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Slaikeu, K. A. (2000). Crisis Circunstanciales de la Vida. En K. A. Slaikeu, Intervención en crisis Manual para Práctica e Investigación (págs. 82-89). Bogota: Manual Moderno .

Slaikeu, K. A. (2000). Intervención en Crisis Manual para la Práctica e Investigación. Bogota: Manual Moderno.

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3. Para  los  profesionales e instituciones que atienden crisis, deben saber que es  importante proporcionar  un  “acompañamiento”  a  las  personas  afectadas  por la crisis como  primer  paso  de la  intervención  en  crisis,  sin  embargo, en  situaciones  de  desastre, es desde mi punto de vista, fundamental que las  personas  hagan  catarsis, no obstante, considero que lo  más  importante  de  brindar  intervención  en  crisis  es ayudar  a  las  personas  a  ayudarse  a  sí  mismas  a  que  lleve  un  proceso  de  desahogo  y  afrontamiento que  le  permita  seguir  con  su  futuro,  es  decir,  darles  solamente  las  herramientas  para  que  salgan adelante  y  no  ser  asistencialistas,  puesto  que  el  asistencialismo  puede  generar  dependencia  y  no permite  que  las  personas crezcan  por  sí solas.

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2. En referencia a lo anteriormente leído e investigado, se puede indicar que una intervención en una crisis circunstancial puede variar de dicha crisis, de la población y del impacto generado por está en el ámbito cognitivo, emocional, físico, social o familiar, económico en la población a intervenir.  Teniendo en cuenta al momento de actuar los recursos que se poseen, las posibles reacciones que tendrá la persona y saber manejar muy bien situaciones complejas y difíciles.

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1. En momentos de nuestra vida, se pueden presentar una serie de sucesos como situaciones nuevas, como las anteriormente mencionadas en nuestro mural, lo que, nos pueden llevar a enfrentar un estado emocional agitado y convulso que de no ser afrontado puede llevar a un estado de desequilibrio psíquico y emocional. Y que en ocasiones pueden generar un Trauma si no se interviene en el momento adecuado.

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Más allá de eso, el cambio en las condiciones económicas- la inflación, el desempleo- traen un trastorno social que de manera clara tiene efectos en el funcionamiento individual, psicológico y familiar.

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Numerosas crisis circunstanciales se relacionan con cambios en la vida familiar, que incluyen la gama completa de cambios económicos que pueden precipitar crisis algunas veces. La migración y reubicación se caracterizan por un cambio ambiental completo para los miembros de la familia, lo que abarca la perdida de amigos y familiares circundantes,  el reto de nuevos ambientes, y el desarrollo de nuevos contactos sociales, estabilidad económica y otras adaptaciones a un nuevo medio. Los suministros sociales de los miembros individuales de la familia se pierden, y se necesita un ajuste y nuevos comienzos.

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Tegucigalpa, 29 mar (EFE).- Unas 400.000 personas perdieron su trabajo en 2020 como consecuencia de la pandemia de la covid-19 en Honduras, país donde el subempleo afectó a siete de cada diez trabajadores, según estimó este lunes la Universidad Nacional Autónoma del país (Unah).

El desempleo y el subempleo registraron un "incremento histórico sin precedentes" en 2020 por la crisis causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que en Honduras ha dejado más de 187.000 contagios y roza los 4.600 muertos, lo que deterioró "los ingresos y la calidad de vida" de muchos hondureños, indicó la casa de estudios.

La tasa de desempleo abierto pasó de 5,7 % en 2019 a 10,9 % en 2020, lo que se traduce en unas 400.000 personas sin empleo, y el número de desalentados (personas que han desistido de buscar un empleo) aumentó en más de 600.000, lo que "agrava las condiciones de empleabilidad" en el mercado laboral.

El documento detalla que el subempleo afectó a siete de cada diez trabajadores, incidiendo de manera negativa en sus ingresos, debido a que muchas empresas optaron por modalidades de empleo temporal y tiempo parcial para compensar el desajuste en su producción y las ventas.

El número de personas con trabajo en 2020 fue de 3,6 millones, una cifra similar a la de 2016, por la contracción económica en Honduras, donde un "porcentaje significativo" de trabajadores pasó "a la desocupación" y otro salió del mercado laboral, lo que aumentó la población económicamente inactiva y profundizó la informalidad.

La situación de los ocupados "no es favorable" en Honduras, donde apenas el 29,9 % de ellos están en condición de empleo adecuado y un 70,1 % en subempleo (subutilización de la fuerza de trabajo), añadió.

El subempleo visible se duplicó en el último año, mientras que el invisible se redujo un 20,2 %, lo que muestra una situación de "precariedad" en términos de tiempo e ingresos para los trabajadores, según el estudio de la universidad hondureña.

AGROPECUARIO, EL SECTOR QUE MÁS EMPLEOS PERDIÓ

El sector agropecuario perdió 350.000 puestos de trabajo en 2020 por la crisis causada por la covid-19, el comercio, 79.000 y la educación, 35.000.

Pese a las condiciones de decrecimiento económico en algunos sectores, la industria manufacturera y los servicios de alimentos reportaron un crecimiento en el número de personas empleadas.

La universidad hondureña instó a las autoridades a impulsar políticas públicas orientadas a establecer condiciones necesarias para diseñar e implementar una estrategia integral de generación de empleo que contemple como eje transversal los programas de educación no formal.

El Gobierno y la empresa privada de Honduras deben emprender acciones para potenciar las actividades económicas más afectada por la pandemia, y priorizar estrategias enmarcadas en una política de crecimiento y desarrollo sostenible para mejorar el entorno económico y social de la población, agregó.

La Unah también sugiere promover una reforma del sistema educativo, para garantizar la formación de habilidades del recurso humano que demande el proceso de desarrollo del país centroamericano, orientado hacia la innovación tecnológica y nuevos modelos de negocios.

Además, fomentar la inversión productiva orientada a la generación de valor agregado y modificar la normativa que rige el sistema cooperativo y los institutos de previsión, para que puedan invertir sus recursos en procesos industriales y comerciales.

La institución también recomienda revisar la tenencia de tierras para motivar a sus propietarios privados, las municipalidades y el Gobierno a su uso en actividades productivas forestal, agrícola, pecuaria y turística.

También crear mercados locales que permitan una "pronta y ágil intermediación" entre productores y consumidores, con el fin de controlar la cadena de distribución y disminuir las ganancias de los intermediarios, señala el documento de la universidad de Honduras. EFE

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Unas 400.000 personas perdieron su trabajo en Honduras en 2020 por pandemia

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Tegucigalpa, 29 mar (EFE).- Unas 400.000 personas perdieron su trabajo en 2020 como consecuencia de la pandemia de la covid-19 en Honduras, país donde el subempleo afectó a siete de cada diez trabajadores, según estimó este lunes la Universidad Nacional Autónoma del país (Unah).

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La medición censal de la migración en Honduras

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En el fenómeno migratorio hondureño se destaca la poca, aunque no despreciable, movilidad interna en comparación con otros países de América Latina, que tiene como destino zonas de mayor desarrollo, asociadas a la infraestructura socioproductiva. El país no ha sido atractivo para la inmigración, pero recibió poblaciones de países vecinos debido a los conflictos bélicos de la región centroamericana.

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Después de las masacres de San Fernando, en 2010 y 2011, las autoridades mexicanas no actuaron para proteger a las personas migrantes que cruzan el país. En mayo de 2012 se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León. Nuevamente en la ruta migrante.

La primera reacción de las autoridades de Nuevo León fue denegar que se trataba de personas migrantes.

Sin embargo, de los 49 restos (42 hombres y 7 mujeres) se han identificado únicamente 13 de ellos. Denacionalidadhondureña, mexicana, costarricense. Más adelante, se corroboró la realizada por la Comisión Forense donde participa el identidad de ocho personas hondureñas Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de PGR así como 11 organizaciones de la sociedad civil. En Julio de 2014 estos cuerpos fueron entregados a sus familiares en Honduras.

Sin tener ninguna información sobre la identidad de las víctimas, las declaraciones iniciales de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León manifestaron abiertamente que dichos restos correspondían a miembros del crimen organizado, lo cual hubiera "explicado" la brutalidad utilizada en contra de las víctimas. Dicha interpretación carece de sustento y re-victimiza a las personas masacradas.

No se puede descartar la posibilidad de encontrar más personas migrantes centroamericanas, pues se podría tratar de otra ejecución extrajudicial masiva de personas en situación de migración durante su tránsito por México. Al igual que en los casos anteriores en San Fernando, Tamaulipas, en la masacre de Cadereyta persistenmalas prácticas en la investigación penal, en el trabajo forense y en la identificación de los restosencontrados.

A pesar de que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho ha interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la máxima instancia nacional en materia de derechos humanos sigue sin pronunciarse sobre la masacre de Cadereyta.

Tanto la PGJ Nuevo León como la Procuraduría General de la República (PGR) continúan con los procesos de integración de una investigación ministerial sobre los hechos.

En junio de 2012, fueron arraigados dos hombres pertenecientes al crimen organizado, identificados como los principales encargados de realizar el traslado de los cuerpos.Uno de ellos afirmó que la matanza fue ordenada por un jefe de un grupo criminal. Sin embargo, no hay claridad sobre los hechos, los perpetradores y aún menos sobre los motivos de esta masacre.

El caso de 49 torsos encontrados en la carretera de Cadereyta, en los medios de comunicación
Hechos
La Jornada / 14 de mayo 2012

Hallazgo de los cadáveres mutilados de 49 personas en la carretera libre a Reynosa, en el municipio de Cadereyta. A lado de los torsos se encontraba una manta firmada por un grupo del crimen organizado.

Excélsior / 23 de mayo del 2012

Los códigos genéticos y el ADN de los 49 torsos, que fueron localizados en Cadereyta fueron subidos a la red de datos de la Procuraduría General de la República para que sean comparados con aquellos de las procuradurías de todos los Estados. Desconocimiento del origen de las personas.
Responsabilidad y perpetradores detenidos
El Economista / 21 de mayo del 2012

La masacre de 49 personas fue ordenada por Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, con el objetivo de que los torsos fueran arrojados en la plaza principal de Cadereyta para incriminar al Cártel del Golfo de acuerdo al general Édgar Luis Villegas Meléndez.
Los Zetas se deslindan de masacre en Cadereyta
Animal Político / 16 de mayo de 2012

Mantas colocadas por Los Zetas en Zacatecas y en San Luis Potosí para deslindarse de los crímenes cometidos en Cadereyta Nuevo León. El grupo delictivo pide al gobierno que realicen de manera correcta su trabajo e investiguen.
Identificación de cuerpos
Zócalo / 11 de octubre 2012

Sin mencionar nombres se dio a conocer que ya fueron identificadas 5 de las 49 personas encontradas en el municipio de Cadereyta. Dichas personas son de nacionalidad centroamericana.
México: ¿quiénes son los muertos de Cadereyta?
BBC / 22 de mayo de 2012

Pese a la captura del ejército de una de los presuntos responsables de la matanza, aun no se aclara a quien pertenecen los torsos humanos. Las autoridades informan que entre las víctimas podría haber migrantes.
Masacre de Cadereyta: cuando el dolor es impronunciable
En el Camino / 13 de mayo del 2012

Entrega de mutilados hondureños a su país. En especial el caso de un joven llamado Fabricio quién fue entregado a su madre. La indiferencia de los gobiernos involucrados se resalta.

Crean equipo forense para identificar a migrantes masacrados

Proceso / 22 de agosto de 2013.

Familiares de migrantes y grupos civiles de Centroamérica y México firmaron hoy un convenio con la PGR para crear una comisión forense que coadyuve en la identificación de migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, y el municipio nuevoleonés de Cadereyta.
Responsabilidad del Estado
Milenio / 30 de junio de 2012

La Secretaría de Gobernación deberá buscar y entregar información relacionada con el hallazgo de los 49 torsos en Cadereyta, Nueva León. La Segob deberá entregar la información debido a la solicitud de un particular.
Exigencias de las familias
En el Camino / 20 de marzo de 2015

Familiares de migrantes desaparecidos y asesinados en México se reunieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 154 periodo de sesiones ordinarias, y reclamaron la creación de un mecanismo que involucre a los países de origen, tránsito y destino, para acceder a la justicia, a la reparación del daño y al compromiso de no repetición.
Acciones de transparencia
Juez en México ordena entrega de documentos sobre investigaciones de masacres

En un fallo de referencia que sentó jurisprudencia en materia del derecho a la verdad, por la primera vez un juez federal en México ha juzgado que tres masacres de migrante horrendos entre los años 2010-2012 constituyen violaciones claros de derechos humanos y declara que la Procuraduría General de la República (PGR) esta obligada entregar una versión publica de sus averiguaciones previas sobre los casos. Los dichos expedientes han sido ocultados en secrecía en medio de acusaciones de complicidad del estado y mal manejo de las investigaciones.
Informes relacionados de la FJEDD Migrantes desaparecidos: la tortura permanente

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El caso de 49 torsos encontrados en la carretera de Cadereyta, Nuevo León

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Después de las masacres de San Fernando, en 2010 y 2011, las autoridades mexicanas no actuaron para proteger a las personas migrantes que cruzan el país. En mayo de 2012 se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en

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redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron atacados con gases lacrimógenos desde helicópteros de las Fuerzas Armadas y reprimidos por la Policía Nacional según informaron los alumnos que protestaban en la Alma Mater.
En el presente régimen se ha vuelto "normal" que policías y militares ingresen a la ciudad universitaria a reprimir los estudiantes sin que las autoridades de la UNAH reclamen
Los universitarios protestaban exigiendo un alto al incremento del combustible, a los altos costos de la energía eléctrica y por el no al cierre del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

La respuesta del gobierno dictatorial fue enviar sus tropas policiales y militares a reprimir salvajemente a la comunidad estudiantil junto a todo el personal de la Unah en Tegucigalpa.

No bastó con la cantidad de policías que se acercaron en las afueras de la universidad para enfrentar y castigar a los estudiantes, sino que se dieron el lujo de enviar 4 helicópteros de las FF.AA para atemorizar y disparar gases lacrimógenos en todo el campus universitario.

Los empleados y dueños de las cafeterías y otros negocios que operan dentro del campus universitario abandonaron sus locales para no morir asfixiados ante la enorme cantidad de gases con que atacaron las denominadas "fuerzas del orden".

La pregunta que se hacen los estudiantes es: ¿Dónde están las autoridades universitarias, demandando justicia y el respeto a la huelga estudiantil?

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Desde helicópteros, militares gasean estudiantes en la UNAH " Criterio.hn

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redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron atacados con gases lacrimógenos desde helicópteros de las Fuerzas Armadas y reprimidos por la Policía Nacional según informaron los alumnos que protestaban en la Alma Mater.

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Honduras amaneció bajo protestas este jueves tras el llamado de maestros y médicos a una jornada extendida de manifestaciones, en el marco de un denominado " Paro Nacional ", que hasta ahora deja tomas de carretera en varios municipios de la zonas norte y central de Honduras.

Maestros y médicos hondureños iniciaron un paro para exigir la derogación de dos decretos ejecutivos denominados PCM por considerar que ambas iniciativas de ley están orientadas a la privatización de la salud y la educación, y a despidos masivos de personal.

Los manifestantes protestan en varias ciudades del país con cierres de vías y quema de neumáticos, mientras que la Policía ha comenzado a dispersarlos con gases lacrimógenos.

En San Pedro Sula se reportan protestas con toma de carreteras. Fue tomado el bulevar de la colonia Fesitranh, que conduce a la ciudad de Choloma. Los manifestantes pusieron llantas ardiendo en llamas. Sin embargo, a las 8:30 am la Policía los dispersó con bombas lacrimógenas.

Un centenar profesores del sector de La Lima se tomaron en este instante el bulevar del Este, que comunica a El Progreso, Yoro, con San Pedro Sula, Cortés. La toma es exactamente en la entrada a La Planeta.

A la altura de Quebrada Seca de El Progreso, departamento de Yoro, (salida a Tela, Atlántida) un contingente policial se enfrentó a los manifestantes y -en principio- logró desalojarlos. Sin embargo, después el grupo se hizo más grande y volvieron a apoderarse del puente.

En Tegucigalpa se espera se concentren las protestas y también en otros municipios de la zona central de Honduras, en cumplimiento al llamado Paro Nacional que fue convocado por la Plataforma en Defensa de la salud y la Educación.

Eesta mañana también fue tomado otro punto de la carretera que conduce hacia el Puerto de Tela, Atlántida, exactamente a la altura de la comunidad de Toyós. Los manifestantes negocian con algunos conductores y los dejan pasar. (Tráfico lento en este sector).

Al menos cien bombas lacrimógenas fueron lanzadas esta mañana en el municipio de Cane, La Paz, por elementos de la Policía Nacional de Honduras. Los manifestantes lanzaron piedras a los uniformados.

Algunas empresas como Transporte Cristina paralizaron sus labores.

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) convocaron a protestas a partir de las 8:00 am desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) rumbo al Congreso Nacional de Honduras.

Las clases fueron suspendidas por la Unah a nivel nacional. Sin embargo, los estudiantes se apoderaron de las instalaciones de la Unah-VS (Valle de Sula), ubicadas en San Pedro Sula.
Antecedentes.
El Gobierno hondureño aprobó ayer un decreto que establece que dos iniciativas de ley para la transformación en las áreas de Salud y Educación no incluyen la privatización de los servicios ni despidos masivos de personal, lo que había motivado que maestros y médicos iniciaran este jueves un paro parcial.

La Presidencia hondureña indicó hoy en un comunicado que el decreto ejecutivo PCM-023-2019 fue aprobado anoche por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en el Consejo de Ministros.

Un docente dijo en medio de las protestas que a pesar de la aprobación en el Congreso Nacional de esta ley, "al no contraponerse a los anteriores decretos PCM, estos siguen vigentes y por lo tanto la lucha continuará".
Noticia en desarrollo...

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Honduras: Policía y militares gasean aeropuerto, manifestaciones en todo el país. - Diario El Liberal Honduras

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San Pedro Sula, Honduras. Honduras amaneció bajo protestas este jueves tras el llamado de maestros y médicos a una jornada extendida de manifestaciones, en el marco de un denominado "Paro Nacional", que hasta ahora deja tomas de carretera en varios municipios de la zonas norte y central de Honduras. Maestros...

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Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina

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Introducción

El 28 de junio de 2009, en Honduras, la democracia se puso en tensión; también se pusieron a prueba las capacidades del sistema interamericano para evitar golpes de Estado y la interrupción de la institucionalidad. Hasta el momento, se pensaba que los cuartelazos eran cosa del pasado, pues en los últimos 15 años ningún intento de asonada militar había tenido éxito en América Latina. Lo sucedido en Honduras rompió con la creencia de que se había superado la apelación a los militares para resolver diferendos políticos o crisis de gobernabilidad. Los militares fueron la pieza decisiva para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Solo con su apoyo fue posible sacarlo de la residencia presidencial y llevarlo a Costa Rica contra su voluntad. Si el presidente hubiera sido juzgado en el país por los poderes Judicial y Legislativo se hubiera desatado una grave confrontación política, más aún cuando algunos sectores populares respaldaban fuertemente a Zelaya. El gobierno de facto instalado tras el golpe, encabezado por Roberto Micheletti, sobrevivió en medio de un gran rechazo externo, sostenido por una oligarquía cohesionada y convencida de que derrocar a Zelaya, sin importar los costos, implicaba salvar al país del chavismo. Fue un golpe de Estado exitoso, restaurador de un viejo orden oligárquico que se pensaba superado.

El poder de las Fuerzas Armadas

Históricamente, tal como sucedió en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas hondureñas supervisaron y controlaron a la ciudadanía: más que orientadas a la defensa externa, se configuraron como una fuerza de control político interno. Desde el siglo XIX Honduras fue definido como un "país bananero", con una pequeña elite económica local apoyada por compañías estadounidenses, que gobernaba con la mano dura de los militares. Desde el inicio del proceso de democratización, sin embargo, parecía que el país se modernizaba políticamente al ritmo del resto de América Latina. Pero como también ocurre en otros países de la región, el incompleto control democrático sobre los militares funcionó como el elemento decisivo de la ruptura del Estado de derecho. A ello se agrega una conducción civil muy débil por parte de Zelaya, elegido presidente en 2005, quien había emprendido políticas que polarizaron al país, acercándose a la liga bolivariana encabezada por Hugo Chávez. Esto activó la resistencia de la oligarquía, la clase política tradicional encabezada por el Partido Nacional y sectores conservadores de la propia fuerza política de Zelaya, el Partido Liberal, liderados por Micheletti, además de la resistencia de la justicia y los sectores medios. A esta cruzada anti-Zelaya se agregaron los factores de poder más importantes de la política hondureña, que solo actúan en el momento preciso: los militares y el clero. El golpe de Estado hizo trizas el principio firmado por los países latinoamericanos en la Carta Democrática Interamericana, en el sentido de que ya no eran posibles los golpes militares, ni viables ni legítimos los gobiernos emanados de ellos. Micheletti pudo gobernar Honduras por más de seis meses y resistió el embate de la comunidad internacional, principalmente de América Latina y Estados Unidos.

Algunos antecedentes históricos

Aunque Honduras no experimentó una guerra civil como sus vecinos, fue parte activa de los conflictos regionales y su territorio funcionó como base de operaciones de grupos paramilitares. Fue en esa etapa, en los 80, cuando se solidificó la relación entre las Fuerzas Armadas hondureñas y las estadounidenses: Honduras se convirtió en un aliado de EEUU en la estrategia de derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua y en el esfuerzo para evitar el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Las Fuerzas Armadas de Honduras se beneficiaron de esta alianza: Honduras adquirió, mediante préstamos muy generosos, un escuadrón de aviones F-5, con lo cual EEUU le otorgó un rol privilegiado a la Fuerza Aérea de ese país. En reciprocidad, el gobierno hondureño permitió a EEUU el uso militar del aeropuerto de Palmerola-Soto Cano, donde se estableció una fuerza estadounidense que permanece hasta hoy, empleada para la guerra contra el narcotráfico en la región.

Pese al proceso de democratización del sistema político que se inició en 1980 con las elecciones para la Asamblea Constituyente, las Fuerzas Armadas de Honduras lograron conservar un lugar protagónico, sin desaparecer del juego público, ya fuera como importantes agentes económicos o como agentes del orden público. En los 90, una vez producidas las transiciones a la democracia en el istmo centroamericano, la debilidad institucional y legal favoreció la extensión de las actividades delictivas, con el avance del crimen transnacional cometido por las maras. Honduras pasó de situarse en el ojo del huracán de las guerras de los 80 a sufrir una clara descomposición social producto de la debilidad del Estado y de las condiciones sociales que ubican al país -junto a Haití, Bolivia y Nicaragua- entre los más pobres del continente.

La ausencia de juicios a los militares por los abusos de derechos humanos cometidos durante los gobiernos autoritarios creó un sentido de impunidad que se diseminó en la sociedad y en los organismos de seguridad. Ni las policías ni los ciudadanos hondureños han internalizado la idea de rule of law, de imposición del derecho y supremacía de la justicia. El sistema de sanciones es arbitrario y no prevalecen reglas éticas y morales que garanticen el cumplimiento de la ley. Pese al aporte de los organismos de defensa de derechos humanos, son conocidos la parcialidad y el descrédito de la justicia.

La reducción de las fuerzas militares hondureñas, parte de las reformas civiles que se implementaron también en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, incluyó el fin del servicio militar obligatorio y la creación de un sistema voluntario. Este cambio no apuntaba a la necesidad de profesionalizar a las Fuerzas Armadas: su objetivo era eliminar un mecanismo de control social en un contexto en el cual se había redefinido la escala de las amenazas tras los acuerdos de paz en los países vecinos. Así, la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, aprobada en octubre de 2001, fijó una serie de pautas para instaurar la supremacía civil y ratificó el carácter de servidores públicos de los militares, pero no estableció una política de defensa clara.

A esta situación hay que agregar el contexto de una sociedad altamente polarizada, con una reducida clase alta y media alta y una ampla clase baja marginalizada. El desempleo es elevado y la movilidad social, bajísima. Todos estos elementos limitan las oportunidades de inserción social y económica. En este contexto, los jóvenes tienen pocas oportunidades de mejorar su futuro. En consecuencia, la alternativa de sumarse a las maras o a otros grupos criminales es una opción atractiva para muchos. Si a esto le añadimos que en muchos casos los jóvenes solo alcanzan una educación precaria, que provienen de hogares desintegrados o a cargo de una madre que trabaja -entre otras razones, por la migración masculina a EEUU-, entonces es posible entender cierta predisposición a no respetar las reglas, así como el alto grado de alcoholismo y uso de drogas. El resultado es una fuerte cultura de la clandestinidad, proclive a la transgresión de la ley, en la cual la impunidad se transforma en resentimiento social y, en momentos de crisis, también en resquemor político.

El golpe de Estado

El artículo 272 de la Constitución de Honduras establece que las Fuerzas Armadas son profesionales, no deliberativas y apolíticas y que están supeditadas al control civil. Sin embargo, en ese mismo artículo se les otorgan funciones políticas: "defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República". Esas contradicciones en la definición misma de sus funciones explican el papel político de los militares hondureños.

El golpe de Estado fue precedido por una serie de medidas que anticipaban la ilegalidad de las decisiones de Zelaya. El 8 de mayo, el Procurador General de la Nación, actuando como garante de la Constitución, solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección no inmediata del presidente. Antes de consumarse el golpe de Estado, el 25 de junio, el presidente Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta del domingo siguiente (28 de junio), que abriría el camino a esa reforma constitucional. La consulta fue declarada ilegal por la Fiscalía, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. La Corte Suprema ordenó a Zelaya que restituyera a Vásquez en su cargo, ahondando el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Dos días antes de la asonada, Vásquez había negado la posibilidad de un golpe: "Nosotros [los militares] estamos más bien buscando el uso de la razón y no de la fuerza para que los conflictos se resuelvan en la mesa del diálogo", afirmó en entrevista telefónica que ofreció desde Tegucigalpa, y agregó: "Los tiempos [de golpes militares] han cambiado, la institución tiene como estrategia el fortalecimiento de la democracia". Según el defensor de los Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón, Vásquez tiene conocidos lazos con el narcotráfico: "Él es un hombre de la comunidad de inteligencia de América Latina, cercana a las estructuras de la DEA y la CIA". La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto Nº 141-2009 del 28 de junio de 2009 acordaba separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras por las reiteradas violaciones a la Constitución. En un informe solicitado por el Congreso de EEUU, se sostiene que se aplicó la ley constitucional en sintonía con el sistema legal hondureño. "Sin embargo, el traslado del presidente a otro país fue en abierta violación del Artículo 102 de la Constitución, lo que aparentemente está bajo investigación de las autoridades hondureñas." Los artículos 304 y 306 de la Constitución permiten llamar a la fuerza pública para hacer cumplir con los mandatos de la Corte. Pero nada dicen todas estas figuras jurídicas de deportar a Zelaya, de noche, y trasladarlo a Costa Rica en un avión militar. Más aún: el principal asesor legal de los militares admitió que "la decisión de sacarlo a Costa Rica la tomamos nosotros como Fuerza Armada". Curiosa legalidad.

La doctrina militar hondureña genera contradicciones. Vale la pena analizar esta frase de la página oficial de las Fuerzas Armadas: "Cuando las leyes pierden su efecto yendo contra el pueblo, los poderes públicos, el orden y la justicia que debe prevalecer bajo la fuerza de la libertad. Con sumo agrado le damos paso a la fuerza de la razón aunque esta esté sostenida por las armas". Y agrega, unos párrafos más adelante: "Nuestras Fuerzas Armadas observan con admiración el trabajo enorme de la Junta Militar de Gobierno, que tan solo en cuatro meses llegó a demostrarnos que para gobernar un pueblo, se hace justo y necesario llevarlo si es posible de la mano". El mensaje se torna aún más confuso cuando expresan: "Garantizamos que las Fuerzas Armadas vamos a actuar con profesionalismo y transparencia porque se ha demostrado en el pasado y en el presente que la institución castrense es totalmente apolítica. No hay sesgo, eso garantiza que somos servidores públicos, respetuosos de la autoridad constituida y estamos a la disposición del Tribunal Supremo Electoral". Estas frases demuestran que el comandante en jefe -es decir el presidente- no es su autoridad, que niega su pasado dictatorial y que afirma que son las Fuerzas Armadas las que determinan la supremacía de la ley.

La "amenaza chavista" permitió construir fantasías irracionales para justificar el golpe de Estado, como la que expresó el comandante del Ejército hondureño, general Miguel Ángel García Padget, quien afirmó: "Para un líder suramericano, Honduras, la sociedad hondureña, sus Fuerzas Armadas pararon ese plan expansionista de llevar al corazón de EEUU un socialismo disfrazado de democracia". Pero sin duda la expresión más contundente del rol político que jugó el Ejército fue la del coronel Herberth Bayardo Inestroza, principal asesor jurídico de los militares: "No hay que ser tan inteligente para darse cuenta de lo que ha sucedido en Bolivia, Ecuador y Venezuela, para saber qué es lo que viene. En esos países han establecido control sobre el ejército, y controlando el ejército se da lo demás". Reveladoras declaraciones, que dan cuenta de que la prescindencia política no es una cualidad de los militares hondureños.

El golpe, de acuerdo con los objetivos de los grupos conservadores, fue exitoso, pues logró extirpar la amenaza chavista, cuyo símbolo era Zelaya. Las fuerzas de izquierda que habían participado del gobierno y ocupado segmentos importantes del Partido Liberal fueron excluidas, y se reconstruyó la "legalidad" política mediante las elecciones del 29 de noviembre, donde se impuso el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, quien asumió la Presidencia el 27 de enero de 2010. La democracia hondureña apareció como restaurada y la normalidad política y las relaciones externas del país fueron rehabilitadas.

El sistema interamericano en su laberinto: dos diplomacias en tensión

Antes de la asonada en Honduras, uno de los últimos intentos exitosos de golpe de Estado en América Latina había ocurrido en abril de 1992 en Perú, cuando Alberto Fujimori disolvió las dos Cámaras del Congreso para ampliar los poderes presidenciales, lo que fue considerado un atentado de un poder del Estado sobre otro. Pero no fue una asonada militar. En 1993, Jorge Serrano intentó algo similar en Guatemala, tratando de imitar a su amigo peruano, pero fracasó y tuvo que renunciar. En otras palabras, Serrano no consiguió el respaldo de los militares, que sí había obtenido Fujimori, y por eso no logró su objetivo. En Haití, el general Raoul Cedrás lideró un golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, quien logró retornar a su cargo tras una negociación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo la presión de Bill Clinton. Los episodios golpistas continuaron. Ya en el siglo XXI, el 11 de abril de 2002, se intentó infructuosamente derrocar a Hugo Chávez. El gobierno de facto -que contaba con el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas- no duró más de 40 horas y Chávez regresó airoso al poder, respaldado por la comunidad interamericana y por la Organización de Estados Americanos (OEA), que emitió una enérgica condena a la ruptura de la constitucionalidad en Venezuela. Más tarde, a inicios de 2004, la grave y larga crisis de gobernabilidad en Haití llevó a la caída del presidente Aristide, quien buscó refugio en el exterior. Con ello se inició una etapa de ocupación internacional del país que se prolonga hasta hoy, en lo que en su momento fue calificado por sectores diplomáticos y políticos como un atentado a la soberanía del empobrecido país. En Ecuador, las recurrentes crisis de gobierno han llevado a la destitución, renuncia o revocación de diferentes presidentes, aunque no como resultado directo de golpes de Estado.

Con estos antecedentes, la crisis de Honduras no tomó completamente por sorpresa al sistema interamericano. La Carta de la OEA sostiene que la soberanía de los Estados es un elemento fundamental que debe regir las relaciones entre los países. Pero al mismo tiempo muchos documentos de la organización, elaborados y consignados por gran cantidad de gobiernos, aluden a la aplicación de embargos, suspensiones o expulsiones (Honduras fue suspendido, lo cual no preocupó mucho al gobierno de facto) si la democracia es vulnerada. La OEA está entrampada entre, por un lado, la necesidad de respetar la soberanía y la autodeterminación política, y, por otro, la urgencia de la acción internacional tras atentados contra la democracia o gravísimas crisis de gobernabilidad, que pueden llevar al despliegue de fuerzas militares multinacionales como en Haití.

El golpe de Estado en Honduras generó una fuerte polémica. El repudio provino principalmente de la diplomacia multilateral, encabezada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien diseñó el "Plan Arias" para lograr la restauración de Zelaya. Sin embargo, el mismo día del golpe las tensiones geopolíticas y militares se incrementaron. Chávez amenazó incluso con realizar una acción militar en Honduras, lo que polarizó el debate sobre las soluciones posibles a la crisis. Esto puso en guardia a las Fuerzas Armadas hondureñas, que volvieron a encender luces de alarma una semana después, el 5 de julio, cuando un avión argentino intentó aterrizar en Tegucigalpa: viajaban, además de Zelaya, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El intento fue impedido por el despliegue de transportes militares en la pista de aterrizaje. La OEA fue incapaz de activar los mecanismos interamericanos de resolución de conflictos. Quedó atrapada entre la diplomacia activa tradicional, expresada principalmente en el Plan Arias, la novedosa y sui géneris acción concertada bolivariana y la falta de activismo, los dos primeros meses, de los países más influyentes del continente (Brasil, EEUU, México e incluso Cuba, con una influencia importante en el Caribe y muchos intereses en Honduras a través de sus cooperantes médicos). A esto se añade la fuerte cohesión del gobierno golpista, que logró resistir todos los embates externos.

La primera medida de la OEA fue la suspensión de Honduras. El secretario general de la organización, José Miguel Insulza, se sumó a la propuesta de intentar la restitución de Zelaya mediante una negociación en el contexto del Plan Arias. A este esfuerzo, en los meses de julio y agosto, se agregó la condena al gobierno de facto por parte de casi todos los países del hemisferio y de Europa. Pero esto no amilanó a los golpistas. Hacia mediados de septiembre, el gobierno de facto ya había consolidado su posición y Zelaya, como presidente itinerante, no tenía muchas opciones. Optó por la más audaz: reingresó a Honduras desde El Salvador y buscó refugio en la Embajada de Brasil, donde permaneció hasta el 27 de enero de 2010.

Los vínculos militares entre Honduras y EEUU

¿Cuál es la relación entre los militares estadounidenses y los hondureños? La tradicional presencia en Honduras desde comienzos de los 80 incluye actualmente a miembros de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, la Infantería de Marina y de Reservas. Además, EEUU mantiene una base militar en Soto Cano (Palmerola), ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde 1981, cuando fue activada por el gobierno de Ronald Reagan. Este aeropuerto fue utilizado como una base de operaciones de los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses entrenados y financiados por la CIA. La estrecha colaboración militar incluye asimismo la participación de oficiales hondureños en cursos de instrucción estadounidenses en mayor proporción que la de cualquier otro país de América. La relación es sólida en operaciones de paz, lucha antinarcóticos y ayuda humanitaria. Con posterioridad al golpe contra Zelaya, el Departamento de Estado indicó que "las tropas norteamericanas conducen y proveen de asistencia logística para una serie de ejercicios bilaterales y multilaterales (...) y seguirán conduciendo esas actividades regionales pese a la suspensión de la cooperación con el régimen de facto o las Fuerzas Armadas hondureñas". Los militares hondureños son conscientes de la importancia de estos lazos. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Vásquez Velásquez, aseguró al diario local La Prensa que EEUU es el aliado militar más importante del país. Por su parte, el actual comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas, al igual que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez. La vinculación preferencial también se refleja en la visita del pastor Stuck Johnson, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, a los miembros del Cuartel General de las Fuerzas Armadas hondureñas, a quienes felicitó por el rol de la institución en el golpe. Al finalizar el evento, el general Romeo Vásquez entregó al pastor un obsequio como muestra de hermandad y respeto. La posición de EEUU fue ambivalente. El gobierno deportó a Honduras a Bianca Micheletti, hija del presidente de facto, que trabajaba en la embajada hondureña en Washington. Pero, por otra parte, el embajador estadounidense ante la OEA, Lewis Anselem, calificó de "irresponsable e idiota" el regreso de Zelaya a su país. En general, se esperaban decisiones más contundentes por parte de Barack Obama. Por otra parte, se logró detener el bloqueo del Congreso de EEUU para la designación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y de Thomas Shannon como embajador en Brasil a cambio de reconocer el resultado de las elecciones en Honduras. Según Robert White, el senador republicano Jim DeMint logró que el Departamento de Estado admitiera que "es esencial que estas elecciones [en Honduras] se lleven a cabo y sean reconocidas". Los legisladores republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln y Mario Díaz-Balart viajaron a Honduras, en una visita no oficial, ratificando la ambigüedad y la división que existe en EEUU respecto a la posición frente al golpe de Estado. Ellos viajaron en apoyo al gobierno de facto y en rechazo a la política estadounidense de condena a la asonada militar. La directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre las consecuencias de esta jugada: "Estos miembros del Congreso tuvieron una regresión a la mentalidad de la Guerra Fría. Es tiempo de que se den cuenta de que estamos en 2009".

Hay que recordar también que Zelaya dijo que el avión militar hondureño que lo envió a Costa Rica hizo una escala para reabastecerse de combustible en la base estadounidense en Soto Cano. Si bien Robert Appin, portavoz del Comando Sur, lo negó en un correo electrónico enviado a The Associated Press, resulta difícil aceptar que hubo un desconocimiento total por parte de las fuerzas norteamericanas. Los objetivos de despliegue de las Fuerzas Armadas de EEUU fuera de su territorio en cuerpos multinacionales, según expresa su posición estratégica, dan pie a pensar que al menos conocían los movimientos de las tropas hondureñas. Durante una visita a Brasil, Zelaya habló de la escala en Soto Cano y manifestó sus sospechas acerca de la complicidad de EEUU, aunque agregó que no cree que hayan estado involucrados altos funcionarios del gobierno de Obama.

Pero así como no está claro hasta qué punto EEUU estaba informado del golpe, tampoco pudo dilucidarse si conocía la operación de regreso de Zelaya a Honduras, ni si Brasil comunicó anticipadamente su decisión de otorgar refugio al ex-presidente. Ambas informaciones deberían aclararse para disipar las dudas acerca del comportamiento del gobierno de Obama.

La organización "School of the Americas (SOA) Watch", que propone cerrar la Escuela de las Américas, asegura que el golpe confirma los efectos desestabilizantes de los graduados de esa institución. La Escuela de las Américas, que pasó a llamarse Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, entrenó, como ya se señaló, a numerosos militares hondureños. No obstante, no hay reportes de SOA Watch que confirmen la participación directa de militares norteamericanos en el golpe. Es cierto que, desde la asunción de Obama, no se han realizado cambios en el Comando Sur, y que la Embajada de EEUU en Honduras es una de las más pobladas del hemisferio, pero esos datos no son suficientes como para afirmar que los militares estadounidenses estuvieron directa o indirectamente involucrados en la crisis de Honduras.

En todo caso, la indefinición del gobierno de Obama fue evidente. Osciló entre sumarse a la posición predominante en América Latina de condena al golpe y reclamo de retorno de Zelaya, al reconocimiento de las elecciones antes de su realización, como forma de restaurar la democracia, sin insistir en la vuelta del presidente depuesto al poder. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, señaló ante la OEA que la elección no implicaba legitimar el golpe de Estado, sino que constituía una oportunidad para permitir al pueblo ejercer su soberanía. Pero la actitud tiene consecuencias imprevisibles. El periodista Tim Padgett, que realizó una serie de notas en Honduras, advirtió los errores del gobierno de Obama: no solo la aceptación de las elecciones sino también la vuelta a la Guerra Fría que implicó la instalación, sin consulta con los vecinos, de bases militares en Colombia. Padgett citó a Christopher Sabatini, director del Consejo de las Américas: "No se puede usar una elección para limpiar la pizarra después de un golpe de Estado. Ello solo amenaza con hacer retroceder las normas democráticas en América Central por décadas". Y no fue la única posición contraria al reconocimiento de los comicios. La analista hondureña Leticia Salomón afirmó: "Cómo es posible que se garantice que las elecciones serán legales si están los militares en la calle, con sus fusiles apuntando a la ciudadanía y dispuestos a reprimir, cómo es posible que haya sectores retardados en el ámbito internacional que estén pensando reconocer estas elecciones donde los militares juegan un papel de gendarme".

Por último, cabe concluir este análisis preguntándose si los militares serán sujeto de juicio político o judicial por su actuación fuera de la ley en el golpe del 28 de junio. Por el momento no se vislumbra esta posibilidad. Por ello, seguramente se fortalecerá su rol político como "garantes de la estabilidad", rol autoasignado por la autonomía real de la que gozan, por encima de los poderes del presidente, el Congreso y la Justicia. Está claro que el 28 de junio la ley se violó en dos sentidos: se rompió la "cadena de mando" constitucional, al subordinarse a otros poderes del Estado (el Legislativo y el Judicial) en lugar del Ejecutivo, y no se actuó conforme a derecho en la captura y traslado de Zelaya a Costa Rica. Por eso, si no se revisa, política y legalmente, la actuación de los militares en la crisis, se habrá retrocedido notablemente en los tibios avances que se habían logrado en la construcción de relaciones cívico-militares democráticas.

Palabras finales

La crisis de Honduras genera importantes repercusiones en los sistemas de prevención de conflictos tanto a escala regional como hemisférica. Los mecanismos subregionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Tratado Marco de Seguridad Democrática, fueron rebasados. Igualmente, la Carta Democrática Interamericana mostró ser un documento no vinculante, ante la imposibilidad de ser usado como referente multilateral con resultados efectivos para hacer retroceder una violación del orden democrático. Reaparece así la amenaza a la democracia en Honduras, y en el resto de la región, mediante la utilización de las Fuerzas Armadas como soporte para resolver conflictos políticos. En Honduras se reconstituyó la institucionalidad política tras las elecciones del 29 de noviembre de 2009 y la asunción de Lobo, pero la democracia quedó herida y debilitada.

En este marco, no hay que soslayar la importancia de efectivizar la conducción democrática de las Fuerzas Armadas. Para evitar que esta historia trágica se repita en otro país, pues el golpe es una amenaza para todos los pueblos de América Latina, es necesario garantizar el control civil pleno de las Fuerzas Armadas. La búsqueda de un equilibrio entre la estabilidad económica y política, por una parte, y la terquedad de perdurar en el poder, por otra, puede derivar en un descuido a la necesaria institucionalización de los militares. Con ello se avalan diferentes formas de autonomía militar, que encubren el temor a actuar sobre las Fuerzas Armadas, consideradas como el único actor con capacidad de plantear una alternativa al recambio democrático, o el temor a perder un aliado utilizable como soporte político ante una imprevista pérdida de dominio. O, como hemos visto en Honduras, se crea el riesgo de una restitución conservadora, ilegítima y antidemocrática, que nunca hubiera triunfado sin la arbitraria colaboración de los militares.

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La cuestión militar. El golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano | Nueva Sociedad

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Introducción El 28 de junio de 2009, en Honduras, la democracia se puso en tensión; también se pusieron a prueba las capacidades del sistema interamericano para evitar golpes de Estado y la interrupción de la institucionalidad.

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La guerra y sus variaciones proporcionan otro conjunto de incidentes que pueden conducir a una crisis. La perdida de la vida y las propiedades y la amenaza de la identidad nacional y al modo de vida que se ha elegido, tienen implicaciones de largo alcance para los sobrevivientes.

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Informe de Situación No.10: Honduras Tormentas Tropicales Eta e Iota

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Entre el 01 y el 16 de noviembre, Honduras fue afectada por dos fenómenos naturales, el primero la depresión tropical Eta y luego el huracán Iota, que ingresó como tormenta tropical. Ambos generaron fuertes impactos en diversas áreas del país.

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Los efectos agudos incluyeron síntomas como perturbaciones en la memoria, pesadillas, insomnio, irritabilidad y angustia. Los síntomas persistentes después de pasada la fase aguda fueron ansiedad continua, fobias, depresión, creciente utilización de estimulantes y depresores y perdida del interés en las relaciones sexuales, búsqueda recreativas y socialización en general.
Los síntomas en los niños incluyeron continuas perturbaciones en el sueño, falta de interés en la escuela y temor a futuros desastres. Entre los efectos más duraderos  en el carácter y estilo de vida  estuvieron un sentimiento de culpa, vergüenza por haber sobrevivido, duelo no resuelto por la perdida de los eres queridos y por la de la forma de vida, sentimiento de desesperanza y falta de sentido en la vida y confianza disminuida.

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Titchener y otros (1976) agruparon las reacciones al desastre en:

1. Efectos agudos del impacto.

2. Síntomas que persistieron por meses y años después.

3. Los más  penetrantes trastornos en el carácter y estilo de vida.

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Una de las Características más demoledoras de los desastres es que pueden afectar a mucha gente al mismo tiempo. Cientos de personas pueden morir, y dejar a muchos con el enfrentamiento de las pérdidas. La consecuencia inmediata de los desastres (como son los incendios, inundaciones, tornados y accidentes de aviación) es, en efecto, un estado de urgencia, se debe acudir a la acción inmediata para salvar vidas y atender a los heridos.

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Tiempo.hn | Noticias de última hora y sucesos de Honduras. Deportes, Ciencia y Entretenimiento en general.

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Tres muertos y varios heridos deja asalto a bus en Siguatepeque

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Tres personas muertas y varios heridos fue el resultado de un intento de asalto a un bus de ruta en la aldea El Socorro de Siguatepeque.

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”...Al respecto, la expositora detalló que las mujeres víctimas de violencia no deben esperar a que haya golpes para denunciar, sino hacerlo desde el momento en que se sienten vulneradas psicológicamente, pues la violencia es un ciclo que suele iniciar con palabras pero que puede terminar en un femicidio, sobre todo partiendo del hecho de que “siempre que hay violencia física, hubo antes violencia psicológica”...”

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Honduras es el segundo país con mayores índices de violencia contra la mujer en Centroamérica, un fenómeno que empeoró durante el confinamiento del último año, afectando a este grupo poblacional, más que la propia pandemia.

Así lo señaló este jueves la especialista en género con más de tres décadas de experiencia en la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas y fundadora de la Red Regional de Mujeres del Sur y de la Mesa Sectorial de Género Región 13, Golfo de Fonseca, Blanca Azucena Guevara, en el marco de la conferencia Violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, desarrollada por el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

"El confinamiento exacerba la violencia doméstica y el maltrato familiar y oculta el hecho de que las mujeres estamos siendo más afectadas por violencia machista que por la pandemia de COVID-19", dijo, en referencia a la violencia doméstica, definida como todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica y sexual.

Según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), los departamentos con mayores índices de violencia doméstica e intrafamiliar son Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida Comayagua, Copán, Olancho y Choluteca, sumando hasta el mes de mayo a nivel nacional, al menos 23,000 denuncias al 911.

Al respecto, la expositora detalló que las mujeres víctimas de violencia no deben esperar a que haya golpes para denunciar, sino hacerlo desde el momento en que se sienten vulneradas psicológicamente, pues la violencia es un ciclo que suele iniciar con palabras pero que puede terminar en un femicidio, sobre todo partiendo del hecho de que "siempre que hay violencia física, hubo antes violencia psicológica".

Por su parte la jefa de la Oficina de Violencia Domestica de la Unidad Departamental de Policía número 6 (UDEP 6) de Choluteca, Ana Leticia Hernández, destacó la importancia de identificar correctamente los tipos de violencia y la comunicación interinstitucional para poder darle la atención oportuna a cada caso, a fin de evitar consecuencias trágicas para las víctimas.

"Para prevenir agresiones se debe tener claro que la violencia ya sea doméstica o intrafamiliar es un problema que se repite una y otra vez; inicia con la tensión, la segunda etapa es la violencia misma y luego viene el arrepentimiento", expuso.

Con base en su experiencia en la atención de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, compartió con la audiencia lo siguientes consejos:

En lugar de ignorar el problema, hablar con alguien de confianza.

Brindar ayuda a cualquier familiar, vecina o amiga que esté siendo abusada

No tratar de razonar directamente con el abusador

Interponer la denuncia ante la autoridad competente

A continuación, el enlace para acceder a la grabación de la conferencia: https://www.facebook.com/SBUNAH/videos/250382893428305.

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Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología

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Violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, la realidad de miles de mujeres en Honduras

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Honduras es el segundo país con mayores índices de violencia contra la mujer en Centroamérica, un fenómeno que empeoró durante el confinamiento del último año, afectando a este grupo poblacional, más que la propia pandemia.

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LA FASE FINAL, de integración y resolución puede iniciar con la salida de las emociones hacia la superficie , y la necesidad de hablar. En esta fase crítica es importante para la victima traslaborar sus sentimientos, desarrollar y aceptar una visión de sí misma que incluye la experiencia y subsanar sus sentimientos acerca de3l agresor.

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LA SEGUNDA FASE, la adaptación externa, incluye el retorno a la rutina normal y la supresión natural de sentimientos acerca de la violación de un intento por reducir la ansiedad y controlar las intensas emociones.

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Sutherland y Scherl (1976), describen una primera FASE AGUDA, que se caracteriza por conmoción, desmayo y ansiedad, que se prolonga de modo indefinido de algunos dias a unos meses.

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Acontecimientos relacionados con la actividad criminales que se han analizado desde los términos de la teoría de la crisis. Cómo ser el ataque físico, violación, robo con violencia, pueden entenderse como incidentes cuyas manifestaciones psicologícas de trastorno y desorganización que conducen a las victimas a crisis vitales de desastre total.

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Características de una Crisis Circunstancial

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Características de una Crisis Circunstancial

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1. LA APARICIÓN REPENTINA: En tanto a la lucha con los conflictos del desarrollo, por lo general, se desenvuelve en el curso de algunos años, las crisis circunstanciales parecen atacar todas al mismo tiempo.
2. IMPREVISIÓN: En tanto que individuos y familia puedan anticipar algunas transiciones de la vida, y de ese modo, prevenir una crisis.
3. CALIDAD DE URGENCIA: Puesto que muchas crisis circunstanciales amenazan el bienestar físico y psicológico, con frecuencia comienzan como urgencias que requieren de acción inmediata.
4. IMPACTO POTENCIAL SOBRE COMUNIDADES ENTERAS: Algunas crisis circunstanciales afectan a un gran numero de personas de modo simultaneo, y se requiere la intervención en grandes grupos de personas en un periodo relativamente corto.
5. PELIGRO Y OPORTUNIDAD: La desorganización que sobreviene, debe seguir con el tiempo una forma de organización. Esta tiene el potencial de trasladar a la persona y la familia a niveles más altos o más bajos de funcionamiento.

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Impactante choque: Seis muertos tras accidente de rastra con tres carros en Comayagua

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Una rastra se quedó sin frenos y provocó un choque en cadena con otros tres carros.

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Honduras podría cerrar 2021 con más de 3,500 homicidios, según expertos

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Honduras podría cerrar 2021 con más de 3,500 homicidios, un flagelo cuyo combate, según expertos consultados este martes por Efe, pasa por la prevención del delito y el fortalecimiento de la Policía de Investigación. Honduras, que ha figurado entre los países más violentos del mundo, sin vivir en gu...

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Este tipo de muertes, por otro lado, violan las expectativas individuales del sobreviviente. Aquellas pueden acaecer mediante muerte prematura (un niño), muerte repentina (como la de un adulto de mediana edad muere en un accidente automovilístico), o muerte desastrosa (imprevista, violenta, denigrante).

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Son aquellas en las que el sobreviviente percibido se iguala con el sobreviviente que se espera. Una persona que vive tanto como las estadísticas de las aseguradoras sugieren que debería, o tanto como una enfermedad física particular (cáncer por ejemplo) se lo permite; en este marco es susceptible de experimentar una muerte "a tiempo".

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Sucesos como el diagnóstico de una enfermedad grave, una cirugía, pérdida de algún miembro del cuerpo o incapacidad física, poseen el potencial como para considerarse una pérdida, amenaza o desafío; puesto que la enfermedad o las heridas físicas pueden provocar que las metas en la vida se vuelvan inalcanzables o con amenazar a la vida en sí misma.

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Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina

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Honduras es uno de los países más pobres del continente. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y 67,4% en pobreza relativa, concentradas especialmente en el área rural, donde 73,5% de los hogares viven en condiciones de pobrezaCit. en Rolando Sierra Fonseca: "Honduras: del golpe de Estado de 2009 a la crisis continuada" en Análisis Carolina No 16, 8/2019, p. 7.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. En medio de este escenario de desesperanza, la emigración es "ante todo una lucha por la supervivencia", lo que queda de manifiesto en dos importantes crisis migratorias recientes: la inédita emigración de miles de niños no acompañados en 2014 y las "caravanas de migrantes" que iniciaron su marcha en la terminal de buses de San Pedro Sula el 12 de octubre de 2018. De 9,9 millones de hondureños, alrededor de 945.000 residen en Estados Unidos, cerca de 90.000 en España y decenas de miles en México. Aproximadamente 300.000 hondureños huyeron hacia eeuu en 2019, en un contexto de crecientes medidas antiinmigratorias por parte de Donald Trump y del gobierno mexicano. En consecuencia, el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras registró un aumento de las deportaciones entre 2018 y 2019, con el retorno de 109.185 hondureños entre enero y diciembre de 2019, expulsados en su mayoría de México (64.649) y eeuu (40.984), de los cuales 24.040 eran niños. Frente a la ausencia de una política económica de reinserción laboral, la mayoría de los retornados intentan nuevamente emigrar, en algunos casos hasta diez veces. A pesar de las dificultades experimentadas en las últimas décadas, las remesas enviadas por los migrantes son el verdadero pulmón de la economía nacional y representan tres veces la inversión anual de la empresa privada. Estas cifras de migración internacional revelan la incapacidad del Estado para lidiar con los múltiples problemas del país, que incluyen, además de los altos niveles de pobreza, violencia, inseguridad, desempleo, corrupción e impunidad, conflicto agrario, crisis medioambiental y reunificación familiar.

La extrema violencia ocupa un lugar central en la cotidianidad hondureña, con una tasa de 41,4 por cada 100.000 habitantes en 2018. Se registraron 71.695 asesinatos entre 2004 y 2018, con un promedio de diez muertes violentas diariasInstituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad: Boletín del Observatorio de la Violencia No 52, 1-12/2018, p. 2.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. Uno de los sectores con mayor exposición al crimen organizado es el transporte. A modo de ejemplo, el 27 de febrero de 2020, el vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras, Rony Figueroa, fue baleado frente a su hogar. Días antes, Figueroa había denunciado la extorsión y violencia cometida contra su gremio y condenado públicamente la deficiente respuesta de las autoridades policiales frente a las amenazas de miembros de la Mara ms-13, que cobran el "impuesto de guerra" en su punto de taxi y llegaron a secuestrar a uno de sus colegas. Este no es un caso aislado. El 12 de marzo último, la prensa local anunció que los vecinos de una colonia de Tegucigalpa resolvieron la inseguridad a cuenta propia quemando vivo a un sicario que había asesinado a un conductor de autobús a plena luz del día. En las redes sociales circularon videos explícitos del hecho, práctica cada vez más normalizada por la prensa y los internautas. A causa de la extorsión en sus diferentes formas, aproximadamente 80.000 empresas han clausurado en los últimos cinco años. La violencia como forma de resolución del conflicto también se manifiesta cotidianamente en disputas conyugales y familiares, violaciones, secuestros y asaltos. El diario español El País reportó recientemente uno de los tantos flagelos contra el núcleo familiar hondureño, con la noticia de un fallido secuestro que terminó con la desaparición de un niño y el asesinato de sus familiares. Podrían citarse casos ad infinitum, siendo la inseguridad y la violencia extrema los mayores desafíos de la sociedad hondureña. Según el director del Centro de Documentación de Honduras, los heterogéneos grupos criminales que operan en el país centroamericano no podrían actuar en la dimensión que lo hacen sin la complicidad del Estado, con la narcopolítica como expresión más emblemática de los vínculos entre Estado y crimen organizado.
El Estado como botín de los triunfadores
¿De dónde deriva la incapacidad del Estado hondureño de responder a los problemas que agobian a un país signado por la pobreza, la desigualdad social y la violencia? Secularmente, el Estado ha sido visto como el botín de los vencedores y de sus aliados, lo que explica en buena medida su ineficiencia. El saqueo de los fondos públicos para usos privados y el clientelismo han sido problemas duraderos. Los pobres representan la masa de maniobra de políticos corruptos, que actúan como dadores de empleos a sus correligionarios, cuya única virtud es la lealtad partidaria. Este panorama se ha complicado en los últimos diez años con el involucramiento del gobernante y su familia en el tráfico internacional de drogas. El hermano del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien retiene la gestión del Estado mediante un supuesto fraude electoral, fue declarado culpable de una cantidad de delitos que incluyen el tráfico de drogas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo considera un narcotraficante de gran escala, colaborador de grupos criminales colombianos y mexicanos para la importación de droga a eeuu desde 2004. Según la acusación, Antonio Hernández aseguraba el pasaje de estupefacientes con el apoyo de miembros fuertemente armados de la Policía Nacional, también involucrados en el asesinato de dos de sus narcotraficantes rivales. El texto detalla cómo logró financiar las millonarias campañas electorales del Partido Nacional de Honduras (pnh) en 2009, 2013 y 2017, gracias al transporte de alrededor de 200 toneladas de cocaína hacia eeuu, y añade que "durante ese periodo, Hernández ayudó a [Joaquín] Guzmán Loera [el Chapo] con numerosos y grandes envíos de cocaínaDepartmento de Justicia: "Former Honduran Congressman Tony Hernández Convicted in Manhattan Federal Court of Conspiring to Import Cocaine into the United States and Related Firearms and False-Statements Offenses", Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, 18/10/2019.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >".

La estrecha vinculación entre narcotráfico y política había sido develada hace tiempo tras la captura en 2015 del hijo del ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), del pnh, por miembros de la Administración para el Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés). Conforme a las explosivas declaraciones del jefe del clan de narcotraficantes Los Cachiros, Fabio Lobo actuaba como facilitador de las negociaciones entre la mafia y el Estado, por lo que fue sentenciado a 24 años de prisión por asociación ilícita en eeuu. Los Cachiros declararon haber subvencionado campañas electorales nacionalistas (2009, 2013) a cambio del apoyo de la maquinaria estatal. Prominentes miembros del Partido Liberal fueron igualmente sentenciados a penas de cárcel por prestar servicios comerciales y bancarios al crimen organizado. Es el caso de la poderosa familia Rosenthal, con base en San Pedro Sula, la capital económica del país, cuyos miembros Yankel Rosenthal, ministro de Inversión del primer gobierno de Hernández (2014-2018), y su primo Yani Rosenthal, integrante del gabinete de Manuel Zelaya (2006-2009), fueron sentenciados respectivamente a dos años y cinco meses y a tres años de cárcel tras haber admitido lavar dinero de Los Cachiros. El fallo ocurrió en el contexto de la estrategia estadounidense de combate contra el narcotráfico y, con la aprobación de Juan Hernández, se produjeron 20 extradiciones entre 2014 y 2019Parker Asmann: "Denuncias criminales descorren fachada antinarcos del presidente de Honduras" en Insight Crime, 3/9/2019.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. Entre ellos, se cita a los hermanos Valle-Valle, un poderoso clan de traficantes de la zona occidental, y al ex-alcalde del municipio de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón. Según los investigadores de InSight Crime, la mediación de Antonio Hernández entre los clanes Valle-Valle, Ardón y sus operadores -quienes habían construido un verdadero imperio- fue esencial para cimentar el flujo de la droga.

Sobre la base de los testimonios de los ex-capos hondureños extraditados a eeuu, la Fiscalía estadounidense menciona sutilmente a Porfirio Lobo y a Juan Hernández en tanto "Co-conspirador-3 (cc3)" y "Co-conspirador-4 (cc4)" en el tráfico de drogasSteven Dudley: "Cómo un exalcalde podría tumbar al presidente de Honduras" en Insight Crime, 27/8/2019.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. De este modo, las declaraciones de Ardón reforzaron la tesis del flujo de narcodólares a la política, más aún luego de que confesara el desembolso de dos millones de dólares para Lobo en 2009 y 1,6 millones para Hernández en 2013. La operación consiste en hacerse del apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas como herramientas de transporte y resguardo de la droga, infiltrando gradualmente los diferentes niveles de la administración pública. Con la entrega de Ardón y la captura de "Tony" Hernández en Miami, la política de extradición se ha tornado en contra del presidente. Las declaraciones de los antiguos socios-rivales de su hermano han venido a debilitar la ya deteriorada relación del gobierno con la ciudadanía. Entre el 2 y el 15 de octubre de 2019, Hernández fue mencionado al menos 100 veces por los testigos en el juicio contra su hermano. Por añadidura, el 24 de abril de 2020 debería haber tenido lugar la primera audiencia contra el ex-oficial de la Policía Nacional y supuesto primo del presidente Hernández, Mauricio Hernández, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de tráfico de drogas, pero se postergó por la pandemia de covid-19. Mauricio se declaró inocente de las incriminaciones que lo vinculan a las actividades de "Tony" Hernández el pasado 20 de febrero.

La representación legal de "Tony" Hernández en Honduras ha declarado que el ex-oficial Mauricio Hernández no tiene parentesco alguno con su cliente y familiares. Por su parte, el gobierno hondureño desestima las declaraciones de los detenidos en eeuu e insiste en que el presidente Hernández es quien más ha hecho por la seguridad nacional. La acusación contra "Tony" no implicaría ni a su familia ni al Estado.

El presidente hondureño ha manifestado que los narcotraficantes buscan la venganza propagando mentiras infundadas. No obstante, dos recientes y explosivos sucesos han hecho tambalear el discurso oficial de buena gobernanza en materia de seguridad: el despiadado asesinato en la cárcel del supuesto narcotraficante Magdaleno Meza en octubre de 2019 y la violenta fuga de Alexander Mendoza el 14 de febrero de 2020. Detenido en 2018 y acusado por las autoridades hondureñas de ser socio de los Valle-Valle, Meza fue enviado a la prisión de "máxima seguridad" El Pozo 1. Durante su arresto se encontró una serie de "narcolibretas" en las que se hace mención a "Tony" y a "joh" (¿Juan Orlando Hernández?), por lo que devino en pieza clave del juicio contra el hermano del presidente. Meza, quien debía ser extraditado en 2020, fue salvajemente asesinado dentro de la prisión. El mismo día del crimen circularon videos de seguridad donde se puede observar claramente cómo fue acuchillado y baleado múltiples veces aun ya muerto. Muchos han interpretado su asesinato como un medio de silenciar las voces que comprometen al gobiernoIsmael Moreno: "Una coyuntura tormentosa e incierta: ¿cuál es el camino a seguir?" en Envío-Honduras vol. 17 No 60, 11/2019, p. 9.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. Por otro lado, el rescate del cabecilla de la Mara ms-13, "el Porkys" Mendoza, por un grupo de 20 personas armadas hasta con explosivos y disfrazadas de agentes de la Policía Militar, deja en evidencia la fragilidad de las fuerzas del orden. Como demuestra la grabación de las cámaras del Tribunal donde se desarrollaba la audiencia, los criminales lograron en un inicio burlar la seguridad, para luego matar a cuatro oficiales y liberar al narcotraficante en una operación "de película".

A pesar de todo, no se han deteriorado significativamente las relaciones del presidente con el Departamento de Estado de eeuu, que aún sostiene a su incómodo aliado regional. Las tensiones entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia son visibles respecto de Honduras. El gobierno del pnh ha buscado mejorar su reputación subordinando su política exterior a Donald Trump, por lo cual se ha trasladado la embajada hondureña en Israel a Jerusalén y se integró a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Pero en eeuu, que ha invertido 200 millones de dólares en transferencias para la política de seguridad hondureña entre 2016 y 2017Héctor Silva Ávalos y Parker Asmann: "Cuatro conclusiones del juicio de eeuu contra el hermano del presidente de Honduras" en InSight Crime, 24/10/2019.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >, existen voces que le reclaman transparencia al Estado hondureño en sus finanzas públicas, especialmente provenientes de la Cámara de Representantes.

Precisamente en las antípodas de las expectativas de nacionales y extranjeros, los gobiernos hondureños se han caracterizado por valorar el Estado como el botín de los triunfadores. En 2015, el trabajo de periodistas locales permitió desvelar los vínculos entre el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (ihss) y el financiamiento de la campaña electoral del pnh de 2013. El antiguo y persistente hábito político de considerar la función pública como un medio para pillar los fondos del Estado fue enérgicamente condenado por la ciudadaníaG. Bataillon: ob. cit., p. 80.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. La acción colectiva, bajo la forma de multitudinarias "marchas de las antorchas", le torció el brazo al gobierno y lo obligó a instalar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (maccih), apadrinada por la Organización de Estados Americanos (oea) y semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig), aunque con mayores limitaciones.

Como no se logró que la maccih adquiriese las atribuciones de la cicig, los partidos políticos de oposición la denunciaron desde su fundación en 2016. Fue también objeto de presiones por parte del partido oficialista, lo que llevó a su total desarticulación en enero de 2020. La maccih tenía el desafío de fortalecer las frágiles e inestables instituciones nacionales, dar cuenta de las redes de corrupción y proponer soluciones para transparentar el manejo de los asuntos públicos. Los 12 casos presentados por su equipo de investigación permitieron que por primera vez altos funcionarios públicos fuesen procesados, entre ellos la ex-primera dama Rosa Elena Bonilla de LoboEl Consejo Nacional Anticorrupción denunció el 13 de marzo de 2020 la decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de celebrar un nuevo juicio del caso "Caja Chica de la Dama", anulando así la sentencia de 58 años que Bonilla de Lobo había recibido por causa de fraude y apropiación indebida.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >, con lo que la maccih ganó mayor credibilidad que los propios partidos políticos e instituciones nacionales. Dentro de sus sugerencias, sobresale la necesidad de impulsar reformas político-electorales integrales, como la Ley de Política Limpia, dirigida a transparentar las campañas electorales. Los diputados modificaron sustancialmente la propuesta original y aprobaron en 2016 una ley que en realidad dificulta la implementación de políticas de transparencia electoral. De acuerdo con los investigadores del Centro de Estudio para la Democracia, en Honduras existe un intercambio de favores entre redes de corrupción público-privadas, renovados en periodo electoral, que consiste en invertir en política para luego obtener "contratos de concesión que generan enormes fortunas y que, a la vez (...) son el canal apropiado para lavar dinero y activos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado". En lugar de ejecutar reformas integrales para trastocar esta tendencia, los diputados del Congreso Nacional aprobaron el célebre "fondo departamental" el 18 de octubre pasado, el cual les permite gozar a discreción de fondos públicos para alimentar sus redes clientelares. Para colmo, tales fondos solo podrán ser auditados una vez que los honorables diputados terminen su mandato. Alejados de las inquietudes generales de la sociedad, durante 2019 los legisladores se concentraron esencialmente en negociar a puerta cerrada la repartición de los nuevos órganos electorales.
El difícil aprendizaje de la democracia hondureña
Tras las tentativas democráticas de mediados del siglo pasado (1948-1963) y un entremezclado periodo de dictaduras militares tanto conservadoras como reformistas, Honduras experimentó sin interrupción seis procesos electorales entre 1980 y 2006, cuatro de los cuales favorecieron al Partido Liberal. Este último se desintegró parcialmente con el golpe de Estado de 2009 ejecutado contra el "populista refundador"A su manera, Zelaya puede ser pensado en los términos propuestos por Carlos De la Torre: "Los populismos refundadores" en Nueva Sociedad Nº 267, 1-2/2017, disponible en www.nuso.org.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" > Manuel Zelaya, quien desde el propio plh pretendía hegemonizar el escenario político por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que fue bloqueada por miembros de su propio partido con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sectores empresariales, mediáticos, religiosos y de los poderes del Estado. Después de décadas de entendimientos y negociaciones con el pnh, en uno de los sistemas bipartidistas más duraderos del continente, el dislocamiento del campo liberal ha resultado en la primacía de su rival en las instituciones del Estado. Con una década de gobiernos del pnh, Hernández ha logrado lo que para muchos era el propósito de Zelaya: aprobar la ilegal reelección en 2017 y acaparar los poderes del Estado.

Porfirio Lobo (2010-2014) había concentrado su mandato en la reintegración de Honduras al concierto internacional tras el golpe de Estado y, en ese marco, llegó a un entendimiento con el depuesto presidente Zelaya denominado Acuerdo de Cartagena. El pacto dirimió las tensiones brotadas con el golpe por medio de un proceso de doble legitimación: el gobierno de "reconciliación nacional" liderado por el pnh sería reconocido nacional e internacionalmente, siempre y cuando Zelaya gozase de la apertura necesaria para inscribir un nuevo partido político. Gracias al acuerdo, Honduras fue reintegrada en la oea y Zelaya dio nacimiento a su instrumento político de tipo personalista, el Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre. Las negociaciones dejaron en impunidad a los responsables del golpe de Estado, que violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero también la malversación de los fondos de Petrocaribe y la fallida consulta popular de 2009 bajo el gobierno de Zelaya. Con la incorporación del ex-presidente al juego político, el tablero hondureño se encuentra, desde las elecciones de 2014, en una especie de retorno de la vieja tradición bipartidista, ahora cuatripartita. Los principales rivales del oficialismo son Libre, como segunda fuerza que disputa el voto del plh, y el conocido presentador de televisión Salvador Nasralla, quien hasta la fecha no ha inscrito su nuevo partido Salvador de Honduras.

Contando con el alineamiento de los militares, de un partido vertical y un organizado ejército de reserva clientelar, Hernández logró derrotar a sus contrincantes por dos veces consecutivas (2013 y 2017) a través de procesos electorales colmados de irregularidades e ilegalidades. La instrumentalización de los organismos electorales, las denuncias de manipulación electrónica en los conteos y de compra de votos, junto con el clientelismoMario Posas: "Avances y retrocesos de la democracia electoral en Honduras (1979-2019)", trabajo presentado en el coloquio internacional "América Central 1979-2019. De la revolución sandinista a la caravana de migrantes", Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Ciudad de México, 6/11/2019.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >, son elementos persistentes en la cultura política hondureña, perfeccionados por el pnh en las últimas elecciones. Las recomendaciones dejadas por las misiones de observación electoral de la oea y de la Unión Europea han sido omitidas en su mayoría, lo que alimenta la permanente desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. En cambio, Hernández le ha devuelto al Ejército un papel decisorio, imponiéndole como caballo de Troya a la guardia pretoriana de su régimen, la Policía Militar del Orden Público (pmop) y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (tigre). Ciertamente, el carácter policiaco-militar ha sido el rasgo distintivo de las propuestas programáticas del pnh, actor históricamente aliado de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, ha logrado imponer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al procurador general de la República. Los presidentes del Poder Legislativo y del Judicial, los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Policía y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas le son plenamente leales. En un escenario de acumulación de poderes de esta naturaleza, ¿es posible que el presidente desconozca la participación de su hermano en las redes internacionales del crimen organizado?

En este contexto, fiel a la tradición de líder político tradicional, el ex-presidente Zelaya ha buscado acuerdos de cúpula con el partido de gobierno para obtener puestos en el sistema electoral para sus más cercanos lugartenientes. Con la tradición autoritaria de un líder de viejo estilo rural, que en un momento se convirtió al estilo "chavista"Peter Peetz: "¿De hacendado a revolucionario? Mel Zelaya y el giro hacia la izquierda del gobierno hondureño" en Iberoamericana vol. 9 No 33, 2009.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >, rechazó la idea de apoyar a una amplia coalición política para pedir en las calles la renuncia de Hernández y prefiere esperar pacientemente las próximas elecciones presidenciales de 2021. Según un conjunto de estudiosos de la realidad nacional de la revistaCharles W. Anderson: Envío-Honduras, el arreglo entre las cúpulas del pnh y de Libre en el Congreso Nacional, que le permitió a esta última agrupación una representación en los nuevos órganos electorales, es la principal "válvula de oxígeno" del régimen orlandista. Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial por el pnh para las elecciones de 2021, no ha vacilado en congratularse por llegar a un acuerdo con Zelaya. Efectivamente, como observó hace más de 50 años un importante estudioso de la política centroamericana, el proceso político de esta región es fundamentalmente un juego de "manipulación y negociación entre competidores por el poder, cuyos recursos constituyen el objeto de una apreciación y de un reconocimiento recíproco que conlleve a un acuerdo negociado a alto nivel" Politics and Economic Change in Latin America: The Governing of Restless Nations, Van Nostrand Reinhold, Nueva York, 1967, cit. en G. Bataillon: Genèse des guerres internes en Amérique Centrale (1960-1983), Les Belles Lettres, París, 2003, p. 63.'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. No obstante, buena parte de la ciudadanía parece no identificarse con los tradicionales "competidores por el poder", e iniciativas como la más reciente Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación, liderada por la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, son en buena medida percibidas como legítimas alternativas para la defensa de los servicios públicos y para reactivar el movimiento de oposición al régimen autoritario de Hernández.

Figueroa lideró las marchas de maestros, médicos, estudiantes y otros sectores sociales en la toma de ejes carreteros del país durante el curso del año 2019, denunciando las derivas neoliberales del gobierno en materia de salud y educación, exigiendo sus garantías como derechos universales, "sin restricciones, con calidad, pero sobre todo calidez"S. Figueroa: "La relación médico paciente" en Revista Médica Hondureña vol. 87 Nº 1, 1-3/2019, p. 6.

'" @mouseleave="opened=false;footnote=''" >. El fracaso del neoliberalismo en Honduras es inequívoco, y el desplome de las estructuras sanitarias y educativas son su máxima expresión. Como consecuencia, la ciudadanía está abandonada a su suerte frente al brote de epidemias y pandemias. La reciente crisis del dengue puso a prueba el modelo de salud -2019 cerró con 180 decesos, de los cuales 58% eran menores de 15 años-. Con casi 2.000 casos de covid-19 confirmados, muchos médicos consideran que hasta la fecha el gobierno no ha tomado las medidas preventivas adecuadas, incluso hay reportes de que se estarían buscando terrenos para posibles fosas comunes. En ausencia generalizada de equipos sanitarios básicos y de medidas de bioseguridad para el personal de salud, con una economía informal y la mayoría de la población viviendo del día a día, el panorama hondureño no es nada alentador.

Al igual que otros países del mundo, Honduras enfrenta la terrible pandemia desatada por el coronavirus, pero lo hace en el marco de una crisis del Estado en su conjunto. El país es conducido por un líder político ligado al narcotráfico que se apoya en los militares para mantenerse en el poder, un presidente impopular que lidera un Estado militarizado e incompetente. Honduras carece de un liderazgo creíble para enfrentar la crisis sanitaria. Las respuestas estatales caracterizadas por el autoritarismo, la improvisación y la distribución clientelar de alimentos son una muestra evidente de la crisis del Estado. Los días del coronavirus representarán un desafío en gran escala para la empobrecida nación hondureña.

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Honduras es uno de los países más pobres del continente. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y 67,4% en pobreza relativa, concentradas especialmente en el área rural, donde 73,5% de los hogares viven en condiciones de pobrezaCit.

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SALUD, DESASTRE NATURAL, CRIMEN Y ECONOMIA: El brote pandémico del Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron la crisis política, económica, social y de Derechos Humanos instalada en Honduras. Crisis que, lejos de solucionarse, se profundiza en una Honduras gobernada por una dictadura que cumplió 11 años en el 2020 y que ha condenado a la población al despojo, el desplazamiento forzoso y violencia.

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Como laboratorio de los golpes de Estado siglo XXI, Honduras está sumida en una crisis sanitaria, económica y política cuya salida parece estar lejos.

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Desde el punto de vista la teoría de la crisis, la enfermedad física y las lesiones son acontecimientos que desafían la capacidad del individuo y de su familia para enfrentarlos y adaptarse.

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Catedrática: Lic. Maria del Carmen Pineda
Estudiantes: Carolina Michell Aguilar
20172002162
Gabriela Alejandra Enamorado
20172000337
Sección: 1100

San Pedro Sula, Cortés, 17 de febrero, 2022.