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La República

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Los rubros de la Registraduría, la Presidencia y de Agricultura serán los que más caerán

Noelia Cigüenza Riaño - nciguenza@larepublica.com.co

Pese a las presiones fiscales existentes en el país, el Ministerio de Hacienda no reducirá la inversión ($40 billones) en el Presupuesto General de la Nación para 2020 y el total de recursos para la vigencia del próximo año llegará a $271,7 billones, es decir, se tendrán $22 billones más que el año pasado cuando la carta presupuestal llegó a $249 billones teniendo en cuenta la congelación de $10 billones debido a que la Ley de Financiamiento no obtuvo los $14 billones faltantes. Además, el funcionamiento pasará de $156 billones a $172 billones (9,9%) y la deuda de $51 billones a $59 billones (14,2%).

Esas son las cuentas que presentó ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al Congreso para poder cumplir una meta de déficit fiscal de 2,1% para 2020. "Este se trata de un presupuesto austero que enfatiza el gasto social al pasar de $108 billones a $118 billones, lo que representa un crecimiento de 8,7%. Estamos defendiendo la inversión en general y el gasto social en particular. Tenemos que haber surtido el monto de aquí al 15 de septiembre", aseguró el representante de la cartera de Hacienda en la presentación del Presupuesto.

Recursos por sectores
En total, los rubros que más caerían serían el de la Registraduría pues este sería en 2020 de $577.000 millones (-62,1%), seguido del de la Presidencia (-54,5%) y el de Agricultura y Desarrollo Rural (-21,6%). "No es un recorte como tal porque, por ejemplo, parte de los recursos de agro pasarán a la cartera de vivienda", explicó el ministro. También, el presupuesto de TIC caerá 6,4%, el de Minas y Energía 5,2% y el de Congreso 1,2%.

Al contrario, los que más aumentaron su presupuesto fueron el de Planeación (+100,4%), el de Hacienda (+31,2%) y el de Ciencia, Tecnología e Innovación (+22%).

Por su lado, el sector que más recursos tendrá para la vigencia del próximo año será de nuevo el de Educación, que contará con $43 billones, lo que representa 6,7% más que la asignación del año pasado. A este, le sigue por valor el Defensa y Policía, que tendrá para 2020 $35,7 billones, es decir, que aumentaría 6,8% frente a la cifra de $33,5 billones del año pasado; el de Salud y Protección, que contará con $31,8 billones, es decir, un alza de 7,8% frente a la cifra de $29,5 billones.

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, destacó que el rubro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición subirá de los $456.000 millones a $525.000 millones para 2020, es decir, que tendrán un incremento de 15,1%.

En materia de gastos, el Presupuesto contempla $157 billones para los inflexibles y $61,7 billones para los flexibles. Dentro del primer grupo se ubican las pensiones que pasarán de $38,5 billones a $43,2 billones, lo que representa un incremento de 12,3%. En estas, las que más aumentarán serán los recursos que van para Colpensiones que subirán de $11,5 billones a $14,9 billones, es decir, 29,42% mientras que el gasto de los militares subirá de $7,2 billones a $8 billones, es decir, 11,24%.

"Tenemos que honrar gastos de manera obligatoria, hay grandes rigideces en el presupuesto. Si bien tenemos ingresos totales de $183 billones gracias a los ingresos tributarios y a los de capitales, tenemos que honrar de manera obligatoria a algunos gastos. Tenemos poco margen de maniobra", indicó Carrasquilla.

Dentro de los gastos inflexibles, también está el Sistema General de Participaciones que recibirá para la vigencia de 2020 $43,8 billones, lo que implica un aumento de 6,28%. Por su parte, los intereses a la deuda pasaron de $29,8 billones a $30,9 billones, es decir, 3,67%.

Para Jorge Iván González, profesor de Economía de la Universidad Nacional, la inversión del Presupuesto hay que aumentarla si se quiere mejorar el empleo. "Como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se pusieron a decir que había que bajar el gasto, a mí me parece que es un absurdo seguir pretendiendo bajar el gasto. Me parece que es un error tratar de bajar el gasto público, habría que subirlo, subir la tributación y buscar otros mecanismos de financiamiento, lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión", opinó.

Los supuestos del Presupuesto
Para elaborar este Presupuesto, se contó con una serie de supuestos. En primer lugar, su cuantificación se basó en la evolución esperada de la actividad económica en 2019 y 2020. Igualmente, se estimó que en 2020 las transferencias por las utilidades del Banco de la República asciendan a $3,3 billones, producto del resultado de las reservas internacionales y la depreciación de la tasa de cambio.

Se prepara control político al Gobierno
Luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestara en declaraciones a medios de comunicación que el Gobierno desconoce las causas y tampoco sabe qué hacer para enfrentar el desempleo en el país, el senador Carlos Fernando Motoa anunció la citación a un debate de control político para revisar el tema. Esta semana será presentada ante la Comisión Séptima del Senado una proposición para citar a los ministros de Hacienda, Trabajo, Comercio y Relaciones Exteriores, y a los directores del Dane, Planeación Nacional y el DPS, para que rindan cuentas.

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Los sectores que tendrán más recortes en el Presupuesto para la vigencia 2020

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Los rubros de la Registraduría, la Presidencia y de Agricultura serán los que más caerán Noelia Cigüenza Riaño - nciguenza@larepublica.com.co Pese a las presiones fiscales existentes en el país, el Ministerio de Hacienda no reducirá la inversión ($40 billones) en el Presupuesto General de la Nación para 2020 y el

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Policy Tools: Analysis, Choice and Action

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Policy Tools: Analysis, Choice and Action

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[This paper was originally written in 2005 but the arguments it makes are still relevant to today's debates about policymaking?]
Introduction

This paper seeks to lay out some of the issues surrounding policy formulation and implementation from a 'tools of policy' perspective. This is a relatively underdeveloped approach in public policy but one which offers some tangible benefits in expanding the scope of policy choices and developing more realistic analytical, diagnostic and evaluative tools.

The paper is based mainly on a review of the existing literature - official and academic - on policy tools plus the experience of the author with a wide variety of policy and implementation issues within government in the UK and internationally. However it is also situated in a wider understanding of the lack of joined-up thinking in much of the policy arena.

I have argued elsewhere that a lot of research and practice in considering how best to achieve results through state action has fragmented into un-helpful over-specialisation and lack of 'consilience', i.e. integration of knowledge (Talbot 2005).

Thus the 'tools' approach, which is small but significant (e.g. Hood 1983; Bemelmans-Videc, Rist and Vedung 1998; Blair 2002; Salamon 2002), has been largely ignored by mainstream policy analysis and evaluation (which in any case largely ignore each other (Talbot 2005)).

The ideas outlined are therefore very provisional in nature and would require considerable additional desk and field research to flesh out and justify.

The ideas are presented in fairly 'telegraphic' form as a foundation for discussion.

Analysis

The existing, very extensive, literature on policy analysis - which we have not summarised here - tends to see policies in terms of 'options'. Policy options invariably include more than one class of policy tool (see below) explicitly and also others implicitly.

Some policy tools - especially those in what Hood calls the 'nodality' class - often only appear during the implementation phase of policies, even when they are clearly tools in their own right.

Moreover the fact that particular options are in fact made up of a particular combination of different types of tools is rarely acknowledged, discussed or included in their evaluation. This means that most policy analysis and evaluation is actually only partial - evaluating policies as if they were made up of a much more limited set of interventions than they actually are.

Various categorisations of policy tools have appeared in the academic literature over the past 20 years or more but not, as far as we can tell, anywhere in the official literature which offers advice on policy making and implementation (at least in the UK - there may be some in the USA).

Of the categorisations on offer (for some see Appendix A) the most useful seems to be Hood's "NATO" model which categorises policy tools into four groups:

Nodality - control over information flows

Authority - control over formal (legal) authority

Treasure - control over money (both gathering and distributing)

Organisation - direct or indirect organisation of actions

There are cases in which policies rely almost exclusively on only one of these tool sets:

Nodality - cases where governments rely exclusively on control of information - e.g. through public information programmes - as a means of attempting to implement change

Authority - where policies are solely couched in regulatory form

Treasure - where policies rely solely on transfers - taxes and benefits - as their instrument of change

Organisation - where governments 'do it themselves' by directly or indirectly organise the production of goods or services

However, even in all of these relatively 'pure' cases governments often rely on the other tools to some degree:

Public information campaigns have to be funded and organised

Regulations have to be enforced, usually through publicly funded agencies (although there are examples of self-funding regulation)

Treasure has to be collected and distributed, usually government organisations

Organisation has to be authorised, financed and justified

Most policy analysis (pre-implementation) however only focuses a limited sub-set of the tools which are actually to be used. Typically these are the issues of the use of authority (laws, rules, regulations) and treasure (taxes and exemptions, benefits, subsidies). Regulatory Impact Assessment, for example, is now a highly developed field. Likewise, cost-benefit analysis has long been with us. The equivalents for information and organisation simply do not exist.

Informational tools are mostly completely ignored even though they form an intrinsic part of nearly every policy initiative. Governments everywhere have increased their information budgets enormously and in the UK this has been often commented upon although rarely analysed. The part that informational strategies play in success or failure of policies is rarely discussed, although there is clearly evidence (e.g. taxation; the new alcohol licensing arrangements) where it appears to be critical.

Likewise, issues of the direct organisation of activities have often been ignored in policy formulation. A good example is the Child Support Agency, where the organisation of proposed service proved a critical factor but was largely ignored in the policy debates about child support assessments.

Curiously, the issue of the organisation of public activities has become a field of policy in its own right (in the so-called New Public Management debates). But this is seen as separate and apart from policy analysis and is as being somehow 'policy neutral'.

For example, the idea of autonomous organisations with a quasi-contractual relationship with their sponsoring organisation (e.g. civil service agencies; trust hospitals; academy schools; etc) is treated as a policy issues in its own right, separate from other policies in the same domain (e.g. preventative versus acute health policies).

Choice

Given the above analysis, it will come as no surprise that the official and academic literature has little to say about policy tool choice. This neglect has two sources. Firstly, the issue of policy selection is a general area of neglect in the policy analysis literature - it is something of black-box.

The situation has a very strong parallel in the strategic management literature where Henry Mintzberg has pointed out that it has a great deal to say about strategic analysis and even comparison of options (on often complex criteria) but very little to say about actual choice, except in an anecdotal fashion (Mintzberg 1994).

In policy the situation is almost precisely the same. The second factor however, which reinforces this problem, is the absence of analysis of policy tools and their combination in specific policies.

Despite the absence of advice about how to actually choose, the espoused view in most official and some academic literature is that this is a rational process and objectively evaluating alternatives and choosing between them on the basis of a set of (unspecified) criteria.

This espoused position has already been subject to numerous critiques which include:

'Bounded rationality' - the idea that there is never sufficient information about all the available options and even if there were human information processing capacity is so limited (in a rational sense) that the best that can be hoped for is approximate judgements founded on limited information

'Incrementalism' - the idea that policy legacies, 'path-dependence' and pluralistic politics means that policy choices are in reality restricted to a few variations on existing themes

'Public choice' - the idea that individuals act as 'rational utility maximisers', including voters, politicians and bureaucrats, so that actual policies emerge from a complex system of bargains and negotiations rather than rational analysis

In terms of policy tools, it does seem that there is some evidence that policy makers in particular fields are 'habituated' to specific configurations of tools - e.g. they predominantly rely on regulatory or incentive-based approaches and rarely even consider alternatives. This seems to apply not just to the actual decision-makers in government but to the wider "policy networks" within which they are embedded which seem to have predominant policy tool 'mindsets'.

Having said that, there are also clearly instances of dramatic shifts in pre-dominant policy tool use. Much of the public sector reform movement of the past two-decades has included an attempt to move from provision (organisation) based approaches to more regulatory (authority) and incentive (treasure) based ones. This was neatly summed up in one of the public reform best-sellers as "more steering and less rowing" (Osborne and Gaebler 1992). How far governments have really shifted from "rowing" to "steering" is open to debate, but the attempt has certainly been made.

Some interesting questions which arises from the above - under what conditions do:

do certain policy areas and networks seem to have a predilection for certain combinations of policy tools and if so why? Does it relate to the nature of the policies themselves (i.e. some tools are more appropriate to say road building than preventative health)? Or is it more a case of habit and the inertia of past policies?

if abrupt shifts in policy tool choice occur, why and how does this happen?

Action

As already indicated, implementation of public policies rarely follows the formal course set out in policy statements or legislation. The academic Nils Brunsson, writing in an organisational context, uses the categories of "talk", "decisions" and "actions" (Brunsson 1989).

These apply to policies too. Policy 'talk' - the rhetoric by which policies are justified - is often far 'purer' and uncomplicated than the actual policies which are "decided". In turn, policy "action" can often turn out to be not merely different but sometimes even the direct opposite of the policy rhetoric.

This is especially relevant to the discussion of policy tools because policy "talk" often revolves around a very limited story about what tools are being used in a specific policy - e.g. just talking about legislation or funding and neglecting other important aspects which undoubtedly will form part of the decisions and actions to implement policies such as organisation or information. Communications campaigns are, for example, almost ubiquitous in most new policy initiatives.

In some cases they may just be informational but in others they may be a critical component. Where behaviour change is a key component of policy objectives this is the case. Likewise, in many 'human services' areas - education, health, etc - there is a strong element of what is called 'co-production' - i.e. they require active involvement of people to be successful. So ignoring informational and organisational aspects can be extremely detrimental to policy implementation.

Action usually involves some feedback-based adjustment of implementation to take account of actual impact. These usually involve so-called single-loop learning or formative evaluations. This is where the role of policy tools as 'detectors' as well as 'effectors' becomes important. Application of any tool invariably produces useful data about the object of the policy, which can in turn be used to modify the policy.

For example, the application of a regulation to licensed premises for alcohol consumption will reveal how many there are and how long they stay open and lots of other details (e.g. even the sex or age profile of pub landlords). Such information is potentially useful for both single-loop adjustment and double-loop reassessment of policy goals.

Another critical action issue is the context within which policy tools are deployed. There are several types of contextual factors including importantly: complexity; culture and trust.

Policy tools may be implemented in areas of relatively stable environments, well-known cause-and-effect linearities and easily observable outputs and outcomes. On the other hand they may have to operate in unstable environments, with complex non-linear systems and hard to observe outputs and outcomes. Increasingly many 'wicked issue' policy problems seem to be more at the latter end of the spectrum than the former.

In 'far from equilibrium' and 'near chaotic' complex, non-linear, systems it may be that experimentally based, iterative, interventions using differing mixes of policy tools may be more appropriate. With hard to observe outputs and outcomes, more focus on processes and lower level outputs may be appropriate.

This is the conclusion of some 'complexity theorists' (Axelrod and Cohen 1999) and has also recently been recognised by the OECD in their recent 20-year survey of the results of modernising government initiatives (OECD 2005). Given the well-known "butterfly effect" in such systems, it may well be that apparently weak levers can sometimes have disproportionate effects compared to rather more heavy-weight interventions. An example might be the highly successful AIDS awareness campaign of the 1980s, which worked far better than many regulatory and incentive based such policies.

The second contextual factor worth mentioning is culture. It is pretty clear that socio-cultural factors can have major effects of the likely impact of different policies. Studies of national cultural difference (Hampden-Turner and Trompenaars 1993; Hofstede 2003) imply strongly that certain types of interventions - e.g. persuasion-based ones - may be better received in some cultures than in others.

Even within national cultures for complex historical reasons some issues are more amenable to some tools rather than others. Whilst one regulatory reform may be widely welcomed, others might be condemned as 'nanny statism' purely based on the nature of the issue.

Thirdly, a in closely linked to the issue of culture, is the issue of the level of trust and social capital in society or in a specific policy domain. Doctors can get away with highly intrusive interventions into people's lives which would be deemed highly unacceptable coming from a police office or a bureaucrat, for example. The crucial differentiator is trust. This also affects the choice of policy tools and there likely reception in action.

Conclusion

This quick canter through the issues of applying a "policy tools" perspective to policy analysis, choice and action has highlighted the utility of such a perspective. It clearly could add a substantial amount to the practice of policy making and implementation. It could:

Encourage more creative thinking about alternative policy approaches, something which is widely acknowledged to be a current practice

Provide a useful framework for comparing and contrasting policy options which moves beyond current thinking

High-light neglected aspects of policy action - especially the issues of nodality and organisation - both of which have, in different ways, been poorly integrated into policy analysis and implementation

However it is also clear that insufficient is currently known about policy tools and the configurations of tools actually deployed in real policy areas. The failure to use a "tools" approach means that many policy analyses and evaluations simply miss highly significant aspects of the actuality of policies in practice. Issues which may have been, or may be, critical to the success or failure of policies (such as nodality and organisation) have often been largely ignored.

An agenda is needed to explore these issues further. This might include:

Comparative analysis of actual policies from a 'tools' perspective, over time, between policy areas and perhaps between countries on the same policy areas (with due allowance for national cultural differences).

Studies of actual policy-making processes to see to what degree they reflect and use a tools perspective in practice and to what extent such a perspective might enhance and extend creative thinking about solving policy problems, especially in 'wicked issue' areas.

Establishing case examples of good practice, in which a more 'tools' oriented approach has been used to good effect.

Exploring the complex issue of configurations of, and inter-action between, different policy tools, probably through in-depth case studies.

These are just a few ideas for taking this debate forward. There is clearly something of a gap here in the policy analysis, implementation and evaluation practice and knowledge which could be a useful one to plug.

Prof. Colin Talbot

(Original written November 2005)
References
Axelrod, R. and M. D. Cohen (1999). Harnessing Complexity - Organizatinal Implications of a Scientific Frontier. New York, The Free Press.

Bemelmans-Videc, M.-L., R. C. Rist and E. Vedung, Eds. (1998). Carrots, Sticks and Sermons - Policy Instruments and Their Evaluation. New Brunswick, Transaction Publishers.

Blair, R. (2002). "Policy Tools Theory and Implementation Networks: Understanding State Enterprise Zone Partnerships." Journal of Public Administration Research and Theory 12(2): 161-191.

Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy - Talk, Decisions and Actions in Organisations. New York, John Wiley and Sons.

Hampden-Turner, C. and F. Trompenaars (1993). The Seven Cultures of Capitalism. London, Piatkus.

Hofstede, G. (2003). Culture's Consequence's: Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organizations Across Nations (2/e), Sage Publications Inc (USA).

Hood, C. (1983). The Tools of Government, Macmillan.

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall.

OECD (2005). Modernising Government - The Way Forward. Paris, OECD.

Osborne, D. and T. Gaebler (1992). Reinventing Government - How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Addison-Wesley.

Salamon, L., Ed. (2002). The Tools of Government - A Guide to the New Governance. Oxford, Oxford University Press.

Talbot, C. (2005). "Consilience and Performance in the 'Art of State'." Public Policy and Administration 20(1).

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Policy Tools: Analysis, Choice and Action

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Enero 24 de 2019

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Syllabus 2019

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Políticas Sectoriales 2019 : Syllabus VF 

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Data for Low & middle income, Colombia | Data

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Data for Low & middle income, Colombia from The World Bank: Data

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El Espectador

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A través de un comunicado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció la aprobación de la Política de Formalización Empresarial, un Conpes que reducirá los costos de un empleado formal para las empresas, facilitará su operación y las apoyará para crecer y generar más empleos formales.

La política, que hasta el momento no ha sido publicada, incluye una agenda de 65 acciones e inversiones por alrededor de $460.000 millones en los próximos diez años y busca reducir los niveles de informalidad de la economía colombiana.

"A través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), por ejemplo, el empresario podrá obtener el RUT, la matrícula mercantil, el registro como empleador ante las entidades de seguridad social, entre otros trámites, sin moverse de su negocio", indicó la directora general del DNP, Gloria Alonso.

Lea también: En Latinoamérica seis de cada diez personas trabajan en la informalidad, según el Banco Mundial

"Además, el empleador también deberá poder afiliar, trasladar y realizar todas las gestiones de la seguridad social de sus trabajadores virtualmente", precisó.

Según el comunicado, otras acciones se relacionan con la reducción de la carga regulatoria en temas de contratación formal de trabajadores (incluida la seguridad social), registro sanitario ante el INVIMA, producción y comercialización de bienes y servicios.

El Conpes también propone el diseño y puesta en marcha de un programa de desarrollo empresarial para la formalidad por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), mayor acceso a financiamiento a través nuevas alternativas, como los productos Fintech; y que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tengan mayor acceso a los procesos de contratación pública.

"Esta política busca reducir los niveles de informalidad de la economía colombiana. Alrededor del 75% de las microempresas no están registradas y el nivel de cumplimiento de otras dimensiones de formalidad es aún menor, como por ejemplo la contratación laboral o la declaración y pago de impuestos", aseguró el comunicado.

Además resaltó que casos de estudio realizados con el Banco Mundial muestran que pasar de ser informal a formal le cuesta hoy a las MiPymes entre el 34 % y el 46 % de su utilidad bruta.

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Por último, según el documento, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) "fortalecerá el módulo de micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para medir los niveles de formalidad de las empresas" y se espera que hacia el año 2020 se realice un censo económico para ampliar esta información.

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Gobierno aprueba política para impulsar empleo formal | ELESPECTADOR.COM

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A través de un comunicado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció la aprobación de la Política de Formalización Empresarial, un Conpes que reducirá los costos de un empleado formal para las empresas, facilitará su operación y las apoyará para crecer y generar más empleos formales.

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One Policy for Two Problems: The Controversy Surrounding the Parisian Tramway

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One Policy for Two Problems: The Controversy Surrounding the Parisian Tramway

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Zittoun

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The debate about the installation of a tramway in Paris stretched out over a decade. Two rival projects were put forward, each one focusing on a different aspect of the problem: town-planning on the one hand, transport on the other. The present article looks at the decision-making process, and the accompanying techno-political controversies. This form of analysis makes it possible to understand the different actors' viewpoints, and to make sense of their "policy statements". Our primary concern is to show how the decision-making process in question depended on the different protagonists' ability to provide convincing arguments, transforming the tramway issue into a problem solving exercise.

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One Policy for Two Problems: The Controversy Surrounding the Parisian Tramway

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The debate about the installation of a tramway in Paris stretched out over a decade. Two rival projects were put forward, each one focusing on a different aspect of the problem: town-planning on the one hand, transport on the other. The present article looks at the decision-making process, and the accompanying techno-political controversies.

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Mauricio Alviar Ramírez

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Para entender la dinámica de la estructura productiva de un país se ha desagregado la actividad productiva en tres sectores: primario, secundario y terciario.

El primario comprende las actividades ligadas a la naturaleza o de carácter extractivo (minería, agricultura, ganadería, bosques y pesca, entre otros). El sector manufacturero, las actividades que requieren transformación de materias primas (de carácter industrial) y, el sector terciario, las actividades asociadas al comercio y la prestación de servicios (transporte, servicios financieros, seguros y servicios personales, entre otros).

El crecimiento de los sectores y subsectores va a depender, además de las ventajas comparativas y competitivas, de la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas al mejoramiento continuo de su productividad. Esto es lo que se denomina la política pública sectorial para la competitividad.

Caracterización
La política pública es un conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima y busca enfrentar problemas de cierta complejidad y las decisiones de los distintos actores públicos están interrelacionadas. Esa política hace referencia a la selección de metas y medios para alcanzar los objetivos de crecimiento y competitividad del sector e indicadores para evaluarlos y es implementada por actores públicos y privados.

Esas directrices se expresan a través de leyes y regulaciones, así como en el conjunto de programas, proyectos y actividades de las instituciones públicas y privadas. Desde una perspectiva moderna, en su formulación e implementación debe adoptarse un enfoque intergeneracional (sostenibilidad), para atender la diversidad de actores y participantes en los diferentes sectores de la economía y la sociedad con una perspectiva de largo plazo.

Determinantes sectoriales
Los empresarios deben hacer una evaluación permanente de los factores clave que determinan la competitividad de su sector para adelantar agendas con el gobierno.

Los empresarios podrían hacerse preguntas: ¿se cuenta con la conectividad necesaria y suficiente para insertarse en los mercados nacionales e internacionales? Probablemente la respuesta del sector servicios y financiero sea diferente en intensidad a la de los sectores forestal o agrícola, pero en ambos casos hay exigencias y necesidades particulares que deben constituir la formulación de la política sectorial.

¿Qué tantos técnicos, tecnólogos e ingenieros de las más altas calidades científicas y humanas tiene el país para desarrollar, por ejemplo, el sector minero de manera formal y sostenible?

¿Están los empresarios convencidos y actúan en consecuencia, sobre el rol que tiene la innovación en la supervivencia de sus empresas?

De otra parte, no se puede avanzar en competitividad sectorial si no se cuenta con derechos de propiedad claramente definidos por lo menos en dos frentes: intelectual y de activos, en particular, la tierra. Es decir, establecer reglas de juego claras en materia de derechos de propiedad impacta positivamente aquellas empresas y sectores que demandan y pueden producir patentes así como aquellas del sector primario cuyo activo primordial es la tierra.

Por otro lado, el acceso al mercado de capitales es condición sine qua non de la competitividad sectorial. El reto de la política pública es democratizar el acceso al mercado de capitales y el reto de los empresarios del sector financiero es garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios.

La política sectorial debe considerar la problemática ambiental, no como un asunto retórico sino porque afecta la sostenibilidad de las propias actividades económicas.

Además de las exigencias internacionales en materia de calidad ambiental para el desarrollo y competitividad en el mercado mundial, toma más fuerza la valoración del capital natural de un país como parte de su riqueza que lo hace atractivo no solo en materia de negocios sino de calidad de vida.

1. Formación Humanista y Científica
Colombia requiere con urgencia la formación de técnicos y tecnólogos de las más altas calidades académicas y humanas para ser competitivos. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que de las personas que se inscriben a un programa de educación superior, solo 30 por ciento lo hacen en programas de estos niveles de formación. En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el lugar 83 en calidad de la formación en matemáticas y ciencias entre 142 países que son la base para el desarrollo de las ingenierías y la tecnología en todos los niveles de formación. El sistema educativo colombiano tiene que articularse a la política sectorial para la competitividad.

2. Reglas de Juego Claras e Instituciones
Colombia presenta atrasos significativos en materia de protección de derechos de propiedad. Son por lo menos dos campos en los cuales la protección de tales derechos está estrechamente ligada con la competitividad: propiedad intelectual y propiedad de la tierra. En efecto, en el concierto internacional Colombia ocupa el lugar 86 en protección de los derechos de propiedad intelectual y el puesto 87 en los derechos de propiedad en general. Contar con una institucionalidad fuerte en materia de protección de la propiedad es un incentivo para el emprendimiento de actividades económicas competitivas y da cuenta también de la solidez de la política sectorial de competitividad.

3. Conectarse con el Mundo: un requisito
La revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) le han impuesto retos enormes a las actividades productivas. El mundo de hoy esta interconectado y los negocios adquieren una dimensión global desde lo local. La política sectorial para la competitividad tiene que promover el uso intensivo de estas tecnologías que suponen una apertura a los mercados de manera ágil y facilita la conformación de redes de proveedores, productores y clientes sin importar su localización geográfica. Colombia ocupa el puesto 70 entre 142 países en cuanto número de usuarios de Internet con 36.5 usuarios por cada cien habitantes y el puesto 70 en cuanto al ancho de la banda.

4. Tecnología e Innovación: un imperativo
Los empresarios colombianos recién comienzan a dimensionar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como condición del crecimiento de los negocios. Solo hasta hace relativamente poco las empresas colombianas empiezan a crear sus departamentos de I+D (Investigación y desarrollo). El país tiene que adoptar una política de ciencia, tecnología e innovación acorde con la política sectorial de competitividad de tal manera que se logre avanzar en el ranking internacional en esta materia. Colombia ocupa el puesto 69 en calidad de las instituciones de investigación científica y un puesto relativamente bueno (43) en la relación universidad-empresa entre 142 países n

5. Mercado de Capitales: acceso y eficiencia para la competitividad
No puede haber negocios competitivos sin los flujos financieros y disponibilidad de capitales. Hay que avanzar en la democratización del acceso al crédito bancario. La política sectorial tiene que garantizar un mercado de capitales eficiente. Entre 142 países Colombia ocupa el lugar 40 en cuanto a la facilidad para acceder a préstamos del sector financiero y el puesto 42 en cuanto a la salud financiera de los bancos n

6. La Competitividad no excluye el desarrollo sostenible
Cada vez son más exigentes las condiciones de producción limpia y las certificaciones ambientales para exportar bienes y servicios. Colombia está en el puesto 55 (100 países) en el Índice de Competitividad Sostenible del Foro Económico Mundial. Esta ubicación, comparada con el puesto 69 del Índice de Competitividad Global, señala que el país se prepara para el futuro en relación a la protección del medio ambiente.

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Para entender la dinámica de la estructura productiva de un país se ha desagregado la actividad productiva en tres sectores: primario, secundario y terciario. El primario comprende las actividades ligadas a la naturaleza o de carácter extractivo (minería, agricultura, ganadería, bosques y pesca, entre otros).