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Divisin de Estadsticas, CEPAL, Naciones Unidas, Statistical Division, ECLAC, United Nations

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CEPALSTAT, Estadsticas de Amrica Latina y El Caribe, Statistical of Latin America and the Caribbean

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Informe: Derechos de los pueblos indígenas en Guatemala

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Derechos de los pueblos indígenas en Guatemala

14/07/2015 - Por: Cecilia Aracely Marcos Raymundo

“Guatemala tiene la capacidad así como la obligación de implementar una política efectiva de derechos humanos, en compañía de otras organizaciones con el fin de erradicar la discriminación a los pueblos indígenas”

Introducción

Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población total de Guatemala, alrededor de 6 millones de habitantes. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), firmado en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos Maya, Garífuna y Xinca constituyen más del 75% de la población.

Las estimaciones sobre la población indígena varían, ya que no hay cifras exactas. Sin embargo el Estado guatemalteco confirmo que es de un 60%. Los Mayas, a su vez, están subdivididos en 21 grupos lingüísticos y los Garífunas son esencialmente de ascendencia africana. El resto de la nación guatemalteca, desde el punto de vista étnico, está constituida por los ladinos o mestizos y la población eurodescendiente o “blanca”.

No existen fronteras rígidas entre estas categorías. En los 21 departamentos del país, y entre la mitad y las tres cuartas partes de otros 6 departamentos existen zonas de alta densidad indígena y otras de mayoría ladina. Uno de los temas de mayor preocupación en la actualidad, es la estrecha relación entre el origen étnico y la pobreza; los departamentos de mayor densidad indígena son también lo que muestran mayor incidencia de pobreza y extrema pobreza.

Ser pobre e indígena en Guatemala significa también vivir predominantemente en el medio rural, dedicarse principalmente a las actividades agrícolas; ser en gran medida analfabeto, tener índices de escolaridad inferiores a la media nacional, no tener acceso a los servicios básicos, y sufrir diferentes grados de marginación y exclusión social. Las mujeres indígenas son las que acusan los índices más bajos de bienestar económico y social, en gran medida son las que se ven más afectadas por esta situación .

Derechos de los pueblos indígenas

Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, alrededor de la mitad de la población de 12 millones de habitantes son pueblos indígenas Mayas, Xincas y Garífunas. En varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. La identidad nacional guatemalteca está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas; con sus tradiciones, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad.

Pero lejos de ser socios plenos e iguales con el resto de los habitantes, los indígenas han sido excluidos políticamente, discriminados culturalmente y marginados económicamente en la sociedad nacional. Además de los indicadores de desarrollo humano y social que hablan de la situación extremadamente difícil encarada por los Mayas, Xincas y Garífunas, éstos se enfrentan a la discriminación racial y étnica cotidiana, que se manifiesta con actitudes de desprecio y rechazo hacia los indígenas.

No es extraño que los medios de comunicación promuevan prejuicios en contra de diversos aspectos de la cultura indígena, contra su espiritualidad y el uso de su lengua. Existe un panorama generalizado de desventajas en el acceso a los beneficios del desarrollo y la participación política y social.

La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala tiene que ser considerada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a un conflicto armado interno de más de 30 años de duración. Para implementarlos, el Gobierno ha tomado diversas medidas que pese a constituir pasos significativos, resultan ser poco efectivas e insuficientes; debido a la ausencia de recursos que les son asignados y de débil voluntad política para llevarlas a cabo.

Uno de los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas es el relativo derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de demandas agrarias, la falta de respeto a los territorios tradicionales, tales como: los bosques comunales, los desplazamientos forzados de pueblos indígenas resultado de proyectos de desarrollo económico, y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado, configuran un panorama de crecientes tensiones sociales.

Particularmente precaria es la situación de las mujeres indígenas. La situación de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia es otro tema preocupante. Si bien el Gobierno ha tomado distintas medidas para extender el sistema de administración de justicia en todo el país, especialmente en las zonas indígenas, la cobertura es aún insuficiente.

Los pueblos indígenas se quejan de las dificultades de acceso a los juzgados y tribunales, de discriminación contra su derecho consuetudinario y de la falta de intérpretes en lenguas indígenas en los tribunales, así como de defensores de oficio.

En el campo de la educación, cuestión prioritaria para los pueblos indígenas, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para proporcionar educación bilingüe e intercultural, no hay aún suficientes maestros capacitados y los demás recursos educativos son inadecuados. Las escuelas carecen de textos y otros materiales pedagógicos, especialmente en las zonas rurales, en las cuales viven los indígenas.

Las cifras de escolarización, sobre todo de las niñas indígenas, siguen siendo bajas en comparación con el resto de la población infantil, un hecho preocupante que prolonga en el futuro los patrones de exclusión y discriminación.

Es recomendable que el Gobierno amplíe sus actividades y mejore la calidad de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas y renueve su compromiso para implementar los Acuerdos de Paz. También se considera importante en la etapa posterior a la salida de las Naciones Unidas establecer una misión enfocada especialmente a los pueblos indígenas en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además es trascendental que las organizaciones de los pueblos indígenas y otras organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo la comunidad académica, tomen medidas para desarrollar un programa común de acción para promover, verificar y alentar la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), que es parte de los Acuerdos de Paz.

Los pueblos indígenas, la comunidad internacional y los demás actores de la sociedad civil pueden contribuir al proceso de construcción de una sociedad más justa en Guatemala para sus grupos más excluidos.

Algunos de los derechos de los pueblos indígenas

• El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales, en una doble dimensión: como personas individuales y como pueblos.
• El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
• La obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación o menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas, con un énfasis importante en la reparación, incluyendo casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.
• El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Esto incluye la obligación de los Estados de no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indígenas sin previa consulta.
• La obligatoriedad de los Estados de consultar a los pueblos indígenas al tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.
• La protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas y personas indígenas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas: “constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”.

Los pueblos indígenas siempre han sufrido la discriminación y marginación social, es un problema constante en Guatemala, todas estas situaciones hacen que la sociedad guatemalteca se estanque y no pueda avanzar.

Guatemala siempre ha vivido de los recuerdos y la mentalidad que los cambios son solo sueños inalcanzables, debido a las secuelas que dejo el conflicto armado, y la división social que produjo.

Acceso a la justicia

La Constitución Política de la República, establece en su artículo 66 que Guatemala esta conformada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia Maya. El estado reconoce , respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos que son respetados como forma del derecho consuetudinario.

En 1996 Guatemala ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que de acuerdo al artículo 46 de la Constitución prevalece sobre el derecho interno en la materia y así debería ser aplicado y considerado por los operadores de justicia.

En los Acuerdos sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército y sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que forman parte de los Acuerdos de Paz, los centros de administración de justicia y varios sistemas de conciliación y arbitraje. La Procuraduría de Derechos Humanos cuenta con una Defensoría Indígena, un proyecto aún pequeño de atención a los pueblos indígenas, al igual que el despacho del Fiscal General de la Nación.

Pese a las medidas antes indicadas, persisten situaciones y problemas que dificultan el acceso a la justicia por parte de los indígenas. Los juzgados se encuentran con frecuencia distantes de sus comunidades, de tal manera que acudir a ellos resulta difícil y costoso. Los operadores de justicia denominación que incluye jueces, auxiliares, fiscales, y miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil no han modificado sus criterios y comportamientos, que en general son percibidos y señalados como contrarios a los intereses de los indígenas, cargados de prejuicios, frecuentemente autoritarios, que desembocan en malos tratos e irrespeto y que no son exentos de corrupción.

Los jueces y otros operadores de justicia (con muy contadas excepciones) no son hablantes de la lengua indígena de la región en la que ejercen sus cargos, no tienen conocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ni guardan el debido respeto a las autoridades indígenas. Así mismo, se señala que no se ha respetado la independencia comunitaria en el nombramiento y ejercicio de los jueces de paz comunitarios, y que algunas soluciones a nivel local, como los centros de administración de justicia, no cuentan con el apoyo presupuestario indispensable.

Una gran limitación que afecta reiteradamente a los pueblos indígenas se refiere al uso de las lenguas indígenas en procesos judiciales y otros procedimientos colaterales. No se permite litigar en idioma indígena, aun cuando las partes sean hablantes del mismo. No se da cumplimiento a las disposiciones que ordenan contar con un intérprete debidamente calificado y en la práctica no se capacitan ni contratan suficientes intérpretes.

De lo anterior se derivan hechos que violan las normas del debido proceso en perjuicio de los indígenas, quienes además no cuentan con una defensa adecuada, ante todo porque los pocos defensores públicos que existen en las zonas indígenas carecen de capacitación.

Los dirigentes de las organizaciones entrevistadas atribuyen especial importancia al reconocimiento y respeto de un sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, que forma parte de la cosmovisión Maya y está arraigado en la cultura de las comunidades.

Este derecho consetudiniario es sustancialmente distinto al derecho oficial. Ya que cuenta con un conjunto de procedimientos culturalmente adecuados, es eficaz para resolver los conflictos y restaurar el equilibrio social con el menor costo para las partes (víctimas y acusados) y tiene sus propios operadores claramente identificados en el sistema de autoridades tradicionales indígenas. Aunque este derecho consuetudinario es mencionado en la Constitución, el Convenio Nº 169 de la OIT y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

No es claramente reconocido ni respaldado en la legislación y en las instituciones; los jueces y magistrados no lo conocen ni lo aplican y el ejercicio de esta función jurisdiccional por parte de las autoridades tradicionales indígenas es frecuentemente penalizado como suplantación de autoridad o desacato.

En conclusión, se ha informado a cerca del incumplimiento sistemático de los compromisos de resarcimiento establecidos en los Acuerdos de Paz y señalados como parte del proceso de esclarecimiento histórico; de la permanencia en la impunidad de una gran parte de las violaciones de los derechos fundamentales ocurridas durante el conflicto armado interno y que afectaron a numerosas personas y comunidades indígenas; y de la persistencia de hechos violentos que afectan a los indígenas y sus comunidades, que estarían claramente asociados a un conflicto no resuelto y a la permanencia de estructuras no formales de control y represión que no fueron debidamente erradicadas.

El acceso a la justicia en nuestro país es una situación muy penosa y preocupante porque no existen tribunales de justicia suficientes para otorgarle atención a toda la población indígena, otro de los problemas que a diario se vive es la falta de personal capacitado para darle a las personas indígenas una atención cordial. En los diferentes órganos jurisdiccionales se carece de interpretes capacitados que tengan conocimiento profundo sobre los diferentes idiomas indígenas que existen en nuestro país. Actualmente cada órgano jurusdiccional solo cuenta con un interprete que habla el idioma indígena de determinado lugar, sin tomar en cuenta de que existen infinidad de personas que llegan de todas partes para ser atendidos y que hablan idiomas diferentes.

Esto provoca problemas en cuanto a la atención adecuada que se le brinda a una persona indigena y que vulnera sus derechos a ser escuchado.

Participación política de los indígenas

La estructura política de Guatemala desde la colonia y a lo largo de la vida republicana se caracterizó por la exclusión de los pueblos indígenas de la participación en la vida ciudadana. Este fenómeno implicó tradicionalmente la subordinación de las formas tradicionales de organización y de ejercicio de la autoridad propias de las comunidades y pueblos (las alcaldías y cofradías indígenas, por ejemplo); la tardía incorporación del derecho al sufragio; altas tasas de abstención del electorado indígena que continúan hasta la actualidad; la baja participación de personas indígenas en cargos de elección o en funciones públicas de responsabilidad, incluyendo los mandos militares; y en general una baja incidencia de estos pueblos en la toma de decisiones sobre la vida nacional.

Es preciso mencionar las altas tasas de personas en edad electoral no inscritas en el censo electoral, la indocumentación de mujeres, refugiados y desplazados internos, lo que contribuye a la baja participación electoral en el área rural. Estas condiciones se agravaron durante los años de conflicto armado interno, entre otras razones por la aplicación de una estrategia de destrucción del tejido social rural, la persecución de las autoridades tradicionales, la inducción de enfrentamientos intercomunales e interétnicos, la formación y mantenimiento de grupos de control paramilitar (PAC y Comisionados Militares); y otros efectos asociados al desplazamiento y posterior reasentamiento de la población indígena.

Otros Acuerdos de Paz se comprometieron adicionalmente a reformar el régimen electoral, disolver las PAC y reducir y replegar al ejército a sus funciones militares específicas. Lo mismo que para otros asuntos contemplados en los Acuerdos de Paz, para el desarrollo de estos temas se creó la Comisión bipartita sobre Reforma y Participación en Todos los Niveles, la cual trabajó en la preparación de una amplia reforma constitucional. Sin embargo, las reformas electorales primero y las reformas constitucionales en 1999 se resolvieron como una negociación entre los partidos políticos, relativamente al margen de las propuestas de la Comisión bipartita y del movimiento Maya en ellas representado.

La reforma constitucional no fue ratificada en la consulta popular. Las leyes de descentralización y de (re)establecimiento de los comités de desarrollo que de alguna manera apuntan al fortalecimiento de las estructuras de organización y ejercicio de autoridad en el nivel local, solo tomaron en cuenta algunas de las propuestas de la Comisión bipartita.

Existen varios casos y conflictos que enfrentan a las autoridades tradicionales indígenas, alcaldías indígenas, asambleas comunitarias con las autoridades nacionales o departamentales por varios motivos, entre los que deben destacarse los relacionados con el control del acceso a los bienes comunales (bosques y aguas principalmente), y la atención y resolución de conflictos locales. De hecho, en ocasiones las autoridades del Estado actúan con el fin de hacer desaparecer o cooptar a las autoridades indígenas.

Si bien el establecimiento de los comités de desarrollo es visto por algunos dirigentes
indígenas como una oportunidad para mejorar su incidencia en la toma de decisiones sobre asuntos que les atañen directamente, en varios casos esta participación se ve reducida para los indígenas por la falta de medios para hacerla efectiva (transporte, asistencia técnica, por ejemplo).

Algunas instituciones creadas con el propósito de facilitar la participación indígena, como la Defensoría de la Mujer Indígena, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA) y la Academia de las Lenguas Mayas no gozan, de hecho, de la autonomía que les otorga la Ley ni cuentan con recursos suficientes, entre otras cosas.

Uno de los temas más importantes e invisibles es la participación de la mujer indígena. La mujer es una ciudadana de segundo orden. El acceso a la justicia se ve doblemente agravado para la mujer indígena. La mujer se encuentra ante una doble discriminación y una total indefensión sin que el sistema de justicia haya facilitado herramientas. Al margen de la estructura gubernamental se han desarrollado numerosas organizaciones mayas que actúan e impulsan programas y proyectos en esferas como la educación intercultural, la espiritualidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo económico y social.

Gracias a su propio esfuerzo, estas organizaciones civiles han conquistado importantes niveles de participación e incidencia en la vida social guatemalteca. Muchas de ellas reciben apoyo de agencias de cooperación internacional y algunas son tomadas en cuenta por oficinas gubernamentales como fuentes de opinión.

Al margen de las comisiones creadas en virtud de los Acuerdos de Paz, cuya dinámica actual es muy limitada, no se ha establecido ningún mecanismo de consulta informada tal como lo prevé el Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por el Estado guatemalteco.

El Encuentro de Lideresas y Líderes Indígenas, con amplia participación y representación nacional de todos los grupos etnolingüísticos indígenas,decidió promover la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Algunos partidos políticos vienen incorporando, de modo creciente, a personas de origen indígena en las listas de candidatos para cargos de elección popular. En los últimos períodos democráticos, el número de legisladores de origen indígena se ha incrementado pero aún sigue siendo poco importante ante el peso demográfico y cultural de los pueblos indígenas en la nación y sin llegar a representar de ninguna manera el grado de diversidad étnica del país. Este hecho ha facilitado la formación de una Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso Nacional cuya actividad debería incrementarse en el futuro.

La participación de los pueblos indígenas en los actos políticos ha evolucionado de una manera significativa, si se observa que en el pasado no se existía por falta de educación y de información; en tanto la sociedad siempre ha visto a las comunidades indígenas con menores capacidades que los demás. Sin darse cuenta que gracias a las personas indígenas y a sus esfuerzos, Guatemala ha salido adelante, gracias a su contribución en temas agrícolas y ganaderos.

También podemos destacar que han existido diversos ejemplos de personas indígenas que han salido adelante y que han podido llegar en el Congreso de la República de Guatemala, gracias a sus estudios y sus ganas de salir adelante.

Educación intercultural y bilingüe

La Constitución Política de la República reconoce el valor de las lenguas indígenas (art. 58) habla sobre la identidad cultural, se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres (art. 76). Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo sera descentralizado y regionalizado.

Lo anterior compromete un amplio conjunto de medidas para recuperar y proteger los idiomas indígenas y promover el desarrollo y la práctica de los mismos; así como la puesta en marcha de una importante reforma del sistema educativo para consolidar la educación bilingüe e intercultural y para garantizar el acceso de los indígenas a la educación. Una comisión paritaria, integrada por representantes gubernamentales y de las organizaciones indígenas fue establecida en 1997 y trabajó sistemáticamente en el diseño de esta reforma hasta el 2000. Aun cuando los aspectos de la reforma educativa que debieron ser asegurados constitucionalmente quedaron pendientes al no aprobarse la reforma constitucional en su conjunto, el poder ejecutivo adoptó las conclusiones del trabajo de la Comisión paritaria a partir de 2001 y una parte de las medidas consideradas vienen siendo puestas en vigencia apenas como “programas piloto”.

Una comisión consultiva, como señalan diversos observadores, sugiere que los cambios propuestos en los Acuerdos de Paz no han sido acatados y que sigue existiendo el modelo excluyente y mono-cultural. Los Acuerdos de Paz previeron la realización de una reforma constitucional para varios asuntos, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Tales reformas, que fueron en parte preparadas y aprobadas por el Congreso Nacional, fueron consultadas en referéndum popular en 1999, tal como quedo previsto en los Acuerdos. Sin embargo la propuesta no fue aprobada por una ligera diferencia a nivel nacional.

Según diversos observadores, las preguntas del referéndum fueron diseñadas y manipuladas de tal manera para que el voto indígena favorable no lograra la mayoría. Se pudo apreciar el sentimiento de decepción y frustración de las organizaciones indígenas del país al respecto. La discriminación contra los pueblos indígenas permea a la sociedad guatemalteca y caracteriza al régimen político y económico.

El AIDPI establece como una de las tareas más urgentes eliminar la discriminación legal y de facto mediante diversas medidas jurídicas e institucionales. El Congreso Nacional adoptó una enmienda al Código Penal en la cual se tipifica como delito la discriminación, incluyendo la étnica.

En lo que respecta a la discriminación interpersonal, ésta ha sido documentada ampliamente y se manifiesta en actitudes de rechazo y exclusión hacia los indígenas por parte de la población ladina y blanca. Afecta principalmente a las mujeres, sobre todo cuando usan el traje indígena tradicional, así como a las niñas y los niños en las escuelas, en los lugares públicos y en las calles.

El derecho indígena tienen como fin proteger a los niños, jóvenes y adolescentes en los diferentes centros educativos en donde sufran de discriminación y en donde se les prohiba hacer el uso de sus derechos.

Vemos a nuestros niños y jóvenes en una lucha constante defendiendo sus raíces y sus costumbres en contra de la sociedad y sus perjuicios. Existe una enorme cantidad de estudiantes que no hablan ya su idioma materno y que se han olvidado de usar sus trajes porque en algunos centros educativos se les ha prohibido y se les ha exigido los uniformes escolares, negándoles el derecho de vestir sus trajes.

Otra de las problemáticas que se observa en varios departamentos de Guatemala es la pérdida de los diferentes idiomas, La comunidad esta olvidando inculcar a sus hijos el idioma materno debido a la gran discriminación del que son víctimas. La discriminación y el racismo esta logrando que los pueblos indígenas olviden sus raíces; por eso el Gobierno debe redoblar esfuerzos y hacer conciencia a los guatemaltecos de no olvidar sus raíces y lugar del que provienen.

Existen varias organizaciones que apoyan a los pueblos indígenas para que puedan rescatar y reconstruir lo que los perjuicios sociales se han encargado de eliminar poco a poco.

Asuntos prioritarios de derechos humanos de los pueblos indígenas

La cuestión de la tierra

En Guatemala prevalece una distribución altamente desigual de los recursos agrícolas ,caracterizada por una fuerte concentración de las tierras cultivables en pocas propiedades. El 94% de las explotaciones menores (microfincas y fincas subfamiliares) suma el 18,6% de la tierra; mientras que el 1,5% de las explotaciones mayores (con más de una caballería) suma el 62,5% de la superficie en fincas. Se refuerza de esta manera la polarización socioeconómica de la sociedad guatemalteca.

Según otra fuente, el 96% de los productores explotan el 20% de la tierra agrícola en tanto que el 4% de los productores explotan el 80% restante. El 9 de octubre de 2002 fue creada la Comisión que tiene a su cargo la formulación de políticas públicas que buscan erradicar la discriminación racial. Algunas de las funciones son asesorar y acompañar a las distintas instituciones del Estado, así como a las instituciones privadas, para desarrollar mecanismos efectivos en el combate de la discriminación y el racismo que se da contra los pueblos indígenas.

Información reciente apunta al hecho que durante más de tres décadas de conflicto armado aumentó el minifundio en las parcelas campesinas, lo cual genera una creciente conflictividad, principalmente debido a los desplazamientos y reasentamientos de población indígena y a la apropiación indebida de tierras comunales y fiscales en varias regiones del país.

Este fenómeno se reporta como particularmente grave en la denominada Franja Transversal del Norte, uno de los principales teatros de confrontación durante el conflicto armado. Donde fueron desplazadas numerosas comunidades indígenas y en donde se han conformado extensas propiedades que actualmente son de propiedad de ex-efectivos de las fuerzas armadas. Las instituciones encargadas de la titulación de la tenencia, el registro de propiedades y el catastro agrícola. Esto último ha generado alta inseguridad jurídica y numerosos conflictos en torno a los linderos y la tenencia de la tierra.

El AIDPI menciona la necesidad de asegurar los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, incluyendo: la regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; el reconocimiento y garantía de los derechos de uso y administración de los indígenas sobre sus tierras y recursos; la restitución de tierras comunales y compensación por los despojos de que fueron víctimas; la adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas; y la protección jurídica a los derechos de las comunidades indígenas.

Es especialmente crítica la situación de las tierras y los bosques de las comunidades indígenas que no han sido oportunamente regularizados. Estos territorios se vieron afectados durante el conflicto armado, entre otros factores, por la desestructuración de las formas de organización social indígena y la pérdida de capacidad de sus autoridades tradicionales para conservarlas, regular el uso de las mismas y resolver conflictos entre los comuneros. Todo esto se hace para rescatar el acceso a las tierras y poder erradicar con la discriminación y el racismo que ataca a los pueblos indígenas.

¿Por qué el acceso la tierra no es mas que un Derecho?

Art. 67 de la Constitución Política de Guatemala habla sobre la protección especial que el Estado le brinda a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, así como también el patrimonio familiar y la vivienda popular.

Art. 68 de la Constitución Politica de Guatemala tierras para comunidades indígenas estable: mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesite para su desarrollo.

Espiritualidad indígena y lugares sagrados

El pueblo Maya asigna una alta prioridad al ejercicio de su propia espiritualidad y al derecho a practicarla en público y en privado mediante la enseñanza, el culto y la observancia de sus preceptos. El AIDPI demanda el respeto debido a los guías espirituales y el acceso a los lugares sagrados en que tienen lugar sus ceremonias, ya se trate de aquellos que forman parte del patrimonio arqueológico del Estado, como de otros tradicionalmente utilizados para tales fines.

Una Comisión integrada por representantes del gobierno, de las organizaciones indígenas y de guías espirituales trabajó esporádicamente entre los años 1997 y 2000 en la discusión de una propuesta de reforma al artículo 66 de la Constitución y de un reglamento para la protección de los centros ceremoniales en zonas arqueológicas, así como en la definición de los demás lugares sagrados y el régimen de su preservación.

La Comisión no consiguió llegar a consensos respecto de varios puntos de esta materia y no ha continuado sus labores. Recientemente fue adoptado un acuerdo ministerial para facilitar el acceso de los guías espirituales a sus lugares sagrados, algunos de los cuales se encuentran en zonas arqueológicas reglamentadas. Si bien se han experimentado progresos en el nivel de tolerancia de la sociedad en su conjunto frente a los rituales indígenas; lo cual ha posibilitado que estas prácticas dejen de ser clandestinas, permanece una serie de obstáculos y amenazas que dificultan el goce de este derecho.

En particular se señaló reiteradamente que algunos miembros de la jerarquía eclesiástica (católica y evangélica) impiden el uso de los lugares ceremoniales tradicionales que se localizan en las inmediaciones de las iglesias y templos; que propietarios privados de tierras agrícolas dificultan el paso hacia lugares sagrados ubicados dentro de sus linderos; que la fuerza pública persigue y decomisa la recolección de productos naturales utilizados en las ceremonias indígenas (como resinas forestales y plantas medicinales); y que algunas obras de captación y distribución de agua en el medio rural afectan a las nacientes y manantiales que son considerados lugares de especial relevancia espiritual por los indígenas.

Los conflictos que se derivan de estas tensiones son tratados por los operadores judiciales como cuestiones de carácter penal y conducen con frecuencia a enfrentamientos violentos entre los involucrados.

Estos asuntos están relacionados también con la práctica de la medicina tradicional indígena, garantizada en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, El uso del traje tradicional indígena principalmente entre las mujeres está íntimamente relacionado con el ejercicio de la espiritualidad y constituye un elemento muy importante de la identidad social y étnica. La Constitución (art. 66) habla sobre la protección de los grupos étnicos.

Conclusiones

Han pasado ya varios años desde la firma de los Acuerdos de Paz; sin embargo, la paz, la estabilidad y la integridad física para todos los ciudadanos del país aún están lejos de haberse alcanzado.

El mensaje claro que los pueblos indígenas trasmiten es que los indígenas siguen marginalizados, excluidos y discriminados en la Guatemala de hoy. Mejorar la situación de los pueblos indígenas implica respetar los Acuerdos de Paz y las Leyes que protegen los derechos y la integridad de los pueblos indígenas.

Los compromisos con la efectiva aplicación de las Leyes de Guatemala que protegen a los indígenas y evitar así la violación de sus derechos. Han sido adoptadas diversas Leyes, como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal (en donde se reconoce personalidad jurídica de las comunidades indígenas, las alcaldías indígenas, la consulta a las comunidades o autoridades indígenas, y las tierras comunitarias), que tienen el potencial de involucrar en mayor medida a los pueblos indígenas en la vida política del país. Sin embargo, a pesar de estos progresos, existe ausencia de voluntad política para implementarlos, estos cambios tan necesarios y que fueron acordados formalmente en los Acuerdos de Paz.

El genocidio de los pueblos indígenas durante el conflicto armado constituye memoria viva y una herida abierta en la sociedad guatemalteca. Esto sigue afectando a la sociedad en Guatemala; a pesar de los años estos factores siguen afectando nuestra actualidad.

Guatemala tiene la capacidad así como la obligación de implementar una política efectiva de derechos humanos, en compañía de otras organizaciones con el fin de erradicar la discriminación a los pueblos indígenas.

Recomendaciones

La grave situación actual de los pueblos indígenas en Guatemala requiere de la atención urgente del Gobierno de Guatemala y la continua cooperación de la comunidad internacional. A pesar de haberse alcanzado la paz, Guatemala sigue siendo una sociedad profundamente desigual y dividida. Es importante promover una campaña pública y nacional en torno al respeto de la diversidad cultural, con el único objetivo de lograr justicia y plena participación de los pueblos indígenas.

Demandar al gobierno de Guatemala tomar las medidas apropiadas para asegurar que los indígenas participen en la administración pública, y que se facilite la participación indígena en los Consejos de Desarrollo.

También es importante apoyar a la mujer indígena; ya que es tres veces discriminada, como mujer, indígena y pobre.

Solicitar al gobierno de Guatemala tener presente la importancia que tiene los organismos judiciales de administración de justicia. De una u otra forma es la esperanza que tienen muchos pueblos indígenas para hacer valer sus derechos colectivos e individuales.

Promover el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales que en la Ley se establecen para cada uno de los habitantes de Guatemala.

El deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y el bien común. No importa el idioma raza o ascendencia.

Bibliografía

1. ACUERDOS DE PAZ
2. RELATO DE ALCALDE INDÍGENA
3. CÓDIGO PENAL
4. CÓDIGO PROCESAL PENAL
5. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
6. CONVENIO 169 DE LA OIT
7. MATERIAL DISTRIBUIDO POR LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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Introducción a la situación de aprendizaje (=Lernsituation)

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Artículo sobre la pobreza entre grupos indígenas

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Artículo sobre la pobreza entre grupos indígenas

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Actualizado martes 06/06/2006 18:42 ()

CIUDAD DE GUATEMALA.- Son más de la mitad de la población, herederos de una cultura milenaria, depositarios de siglos de conocimiento y portadores de tradiciones y enseñanzas ancestrales. Sin embargo, ser indígena en Guatemala es equivalente, salvo escasas excepciones, a marginación, pobreza y falta de oportunidades. Las cifras hablan por sí solas: el 80% vive en la pobreza y más del 40% es analfabeto. Una situación que se agrava y se vuelve más dramática aún en el caso de las mujeres, donde los datos son de más del 62%.

Y es que, basta con darse una vuelta por cualquier parte del país para comprobar esta realidad. Siempre son ellos, las poblaciones nativas descendientes de los mayas, los que ocupan los estratos más bajos de una sociedad que, sistemáticamente, les excluye y margina. Son ellos, los hombres de maíz, los que sufren una discriminación que invariablemente les condena a las posiciones económicas, sociales y políticas más desfavorecidas.

El hecho de nacer indígena en Guatemala supone, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, tener una esperanza de vida promedio al nacer 17 años más baja que el resto del país y, en el caso de las mujeres, tener tres veces más posibilidades de morir. A lo que se suma, que casi siete de cada diez niños sufren algún grado de desnutrición.

Reconocimiento de papel y largo camino

A pesar del reconocimiento histórico que supuso la firma, en 1996, del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, dentro de la paz que puso fin a 36 años de conflicto interno, muy pocos avances significativos han tenido lugar. El acceso a la justicia, la plena participación política, la tenencia de tierras y la educación bilingüe e intercultural son sólo algunos de estos temas pendientes.

"El retraso en el cumplimiento es por la falta de voluntad política, debido a la mentalidad racista y colonial de los gobernantes. Por ello, las medidas que se han ido tomando son más cosméticas, para mantener las apariencias, pero no hay políticas públicas que se dirijan a tratar los problemas de nuestros derechos", denuncia Pablo Ceto político indígena de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), partido formado por la exguerrilla.

Algunos datos, como que sólo el 8% de los diputados son indígenas y de cada 10 universitarios, nueve son ladinos demuestran, a día de hoy, demuestran el fracaso, en la práctica, de las políticas que se han llevado a cabo durante estos últimos 10 años.

Fruto de la herencia colonial

"Es un camino largo porque nadie que haya sido hegemónico va a renunciar a sus privilegios para decirle al grupo sobre el que manda: ven, que voy a darte poder... La solución tiene que venir de la población, de la gente, de capacitarla de verdad. Nadie va a regalar lo que tiene. Eso se obtiene solamente cuando la población indígena, al liberarse a sí misma pueda liberar a la población ladina, sus hermanos-enemigos, fruto de una herencia colonial. No podemos regresar, pero sí recuperar", explica el analista guatemalteco Carlos Guzmán Bockler.

"Queremos lograr la equidad económica y política para el resto de nuestros hermanos. No se piden privilegios sino igualdad", reivindica en la antropóloga y columnista indígena Irma Alicia Velásquez.

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La pobreza en Guatemala, un rostro indígena

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La pobreza en Guatemala, un rostro indígena Son más de la mitad de la población, herederos de una cultura milenaria, depositarios de siglos de conocimiento y portadores de tradiciones y enseñanzas ancestrales. Sin embargo, ser indígena en Guatemala es equivalente, salvo escasas excepciones, a marginación, pobreza y falta de oportunidades.

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contrasena: Guatemala

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Enno
el experto colateral para todos los asuntos - un alemán / una alemana...

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conducir el debate final y comunicar entre los secciones...

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Rapera guatemalteca - activista y feminista: lucha con su música y actividades internacionales para los derechos de las mujeres en Guatemala.

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Rebeca Lane tritt in Chiles Hauptstadt Santiago im Stadtviertel Recoleta auf. "Descolonizar" heißt das Konzert am 12. Oktober, dem Tag, an dem Kolumbus nach Lateinamerika kam. Auf dem Kontinent kein Feiertag, sondern ein Tag der Proteste gegen die Gewalt der Kolonisation. Hauptsächlich Frauen sind auf dem Konzert, viele sind extra nach Santiago gekommen, um sie zu sehen, so wie Daniela:

"Sie inspiriert mich sehr, weil sie von Themen spricht, die an einem Tag wie heute besonders wichtig sind in Lateinamerika, wie die Unterdrückung der indigenen Völker und die Unterdrückung der Frauen."

Höchste Anzahl an Frauenmorden

Lateinamerika ist eine der Regionen mit der höchsten Anzahl an Frauenmorden weltweit. Gewalt ist für viele Frauen Alltag. Die Songs von Rebeca Lane handeln von dieser Gewalt, aber auch von Resilienz, Widerstand und Kraft. Sie rappt nicht von Frauen als Opfern, sondern von "guerreras", Kämpferinnen. Daher spricht sie vielen ihrer weiblichen Fans aus der Seele, wie Rocío erklärt:

"Ich habe Gewalt in einer heterosexuellen Beziehung erlebt. Ihre Musik lässt einen verstehen, dass diese Gewalt strukturell ist, dass es nicht nur dir passiert, sondern dass es viele Frauen gibt, die in der gleichen Situation sind."

Wunden heilen, das möchte Rebeca Lane mit ihrer Musik. Besonders deutlich wird das in dem Song "Tzk'at" von ihrem aktuellen Album "Obsidiana". "Tzk'at" ist ein Begriff der indigenen Sprache Quiché aus Guatemala. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Guatemalas gehört einem der 25 indigenen Völker an, viele stammen von den Mayas ab. Davon inspiriert sind auch Rebeca Lane's Tracks, in denen sie urbanen Feminismus mit der Geschichte einheimischer Kulturen vermischt.

Rebeca Lane: "'Tzk'at' bedeutet 'Ich bin du, du bist ich'. Es ist ein Begriff des gemeinschaftlichen Zusammenhalts. Ich habe festgestellt, was für eine Wirkung Musik hinterlassen kann, wenn sie aus einer Wunde entsteht (und wenn diese Wunde geheilt werden will.) Das habe ich auch bei meinen letzten Konzerten gemerkt. Das Gefühl, das zwischen den Frauen entsteht, ist sehr schön."

Eine offene Wunde

Rebeca hat mit 16 angefangen zu rappen. Sie versteht ihre Musik als politisches Werkzeug, mit der sie auch die historischen Dissonanzen Lateinamerikas thematisiert: Guatemala erlebte von 1960 bis 1996 einen blutigen Bürgerkrieg zwischen linken Guerillaorganisationen und rechtsgerichteten Militärs. Rebeca Lanes Tante war Guerillera und verschwand 1981 spurlos. Eine offene Wunde, die sie in ihrer Musik durch den Hip-Hop verarbeitet.

"Hip-Hop gab den Jugendlichen eine Stimme, denen niemand zuhören wollte. Die meisten Jugendlichen in den Armenvierteln kommen aus Familien, die vor dem Krieg oder vor dem Erdbeben von 1976 geflohen sind. Sie kommen in die Stadt und lernen nicht mehr ihre traditionelle Sprache, tragen nicht mehr ihre traditionelle Kleidung, um in der rassistischen Gesellschaft zu überleben. Der Hip-Hop ist unter den Jugendlichen gewachsen, die entwurzelt wurden. Der Hip-Hop in der Bronx entstand unter Jugendlichen, die Einwanderer waren, Jamaikaner, Puerto-Ricaner, Afroamerikaner, Menschen aus der afrikanischen Diaspora. Es ist eine Kultur, die dich Wurzeln schlagen lässt, wenn sie dir genommen wurden, deine eigenen Wurzeln mit deiner eigenen Sprache. Deshalb habe ich angefangen, Rap zu machen."

Feministischer Rap-Workshop

Für Rebeca Lane ist es besonders wichtig, ihr Wissen und Können weiterzugeben. Während ihres Aufenthalts in Chile gibt sie deshalb nicht nur Konzerte, sondern rappt auch bei einer Veranstaltung über Abtreibungsrecht und organisiert einen feministischen Rap-Workshop. 25 Frauen sind gekommen. Gemeinsam erarbeiten sie Rhythmen, Reime und Texte. Hier verschmelzen Musik und Aktivismus, und vielleicht entsteht hier eine neue Generation von lateinamerikanischen Rapperinnen, von denen wir bald noch mehr hören werden.

Jaheli ist eine von ihnen. Sie nimmt an dem Workshop teil und rappt seit einigen Jahren.

"In all diesen Jahren war es so schwierig für uns, weil die Männer den Hiphop und die Bühne für sich beansprucht haben. Jetzt zu sehen, dass so viele Frauen so viel zu reimen und zu sagen haben, erfüllt mein Herz mit Stolz. Ich glaube, dass, obwohl so viel Schlimmes auf der Welt passiert, wir jeden Tag kraftvoller sind, verbundener. Vor allem wir Frauen, wir sehen uns heute als Kolleginnen als Partnerinnen, wir bewundern und respektieren uns."

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Rapperin Rebeca Lane - Feminismus aus Guatemala

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In Lateinamerika gehört für viele Frauen Gewalt zum Alltag. Es ist eine der Regionen mit den meisten Frauenmorden weltweit. Die aus Guatemala stammende Rapperin Rebeca Lane spricht in ihren Tracks über diese Problematik und gibt in selbstorganisierten feministischen Workshops Frauen eine Stimme.

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Florian

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Gurbet

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Jannick

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Nikolaj

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Nicole

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Janice

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Mariella

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Carena

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Luc

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Carina

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Laura

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HelenaAnalisis de la sección

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Sarah

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Josua