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Fuerte relación Iglesia Estado.

Educación de criollos e hijos de caciques por la Iglesia.

Escuela privada y pública, esta última con menos años de instrucción.

Iglesia otorgaba permisos a maestros.

Pocos alumnos continuaban proceso.

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Escuelas monasterios para proveer sacerdotes.

Educ. secundaria: Buenos católicos, honestos ciudadanos, excelentes trabajadores.

Lectura, escritura, aritmética, gramática, religión, moral, instrucción, cívica, habilidades manuales.

Contabilidad.

Artes y oficios.

Latín, francés e inglés.

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Creación de la Universidad Nacional.

Se decreta la educación primaria pública.

Ampliación de cobertura escuelas rurales (tres grados de estudio).

Creación inspectores escolares, pero se conserva el criterio de los sacerdotes.

Transformación currículo.

Primera Misión Pedagógica Alemana.

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Reforma educativa: Pregona libertad de enseñanza (coincide con abolición de la esclavitud y la industrialización) Eustorgio Salgar presidente.

Decreto Orgánico de Instrucción Pública: Estructura educativa centralizada.

Dirección General de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio del Interior.

Esta reforma no encontró apoyo.

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Guerra Civil.

Discrepancias laicos vs. religiosos.

Salen profesores alemanes de Colombia.

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Reforma Constitucional (Concordato Iglesia-Estado). En todos los centros educativos la educación e instrucción pública se dirigieron conforme a los dogmas y la moral católica.

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Guerra de los Mil Días.

Separación de Panamá.

Deserción, reclutamiento, desorden social.

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Ley 39/93 y Decreto 491/1904
Gobiernos liberales y conservadores buscan ampliar cobertura en alfabetización para el desarrollo industrial.

Segregación y mayor analfabetismo de mujeres.

Aumento taza de escolaridad, pero con éxito en recitación de catecismo, urbanidad de Carreño, operaciones aritméticas, apenas se sabía leer y escribir.

Élites generan empresa. Necesidad de impulsar la educación acorde con el desarrollo (artes y oficios, álgebra, contabilidad). Nace la clase obrera.

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El Vaticano reduce la escolaridad en el ámbito rural.

Educación a niñas y a varones menores de 12 años se confiaba a mujeres.

En lo urbano había separación entre hombres y mujeres, no en el campo.

Segregación femenina que se extendía a los ámbitos civil y político.

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Decretó el carácter obligatorio de la educación primaria y permitió que los colegios de educación secundaria que eran oficiales se organizaran de forma privada y con libertad de enseñanza, es decir, se redujo la intervención del Gobierno en materia regulatoria

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Datos de 1931:

82% Población rural = sólo iba a la escuela el 52% (3 años de estudio).

47.8% Población urbana= Dos primeros años de estudio.

De 70.087 estudiantes de la escuela urbana en Cundinamarca en primero, llegaban 3.183 a 6º.

De 107.030 estudiantes de la escuela rural en Cundinamarca en primero, llegaban 23.342 a 3º.

En la escuela urbana primaria de 194.087 alumnos inscritos a nivel nacional llegaban 12% a 3º y 1,7% a sexto año.

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López Pumarejo (1934-1938), consideró a la educación como una de las preocupaciones centrales, juzgando la descentralización educativa como una de las principales causas del atraso de la educación en el país.

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La reforma constitucional de 1936, buscó una mayor democratización, una mayor intervención del Estado y la secularización de éste, lo cual se reflejó en el sistema educativo del país. En particular, se decretó que la educación primaria pública debería ser gratuita y obligatoria, y se incrementaron los recursos orientados hacia la misma; sin embargo, aunque el Gobierno central empezaba a participar en gastos adjudicados a los departamentos o municipios, estos seguían teniendo la mayor responsabilidad en la financiación de la educación. Este incremento de recursos resultó insuficiente para financiar el rezago educativo. Con posterioridad a estas reformas, no se presentaron cambios importantes en el sistema educativo en el país durante la primera mitad del siglo.

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Al inicio de la segunda mitad del siglo XX se produjo el despegue de la educación en Colombia: desde 1950 y hasta mediados de los años setenta los indicadores del sector sufrieron una mejora nunca antes vista, pues el crecimiento del número de alumnos matriculados tanto en primaria como en secundaria fue muy superior al crecimiento de la población durante el período.

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Se organizaron varias misiones extranjeras (Currie, Lebret y OIT) con el fin de evaluar las condiciones sociales del país
y proponer estrategias; por tanto, con las misiones se inicia en Colombia
la era de la planeación del sector educativo.

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Los indicadores de educación de este período también se vieron influenciados por la dinámica del proceso de urbanización en Colombia, que tuvo su punto más alto en la década de los cincuenta y principios de los sesenta: el grado de urbanización aumentó entre 1951 y 1964, al pasar de 39% a 52% (Flórez, 2000); así mismo, la estructura económica colombiana sufrió cambios importantes, al ganar preponderancia actividades industriales, de comunicaciones y servicios, frente a las agrícolas.

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A finales de los años setenta
la administración Turbay descentralizó la capacitación y promoción de los maestros y adoptó el Estatuto Docente; así mismo, la administración Betancur dio prioridad a la modernización, descentralización y planificación de la educación.

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Durante la presidencia de Barco (1986-1990) se promovió un proceso de descentralización de la administración pública que buscó darle mayor autonomía política y administrativa a los entes territoriales; así, la Ley 12 de 1986 aumentó las transferencias del Gobierno central a los municipios y las funciones de los mismos.
A comienzos de la década de los años noventa la nueva Constitución dio un nuevo impulso al proceso de descentralización de la administración pública y consagró a la educación como un derecho de la persona y un servicio público con función social. En el marco de la nueva Constitución la Ley 60 de 1993 definió las competencias y funciones de los tres niveles del Estado en los sectores de educación y salud y distribuyó el situado fiscal; complementariamente, se expidió la Ley 115 de
1994 o «Ley General de Educación», que establece los principios para la dirección, administración y financiación del sistema educativo.