definir la educación que imparta el Estado (Congreso Constituyente, 2016).