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La población infantil en Argentina desde el siglo XIX era considerada objetos de derecho y clasificada en dos grandes y diferenciadas categorías por una parte se habla de infancia/niñez y por otro de minoridad; aunque estos términos hoy en día se pueden confundir la realidad es que divide los estratos sociales.

Infancia refiere a aquellos niños, niñas y jóvenes que se criaban, se educaban y desarrollaban con la contención de una familia presente. Sin embargo los menores eran aquellos infantes y adolescente que se encontraban en situaciones irregulares, por lo tanto quedaban al resguardo del Estado quien vulneraba mediante instituciones de control los derechos de los mismos. En esta última categoría se encuentran únicamente personas de bajos recursos económicos, es decir se los consideraba un problema estatal y potenciales delincuentes; así como tampoco entran en el perfil de estudiantes propuestos por Ley Nacional Educación N° 1420 del año 1884.

Recién en el año 2005 hubo un cambio significativo de paradigma en relación a la población infantil, a partir de la Ley 26061 mediante la cual se comenzó a hablar de este sector poblacional como sujetos de derecho. Dicha ley sostiene que tanto el Estado como el resto de la población en generar deben resguardar la integridad de los NNyA. Los pilares fundamentase dictaminados son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil.

En la actualidad se sigue luchando para poder cambiar la mirada socialmente construida sobre las distintas formas de vivir la infancia, ya que el solo hecho de cambiar las leyes no es suficiente. Es necesario desnaturalizar las prácticas discriminatorias para empezar a pensar en la igualdad de derechos y de oportunidades que dignifiquen a todos los NNyA por igual y no solo a un sector.

Para poder empezar a  hacer el cambio desde la escuela, el primer paso es reconocer que  estas  diferenciaciones que se hacen por clases sociales siguen instauradas aun hoy en los distintos patrones de comportamientos y pensamientos sociales. A los niños niñas y jóvenes de las clases sociales más bajas se les continúa vulnerando sus derechos desde, el no acceso a viviendas dignas, trabajos infantiles, el no acceso a la educación por inferencias de diversas variabilidades que no les permiten el ingreso a la educación como falta de recursos materiales o de alimentación, esta lista sería infinita; pero es posible , como docente, comenzar el camino del cambio a una sociedad más justa desde acciones educativas que fomenten el pensamiento reflexivo, crítico, y sobre todo el respeto por el otro que no es igual a mí pero que tiene los mismos derechos.

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En Argentina  la construcción histórica de la infancia fue dividida en dos “el de la infancia-niño-“que cuenta con la figura y la presencia de la familia. Y el de “la minoridad –menor-” en los que nos encontramos con aquellos niños que no  cuentan con el apoyo ni la figura de alguien responsable. Ubicados en los sectores sociales más desfavorecidos. Producto de esto clasificándolos en la brecha de “criminales, pobres y desamparados”.  Dicha división ha traído consecuencias, como la prohibición de los derechos fundamentales del niño.Pero luego con la Ley 26061 sancionada en 2005surge un cambio de paradigma en el que los niños y adolescentes pasan a ser sujetos de derechos los cuales ellos por sus propios medios utilizaran los derechos sin necesidad de un adulto que los acompañe. Y acá entran en juego los roles de la sociedad, familia, vecinas, siendo responsabilidad de todos el cuidado de los niños. Nuestro rol como docentes es fundamental en el reconocimiento y la implantación de estos derechos, para  con nuestros estudiantes.    

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En Argentina  la construcción histórica de la infancia fue dividida en dos “el de la infancia-niño-“que cuenta con la figura y la presencia de la familia. Y el de “la minoridad –menor-” en los que nos encontramos con aquellos niños que no  cuentan con el apoyo ni la figura de alguien responsable. Ubicados en los sectores sociales más desfavorecidos. Producto de esto clasificándolos en la brecha de “criminales, pobres y desamparados”.  Dicha división ha traído consecuencias, como la prohibición de los derechos fundamentales del niño.Pero luego con la Ley 26061 sancionada en 2005surge un cambio de paradigma en el que los niños y adolescentes pasan a ser sujetos de derechos los cuales ellos por sus propios medios utilizaran los derechos sin necesidad de un adulto que los acompañe. Y acá entran en juego los roles de la sociedad, familia, vecinas, siendo responsabilidad de todos el cuidado de los niños. Nuestro rol como docentes es fundamental en el reconocimiento y la implantación de estos derechos, para  con nuestros estudiantes.    

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En Argentina  a partir del siglo XIX, con la implementación de la doctrina  de la “situación irregular”, la población infantil empieza a clasificar a los infantes y adolescentes en dos categorías: niño/a o menor de edad. Esta concepción o más bien esta mirada naturalizada de un solo y único modo  “correcto” de concebir la relación entre adultos y niños, divide el mundo infantil y adolescente en dos territorios opuestos entre sí, que los diferencia. Es decir, se crea una posición rígida que concibe al niño como “objeto de intervención y tutela jurídica que debe ser controlada y protegida por el Estado siempre que se juzgue ante un tribunal si se encuentra en “peligro material o moral”.  Esta nueva forma de concebir al niño logra traspasar ese espacio legal, para formar parte del imaginario colectivo de la sociedad, que se traduce en la acentuación de esos parámetros que determinan lo que es un niño y lo que es un menor.  Convirtiendo a ese menor en una imagen estereotipada, llena de prejuicios que solamente reproducen y acentúan las condiciones de  desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes volviéndolos más vulnerables.Entonces, desde la concepción que categoriza la niñez de la minoridad, vemos como se construye e institucionaliza todo un sistema diferenciado para aquellos niños, jóvenes y adolescentes que quedan por fuera de los mecanismos de control y “normalización de la familia y del sistema educativo argentino” (marco de la Ley de educación 1.420/84), como respuesta pública ante los hechos de extrema vulnerabilidad de los niños. Ante esta situación, se crea la Ley N°26.061 en 2005, la cual reconocerá a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos dejando así el lugar como objeto de derecho (lugar que recibían esos menores para el Estado y la Sociedad en su conjunto), bajo un nuevo paradigma el de la protección de los derechos de los mismos. Aquí también vemos como la ley asigna nuevos roles para el Estado  y para las familias  será ser los garantes de esos ejercicios a través de la protección y promoción  de esos derechos. La sociedad también debe ser garante de este derecho, bajo la responsabilidad que le corresponde a cada ciudadano en el lugar que le toque.Desde el enfoque de derechos, el desarrollo de la ESI en las escuelas es fundamental,  ya que aborda dos dimensiones: la cognitiva: aquella que se vincula al derecho de recibir información adecuada y científicamente validada y la consideración de las personas como sujetos de derechos, aquella se vincula a fomentar la participación activa de todo el alumnado y de sus familias en materia de educación sexual integral desde el consenso y respeto. Aquí el rol de la familia deja de ser el de “destinatario secundario de acciones”, sino que pasa a ser el de “portador de derechos y responsabilidades” en relación a la educación de sus hijos.A pesar de estos avances, considero que es muy difícil desde la escuela llegar a garantizar este derecho para todos cuando todavía quedan restos de la antigua concepción, que deja entre ver la dicotomía entre niño o menor, o cuando no hay participación de las familias en la educación de los chicos. Vemos como ciudadanos como se vulneran los derechos de  los infantes sin ningún problema, creo que como docentes debemos pulir nuestra mirada para la acción ante estos hechos y dar respuestas a esta problemática que es no solo de la escuela sino que es un problema social.

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En Argentina  a partir del siglo XIX, con la implementación de la doctrina  de la “situación irregular”, la población infantil empieza a clasificar a los infantes y adolescentes en dos categorías: niño/a o menor de edad. Esta concepción o más bien esta mirada naturalizada de un solo y único modo  “correcto” de concebir la relación entre adultos y niños, divide el mundo infantil y adolescente en dos territorios opuestos entre sí, que los diferencia. Es decir, se crea una posición rígida que concibe al niño como “objeto de intervención y tutela jurídica que debe ser controlada y protegida por el Estado siempre que se juzgue ante un tribunal si se encuentra en “peligro material o moral”.  Esta nueva forma de concebir al niño logra traspasar ese espacio legal, para formar parte del imaginario colectivo de la sociedad, que se traduce en la acentuación de esos parámetros que determinan lo que es un niño y lo que es un menor.  Convirtiendo a ese menor en una imagen estereotipada, llena de prejuicios que solamente reproducen y acentúan las condiciones de  desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes volviéndolos más vulnerables.Entonces, desde la concepción que categoriza la niñez de la minoridad, vemos como se construye e institucionaliza todo un sistema diferenciado para aquellos niños, jóvenes y adolescentes que quedan por fuera de los mecanismos de control y “normalización de la familia y del sistema educativo argentino” (marco de la Ley de educación 1.420/84), como respuesta pública ante los hechos de extrema vulnerabilidad de los niños. Ante esta situación, se crea la Ley N°26.061 en 2005, la cual reconocerá a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos dejando así el lugar como objeto de derecho (lugar que recibían esos menores para el Estado y la Sociedad en su conjunto), bajo un nuevo paradigma el de la protección de los derechos de los mismos. Aquí también vemos como la ley asigna nuevos roles para el Estado  y para las familias  será ser los garantes de esos ejercicios a través de la protección y promoción  de esos derechos. La sociedad también debe ser garante de este derecho, bajo la responsabilidad que le corresponde a cada ciudadano en el lugar que le toque.Desde el enfoque de derechos, el desarrollo de la ESI en las escuelas es fundamental,  ya que aborda dos dimensiones: la cognitiva: aquella que se vincula al derecho de recibir información adecuada y científicamente validada y la consideración de las personas como sujetos de derechos, aquella se vincula a fomentar la participación activa de todo el alumnado y de sus familias en materia de educación sexual integral desde el consenso y respeto. Aquí el rol de la familia deja de ser el de “destinatario secundario de acciones”, sino que pasa a ser el de “portador de derechos y responsabilidades” en relación a la educación de sus hijos.A pesar de estos avances, considero que es muy difícil desde la escuela llegar a garantizar este derecho para todos cuando todavía quedan restos de la antigua concepción, que deja entre ver la dicotomía entre niño o menor, o cuando no hay participación de las familias en la educación de los chicos. Vemos como ciudadanos como se vulneran los derechos de  los infantes sin ningún problema, creo que como docentes debemos pulir nuestra mirada para la acción ante estos hechos y dar respuestas a esta problemática que es no solo de la escuela sino que es un problema social.

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De acuerdo con los marcos teóricos, a partir del siglo XIX en Argentina se comienza a clasificar a la población infantil, según la situación socioeconómica que vivan, en menores o en  niños, niñas y adolescentes. Esta clasificación solo contribuyó a una discriminación y vulnerabilidad sobre aquellos niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estratos sociales y económicos desfavorables. De igual manera toda la población infantil, ya sea perteneciente o no a determinado sector social, son considerados como objetos de derechos sin la libertad o la posibilidad del goce de sus derechos, transgredidos por el estado o familia/tutores a cargos.

Luego con el progreso de la Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionadas en 2005 con la Ley 26.061, la población infantil pasa a ser sujeto de derecho, lo cual implica que todos los niños, niñas y adolescentes pueden hacer uso de sus derechos, situando al estado y a los adultos como los garantes y responsables de la protección y goce de los mismos. Sin embargo, este cambio de paradigma no ha suprimido esta clasificación, dado que se continúa con esta decadencia; donde todos los derechos, no son para todos los niños, niñas y adolescentes, sino que determinados sectores pudientes pueden hacer uso y goce de sus derechos, quedando aquellos que se encontraban y se encuentran en situaciones económicas y sociales más desfavorables a merced de las políticas públicas que el estado les ofrece.

De esta manera, las escuelas y los docentes continúan en una lucha contra estas adversidades, porque un estado que no se posiciona como garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, no contribuye en políticas fundadas desde los derechos humanos. Es decir, las instituciones y la comunidad educativa continúan generando el cambio desde sus intervenciones educativas, desde sus prácticas, con sus propios métodos y estrategias, sin apoyo por parte del estado, para superar las diferencias socioeconómicas, abaladas y respaldadas por el estado a través del poder judicial y de los medios de comunicación.