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La LGE cuenta con 11 títulos, 181 artículos y 17 artículos transitorios. Su objetivo es regular la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Derecho a la Educación:

*La educación es un derecho fundamental y obligatorio desde preescolar hasta media superior.

*El Estado garantiza la educación con equidad y excelencia, priorizando a quienes están en mayor rezago educativo.

*La educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Nueva Escuela Mexicana (NEM):

- Busca la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación.

- Se enfoca en el desarrollo integral y permanente de los estudiantes.

- Promueve el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y la igualdad sustantiva.

Sistema Educativo Nacional (SEN):

- Es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público educativo.

- Incluye instituciones educativas públicas y privadas, organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Revalorización de las Maestras y Maestros:

- Los docentes son agentes fundamentales en el proceso educativo.

- Se busca priorizar su labor, fortalecer su desarrollo y superación personal, y fomentar el respeto a su labor.

Educación Impartida por Particulares:

- Las instituciones privadas deben cumplir con requisitos y condiciones para obtener autorización o reconocimiento oficial.

- Deben ofrecer becas y programas de apoyo para garantizar la equidad educativa.

Consejos de Participación:

- Los Consejos de Participación Escolar unen a padres y docentes para mejorar la educación.

- Los Consejos de Participación municipal y estatal fomentan la participación comunitaria en la educación.

Últimas Reformas:

La última reforma a la LGE se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de junio de 2024. Esta reforma busca mejorar la calidad y equidad de la educación en México.

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La Ley de Educación del Estado de México tiene una relevancia fundamental al regular la educación en la entidad, garantizando el derecho a la enseñanza y promoviendo la calidad educativa para todos los ciudadanos. Esta ley establece los principios, fines y criterios de la educación, así como los mecanismos para su aplicación y vigilancia, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los educandos y al crecimiento económico, social y cultural de la entidad.

Relevancia de la Ley de Educación del Estado de México:

Garantía del derecho a la educación:

La ley asegura el acceso a la educación para todos, independientemente de su origen, condición social o capacidad económica, según el dictamen del Congreso.

Calidad educativa:

La ley promueve la enseñanza de calidad, con la finalidad de formar ciudadanos competentes, críticos y con una visión global del conocimiento.

Formación integral:

La ley busca el desarrollo integral de los educandos, fomentando el aprendizaje, la creatividad, la expresión artística y la valoración de las tradiciones y culturas, según el artículo 41 de la ley.

Igualdad y equidad:

La ley establece principios de igualdad y equidad, garantizando que la educación sea accesible para todos, incluyendo a aquellos con necesidades especiales, según el artículo 42 de la ley.

Participación de la comunidad:

La ley promueve la participación de los padres de familia, maestros y otros actores involucrados en el proceso educativo, según el artículo 3 de la ley.

Marco regulatorio:

La ley establece el marco normativo que regula la educación en el estado, especificando las atribuciones de las autoridades educativas, los organismos descentralizados y los particulares que imparten educación.

Fomento de valores:

La ley promueve la educación en valores, como la justicia, la legalidad, la paz y la no violencia, según el artículo I de la ley.

Contribuir al desarrollo estatal:

La ley busca contribuir al desarrollo económico, social y cultural del Estado de México, según el artículo 3 de la ley.

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reglamento para prevenir y sancionar la trata de personas 

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reglamento para prevenir y sancionar la trata de personas 

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Capítulo I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto del Reglamento

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas, medidas y procedimientos para la prevención, detección, atención y sanción de la trata de personas, en sus distintas modalidades, en cumplimiento con la legislación nacional e instrumentos internacionales vigentes.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación

Este reglamento es aplicable a todas las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que actúan en prevención, persecución, atención o protección de víctimas de trata de personas.

Artículo 3. Definición de Trata de Personas

Se entiende por trata de personas la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación, incluyendo la explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, esclavitud, extracción de órganos, entre otros.

Capítulo II: Medidas de Prevención

Artículo 4. Campañas de Sensibilización

Se desarrollarán campañas permanentes de sensibilización y concientización sobre los riesgos y mecanismos de la trata de personas, dirigidas a la población en general y grupos vulnerables.

Artículo 5. Educación y Capacitación

Las instituciones educativas deberán incluir contenidos sobre prevención de la trata de personas en sus programas escolares. Asimismo, se capacitará a funcionarios públicos, especialmente del ámbito educativo, salud, seguridad y justicia.

Artículo 6. Vigilancia y Monitoreo

Se establecerán mecanismos para identificar situaciones de riesgo y monitorear actividades sospechosas, especialmente en zonas fronterizas, estaciones de transporte y plataformas digitales.

Capítulo III: Protección y Atención a Víctimas

Artículo 7. Identificación y Asistencia

Las autoridades competentes deberán implementar protocolos de identificación temprana de víctimas, así como brindar asistencia médica, psicológica, legal y social adecuada y oportuna.

Artículo 8. Protección Integral

Las víctimas de trata tendrán derecho a medidas de protección integral, incluyendo refugio temporal, confidencialidad de su identidad y acceso a programas de reintegración.

Capítulo IV: Investigación y Sanción

Artículo 9. Obligación de Denunciar

Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho relacionado con la trata de personas deberá denunciarlo ante las autoridades competentes.

Artículo 10. Coordinación Interinstitucional

Se promoverá la cooperación entre diferentes niveles de gobierno, fuerzas de seguridad, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para la persecución penal del delito.

Artículo 11. Sanciones

Los responsables de la trata de personas serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal y leyes especiales, incluyendo penas privativas de libertad, multas y reparación a las víctimas.

Capítulo V: Disposiciones Finales

Artículo 12. Seguimiento y Evaluación

Se establecerán mecanismos de evaluación periódica sobre la implementación del reglamento y su impacto, a fin de fortalecer las estrategias de prevención y atención.

Artículo 13. Entrada en Vigor

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial o medio institucional correspondiente.

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Igualdad entre mujeres y hombres: Todos tienen los mismos derechos ante la ley, sin importar su género.

Derecho a decidir sobre los hijos: Cada persona puede decidir libremente cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, de manera informada y responsable.

derecho a la alimentación: Toda persona debe tener acceso a comida nutritiva, suficiente y de buena calidad. El Estado tiene que asegurarse de que esto se cumpla.

Derecho a la salud: Todos tienen derecho a recibir atención médica. La ley establecerá cómo se organiza el sistema de salud, que debe ser gratuito y completo para quienes no tienen seguridad social.

Derecho a un medio ambiente sano: El Estado debe garantizar que vivamos en un entorno limpio y saludable. Quien contamine, debe responder por los daños.

Derecho a la identidad: Al nacer, todas las personas deben ser registradas inmediatamente y recibir gratuitamente su acta de nacimiento

Derechos de la niñez: Todas las decisiones del Estado deben priorizar el bienestar de los niños y niñas, asegurando su salud, alimentación, educación y recreación.

Obligaciones de padres y tutores: Los adultos responsables deben proteger y asegurar que se respeten los derechos de los niños.

Apoyo a los derechos de la niñez: El gobierno también debe facilitar que los ciudadanos ayuden a cumplir estos derechos.

Derecho a la cultura: Toda persona puede acceder a la cultura y participar en ella. El Estado debe promover la diversidad cultural con respeto a la libertad creativa.

Derecho al deporte: Todos tienen derecho a hacer ejercicio y practicar deportes. El Estado debe apoyarlo.

Apoyo a personas con discapacidad: Las personas con discapacidad permanente deben recibir un apoyo económico, especialmente menores de edad, indígenas, afromexicanos y quienes viven en pobreza

Pensión para adultos mayores: Las personas mayores de 68 años (y desde los 65 si son indígenas o afromexicanos) deben recibir una pensión no contributiva por parte del Estado.

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Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

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Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

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Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la

misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona

en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como

promover la igualdad de oportunidades y de trato.

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

Discriminación interseccional, se presenta cuando dos o más motivos prohibidos de

discriminación, de forma concomitante, producen un efecto mayor al de la suma simple de cada uno de aquellos motivos:

Discriminación directa:

Cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra en una situación similar, por alguna causa relacionada con uno o varios de los motivos prohibidos de discriminación previstos en la presente Ley.

Discriminación indirecta:

Es aquella que se produce en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro, es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo especifico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo.

Discriminación estructural o sistémica:

Se refiere al conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y pautas de comportamiento que dan paso a una situación de inferioridad y exclusión contra un grupo de personas de forma generalizada, las cuales son perpetuadas a lo largo del tiempo.

Discriminación por asociación:

Es aquella que ocurre en razón de la relación y/o asociación a una persona o grupo de personas que tengan o les sean atribuidos los motivos previstos en la fracción III del artículo.

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reglamento de participacion social en la educacion 

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reglamento de participacion social en la educacion 

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Objetivo

Establecer las bases y formas en que madres, padres de familia, tutores, alumnos, maestros, autoridades y comunidad en general pueden participar en la mejora del sistema educativo.

Estructuras de Participación Social

1. Consejo Escolar de Participación Social (CEPS):

Existe en cada escuela.

Está formado por madres y padres de familia, docentes, director(a), representantes de exalumnos, comunidad y autoridades.

Su función principal es apoyar y proponer acciones para mejorar la calidad educativa.

2. Consejos Municipales y Estatales de Participación Social en la Educación:

Agrupan a los CEPS por municipio o entidad.

Coordinan esfuerzos a nivel más amplio.

Funciones del Consejo Escolar de Participación Social

Entre otras, puede:

Proponer actividades que fomenten valores, convivencia, y respeto.

Promover mejoras en infraestructura escolar.

Apoyar acciones para prevenir abandono escolar.

Fomentar el cuidado del medio ambiente.

Impulsar actividades culturales y deportivas.

Participar en la evaluación del desempeño escolar.

Principios que guían la participación social

Democracia participativa

Corresponsabilidad

Transparencia

Inclusión

Respeto a la diversidad

¿Quién puede participar?

Padres, madres y tutores.

Docentes y directivos.

Alumnos (según edad y nivel educativo).

Representantes de la comunidad.

Exalumnos.

Organizaciones civiles, sindicatos, universidades, autoridades locales.

Importante

No deben intervenir en aspectos sindicales ni administrativos del personal docente.

Las decisiones se toman en consenso y con respeto al marco normativo.

Fundamento Legal

Ley General de Educación (2020)

Reglamento de la Participación Social en la Educación (última reforma publicada en el DOF)

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Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

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Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

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La presente ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y los deberes reforzados del Estado, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) (2006).

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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) (2006).

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La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) es una legislación mexicana que busca garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1: La ley tiene como objetivo regular y garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, proponiendo lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Principios Rectores

Artículo 5: Se establecen principios como la igualdad de derechos, la no discriminación, la equidad, la paridad de género, la transversalidad de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.

Política Nacional en Materia de Igualdad

Artículo 17: La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer acciones para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social, cultural y de salud. Se deben considerar lineamientos como:

Fomentar la igualdad en todos los ámbitos de la vida.

Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género.

Fomentar la participación y representación política paritaria.

Promover la eliminación de estereotipos de género.

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículos 18 y 23: Se establece el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como un conjunto orgánico y articulado que coordina a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para promover e instrumentar estrategias que den cumplimiento a la Política Nacional en materia de igualdad.

Obligaciones de las Entidades Federativas

Artículos 15 y 25: Las entidades federativas y las entidades de la Administración Pública Federal deben publicar un informe anual sobre las acciones afirmativas en materia de igualdad de género. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) promoverá mecanismos que garanticen la accesibilidad a la información emitida por las dependencias y entidades en esta materia.

Reformas Recientes

En diciembre de 2024, se aprobaron reformas que adicionan el concepto de brecha salarial e igualdad salarial, amplían la definición de discriminación y agregan la búsqueda de igualdad salarial y el fomento de igualdad entre mujeres y hombres en diversos ámbitos como objetivos de las políticas públicas. También se creó un Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección para prevenir actos de violencia.

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El acuerdo 02/05/16 establece los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. Este acuerdo fue emitido por la Secretaría de Educación Pública y tiene como objetivo fortalecer la autogestión de las escuelas y su planeación estratégica.

El acuerdo 02/05/16 establece los siguientes puntos:

Constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación: El acuerdo define cómo se deben conformar, organizar y funcionar estos consejos, con el fin de involucrar a la comunidad en la gestión escolar.

Fortalecimiento a la organización y autonomía de la gestión escolar: Busca que las escuelas tengan más autonomía y responsabilidad en la gestión de sus recursos y actividades.

Acompañamiento a las acciones que favorezcan el funcionamiento de la escuela: El acuerdo apoya las iniciativas que mejoran el funcionamiento de la escuela, su ruta de mejora y la atención a la normalidad mínima escolar.

Fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas: El acuerdo promueve la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las escuelas hacia la comuni

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