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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que van a "votar con las dos manos no a los Presupuestos Generales del Estado porque son malos para España, porque no es momento de machacar a impuestos a los españoles, porque no es momento de subir las cuotas a los autónomos, pero también porque no es momento de legitimar a los de la cárcel. No es momento de legitimar a los que han intentado quebrar nuestro país".

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Ciudadanos votará no a los Presupuestos Generales del Estado

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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que van a "votar con las dos manos no a los Presupuestos Generales del Estado porque son malos para España, porque no es momento de machacar a impuestos a los españoles, porque no es momento de subir las cuotas a los autónomos, pero también porque no es momento de legitimar a los de la cárcel.

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Publicado 08/02/2019 18:43:31 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno pretende aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) hasta el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado como uno de los objetivos incluidos en la 'Agenda del Cambio' que ha sido tomada en consideración este viernes en el Consejo de Ministros.

Así consta en este documento presentado como una hoja de ruta con una batería de reformas estructurales y 60 nuevas medidas en formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, igualdad y eficiencia de la Administración, para sentar las bases de un crecimiento "sostenible e incluso" a medio y largo plazo.

En el apartado 'Promover el avance científico y tecnológico', el Ejecutivo de Sánchez apunta el objetivo del 2,5% para I+D+i pero sin concretar fecha. En cambio si fija para 2020 el objetivo de que "el 100% de los ciudadanos tenga acceso a redes de 30 Mbps" y que el 100% de las escuelas con financiación pública del programa 'Escuelas Conectadas' tengan acceso a "redes ultrarrápidas de 100 Mbps" en el año 2023.

Además, se estima culminar "la liberación de la banda de 700Mhz en 2020" y "completar los proyectos piloto de 5G para facilitar los usos comerciales en 2021", según el documento presentado por el Gobierno.

Por otro lado, en el ámbito de la investigación, la 'Agenda del Cambio' contempla "facilitar" la contratación de personal en los centros de investigación públicos en las convocatorias para la contratación de doctores e investigadores en empresas, así como "mejorar la carrera docente en el sistema universitario español y reducir la temporalidad del profesorado e investigadores".

También se enumeran medidas como el desarrollo de la Ley de Ciencia 14/2011 para el refuerzo de la transferencia de conocimientos y la simplificación del trabajo de los investigadores en los Organismos Públicos de Investigación, o la inversión en "áreas multidisciplinares prioritarias" y tecnologías como la Economía Azul, la Medicina Personalizada o la Inteligencia Artificial.

Sobre la Inteligencia Artificial, la 'Agenda del Cambio' contempla presentar este año una "ambiciosa" Estrategia Española de Inteligencia Artificial y "promover el desarrollo de la supercomputación en España a la vanguardia de Europa". También apostar por "tecnologías disruptivas de la información y la comunicación y con alto potencial tractor, como el tratamiento de grandes volúmenes de datos, el procesamiento del Lenguaje Natural, la Biometría e identidad digital, la gestión de datos para la Medicina Personalizada, el 'blockchain' o el "internet de las cosas", entre otras".

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Aumentar la inversión en I+D+i hasta el 2,5% de los Presupuestos, objetivo de la 'Agenda del Cambio' del Gobierno

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Publicado 08/02/2019 18:43:31 CET MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - El Gobierno pretende aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) hasta el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado como uno de los objetivos incluidos en la 'Agenda del Cambio' que ha sido tomada en consideración este viernes en el Consejo de Ministros.

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Tipos:

Cíclico

Estructural

Financiación de déficit público

Emitir deuda pública

Subir los impuestos

Aumentar el dinero en circulación

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Junto con las tasas: 50% de la recaudación

Pagos sin contra-prestación

Directos (IRPF)

Indirectos (IVA)

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Fachada del Banco de España - AGENCIAS

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el tercer trimestre del año en 1.175.704 millones de euros, 11.736 millones más que tres meses antes, con lo que marca un nuevo récord histórico. Este volumen de deuda equivale al 98,3% del PIB, dos décimas por encima de lo que registraba al cierre de junio pero lejos de los máximos de 2014, cuando superaba el 100% del PIB, de acuerdo a los datos publicados hoy por el Banco de España.

La mayor parte del endeudamiento corresponde a la Administración Central, que terminó septiembre con 1.046.712 millones de euros, un nuevo máximo histórico al superar en 13.809 millones el marcado en junio, equivalente al 87,5% del PIB.

En este importe, que es el que cuenta a efectos del procedimiento de déficit excesivo, están incluidos los 219.716 millones que el Estado ha prestado al resto de administraciones (FLA, Fondo para Proveedores y préstamo a la Seguridad Social) y que también computan en estos, por lo que lo que la suma del aumento de deuda en cada subsector no coincide con el total.

Las comunidades autónomas terminaron el tercer trimestre con una deuda de 292.381 millones de euros, equivalentes al 24,4% del PIB, tras reducirla en 948 millones en los últimos tres meses.

Por su parte, las administraciones locales situaron su endeudamiento en 28.029 millones, un 2,3% del PIB, tras reducirlo en 1.384 millones. En cuanto a las administraciones de la Seguridad Social, registraron una deuda de 34.863 millones, un 2,9% del PIB, 25 millones menos.

Cataluña, la comunidad más endeudada

En términos absolutos, las comunidades más endeudadas fueron Cataluña (78.506 millones), Comunidad Valenciana (46.018 millones), Andalucía (34.300 millones) y Madrid (33.072 millones). En cambio, en relación a su PIB, las más endeudadas son Comunidad Valenciana (41,1 %), Castilla-La Mancha (35,8 %) y Cataluña (34,2 %).

Dentro de las corporaciones locales, la mayor parte de la deuda se concentró en ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones inframunicipales (22.180 millones), de las que 9.581 millones correspondían a capitales de provincia, y el resto en diputaciones, consejos y cabildos insulares (5.588 millones) y ciudades autónomos (261 millones).

El Banco de España también ha facilitado datos sobre la deuda de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, que estaba liderada por Madrid (3.214 millones) seguida de Zaragoza (914 millones) y Barcelona (797 millones).

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La deuda pública cierra septiembre con un récord de 1.175.704 millones, el 98,3% del PIB

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La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el tercer trimestre del año en 1.175.704 millones de euros, 11.736 millones más que tres meses antes, con lo que marca un nuevo récord histórico.

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El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito - EP

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha mantenido su previsión de crecimiento de la economía española d el 2,6% para este año, en línea con la estimación del Gobierno, y la rebaja en dos décimas para 2019, hasta el 2,1%, dos décimas menos de lo estimado por el Ejecutivo, al tiempo que prevé un déficit del 2,7% y el 2,2%, respectivamente. Sin embargo, desde el IEE han lanzado una carga de profundidad contra las medidas propuestas para los Presupuestos de 2019, sobre las que han advertido pueden ser un "emploicidio" y constituir un "arma de destrucción masiva" para el empleo.

Unas declaraciones que ha realizado durante la rueda de prensa de presentación del informe semestral "Coyuntura Económica", en la que el presidente del IEE, José Luis Feito, ha señalado que 2018 ha sido un "buen año", por encima de las principales economías, sin burbujas en el ámbito financiero ni de la vivienda y con cerca de 430.000 nuevos empleos. Sin embargo, desde el IEE han constatado que si bien la economía española "se haya inmersa en un proceso de desaceleración", por la gradual reversión de los estímulos expansivos exteriores y por la ausencia de reformas que impulsen el crecimiento potencial.

Feito ha subrayado que los principales riesgos para las previsiones son las posibles complicaciones del panorama internacional y los riesgos domésticos, como la posibilidad de contrarreformas en el ámbito del mercado laboral y las pensiones y la persistencia del elevado endeudamiento y el persistente déficit público, ya que se recurre a aumentos de la imposición indirecta para corregirlos.

Asimismo, ha advertido de que si las medidas propuestas para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que incluyen un incremento "significativo" del gasto público y de los impuestos directos, como la subida del SMI, la instauración de registros horarios, destope de cotizaciones o las pensiones, se llegan a implementar, constituirían un "riesgo" para el crecimiento de España a medio plazo y se cometería un verdadero "emploicidio" (destrucción de empleo).

Según Feito, si se materializaran esas propuestas, se estaría recomponiendo el "arma de destrucción masiva de empleo" que multiplicó por tres el paro en la anterior recesión, y se sentiría especialmente a partir de 2020, cuando podría atisbarse una eventual recesión. "Esas medidas harían el máximo daño a la economía", ha apostillado.

Déficit público

En cuanto al déficit público, el IEE cree que España cerrará el ejercicio con un déficit del 2,7% del PIB, en línea con la estimación del Gobierno, pero "mucho más elevado" de lo que en su día se calculó en el programa de estabilidad, mientras que para 2019 prevé que caiga al 2,2%, por encima de la meta del 1,8% que estima y espera aprobar el Ejecutivo. Feito ha avisado de que el déficit sigue siendo muy elevado para el crecimiento "tan vigoroso" de la economía.

Con respecto a la tasa de paro, el IEE ha estimado que España cerrará 2018 con una t asa de paro media anual del 15,3%, tras crear unos 442.770 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (+2,4%). Para el próximo año, augura una moderación en la creación de empleo, con 358.939 puestos de trabajo (+1,9%), lo que reducirá la tasa de desempleo media anual al 14,2%.

En cuanto al IPC, el IEE ha apuntado que la media anual este año se sitúe en el 1,7% y se modere ligeramente al 1,6% en 2019, siempre que el precio del petróleo se estabilice, con una proyección de una remuneración salarial media del 1% y el 1,6%, respectivamente.

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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) avisa contra un "emploicidio" si los Presupuestos se aprueban

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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha mantenido su previsión de crecimiento de la economía española d el 2,6% para este año, en línea con la estimación del Gobierno, y la rebaja en dos décimas para 2019, hasta el 2,1%, dos décimas menos de lo estimado por el Ejecutivo, al tiempo que prevé un déficit del 2,7% y el 2,2%, respectivamente.

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Corrientes

Compra de bienes y servicios a otras empresas

Salario de los funcionarios

De  inversión (infraestructuras, I+D+i)

Transferencias y subvenciones

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Cotizaciones sociales

Tributos:

Impuestos

Tasas

Otros ingresos:

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Enajenación de bienes de inversión

Transferencias de capital

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Los PGE son los planes de gastos e ingresos que realiza la Hacienda Pública al inicio de cada año. Debe estar en consonancia con el plan económico del Estado (detalla los objetivos y las previsiones sobre la evolución de la economía)

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Actualizado 14/01/2019 16:17:58 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2019
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado este lunes en el Congreso prevé una partida de 7,999 millones de euros para la Casa del Rey, lo que supone un aumento del 1,4 por ciento respecto al proyecto de 2018.

El aumento anual, que ronda apenas los 100.000 euros, es, sin embargo, el mayor de los últimos años en una partida que sufrió reducciones entre 2011 y 2014 y, posteriormente, estuvo congelada hasta 2017. Ese año la Casa del Rey volvió a recibir un pequeño incremento, cifrado en 40.000 euros, y en 2018 otro de 70.000 euros.

Según la Constitución, corresponde al jefe del Estado distribuir libremente la partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado para su Casa. De ese importe total, en 2018, menos de un 9 por ciento ha sido para pagar los sueldos de los miembros de la Familia Real, esto es, de los Reyes Felipe y Letizia, y de Don Juan Carlos y Doña Sofía, ya que la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía no cobran asignación.

En concreto, en 2018 Felipe VI cobrará un sueldo bruto de 242.769 euros, la Reina Letizia, 135.530; el Rey Juan Carlos 194.232 euros y la Reina Sofía 109.260, en todos los casos abonado en 12 mensualidades. En total, los cuatro sueldos suman 679.818 euros, un 1,6 por ciento más que en 2017.

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El presupuesto de Casa Real crece un 1,4 por ciento y roza los 8 millones de euros

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Actualizado 14/01/2019 16:17:58 CET MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) - Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2019 El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentado este lunes en el Congreso prevé una partida de 7,999 millones de euros para la Casa del Rey, lo que supone un aumento del 1,4 por ciento respecto al proyecto de 2018.

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Publicado 11/01/2019 18:07:04 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) reclama que los Presupuestos Generales del Estado de este año 2019 doblen la aportación que vienen realizando para financiar estos modos de transporte en línea con la política de movilidad sostenible del Ejecutivo.

Así, la organización pide que la aportación pública financie el 15% de los alrededor de 5.000 millones de euros que cada año cuesta poner en marcha estos modos de transporte público en las distintas ciudades del país, frente al porcentaje del 7% que actualmente aporta.

Atuc considera que la falta de mayor aportación está "limitando el desarrollo del transporte público, justo cuando se impulsa la lucha contra el cambio climático y la se busca atajar la contaminación en las ciudades con medidas como la restricción de vehículos por el centro".

En concreto, según Atuc, en la actualidad, los sistemas de transporte público de las distintas ciudades españolas reciben anualmente un total de 346 millones de las arcas públicas, el 7% del coste total de 5.000 millones que supone su explotación.

Del monto que recibe, 51 millones se inyectan directamente y los otros 295 corresponden a lo que se aporta a las áreas metropolitanas de varias capitales a través de contratos programas de prestación de servicio con el Estado.

Atuc reclama una "mayor implicación" pública para "contribuir realmente al desarrollo del transporte público", lo que considera pasa por aportar el 15% del coste de su explotación, lo que supone un importe de unos 750 millones de euros.

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El transporte público reclama que los PGE les doblen su aportación

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Publicado 11/01/2019 18:07:04 CET MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) - La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) reclama que los Presupuestos Generales del Estado de este año 2019 doblen la aportación que vienen realizando para financiar estos modos de transporte en línea con la política de movilidad sostenible del Ejecutivo.

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TELEFÓNICA Europa Press

El Gobierno aprobó el viernes pasado dos proyectos de ley para la creación de dos nuevos impuestos. Son figuras novedosas y, al tiempo, discutibles. Su aprobación está pendiente de un trámite parlamentario que se presume largo y los objetivos de recaudación que les asignan los Presupuestos no resultan factibles. Pero lo peor es que ninguno de los dos impuestos parece lograr los objetivos que se propone, al menos en su redacción inicial.

El llamado impuesto a las transacciones financieras no es en realidad tal cosa. Es más bien una tasa a la compra de acciones de empresas cotizadas españolas. Sus efectos adversos sobre el mercado de capitales pueden acabar pesando más que su recaudación, que tardará en llegar no solo por el trámite parlamentario, sino también por la adecuación de los sistemas. El impuesto favorece las operaciones fuera de mercados regulados, con lo que incentiva la opacidad y puede promover la deslocalización. Su coste recaerá sobre pequeños inversores que no pueden buscar vías alternativas de negociación, pero su negativo efecto sobre la liquidez bursátil perjudicará la financiación y el coste de capital de las empresas. En cuanto al impuesto sobre determinados servicios digitales, hay una disonancia evidente entre lo que proclama su exposición de motivos y el articulado de la ley. A eso se une una deficiente técnica legislativa, cierta confusión en los enunciados y un desplazamiento de la carga negativa de la prueba a las empresas. Este es un impuesto diseñado teóricamente para que tributen empresas y actividades con modelos de negocio basados en activos intangibles y datos que prestan servicios digitales en un país sin estar físicamente presentes en él y facturan los ingresos desde jurisdicciones de escasa o nula tributación. La exposición de motivos dice: "Todo ello genera una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan".

Una "desconexión" es precisamente lo que hay en el proyecto de ley entre ese enunciado y su articulado. La norma no distingue, a la hora de gravar con el impuesto digital, a las compañías que evitan declarar al fisco sus ingresos en el mercado español (con diseños de ingeniería fiscal) de aquellas que sí los declaran. Con esta regulación, por tanto, se corre el riesgo no solo de castigar injustamente a empresas que, como PRISA, editora de EL PAÍS, tributan en España con una doble imposición, sino también de desincentivar sus iniciativas digitales de valor añadido y penalizar la innovación tecnológica y la digitalización de la economía. Siendo España además el primer país que quiere imponer esta figura en toda la UE, en la práctica se está incentivando a empresas y emprendedores a llevarse fuera su innovación digital.

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El Gobierno aprobó el viernes pasado dos proyectos de ley para la creación de dos nuevos impuestos. Son figuras novedosas y, al tiempo, discutibles. Su aprobación está pendiente de un trámite parlamentario que se presume largo y los objetivos de recaudación que les asignan los Presupuestos no resultan factibles.

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Publicado 05/02/2019 17:57:50 CET

"Fuera", "sin vergüenza" y "a la calle", han gritado senadores socialistas

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes en el Senado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 destinen 15 millones de euros para "desenterrar unos huesos" en el marco de la Memoria Histórica, en referencia a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta afirmación ha sido afeada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha asegurado que "es indigno".

Ha sido la senadora del PP Esther Muñoz la que ha criticado esta partida presupuestaria durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde ha preguntado a la titular de Justicia sobre "el estado actual de la Justicia".

"La Justicia está mejor que hace ocho meses y queda mucho trabajo por hacer porque la situación de la Justicia estaba en un absoluto abandono", ha contestado Delgado.

No obstante, la 'popular' ha ironizado que Delgado vive "en una realidad paralela", al recordar que los jueces y fiscales ya han hecho una huelga en su contra y "en breve tiempo" harán otra. Muñoz también ha criticado que en los presupuestos para este año no se mantengan siete millones de euros "para mejorar las retribuciones de los jueces y fiscales" y que aparezca tan solo la convocatoria de 100 plazas para las carreras judicial y fiscal.

"NO ME CUENTE LA MILONGA DE QUE FUE UN ERROR"

"No me cuente la milonga de que fue un error", ha añadido la senadora en alusión al "error tipográfico" que alega el Ministerio para asegurar que finalmente se crearán 500 puestos. "Donde no hubo error fue en la Memoria Histórica", ha asegurado Muñoz, que ha continuado señalando que los 15 millones de euros que se destinarán a la Dirección General para la Memoria Histórica servirán para "que se desentierren unos huesos".

Tras escuchar esta parte del discurso de Muñoz, la bancada socialista se ha mostrado indignada y ha gritado: "fuera", "sin vergüenza" y "a la calle", interrumpiendo a la del PP continuar con su intervención, hasta que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha pedido silencio. "No se pongan así que hasta en eso son unos incompetentes", ha dicho Muñoz.

Por su parte, la ministra de Justicia ha comenzado su turno de dúplica diciendo que el "comentario" de la senadora 'popular' es "absolutamente indigno" porque la Memoria Histórica está ligado a "valores y principios democráticos".

"INTERESES" DE CADA MINISTERIO

Delgado ha concluido relatando las tareas que su equipo está llevando a cabo "por los intereses generales, por el servicio público, para arreglar el destrozo digital que ustedes hicieron sin contar con los operadores jurídicos".

Asimismo, ha hecho hincapié en que hace "nueve meses", cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, se movilizó contra el Ministerio dirigido por Rafael Catalá porque "solamente se trabajaba por el partido y por los intereses particulares" y porque se "machacaron y masacraron" la "independencia y autonomía de jueces y fiscales", ha apuntado.

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El PP critica que los PGE destinen 15 millones para "desenterrar unos huesos" y Delgado afea el comentario: "Es indigno"

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Publicado 05/02/2019 17:57:50 CET "Fuera", "sin vergüenza" y "a la calle", han gritado senadores socialistas MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - El PP ha criticado este martes en el Senado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 destinen 15 millones de euros para "desenterrar unos huesos" en el marco de la Memoria Histórica, en referencia a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

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Misa del peregrino en la catedral de Santiago de Compostela. Óscar Corral

El Ministerio de Hacienda entregará este año 267,83 millones de euros a la Conferencia Episcopal Española (CEE) como liquidación de las asignaciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2017 por los contribuyentes católicos que marcaron la equis de la Iglesia católica en la correspondiente casilla del Impuesto sobre la Renta de las Personal Físicas (IRPF). Se trata de una liquidación final. El 70% de esa suma ya fue adelantada por Hacienda en doce mensualidades en una cuenta corriente de la CEE, que a su vez la distribuyó entre las diócesis para sueldos de obispos y sacerdotes y para diferentes atenciones de culto. Son 11,6 millones más que el año pasado y la cifra más alta desde que el Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero elevó en 2007 un 37%, hasta el 0,7, la cuota fiscal destinada a ese fin religioso.

Ninguna de estas cantidades figura en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Ejecutivo. La razón es que no se consideran gastos, sino una "minoración de ingresos". Es la novedad sobre la práctica de décadas anteriores, en las que las cantidades entregadas a cuenta a la Conferencia Episcopal se fijaban en una disposición adicional presupuestaria, pendiente de elevar a definitivas las subvenciones totales.

Por comunidades autónomas son Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana las que más aportan, con porcentajes de declaraciones a favor de la Iglesia romana superiores al 40%, e incluso por encima del 45%, como Castilla la Mancha (46,09%), La Rioja (45,62%) y Extremadura (45,09%). En Murcia son el 44,57% de las declaraciones. En cambio, Cataluña apenas supera el 18% de declarantes católicos, un punto menos que en el ejercicio anterior. Son casi 15 puntos por debajo de la media nacional. Las provincias con mayor porcentaje son Ciudad Real (52,58%), Badajoz (48,45%) y Jaén (47,76%). En Barcelona es del 18,1%. En el País Vasco la provincia con menor porcentaje de declarantes es Guipúzcoa con el 20,1%. Vizcaya sube al 30,13%.

Durante años, el portavoz episcopal insistía en que su Iglesia no figuraba en los Presupuestos del Estado. Le desmentía cada ejercicio una disposición adicional de la principal ley económica. Ahora ya puede afirmarlo. La Iglesia católica tiene una casilla con su nombre en los impresos del IRPF y es la única religión con ese privilegio, pero ya no figura en las leyes de Presupuestos. Sí están consignadas, sin embargo, las subvenciones a las ONGs (la equis para Otros Fines Sociales), y también las asignadas "para gastos de funcionamiento de los partidos políticos". Son 52,7 millones de euros", más otros 2,7 "para gastos de seguridad", es decir, cinco veces menos que lo recibido por la jerarquía católica.

Todo ello se decidió en una disposición adicional, la cuadragésimo sexta, de la ley de Presupuestos para 2017. Decía esto: "Con vigencia desde el año 2016 y con carácter indefinido, la entrega a cuenta mensual a que se refiere el apartado Tres de la Disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, ascenderá a la duodécima parte del setenta por ciento de la última liquidación definitiva practicada del sistema de asignación tributaria a inicio del ejercicio".

Con esta disposición, la Iglesia católica desaparece de las leyes de Presupuesto aunque cada año reciba más dinero del Estado, sin que los católicos pongan de su bolsillo ni un euro. Lo dice la publicidad que emite la CEE llamando a sus fieles a marcar la equis en su favor, y lo repite el comunicado con que el martes se anunciaron las cifras del ejercicio pasado por la Vicesecretaría de Asuntos Económicos que dirige Fernando Giménez Barriocanal.

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Los obispos reciben este año 268 millones del IRPF, una cifra récord

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El Ministerio de Hacienda entregará este año 267,83 millones de euros a la Conferencia Episcopal Española (CEE) como liquidación de las asignaciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2017 por los contribuyentes católicos que marcaron la equis de la Iglesia católica en la correspondiente casilla del Impuesto sobre la Renta de las Personal Físicas (IRPF).