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La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.

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La importancia de este plan radica en promover la salud y el bienestar de la población, ya que establece un marco estratégico para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, promoviendo la igualdad de género, los derechos humanos y la prevención de embarazos no deseados y abortos inseguros. Al centrarse en la educación sexual integral, la atención prenatal y posnatal, y la eliminación de barreras de acceso para poblaciones vulnerables, el plan busca reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y mejorar la salud general de la población ecuatoriana, promoviendo así un desarrollo humano sostenible y equitativo.

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La Constitución de 2008 brinda protección especial y prioritaria a adolescentes, mujeres adultas, mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultas mayores y desplazadas, sobre todo cuando éstas sean víctimas de maltrato, violencia doméstica o sexual y/o explotación sexual. Los derechos humanos de las mujeres  contribuyen a la configuración de una nueva ética que se funda en las relaciones igualitarias de los sujetos y en la erradicación de la discriminación.

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El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral, y para impulsar la evolución de la sociedad a una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar.

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Título II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 12.- Prioridad absoluta

Se asegurará el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.

Capítulo II DERECHOS DE SUPERVIVENCIA

Art. 23.- Protección prenatal

Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta 90 días posparto, se podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el tiempo necesario.

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna

Para asegurar el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo.

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto

Crear las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso < a 2500 gr.

Capítulo III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos

Todo programa de atención y cuidado deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades específicas, de conformidad con la Constitución y la ley.

Título V DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo

Se fija en 15 años la edad mínima para todo tipo de trabajo.

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Brindar una atención prioritaria durante el embarazo, parto y posparto de una madre adolescente de forma oportuna, respetando la cosmovisión de los diferentes pueblos para de esta forma evitar la morbimortalidad materna.

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5.- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA [Internet]. Gob.ec. 2013 [consultado el 23 de febrero del 2024]. Disponible en: https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-CÓDIGO-DE-LA-NIÑEZ-Y -ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf

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La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.

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ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Aplicación de estándares y protocolos:Los enfermeros pueden asegurarse de aplicar los estándares y protocolos de atención establecidos por la ley en su práctica diaria. Esto incluye seguir procedimientos estandarizados para el cuidado de pacientes, administración de medicamentos, manejo de registros médicos, entre otros.

Educación y promoción de la salud: Los enfermeros pueden educar a los pacientes y a la comunidad sobre sus derechos de salud, así como sobre las políticas y disposiciones establecidas por la ley.

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Art. 29.- Esta Ley, faculta a los servicios de salud públicos y privados, a interrumpir un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos en el artículo 447 del Código Penal. Estos no podrán negarse a atender a mujeres con aborto en curso o inevitables, debidamente diagnosticados por el profesional responsable de la atención.

Art. 48.- La publicidad de bebidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará a la salud, al éxito deportivo o a la imagen de la mujer como símbolo sexual. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición.

Art. 68.- Se suministrará la anticoncepción que corresponda, previo consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH y a aquellas viviendo con SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia cuando el caso lo requiera, ajuicio del profesional responsable de la atención.

Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras. Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

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Disponer de protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad

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Con la vigencia del Código del Trabajo en Ecuador, se da una adecuada protección al derecho de los trabajadores, regulando de manera clara todo los derechos y las obligaciones inherentes a las partes involucradas en la relación laboral.

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Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores que se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.

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Esta Ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia.

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Evitar el femicidio a través de la identificación del riesgo que tiene una mujer víctima de violencia.

Concertar estrategias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

Prevenir, detectar, atender, proteger y erradicar oportunamente la violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y en toda su diversidad;

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Art. 92.- Garantía para parturientas.- No cabe retención ni embargo de la remuneración que perciban las mujeres durante el período de dos semanas anteriores al parto y seis semanas posteriores al mismo.

Art. 152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido.

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en este Código.

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el artículo 14 de este Código. Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo. En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le asisten.

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Artículo 9, numeral 8 de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

Derecho a recibir protección: Derecho a recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados de manera inmediata y gratuita para la víctima y sus dependientes con cobertura suficientes, accesible y de calidad.

Artículo 9, numeral 15 de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

Derecho a auxilio inmediato: Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, en toda su diversidad tienen derecho al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento que las víctimas lo soliciten

Artículo 10, numeral b de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

El maltrato psicológico también es violencia: Si alguien te insulta, te descalifica, te menosprecia, te degrada, te controla, te dice “tonta” “estúpida”. La manipulación emocional, el control, el acoso, el envío de mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidas, chantajear y vigilarte son violencia psicológica.

Artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

Violencia física, psicológica, sexual: La violencia se puede expresar durante el ciclo de la violencia con golpes, con manipulación psicológica, con control acoso y también con violencia sexual.

Artículo 9, numeral 8 de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

Derecho a recibir protección: Derecho a recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados de manera inmediata y gratuita para la víctima y sus dependientes con cobertura suficientes, accesible y de calidad.

Artículo 9, numeral 15 de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

Derecho a auxilio inmediato: Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, en toda su diversidad tienen derecho al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento que las víctimas lo soliciten.

Artículo 10, numeral b de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

El maltrato psicológico también es violencia: Si alguien te insulta, te descalifica, te menosprecia, te degrada, te controla, te dice “tonta” “estúpida”. La manipulación emocional, el control, el acoso, el envío de mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidas, chantajear y vigilarte son violencia psicológica.

Artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

Violencia física, psicológica, sexual: La violencia se puede expresar durante el ciclo de la violencia con golpes, con manipulación psicológica, con control acoso y también con violencia sexual.

Artículo 11, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres

La violencia ocurre en la casa, en la escuela, en el trabajo: La violencia contra las mujeres pueden ocurrir en varios lugares como en la casa o ámbito doméstico (por la pareja, hermanos, parientes), en el contexto educativo, en el trabajo, en el ámbito deportivo, en las cárceles, en las instituciones de salud.

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ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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El personal de Enfermería debe conocer sobre el Código de trabajo para poder orientar a las mujeres, con el objetivo de que puedan proteger sus derechos principalmente en situaciones de embarazo, ya que este código contempla aspectos como: licencia por maternidad, protección contra la discriminación y medidas para garantizar un entorno laboral seguro durante el embarazo.

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Garantizar a toda la población del territorio ecuatoriano una atención integral y de calidad, a través del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, mediante la ampliación de la cobertura de Salud Sexual y Salud Reproductiva (SSSR) en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador.

Promover la inclusión, la igualdad y el respeto de los derechos humanos en los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Sistema Nacional de Salud, con énfasis en grupos de atención prioritaria y poblaciones diversas.

Fortalecer la participación ciudadana y el control social en torno a los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el Sistema Nacional de Salud.

Fortalecer la articulación de los subsistemas de salud como garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Fortalecer las capacidades y competencias de los formadores y prestadores del Sistema Nacional de Salud en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva, con generación de conocimiento basado en evidencia científica.

Gestionar de manera eficiente, por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, la provisión de recursos, insumos, medicamentos y dispositivos médicos que garantice las prestaciones en Salud Sexual y Salud Reproductiva.

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Art. 29 de la Ley Orgánica de Salud, los servicios de salud públicos y privados, están facultados a interrumpir un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos en el artículo 447 del Código Penal (actual Art150 del COIP)l. Estos no podrán negarse a atender a mujeres con aborto en curso o inevitables, debidamente diagnosticados por el profesional responsable de la atención.

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6. Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional. Código de Trabajo [Internet]. Portal único de trámites ciudadanos. 2020 [citado el 24 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.gob.ec/regulaciones/codigo-trabajo

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La leche materna contiene todos los elementos nutritivos que necesita el bebé para su crecimiento y desarrollo, así como las sustancias que lo protegen contra infecciones y alergias.

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Garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado del niño luego de su nacimiento a través de la lactancia materna.

Precautelar el cumplimiento del derecho a ser amamantado por su madre.

Organizar sistemas de apoyo social para fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna en la familia y en la comunidad.

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CAPITULO I DE LA POLITICA NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA

Art. 2.- Corresponde al Ministerio de Salud Pública, a través de sus unidades operativas, la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. Para este efecto deberá diseñar e implementar acciones tendientes a:

a) Fomentar la práctica de la lactancia materna exclusiva durante el primer año de vida del niño;

b) Establecer en todos los servicios de salud públicos y privados, normas obligatorias que garanticen el contacto inmediato del niño con su madre, luego de su nacimiento;

c) Promover y desarrollar educación continua en lactancia materna a los miembros del equipo de salud, la familia y la comunidad;

d) Impartir la instrucción oportuna a toda madre embarazada o en período de lactancia sobre los beneficios nutricionales, inmunitarios, psicoafectivos y el efecto anticonceptivo de la lactancia materna, así como respecto del peligro que conlleva el cambio injustificado de ésta por biberones y chupones para los lactantes;

e) Propugnar el cumplimiento de las normas del Código Internacional sobre Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y,

f) Eliminar toda propaganda relacionada con las fórmulas lácteas en los servicios de salud.

CAPITULO II OBJETIVO Y ALCANCE DE LA LEY

Art. 4.- La lactancia materna, como recurso natural, debe proveerse hasta que el niño cumpla dos años de edad.

CAPITULO IV DE LA EDUCACION E INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION INFANTIL

Art. 9.- Los materiales informativos y educativos provenientes de las instituciones del sector público, sean impresos o audiovisuales, no podrán contener el nombre o logotipo del fabricante o distribuidor de ningún producto designado. Los materiales destinados a los profesionales de salud podrán contener información acerca de los productos designados, solo con fines educativos o científicos.

CAPITULO V DE LOS AGENTES DE LA SALUD PARA EL FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA

Art. 11.- Todo agente de salud o persona, profesional o no, que brinde servicios de salud, deberá fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna, así como eliminar toda práctica que, directa o indirectamente, retrase la iniciación o dificulte la continuación de la lactancia materna.

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Educar continuamente a las madres, personal de salud, familia y comunidad sobre la importancia de la lactancia materna.

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7. LEY DE FOMENTO, APOYO Y PROTECCION A LA LACTANCIA MATERNA [Internet]. Gob.ec. 1995 [consultado el 23 de febrero del 2024]. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/LEY-LACTANCIA-MATERNA-RO-814-1-11-1995.pdf

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La Ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, tiene como finalidad el financiamiento de atención médica, insumos, medicamentos, micronutrientes, exámenes básicos, de las mujeres embarazadas, recién nacidos y niños menores de cinco años.

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Prevención desde la adolescencia y de la sensibilización y concienciación de la población sobre la violencia de género

Anamnesis, o entrevista, y detectar la presencia de indicadores de sospecha, se debe poner en marcha el Protocolo de Actuación en Violencia de Género de su área sanitaria

Debemos informar a la mujer sobre derechos y recursos, respetando la decisión de denuncia, para ello, las habilidades de comunicación y los conocimientos sobre las fases del proceso del cambio, nos ayudarán a realizar una intervención correcta.

Valorar la seguridad y el riesgo de la mujer en ese momento, si reconoce o no sufrir malos tratos y si se encuentra en peligro extremo.

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ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Los enfermeros pueden proporcionar educación y consejería sobre salud sexual y reproductiva a individuos y comunidades. Esto incluye información sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, cuidado prenatal y posnatal, y derechos sexuales y reproductivos.

Los enfermeros pueden participar en actividades de promoción de la salud para fomentar el conocimiento y la conciencia sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva. Esto puede incluir campañas de sensibilización, charlas educativas y eventos comunitarios.

Los enfermeros pueden trabajar para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva.

Es importante que los enfermeros mantengan registros precisos y completos de las intervenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Esto contribuye al monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos del plan y al seguimiento del progreso en la prestación de servicios.

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4.- Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres asamblea nacional republica del Ecuador. (2018). Ley 05-feb.-2018.Consultado el 21 de febrero del 2024, Disponible en: https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf

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Disminuir morbi-mortalidad materna e infantil

Disminuir el gasto de bolsillo

Apoyar la reforma del sector salud

Apoyar la descentralización

Fomentar la participación ciudadana

Ampliar coberturas y atención primaria de salud

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Art. 1.- Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas menores de cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado.

Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad en las siguientes prestaciones:

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento (excepto "SIDA"), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la dotación de sangre y hemo derivados.

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ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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El personal de Enfermería debe proporcionar información detallada y precisa sobre el embarazo, el parto, el cuidado prenatal, la alimentación saludable, el ejercicio, la preparación para el parto y el cuidado del recién nacido ayuda a las mujeres a tomar decisiones informadas y a cuidar mejor de sí mismas y de sus bebés.

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10.- Viceministerio. Plan Nacional de salud sexual y reproductiva [Internet]. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2017 [citado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PLAN%20NACIONAL%20DE%20SS%20Y%20SR%202017-2021.pdf

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2. Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Salud [Internet]. Gob.ec. ciembre 2006 [citado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://hvcm.gob.ec/wp-content/uploads/2012/03/Ley-Organica-de-Salud.pdf

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Esta normativa establece las pautas para la atención a la madre y al recién nacido que aseguren un buen inicio a la vida, dotando de calidad, calidez, continuidad, pertinencia e integralidad, y garantizando el cumplimiento de los mándatos constitucionales así como del Modelo de Atención Integral en Salud.

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1. Mejorar la calidad e integralidad de la atención pre-natal.

2. Promover el parto humanizado y la adecuada atención del recién nacido.

3. Mejorar la calidad de la atención de las emergencias obstétricas y neonatales.

4. Prevenir la transmisión vertical del VIH y sífilis.

5. Fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna.

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Artículo 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, a las y los ciudadanos, mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.

Artículo 43: El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos:

Ninguna mujer debe ser discriminada o privada de los servicios de salud por su embarazo tanto en ámbito social, educativo y cultural.

La salud materna debe ser totalmente gratuita

Disponer de un ambiente adecuado, con facilidades necesarias para la recuperación de la mujer después del parto y posterior período de lactancia.

Artículo 363. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA POLÍTICA EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Cuidado y el fomento de la salud, así como la prevención de enfermedades de la mujer embarazada, su hijo, y familia, durante la gestación, el parto y el puerperio con una atención más humanizada que reduce riesgos de mortalidad materna y neonatal.

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12. Ministerio de Salud Pública. ESAMYN. (2021). Consultado 23 de febrero del 2024, Disponible en: https://www.studocu.com/ec/document/universidad-central-del-ecuador/medicina/acuerdo-ministerial-c-00030-2021-dic-16-esamy-n-am/21964166

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Crear un sistema nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios para asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos a la mujer.

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8. Ministerio de Salud Pública. MSP: se garantiza derecho a maternidad gratuita y atención a la infancia, en el marco de la gratuidad general en salud [Internet]. Gob.ec. [citado el 24 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/msp-se-garantiza-derecho-a-maternidad-gratuita-y-atencion-a-la-infancia-en-el-marco-de-la-gratuidad-general-en-salud/

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La importancia de la ley que permite la interrupción del embarazo en casos de violación se evidencia en múltiples aspectos. En primer lugar, garantiza la protección de los derechos humanos al reconocer y salvaguardar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y salud reproductiva, honrando así su autonomía y dignidad como individuos. Además, esta legislación promueve el bienestar integral de las mujeres al prevenir riesgos para su salud física y mental, así como complicaciones médicas y psicológicas derivadas de embarazos no deseados y traumáticos. Asimismo, al proporcionar un marco legal para acceder a servicios de interrupción del embarazo de manera segura y supervisada, contribuye significativamente a la reducción de la incidencia de abortos clandestinos e inseguros. Además, la ley refleja el compromiso del Estado en apoyar y proteger a las víctimas de violencia sexual, ofreciéndoles una opción legal para evitar una maternidad forzada como resultado de un acto de violación. Por último, al reconocer el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su salud reproductiva en circunstancias tan sensibles, se contribuye a la reducción del estigma y la discriminación asociados con el embarazo no deseado, especialmente en situaciones de violencia sexual.

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1. Proteger contra la Violencia de Género: El COIP busca prevenir y sancionar la violencia física, sexual, psicológica y económica contra las mujeres.

2. Promover la Justicia: A través de la aplicación de sanciones adecuadas a los agresores y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas, el COIP busca promover la justicia y la reparación para las mujeres afectadas por el delito.

3. Garantizar la Igualdad: El COIP busca eliminar la discriminación de género y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en todos los aspectos de la vida.

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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador incluye disposiciones específicas destinadas a proteger y promover los derechos de las mujeres. Estas disposiciones están diseñadas para abordar la violencia de género, la discriminación y otras formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

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1. Artículo 141: Define el femicidio como el asesinato de una mujer por razones de género. Establece sanciones más severas para este tipo de crimen.

2. Artículo 170: Establece medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Esto incluye la prohibición de contacto por parte del agresor, la entrega de armas y la asistencia económica y social.

3. Artículo 171: Describe las medidas cautelares y de protección que pueden ser otorgadas a las víctimas de violencia de género, como órdenes de alejamiento o restricción de contacto.

4. Artículo 172: Penaliza la violencia sexual en todas sus formas, incluyendo la violación, el acoso sexual y otros actos de violencia sexual. Establece sanciones para los perpetradores y garantiza la protección de las víctimas.

5. Artículo 528: Establece que las penas por delitos cometidos contra personas protegidas, como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, serán agravadas.

6. Artículo 546: Establece que el delito de trata de personas, que afecta predominantemente a mujeres y niños, será sancionado con penas severas.

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ASPECTOS QUE LA ENFERMERÍA PUEDDE TRABAJAR

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ASPECTOS QUE LA ENFERMERÍA PUEDDE TRABAJAR

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Atención a Víctimas de Violencia: Brindar atención médica y apoyo psicológico a las mujeres que son víctimas de violencia de género.

Educación y Sensibilización: Participar en programas de educación y sensibilización comunitaria sobre la prevención de la violencia de género y la promoción de relaciones saludables.

Abogacía y Derivación: Identificar y derivar a las mujeres que necesitan apoyo legal y social adicional para acceder a recursos y protección según lo establecido en el COIP.

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3.-Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COIP [Internet]. Gob.ec. [citado el 23 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf

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1. Garantizar la dignidad de toda niña, adolescente, mujer y persona gestante que desee interrumpir su embarazo, reconociendo que es libre de tomar decisiones para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la presente ley.

2. Establecer los requisitos necesarios para la práctica de aborto consentido en caso de violación.

3. Establecer las obligaciones del sistema nacional de salud y del personal médico que debe intervenir en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.

4. Garantizar la asistencia médica y psicológica de la víctima ante un embarazo producto de una violación, así como la atención prioritaria, integral, gratuita, oportuna, humanizada, de calidad y confidencial de toda víctima de violación y en especial antes, durante y después del procedimiento de interrupción del embarazo, o del embarazo en el caso de las mujeres que no decidan realizar el proceso de interrupción del embarazo.

5. Prevenir la revictimización de la víctima de violencia sexual conforme lo reconoce la Constitución de la República y los Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador.

6. Implementar y diseñar redes de apoyo y seguimiento hacia las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, con el objeto de brindarles acompañamiento para que puedan decidir libremente continuar o terminar el embarazo.

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Art. 150: Este artículo establece las circunstancias en las cuales la interrupción voluntaria del embarazo no es punible. Entre estas circunstancias se incluye cuando el embarazo es producto de una violación.

Art. 151: Dispone que la interrupción del embarazo realizada por un médico, cirujano, partera u otra persona autorizada por la ley, bajo las circunstancias establecidas en el artículo 150, no será sancionada.

Art. 152: Establece las penalidades para aquellos que realicen una interrupción del embarazo fuera de los casos permitidos por la ley. Sin embargo, no habrá sanción cuando la interrupción del embarazo sea realizada por un médico, cirujano, partera u otra persona autorizada por la ley bajo las circunstancias permitidas por el artículo 150.

Art. 10.- La atención integral para interrumpir el embarazo en caso de violación: La atención integral para víctimas de violación y para la ejecución del procedimiento de aborto en caso de violación comprenderá la existencia de protocolos o guías clínicas basadas en la evidencia científica, insumos e infraestructura necesaria, profesionales capacitados y provisión de información completa y veraz.

Art. 13: De las niñas, adolescentes, y mujeres con discapacidad mental y el acceso al aborto consentido en caso de violación.- El acceso al aborto consentido en caso de violación, que soliciten las personas con discapacidad mental se fundamentará en los principios de independencia y autonomía de la persona, ante su entorno, en igualdad de condiciones que las demás personas.

Art. 15: De las adolescentes, y mujeres y personas gestantes privadas de libertad y el acceso al aborto consentido en caso de violación.- Las adolescentes, mujeres y personas gestantes privadas de la libertad que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo cuando este es producto de violación tienen el derecho a ser atendidas de manera urgente, oportuna y eficiente, sin discriminación, de acuerdo con lo establecido en esta ley, asegurando una inmediata y adecuada derivación de todo lugar en que se encuentren, incluyendo a los centros de privación de libertad o centros de adolescentes infractores, a los establecimientos del sistema nacional de salud.

Art. 21: Del otorgamiento del consentimiento informado.- Junto con el formulario, la víctima de violación que deseare someterse al aborto consentido en caso de violación, deberá otorgar a través de un formato accesible, su consentimiento informado.

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1. Educación y Asesoramiento: Los enfermeros pueden proporcionar educación y asesoramiento a las mujeres que han sido víctimas de violación y están considerando la interrupción voluntaria del embarazo. Esto incluye explicar los riesgos y beneficios del procedimiento, así como discutir las opciones y brindar apoyo emocional.

2. Apoyo durante el Proceso: Durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo, los enfermeros pueden brindar apoyo físico y emocional a las mujeres, asegurándose de que se sientan cómodas y seguras. Pueden responder a preguntas y preocupaciones, así como proporcionar alivio del dolor y atención médica adecuada.

3. Consejería Postaborto: Después de la interrupción voluntaria del embarazo, los enfermeros pueden ofrecer consejería postaborto para ayudar a las mujeres a procesar sus emociones, abordar cualquier preocupación o ansiedad y proporcionar información sobre la atención postaborto y la anticoncepción.

4. Seguimiento y Cuidados Posteriores: Los enfermeros pueden realizar seguimientos posteriores al procedimiento para monitorear la recuperación física y emocional de las mujeres, identificar cualquier complicación potencial y proporcionar los cuidados necesarios.

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NOTA GENERAL:

Por Resolución de la Corte Constitucional No. 41-22-IN, de 3 de junio del 2022, https://n9.cl/h2hcr, resuelve admitir a trámite la causa y concede las medidas cautelares solicitadas, es decir, se suspende la vigencia de los artículos 5 literal g), 12 numeral 6 y 22 numeral 6 de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, hasta que la presente causa sea resuelta.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 34-19-IN/21 y acumulados declaró inconstitucional por el fondo el Artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal en la frase "en una mujer que padezca de discapacidad mental"; Y, dispuso que la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos con iniciativa legislativa, presente en el plazo de dos meses, a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos en la sentencia y evidencia médica y científica, establezca condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación; así como dispone que el proyecto de ley sea conocido y discutido -con los más altos estándares de deliberación democrática y respetando los criterios establecidos en esta decisión- por la Asamblea Nacional dentro del plazo máximo de 6 meses, contados desde la presentación del proyecto de ley;

Que el artículo 226 de La Constitución de la República del Ecuador establece el principio competencia y legalidad, regulando que la administración pública y sus servidores están facultados para ejercer lo que la Constitución y la Ley le atribuyen al respecto;

Que la independencia de sus funciones es uno de los fundamentos de Estado de derecho; por tanto, el artículo 126 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Asamblea Nacional se regirá por la Ley correspondiente y su reglamento interno;

Que el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra: "La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: (...) 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio";

Que el artículo 84 de la Carta Magna, determina como garantía normativa que: "La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución";

Que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es la norma que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, establece su estructura, desarrolla sus obligaciones, deberes y atribuciones constitucionales;

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que la Asamblea Nacional es unicameral, tiene personería jurídica y autonomía económica-financiera, administrativa, presupuestaria y de gestión;

Que el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, prescribe entre las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional: "...cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes: (...) 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio";

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en el artículo 120 numeral 6 de la Constitución y el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA QUE REGULA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO PARA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN CASO DE VIOLACIÓN

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto, finalidad, ámbito de aplicación de la Ley

Art. 1.- Objeto.- Esta ley tiene por objeto generar un marco regulatorio apropiado que regule el aborto consentido en caso de violación, en sujeción a la dignidad humana y al pleno ejercicio de los derechos, sin menoscabar la protección constitucional a la vida desde la concepción.

Capítulo II
De los principios, enfoques y definiciones

Art. 5.- Principios.- La interrupción voluntaria del embarazo producto de violación se regirá por los siguientes principios:

a) Principio de confidencialidad.- Se refiere al deber de guardar el secreto profesional sobre toda la información provista en la consulta médica por la niña, adolescente o mujer cuyo embarazo sea producto de una violación; y la generada en el procedimiento y en la intervención médica. El deber de proteger esta información involucra a todo el personal de salud que participa directa o indirectamente en el proceso de atención e intervención.

Este principio no se contrapone con el deber de denuncia que tiene el profesional de salud conforme el Código Orgánico Integral Penal y de proporcionar la información que les sea requerida para la investigación del delito de violación o de aborto consentido.

b) Principio de igualdad y no discriminación.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

c) Principio Pro Persona.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la víctima de violación y del nasciturus en virtud de la protección constitucional a la vida desde la concepción.

d) Principio de gratuidad.- Los servicios de interrupción voluntaria del embarazo brindados en establecimientos públicos serán gratuitos. Ninguna persona que resida en el territorio nacional realizará pagos directos o indirectos por las atenciones en los establecimientos del sistema nacional de salud pública. En los establecimientos privados, los costos del servicio se fijarán de acuerdo a las tablas establecidas por el ente rector de salud.

En el caso de que se determine la persona responsable del delito de violación, ésta será responsable de cubrir los costos y gastos incurridos en la ejecución del procedimiento, para lo cual se podrá repetir tales pagos.

e) Principio de beneficencia.- El principio de beneficencia se refiere a la obligación ética del personal de salud de cuidar y proteger la vida desde la concepción, buscando el bien de la niñas, adolescentes, mujeres, sin descuidar aquellas cuyo embarazo sea producto de violación y que se encuentran amparadas por esta ley. El principio de beneficencia incluye el ofrecimiento activo de atención integral e inclusión en los programas de atención a víctimas de violación.

f) Principio de no maleficencia.- Es la obligación ética de no infligir daño a la niña, adolescente, mujer y persona gestante cuyo embarazo sea producto de violencia sexual de forma intencional. Esto implica respetar los intereses, opiniones y decisiones de niña, adolescente, mujer y persona gestante cuyo embarazo sea producto de violación, entre ellos su reputación, privacidad, y libertad, absteniéndose de realizar acciones que obren en detrimento de sus derechos. El principio de no maleficencia requiere evitar daños físicos, mentales y sociales, el dolor, la discapacidad y la muerte, así como abstenerse de dilatar la atención a los sujetos protegidos por esta Ley. Por este principio se prohíbe ordenar exámenes o pruebas diagnósticas más exigentes que las requeridas de acuerdo con los estándares de atención vigentes y aplicar procedimientos médicos que se aparten de dichos estándares.

g) Principio de autonomía.- Este principio exige el respeto de la autodeterminación de las personas, de acuerdo a su madurez y capacidad de consentir, que supone la posibilidad de actuar y tomar decisiones de acuerdo con sus convicciones, valores y creencias personales. Este principio requiere de condiciones esenciales para la acción autónoma que son: libertad, voluntad, intención, información y compresión. Su aplicación principal se garantiza a través del consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad y el secreto profesional en salud.

El respeto al principio de autonomía de las personas protegidas por esta ley trae consigo la obligación del personal de salud de proveerles de información, asegurar su comprensión, potenciar su participación en la toma de decisiones y su acción voluntaria, garantizando que la toma de decisiones se realice de forma libre, voluntaria e informada. Incluye el reconocer a todas las personas la potestad de decidir sobre su cuerpo, reafirmando su condición de seres libres, autónomos y dignos.

h) Principio de equidad.- Este principio implica la obligación de garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios de los servicios de salud a las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes cuyo embarazo sea producto de violación, independientemente de su lugar de residencia, de su condición socioeconómica o de cualquier otra circunstancia personal o colectiva, temporal o permanente.

i) Progresividad y no regresividad.- Las protecciones que se conceden mediante esta ley no pueden ser menoscabadas a partir de otras disposiciones normativas.

Este mandato será especialmente observado en lo que respecta al derecho a la vida del nasciturus, la salud, la objeción de conciencia y demás derechos de las mujeres víctimas de violación.

Nota: Por Resolución de la Corte Constitucional No. 41-22-IN, de 3 de junio del 2022, https://n9.cl/h2hcr, resuelve admitir a trámite la causa y concede las medidas cautelares solicitadas, es decir, se suspende la vigencia del literal g) de este artículo, hasta que la presente causa sea resuelta.

TÍTULO II
DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES EMBARAZADAS POR VIOLACIÓN

Capítulo I
Del aborto consentido en caso de violación

Art. 8.- Las niñas, adolescentes, mujeres cuyo embarazo sea producto de violación no podrán ser penalizadas por acceder a la práctica del aborto consentido.

Capítulo II
Derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes cuyo embarazo sea producto de violación, en condiciones especiales

Art. 12.- El Estado garantizará:

1. El respeto de su autonomía progresiva, su interés superior y su derecho a participar directamente en las decisiones que las afecten, cumpliendo con las condiciones establecidas en la presente ley.

2. El derecho de las niñas y adolescentes a recibir toda la información relativa a su salud sexual y salud reproductiva, y decidir sobre la posibilidad de terminar o continuar con el embarazo en caso de violación, respetando su derecho a la intimidad.

3. El acceso a toda la información relativa a su salud sexual y salud reproductiva, en el marco del respeto a sus derechos humanos, incluyendo lo relacionado a la interrupción del embarazo, en forma directa y adaptada a su evolución y desarrollo. El Estado, a través de las instituciones de salud públicas y privadas, garantizará que la información relativa a la interrupción del embarazo por violación se encuentre disponible en lenguaje claro, no sesgado, accesible, confidencial y no discriminatorio.

4. El reconocimiento de la plena capacidad de las niñas y adolescentes, a recibir toda la información relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, en compañía de sus padres, madres, cuidadores, tutores o de otras personas adultas que ejerzan formal o informalmente un rol de cuidado, excepto en el caso de quien haya perpetrado, facilitado o intervenido en la violación. En los casos donde no exista este acompañamiento, el Estado garantizará el acompañamiento psicológico necesario.

5. La disponibilidad de formatos, personal capacitado y espacios adecuados dentro de los establecimientos del sistema nacional de salud, con el fin de que las niñas y adolescentes puedan tomar decisiones informadas sobre la interrupción voluntaria del embarazo producto de la violación sexual. La atención se brindará por medio del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria disponible.

6. La adaptación de los procesos, la información y las prácticas asociadas a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, de manera que estas puedan ajustarse al desarrollo madurativo y necesidades particulares de la niña y adolescente. Una consideración fundamental será que las niñas y adolescentes sean escuchadas y tengan la capacidad de manifestar su opinión en todo momento.

7. El reconocimiento de que en los casos de niñas y adolescentes que no cuenten con autorización de su representante legal, las autoridades competentes (sanitarias, fiscalía, policía judicial, juntas cantonales de protección de derechos, defensoría del pueblo, entre otros) preverán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar, ante las autoridades competentes -sin trabas y sin miedo a represalias- su denuncia, examen médico o declaración Esto con el fin de que puedan ser asistidas médica y psicológicamente ante un embarazo no deseado producto de una violación. Estas medidas son especialmente necesarias en los casos en que la violación se haya perpetrado dentro del círculo íntimo o familiar de la niña o adolescente donde sus victimarios ejercen poder sobre ellas y pueden incluso tener su representación legal.

8. La asistencia legal, psicológica y social en forma prioritaria, especializada y sensible, en todos los niveles de salud y de acuerdo a sus necesidades, antes, durante y después del aborto o la continuación del embarazo.

Nota: Por Resolución de la Corte Constitucional No. 41-22-IN, de 3 de junio del 2022, https://n9.cl/h2hcr, resuelve admitir a trámite la causa y concede las medidas cautelares solicitadas, es decir, se suspende la vigencia del numeral 6 de este artículo, hasta que la presente causa sea resuelta.

Capítulo III
De la práctica del aborto consentido en caso de violación.

Art. 18.- Plazo.- A efectos de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, salvo el caso de las personas con discapacidad mental, el plazo para realizarlo será hasta las doce (12) semanas de gestación.

Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará y cumplirán las mejores prácticas médicas.

Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes. En caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas y de cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 20 de esta ley, se podrá proceder a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación.

Capítulo IV:
De los deberes del personal de salud y de otros actores involucrados en el aborto consentido en caso de violación

Art. 23.- De las personas que componen el personal de salud. El personal de salud comprende a médicas, médicos, parteras, enfermeras, enfermeros, ginecólogos, ginecólogas, obstetras, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, trabajadoras y trabajadores sociales, anestesistas y demás personal de salud y administrativo que se encuentre dentro de la cadena sanitaria y se encuentren involucrados en el proceso de interrupción del embarazo en casos de violación.

Con el objetivo de establecer derechos y obligaciones se distinguirá entre el personal de salud en general y el que interviene directamente en el procedimiento de interrupción del embarazo. Se entienden comprendidos dentro del personal de salud que podrá realizar la interrupción del embarazo por violación, a las parteras y demás miembros de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que administren los conocimientos ancestrales dentro de estos grupos y que se encuentren debidamente capacitados y hayan cumplido con los requisitos establecidos en las normas pertinentes.

TÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL

Capítulo I
De las obligaciones del Estado y la articulación interinstitucional

Art. 27.- Obligaciones del Estado.- Con el fin de no penalizar el aborto consentido en casos de violación, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:

1. Permitir el acceso universal, seguro, digno, aceptable culturalmente, asequible y de calidad para interrumpir el embarazo en casos de violación a todas las mujeres y personas gestantes.

2. Asegurar la gratuidad de la interrupción del embarazo, en los establecimientos de salud públicos.

3. Generar de manera equitativa, accesible, asequible y sin discriminación una tarifa única y específica en los establecimientos privados del sistema nacional de salud, para garantizar costos razonables en el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

4. Abstenerse de realizar actos y acciones que obstaculicen el acceso a la interrupción del embarazo por violación.

5. Desarrollar estrategias y acciones adecuadas con el fin de que las personas gestantes puedan tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables para la interrupción consentida del embarazo producto de violación.

6. Respetar la decisión de las personas gestantes que deseen interrumpir el embarazo en casos de violación; así como la de las madres que decidan continuar con su embarazo.

7. Abstenerse de interferir en las decisiones de las víctimas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

8. Promover el desarrollo de planes, programas, proyectos y políticas públicas, así como la normativa secundaria necesaria para la correcta implementación de esta ley.

En particular, fortalecer y promocionar los programas, asociaciones e instituciones, de carácter público o privado, cuyo objeto sea la asistencia a las víctimas de violación, la eliminación de todo tipo de violencia sexual, la protección de la vida del nasciturus, la asistencia durante y después del embarazo, y/o la adopción futura del nasciturus.

9. Garantizar la provisión de la interrupción consentida del embarazo en casos de violación, en todos los establecimientos del sistema de salud de acuerdo con su capacidad resolutiva.

10. Procurar que todos los servicios públicos y privados tengan personal de salud no objetor.

11. Garantizar que los profesionales de salud, operadores de justicia, integrantes del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia e integrantes del sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, cumplan con su obligación de brindar la información sobre el acceso al aborto consentido en casos de violación, según lo dispuesto por esta ley. Además, deberán informar sobre los programas, asociaciones e instituciones, de carácter público o privado, cuyo objeto sea la asistencia a las víctimas de violación, la protección de la vida del nasciturus, la asistencia durante y después del embarazo, y/o la adopción futura del nasciturus.

12. Monitorear el cumplimiento de esta ley y sancionar administrativamente a quienes incumplan o inobserven sus disposiciones.

13. Garantizar la no repetición y la no revictimización de las personas protegidas en esta ley, sin perjuicio del deber del Estado de verificar la causa de exención de sanción penal por el delito del aborto.

14. Corresponderá a la autoridad sanitaria nacional generar un registro sobre los abortos consentidos en casos de violación practicados, asegurando su desagregación por edad gestacional del nasciturus, edad de la víctima de violación, grupo étnico, presencia de discapacidades, el requisito presentado de acuerdo al Art. 19 de la presente ley, y si se realizó la denuncia de violación correspondiente, el mismo que será de carácter confidencial, sin perjuicio de la posibilidad de revelar información estadística agregada que no permita la identificación de la persona.

15. Garantizar la protección especial de las víctimas de violación así como de los niños o niñas que han nacido vivos después de la práctica fallida del aborto consentido en casos de violación.

Art. 33.- De las responsabilidades de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.- Las juntas cantonales de protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes cuando conocieren de un caso en el que exista una niña o adolescente embarazada producto de una violación sexual, deberán:

1. Informar a las niñas y adolescentes sobre los programas, asociaciones e instituciones, de carácter público o privado, cuyo objeto sea la asistencia a las víctimas de violación, la protección de la vida del nasciturus, la asistencia durante y después del embarazo, y/o la adopción futura del nasciturus.

2. Dictar medidas de protección administrativas a su favor de forma inmediata, de acuerdo a lo que cada caso amerite y encargarse de realizar el trámite pertinente para que las mismas sean confirmadas judicialmente.

3. Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección establecidas, activando todos los mecanismos existentes para garantizar su cumplimiento.

4. Denunciar los presuntos delitos de violación y de infanticidio, en el caso de los niños nacidos vivos después de las prácticas de los abortos que no reciban las atenciones médicas, ante la autoridad competente.

Art. 37.- De las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Educación.- Será responsabilidad de la autoridad nacional de educación:

1. Incorporar dentro de las rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, las acciones y estrategias necesarias a efectos de que el personal docente pueda participar activamente en la identificación de casos de violencia sexual.

2. Desarrollar capacitaciones al personal docente en el manejo de las rutas y protocolos para la detección y el abordaje de casos de violencia sexual en el sistema educativo.

3. Desarrollar capacitaciones al personal docente en la derivación de los casos de violencia sexual detectados en el sistema educativo, a las instituciones administrativas y del sector justicia que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a los programas, asociaciones e instituciones, de carácter público o privado, cuyo objeto sea la asistencia a las víctimas de violación, la protección de la vida del nasciturus, la asistencia durante y después del embarazo, y/o la adopción futura del nasciturus.

4. Garantizar que las niñas y adolescentes víctimas de violación que hayan resultado embarazadas como producto de este delito, sean derivadas sin dilaciones a los establecimientos del sistema nacional de salud y a los programas, asociaciones e instituciones, de carácter público o privado, cuyo objeto sea la asistencia a las víctimas de violación, la protección de la vida del nasciturus, la asistencia durante y después del embarazo, y/o la adopción futura del nasciturus.

Capítulo II
De la atención para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación

Art. 38.- Métodos médicos para la práctica del aborto consentido en casos de violación- Los métodos que pueden aplicarse para practicar el aborto, son aquellos basados en la evidencia científica, recogidos en guías de práctica clínica, protocolos vigentes elaborados por la Autoridad Sanitaria Nacional atendiendo a las acreditaciones profesionales requeridas, a fin de que el procedimiento sea lo más seguro posible.

Art. 41.- Del plazo para la interrupción legal y voluntaria del embarazo en caso de violación. Una vez recibida la solicitud de parte de la persona gestante que desee acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, el personal de salud, en el plazo máximo de 4 días, deberá proceder a realizar la intervención de interrupción del embarazo. En caso de no contar con capacidad resolutiva dentro del establecimiento médico en el que se encuentre la víctima, el director de la institución médica, en el plazo máximo de 24 horas, deberá referir el caso de manera inmediata al establecimiento más cercano que cuente con las condiciones para atenderlo eficazmente.

Los costos de la derivación no podrán trasladarse a la víctima en ningún caso, y siempre corresponderá al personal de salud garantizar que la víctima pueda ser atendida de forma efectiva y sin demoras injustificadas.

Art. 43.- De la notificación a la Fiscalía.- Cuando exista una víctima de violación, producto de lo cual ésta quedare embarazada, será obligación del establecimiento de salud notificar a la Fiscalía General del Estado, todos los hechos que harían parte de la noticia del delito. La copia de la notificación quedará en el expediente de la víctima.

En el caso de que la persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de una violación, presente discapacidad mental, psicosocial para decidir, o cualquier otra discapacidad o condición discapacitante, así como cuando se trate de una niña o adolescente, se hará constar este elemento en la notificación a la Fiscalía General del Estado.

Capítulo III
De la reparación a las víctimas y la promoción de sus derechos

Art. 48.- De la reparación a las víctimas de violencia sexual.- Para efectos de esta ley, la reparación a las víctimas de violencia sexual, se entenderá en un sentido amplio, incluyendo tanto la investigación penal como otras medidas.

La principal medida de reparación a la víctima de violencia sexual será la investigación del delito. Corresponderá al Estado, a través de sus instituciones, garantizar que las personas gestantes que han deseado interrumpir su embarazo en caso de violación, tengan acceso a los servicios psicosociales y legales que promuevan la restitución de sus derechos. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la adopción de medidas necesarias para la reparación integral.

El Estado y las autoridades responsables de haber negado la interrupción voluntaria del embarazo, deberán asegurar que las víctimas que no han podido acceder a la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo, puedan obtener una reparación adecuada.

TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES

Capítulo I
De las infracciones en general

Art. 52.- De las infracciones. Se consideran infracciones aquellas acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones vigentes en esta Ley, en lo atinente a los derechos, deberes y prohibiciones señaladas en ella. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. Las infracciones se enmarcarán a lo previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público y podrán ser leves y graves.

Capítulo II
De las infracciones en el ámbito de la salud

Art. 55.- De la infracción cometida en el ámbito de la salud. Para efecto de esta Ley se tendrá en cuenta el concepto de infracción previsto en la ley existente en materia de salud. Las sanciones e infracciones que se enlistan a continuación atenderán a la categorización realizada en la normativa existente en materia de salud.

Sin perjuicio de las sanciones e infracciones fijadas en esta Ley, el personal de salud deberá atenerse a lo dispuesto en la ley existente en materia de salud y en los demás cuerpos legales que regulan las obligaciones y deberes de los profesionales del sistema nacional de salud.

Art. 56.- Infracciones sancionadas con multa de un salario básico.- A la servidora o servidor de la salud, se le podrá imponer la multa de un salario básico unificado del trabajador en general, por las siguientes infracciones:

a) No entregar información sobre la interrupción voluntaria del embarazo y de las otras opciones que tiene frente a la misma a las víctimas de violación y por las que la terminación voluntaria del embarazo no es punible.

b) Privar de la asesoría y acompañamiento a la persona víctima de violación, que manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo.

c) Entregar información incompleta, falsa, imprecisa no basada en evidencia científica, a quien manifieste su voluntad de interrumpir su embarazo en caso de violación.

d) Abstenerse de registrar la atención y de notificar oportunamente a la autoridad sanitaria nacional los casos de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación para fines estadísticos. Las instituciones y profesionales de salud, garantizarán la confidencialidad de la información entregada y recibida.

SEGUNDA.- El Estado, a través de los entes rectores en materia de economía y finanzas y planificación, garantizará el presupuesto suficiente y la erogación oportuna de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la presente Ley, con el fin de asegurar la prestación de un servicio de calidad a las víctimas de violencia sexual que deseen acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.

SEGUNDA.- La autoridad sanitaria nacional, deberá disponer a los sectores público y privado, que, en el plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente Ley, adecué su normativa interna a los enfoques, principios, ámbitos y demás disposiciones contenidas en este cuerpo legal, para lo cual realizará el seguimiento y brindará asesoría a quienes lo requieran.

TERCERA.- La autoridad sanitaria nacional deberá actualizar la normativa necesaria para la implementación de esta Ley, en el plazo de 90 días a partir de su publicación en el Registro Oficial, de manera que guarden relación con el objeto de esta Ley.

La Guía de Práctica Clínica deberá incorporar los métodos quirúrgicos y médicos más apropiados en la interrupción del embarazo. La autoridad sanitaria nacional se asegurará de que la información que se emplee para seleccionar estos métodos esté basada en evidencia científica y puedan garantizar los derechos de las víctimas de violencia sexual a una atención de calidad, sensible a sus necesidades. Corresponderá a la autoridad sanitaria nacional realizar la actualización de manera periódica de esta Guía de Práctica Clínica.

La autoridad rectora de salud, dispondrá la incorporación de la gratuidad de los medicamentos necesarios para este procedimiento en todo el sistema de salud pública.

CUARTA.- En el plazo de 180 días la autoridad sanitaria nacional dictará los acuerdos, resoluciones y demás normas técnicas para la efectiva aplicación de la presente Ley.

QUINTA.- El Estado, a través de la autoridad sanitaria nacional, en el plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente Ley, deberá desarrollar la política pública de protección reforzada para las niñas, adolescentes, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica con posibilidad de gestar en situación de movilidad humana, personas privadas de la libertad y pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que decidan interrumpir el embarazo en caso de violación. La política pública deberá implementar se en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley.

SEXTA.- En el plazo de 60 días desde la aprobación de la presente Ley, el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía General del Estado, procederán a la elaboración de un formulario de notificación del delito el cual deba garantizar en todo momento el respeto integral a los derechos humanos y la notificación obligatoria del delito de violación desde el sistema de salud a Fiscalía.

Este formulario será lo único necesario para que la Fiscalía General del Estado en función de su obligación de investigar de oficio delitos de acción pública, emprenda todas las acciones investigativas de forma inmediata, sin producir la revictimización constante de la víctima.

Los servicios de salud tendrán la obligación de remitir dicho formulario de forma inmediata a la Fiscalía.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA.- Incorporar a continuación del numeral 35 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, los siguientes numerales:

36. Desarrollar e implementar planes, programas y políticas a fin de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y el acceso a procesos de acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas;

37. Garantizar a las niñas, adolescentes, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica con posibilidad de gestar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, a través de la prestación de servicios gratuitos, oportunos y de calidad con enfoque de género en el sector público.

QUINTA.- Eliminar del artículo 29 de la Ley Orgánica de Salud la frase "447 de Código Penal" y sustituir por lo siguiente: "150 del Código Orgánico Integral Penal.

SÉPTIMA.- Incorporar a continuación del numeral 10 del artículo 27 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia los siguientes números:

"11. Acceso universal a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.

12. Tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, en función de su edad y madurez.

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Ley Regula Interrupción Voluntaria de Embarazo en Caso de Violación | Descargar PDF Ley Regula Interrupción Voluntaria de Embarazo en Caso de Violación | Actualizado 2024

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Con LEXIS obtén la versión vigente de la Ley Regula Interrupción Voluntaria de Embarazo en Caso de Violación

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9.- Lexis SA. Ley Regula Interrupción Voluntaria de Embarazo en Caso de Violación [Internet]. Lexis SA [citado el 23 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-regula-interrupcion-voluntaria-embarazo-caso-violacion?download=ley-regula-interrupcion-voluntaria-embarazo-caso-violacion

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Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad

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Mujeres embarazadas

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.

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Personas privadas de libertad

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

6.- Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

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Derechos de libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

El derecho a la integridad personal, que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual

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Formas de trabajo y su retribución

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad.

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Salud

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto

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ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Es importante que los profesionales de enfermería conozcan los artículos de la constitución relacionados a la mujer para asegurar que se respeten y protejan los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud. los profesionales de enfermería deben abogar por los derechos de las mujeres, como en casos de violencia de género o acceso limitado a la atención médica. El conocimiento de los artículos constitucionales puede respaldar estas acciones de defensa de los derechos.

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1.Acnur.org. [citado el 24 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf

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El embarazo en estas adolescentes disminuye las posibilidades que tienen de ejercer su derecho a la educación, la salud y a su autonomía. Cuando una adolescente no puede gozar de sus derechos básicos, se vuelve más propensa a quedar nuevamente embarazada.

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Contribuir a que las y los adolescentes accedan de manera universal a información, educación, educación integral de la sexualidad y servicios de salud sexual y salud reproductiva, para la toma de decisiones libres, responsables y saludables sobre su sexualidad y reproducción, a través del ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos para una vida libre de violencia.

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Política 6.3: Fortalecer los servicios de salud sexual y salud reproductiva de manera integral, inclusiva y de calidad.

1.- Garantizar la implementación de la educación integral para la sexualidad basada en derechos y estándares internacionales dentro de la escuela y otros entornos cotidianos.

2.- Garantizar el acceso de los y las adolescentes a atención efectiva e integral en salud sexual y salud reproductiva, asegurando asesoría y acceso a métodos eficaces de anticoncepción incluidos los de larga duración y reversibles de intervalo y post evento obstétricos.

3.-Promover la inclusión y permanencia de los y las adolescentes en el sistema educativo. 3.2 Promover a madres y padres adolescentes el ingreso, reinserción y permanencia en el sistema educativo

4.-Fortalecer mecanismos sectoriales e intersectoriales de participación de adolescentes para promover la exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos y una vida libre de violencia.

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ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD EN LAS QUE DEBE TRABAJAR ENFERMERÍA

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Es importante que los profesionales de enfermería conozcan los artículos relacionados con la prevención del embarazo adolescente debido a que permite informar y educar a las adolescentes sobre sus derechos y opciones en relación con la salud sexual y reproductiva, incluida la prevención del embarazo

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11.- Gob.ec. [citado el 24 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/07/POL%C3%8DTICA-INTERSECTORIAL-DE-PREVENCI%C3%93N-DEL-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-para-registro-oficial.pdf