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El grave problema de contaminación causado por la termoeléctrica.

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La problemática ambiental presente en la Laguna de Cuyutlán, entre los límites de Manzanillo y Armería, ha generado molestias entre los pescadores que del cuerpo acuoso obtienen su sustento, quienes también han buscado ser escuchados por las autoridades a bien de encontrar una solución que les permita seguir realizando su actividad económica sin la contaminación que principalmente provoca la planta termoeléctrica de Manzanillo, administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante el descontento de los pescadores, el gobierno municipal y el federal han intervenido para tratar de resolver el conflicto con la empresa paraestatal y evitar más contaminación en la laguna.

A continuación enlistamos cuatro claves para comprender la situación que prevalece en el referido espacio natural.
1. Pescadores reclaman a la CFE
Los pescadores de diversas cooperativas que aprovechan los recursos de la Laguna de Cuyutlán se manifestaron el pasado miércoles (2 de septiembre) ante una supuesta fuga de combustóleo desde la planta generadora de electricidad. Esto dio pie a que los inconformes bloquearan el acceso a la termoeléctrica, al asegurar que la CFE no ha atendido reclamos anteriores.

Carmen Velasco y Jorge Aguilar, líderes de las cooperativas de pescadores locales, aseguraron que no han tenido respuesta de la paraestatal para detener las situaciones que han ocasionado la contaminación de la laguna que también arrastra problemas de azolvamiento causado por obras de infraestructura en el puerto.

Los pescadores buscan que la CFE les dé garantías respecto a que se buscará atender la contaminación del agua, pues esa situación afecta los recursos que aprovechan y también sus herramientas de trabajo.
2. Reunión en el Ayuntamiento de Manzanillo
Tras levantar el bloqueo, los pescadores se dirigieron al Palacio Municipal, donde fueron atendidos por la secretaria del Ayuntamiento, Martha Zepeda, y el director de Atención y Participación Ciudadana, Juan José Gómez, quienes recibieron a una comisión de seis personas.

En dicha reunión se acordó volver dialogar, esta vez con la presencia del secretario general del Gobierno del Estado de Colima, Rubén Pérez Anguiano, como mediador entre los pescadores y la CFE.
Fotos: Gustavo Vilchis y Mario Alberto Chávez 3. Gobierno de México incluye a Colima en comisión de estados con problemáticas ambientales
La delegada del Gobierno de México en Colima, Indira Vizcaíno, dio a conocer que realizó un recorrido por la Laguna de Cuyutlán el pasado viernes (4 de septiembre), luego de que Colima fuera incluido en una comisión nacional que buscará atender las problemáticas ambientales en espacios naturales, tras la visita realizada por el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, a la entidad.

"El recorrido que se hace en esta ocasión se desprende de la visita que tuvimos la semana antepasada de nuestro coordinador nacional de Programas para el Desarrollo, que platicando con él respecto a los temas que tienen que ver con los problemas lagunales nos contaba que se instaló una comisión a nivel nacional para poder estar atendiendo temas como este en Veracruz y Chiapas, y de manera inmediata incorporaron al estado de Colima a partir de los comentarios que nosotros le hacíamos", mencionó Vizcaíno este lunes (7 de septiembre) en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en Súper 98.9 FM.
4. Derrame de combustóleo, en investigación
Vizcaíno también afirmó que tras el recorrido por las lagunas de Cuyutlán y la del Valle de las Garzas, se detectó un derrame de combustóleo. Apuntó que ya hay investigaciones de la CFE al respecto y que uno de los objetivos que se buscan es es evitar el uso y manejo de dicho hidrocarburo en la termoeléctrica del puerto.

"La reciente denuncia por derrame de combustóleo que se hizo ahí por algunos pescadores de la región, sin embargo, me parece que donde ha sido más evidente la contaminación de la que ha sido victima es en la laguna del Valle de las Garzas, además ahí mismo desfoga la planta de tratamientos residuales y se acumula basura, entonces requiere una intervención en materia de cuidado al medio ambiente", aseveró la funcionaria federal en la referida entrevista.

"Se alcanzó a apreciar que en algunas partes del mangle se observaban manchas de ese combustóleo, sin embargo, lo que denuncian los propios pescadores es que este mangle había sido ya deforestado por parte de los propios responsables del derrame de combustóleo intentando quitar la evidencia de ese derrame, porque el combustóleo suele flotar y lo puedes retirar fácilmente del agua, pero en las ramas y hojas del mangle afectado no se puede quitar de otra forma que no sea limpiando minuciosamente", abundó.

Desarrollo del puerto de Manzanillo, pero 'de la mano del medio ambiente': Indira
Con información de Gustavo Vilchis y Mario Alberto Chávez

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4 claves sobre la situación ambiental en la Laguna de Cuyutlán

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La problemática ambiental presente en la Laguna de Cuyutlán, entre los límites de Manzanillo y Armería, ha generado molestias entre los pescadores que del cuerpo acuoso obtienen su sustento, quienes también han buscado ser escuchados por las autoridades a bien de encontrar una solución que les permita seguir realizando su actividad económica sin la contaminación que principalmente provoca la planta termoeléctrica de Manzanillo, administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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La sobre explotación del manantial y la explotación de minerales en la comunidad de Zacualpan.

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En la comunidad indígena de Zacualpan se han roto los lazos comunitarios; el divisionismo lo trajo consigo una minera que pretendía explotar el oro de la región; también el cacicazgo y, ahora, la defensa del manantial que provee del vital líquido a más de 300 mil personas de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Aunque este territorio ya fue declarado "libre de minería" por la Semarnat, los pobladores se sienten en riesgo hasta que no esté clausurado definitivamente el proyecto vinculado a la empresa Gabfer. Éste es uno de los 34 conflictos registrados en el país por extractivismo, del que ya hay amenazas contra defensores del medio ambiente

Zacualpan, Comala, Colima. Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados -tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución-, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.

Aquí, enormes rocas interrumpen el paso, inamovibles al primer esfuerzo. Sólo un carril queda libre para el acceso limitado de los oriundos. También hay hombres y mujeres que dicen "no" a la entrada de la zona indígena, menos al ojo de agua y al parque recreativo que desde hace 3 meses no tiene acceso ni al turismo.

Éste es el resultado de lo que trajo consigo la exploración de una mina, de la que se pretendía explotar oro, plata, cobre y manganeso a cielo abierto. Y de la que algunos (a cambio del ofrecimiento de unos miles de pesos) dijeron que sí. Otros, en su mayoría, se opusieron, porque estaban en juego sus tierras, su salud y el manantial que abastece a más de 300 mil personas en Colima y Villa de Álvarez, dos de las grandes ciudades del estado.

Desde el 18 de noviembre pasado, los comuneros llevaron a cabo una reunión en el jardín principal de esta comunidad. La gente ya se había informado de los daños que ocasionaría la explotación de la mina -propiedad de Rigoberto Verduzco Rodríguez, vinculado a la empresa Gabfer, SA de CV-, pues solicitaron la asesoría legal y ambiental de la organización Bios Iguana, cuyos integrantes han sido amenazados desde que se involucraron el este caso.

A 2 años de haberse llevado sesiones informativas y que los lugareños tuvieron mayor conocimiento de lo que traería consigo la explotación de la mina, el 30 de noviembre fue depuesto Carlos Guzmán Teodoro, entonces presidente de Bienes Comunales. Pobladores acusan que se había acercado a ellos para ofrecer recursos económicos a cambio de que fuera aprobada a la instalación de la mina.

En su lugar, por decisión de la mayoría en asamblea, fue nombrado Taurino Rincón Lorenzo, quien comenta a Contralínea que no ha podido ejercer su cargo, pues desde que se depuso a Guzmán Teodoro "un grupo de personas allegadas a él mantienen tomada la entrada al ojo de agua y centro recreativo que hay aquí".

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice en entrevista: "sigue reproduciéndose el patrón de discriminación que persiste en nuestro país. Esta comunidad indígena ha apelado a las leyes, han apostado a hacer valer sus derechos por los recursos legales que hay sobre el agua y la tierra que tienen en común y han tenido que navegar a contracorriente. Primero, contra las autoridades federales, que son las que ocasionaron el conflicto por decisiones unilaterales y arbitrarias de dar concesiones a las mineras sin consultar a las comunidades indígenas".

Taurino y la defensa

Taurino y otros comuneros de la región iniciaron una batalla que no se agota. La exploración de sus tierras para la explotación del oro que hay en el subsuelo los movilizó y acudieron a solicitar la ayuda de defensores del medio ambiente.

Nadie les preguntó si aceptaban la presencia Gabfer. Ninguna autoridad consultó, pese al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas.

Dedicado al campo y a la construcción, Taurino ha descuidado el trabajo que le otorga el sustento económico a él y su familia para defender la tierra y el agua de su comunidad. Sabe que si no lo hace, el futuro de los suyos está en riesgo.

"Estamos en plan de lucha por diversas razones, nos obligaron -como habitantes de la comunidad y como representantes de ésta- a unirnos y oponernos a la gente que quiere que haya un desempeño diferente al que estaba acostumbrada la comunidad, al campo.

"El problema inició por una mina y por una mala disposición que tomó un representante que estaba a cargo de la comunidad, entonces Carlos Guzmán Teodoro. Pese, a que había acuerdos de que se iba a respetar nuestra decisión, de que no queremos minerales ni explotaciones de minas", comenta.

En el discurso de los empresarios, dice, había ofrecimientos de mejoras a la comunidad, de construir un hospital, medicamentos, doctores, cosas que necesita el pueblo. Pero "nosotros queremos que se nos respeten nuestros derechos y las decisiones que tomamos; y ya decidimos que no queremos la explotación de la mina.

"Ahora el riesgo es que todavía hay concesiones vigentes, estamos a la expectativa, y esto provoca una situación muy tensa. El conflicto no ha terminado y eso nos tiene preocupados, porque ahora también hay que defender el manantial."

Territorio libre de minería

Gilberto López y Rivas, investigador del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, dice en entrevista que en México hay una invasión permanente de las tierras y Colima es el estado más afectado, pues está concesionado un 44 por ciento de su territorio.

El politólogo y antropólogo, integrante de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan, dice que la situación que viven los indígenas nahuas de esta comunidad "constata la incapacidad política, la falta de oficio y las complicidades del gobierno del estado con el grupo partidario del establecimiento de la mina, y así conservar los recursos económicos y la hegemonía en la comunidad. Estamos viendo lo que podría ser el enfrentamiento no entre dos grupos comunitarios, sino entre toda la comunidad y un enquistamiento de extracción priísta que está profundamente violentada porque ha perdido la hegemonía".

Zacualpan fue declarado "libre de minería", de acuerdo con el oficio 1562/ 14, firmado por José Ernesto Pasarín Tapia, delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fechado el 3 de julio de 2014, el documento dice que: "El 27 de junio de 2014, el Tribunal Unitario Agrario determinó que la Asamblea que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2014 celebrada por los miembros de la comunidad [de Zacualpan] cumplió con los lineamientos de la Ley Agraria para declararse válida, en cuya acta de asamblea se decide por unanimidad rechazar el proyecto minero que pretendía instalar Roberto Verduzco Rodríguez, señalando que en dicha asamblea se declara el territorio de la Comunidad, como libre de minería" ( sic).

La determinación -de la cual Contralínea posee copia- está dirigida a Guadalupe Carpio Rincón, presidente de la comunidad indígena de Zacualpan, y agrega que la comunicación es "para informar a cualquier inversionista que pretenda ingresar para su evaluación ante esta dependencia algún proyecto minero a realizarse en esta comunidad indígena, que la propia comunidad ha declarado su territorio libre de la actividad minera, a efecto de preservar sus recursos naturales, por lo que dicho proyecto se estaría negando por no contar con la aprobación de la comunidad indígena" ( sic).

Tejido social, roto

El documento Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México indica que una vez que se instrumentan estos proyectos "es común que el gobierno vulnere los derechos de las comunidades locales a participar en el proceso de planificación del proyecto y a obtener información acerca de éste y de su impacto.

"Debido a la destrucción ambiental y social que pueden causar los megaproyectos, es también común que los residentes de las áreas donde se planea llevarlos a cabo se organicen para resistir ante las iniciativas del gobierno por imponer los proyectos sin contar con su consentimiento ni consultarlos previamente. De esta forma, se transforman en defensores del medioambiente y de los derechos humanos, exigiendo que se escuchen sus voces y se respeten sus derechos. Como respuesta, han sufrido amenazas, hostigamientos, ataques e incluso asesinatos. Tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades de la República Mexicana han promovido una cultura de violencia e impunidad, omitiendo investigar y castigar debidamente estos ataques, y poniendo de manifiesto su indiferencia ante las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas", documenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina en el Fondo para las Derechos Humanos Mundiales, comenta: "Es una situación muy preocupante. Esto es lo pasa cuando quiere entrar una empresa minera sin consulta. Ya existen varias comunidades en México y América Latina donde no se les respeta su derecho a ser informados, a ser consultados de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto es lo que comienza muchos de los conflictos porque no se respeta, se impone la concesión y la comunidad se entera mucho después.

Conflicto vigente

Opositora a la presencia de la mina en su comunidad, Olivia Teodoro Aranda habla de la tensión en la que vive su gente: "Ya es demasiado tiempo viviendo en esta situación, el gobierno no le entra, se hace a un lado, no quiere ver las cosas que están pasando en Zacualpan y las personas que estamos sufriendo somos gente de la comunidad".

Enérgica en su hablar, la mujer nahua resume la división provocada en esta comunidad: "La vida en Zacualpan se ha convertido en gritos, dimes y diretes ". Dedicada al comercio y esposa de un campesino, Olivia dedica la mayor parte de su tiempo a la defensa de su territorio, y es una de las que promueve, también, el resguardo del manantial.

Lo hace porque, dice, "aún hay riesgo, hasta que no se cancele definitivamente el proyecto vamos a estar tranquilos. Es importante hacerlo porque nos querían instalar la mina a güevo; decían: 'quieran o no, la mina se va a instalar'. Ya vimos lo que afecta a una comunidad y yo no quiero ver a mis hijos en ese problema".

Zacualpan es uno de 34 casos de conflictividad minera registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). La concesión minera 201872 abarca una superficie de 100 hectáreas del predio Heliotropo, cerca del poblado indígena de Zacualpan y de un manantial que suministra 1 mil litros de agua potable por segundo a la zona conurbada de la capital del estado.

El OCMAL indica en la ficha técnica de este conflicto que las acciones directas violan el derecho a la propiedad, a la seguridad e integridad personal, el derecho a un medio ambiente saludable, así como el derecho de pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales.

Zacualpan, pobres con recursos explotables

El agua y los minerales de esta tierra indígena son codiciados por propios y extraños; caciques y empresarios. La oposición está entre los mismos lugareños, como Guadalupe Laureano, quien dice: "Los señores no tienen nada que hacer aquí, estamos al borde de solucionar ya esta situación. En ningún momento voy a estar de acuerdo con que entren".

El hombre es ya mayor, calza huaraches y sus manos reflejan el trabajo de campo que, dice, ha hecho en México y los campos estadunidenses. Se niega a profundizar en el tema de por qué impedir la entrada, simplemente dice que es un asunto que está "a punto" de resolverse entre ellos. La humildad también le viste, como a las mujeres y hombres que le rodean, y contundente dice: "Ésta es un área autónoma, no estamos en contra de nadie que nos visite, pero estamos en conflicto".

Datos de la Secretaría de Desarrollo Social indican que Zacualpan es una comunidad de más de 1 mil 900 habitantes, con un índice de marginación "medio", de población "activa" en el ámbito rural. En tanto, el Consejo Nacional de Población lo coloca en el 188 a nivel estatal, de las 296 localidades existentes.

Misión reprueba autoridades

El informe preliminar de la Misión indica que se constataron "las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada [sic] por el gobierno federal, que de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país, y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada".

Entre los entrevistados se encontraban Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaría de Gobernación; José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; Rogelio Rueda Sánchez, secretario general de Gobierno del estado de Colima; Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico; Roberto Chapula, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Braulio Arreguín Acevedo, presidente Municipal de Comala y el cabildo.

La Misión resolvió que "lamentablemente, todas las instituciones de gobierno vinculadas a permisos o actos administrativos relacionados con la actividad minera tienen un gran desconocimiento, tanto de la misma en su propio estado, como también sobre las irregularidades que entre una dependencia y otra se gestan por descoordinación y falta de visión integral. Percibimos la existencia de un claro contubernio de algunos operadores políticos en este y otros casos mineros en el estado.

"La reflexión inmediata nos lleva a la siguiente pregunta: ¿A quién o quiénes conviene que exista un proceso de hechos que abonen a la confrontación interna y la destrucción del tejido social en Zacualpan, para con ello debilitar la estructura agraria que en este país es una fuerza real para impedir el despojo del territorio y sus bienes naturales?"

La Misión estuvo integrada por representantes de Greenpeace; Fund for Global Human Rights; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Environmental Defender Law Center; Defensa y Derecho al Agua, América Latina; y Peace Action; así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, así como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Amenazas a defensores

Una de las preocupaciones que hay entre los defensores de derechos humanos y ambientalistas son las amenazas en contra de los integrantes de la organización Bios Iguana.

La queja fue interpuesta ante Michael Forst, relator especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de la Organización Ambientalista Bios Iguana, AC, y Epitacia Zamora Teodoro, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (fallecida en febrero pasado).

La queja, que llegó a instancias internacionales, indica que ha habido ataques a la "libertad personal y daños ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias, como Bios Iguana, y a nuestro pueblo indígena ancestral nahua propietario y usufructuario de la riqueza de la comunidad de Zacualpan, amenazas de muerte, abusos, actos de hostigamiento, intimidación y ataques a nuestras libertades fundamentales. Daños que consideramos delictivos y violatorios de nuestras garantías y derechos fundamentales, además de constituir un ataque a nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos y periodistas" ( sic).

En la lista enviada al relator se encuentran los integrantes de Bios Iguana: Esperanza Salazar Zenil, Alejandro Bueno, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi, Giovanna Jazmín Ramírez Pimentel, Jonatan Fernando Ochoa Hernández, María Vanessa Gómez Pizano, Ana Monserath Cárdenas Rojas, José García Zepeda, Monserrath Virgen Galindo.

Además, los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan: Epitacia Zamora Teodoro, Dilva Uliceth Peña Velázquez, Jesús Santos Quirino, Olivia Teodoro Aranda, Francisco Santos Quirino, José Martín Peña, Gabriel Santos Peña, Francisca Quirino Guzmán, Paula Alonzo Máximo y Rosalío Martínez Carpio, entre otros.

A la lista se suman los periodistas: Óscar Adrián Galindo Luna, director del medio perriodismo.com.mx; Monserrath Palacios Ramírez, colaboradora del mismo medio, y Jonathan Núñez Campos, colaborador de Revolución 3.0, en Colima.

El Comala lejano de Páramo

Inmortalizado en el libro de Juan Rulfo, Pedro Páramo, Comala es el municipio al que pertenece la comunidad indígena nahua de Zacualpan. Éste fue declarado un pueblo mágico desde finales de la década de 1980.

En 1988 fue declarado Zona de Monumentos Históricos y en 2002 fue elegido para formar parte del programa nacional Pueblos Mágicos de México. Comala significa "lugar donde se hacen comales" o "lugar de comales", del náhuatl comalli.

Aquí, su presidente municipal, Braulio Arreguín Acevedo, parece alejado de sus habitantes. Lo expresa en el trato con frases como: "Yo no vivo aquí" o "yo no estuve". Esto, luego de que el acceso fuera cerrado por completo el domingo 1 de marzo a los integrantes de la Misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan quienes intentaron llegar al salón de usos múltiples de la comunidad.

Al respecto, otro de los que parece no involucrarse en la mediación del tema es el ombudsman local, ya que sin representación en la comunidad, donde el riesgo de violencia es latente, Roberto Chapula dice a los integrantes de la Misión: "Estamos al pendiente, no hay necesidad de estar ahí".

Se solicitó entrevista con el gobernador Mario Anguiano Moreno; así como con el secretario general de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, a través de la coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, encabezada por René González Chávez. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Érika Ramírez, @erika_contra/Enviada

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Contralínea 429 / del 22 al 28 de Marzo 2015

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Zacualpan, "foco rojo" por minería y agua - Contralinea

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Zacualpan, Comala, Colima. Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial.

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Usos y actividades semanales con el agua.

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Tipos de sustancias que utilizo semanalmente con el agua.

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¿Cómo las actividades cotidianas repercuten en la contaminación, y sobreexplotación del agua y, en ocasiones, en conflictos sociales?  

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¿Cómo las actividades cotidianas repercuten en la contaminación, y sobreexplotación del agua y, en ocasiones, en conflictos sociales?  

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Tomando en cuenta los resultados de la gráfica, las actividades que cotidianamente realizamos pueden generar graves problemas de contaminación, sobre todo, si no tenemos el cuidado de un recurso tan vital y necesario, como lo es el agua, las actividades cotidianas que realizamos de aseo personal, limpieza, mantenimiento de áreas verdes, etc, debemos regularlas, buscando principalmente no desperdiciarla, utilizarla para lo necesario y reutilizarla en la medida de lo posible. Las actividades que nosotros realizamos generan contaminación a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente, al utilizar productos que de una u otra forma contribuyen a la degradación de los ecosistemas, ya que, para la producción de estos productos, se tuvo que deforestar un terreno, el cual se tuvo que transformar en terreno agrícola, en carretera, en zona urbana, en una industria, etc; impactando de forma importante al ecosistema natural y a nuestros recursos hídricos. Los resultados que arrojan la gráfica de uso del agua en el día a día, muestran lo indispensable que es su uso y la importancia que tiene, el saber cuidar de un recurso tan vital para los seres humanos, en casa hemos hecho conciencia, que estamos utilizando un recurso, que lo traen desde una comunidad, a la cual le estamos afectando su entorno y su ecosistema.

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Por la constitución:
La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.
El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.
El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.
El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Legislación secundaria:
En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.
La LAN se promulgó en 1992 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2016.
Otras leyes secundarias se relacionan también con el tema de agua, como la de cambio climático, la de desarrollo forestal sustentable, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley minera y otras. La Ley Federal de Derechos, por su parte, clasifica las zonas de disponibilidad de agua y determina las tarifas por uso, así como el cobro por descarga de aguas residuales con base en su calidad y la de los cuerpos de agua receptores.
A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo normará.
No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:
• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.
• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.
• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.
• Las malas condiciones de la infraestructura.
• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.
• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.
• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.
• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.
Nueva Ley de Aguas en México
Para conocer aspectos de la discusión vigente para una nueva ley de aguas visita nuestra sección de Análisis Integral
Para conocer más sobre los aspectos jurídicos y legales del agua visita la sección de nuestra Biblioteca Temática Marco Jurídico.

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Contaminación de la termoeléctrica de Manzanillo

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Cinco acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. 

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Cinco acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. 

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1.       Tomar conciencia de la importancia del agua.

2.       Participar en campañas en favor del cuidado del agua.

3.       Reutilizar el agua de la lavadora y colocar recipientes para captar agua de lluvia.

4.       Reparar fugas y cambiar depósitos de agua, por más eficientes.

5.       Utilizar más la cubeta y menos la manguera