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El terrorismo de estado incluye el uso por parte del gobierno de medios ilegales para crear miedo o terror en la población civil con el fin de lograr sus objetivos o  fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos.
Entre los mecanismos que se utilizaron para llevar a cabo este terrorismo fueron la tortura, secuestro y persecución de militantes del cono sur.

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¿Qué aprendimos?
Gracias a este trabajo hemos aprendido la importancia que tuvo en nuestro país esta dictadura, sus efectos en la sociedad argentina y como se reprimió a los ciudadanos del país por medio de la censura y represión.
¿Cómo lo hemos aprendido?
Lo aprendimos mediante la investigación profunda de cada aspecto, la observación de los videos recuperados y de la película la cual fue muy importante para llevar a cabo este análisis.
¿Qué dificultades se presentaron?
La dificultad principal fue que uno de nuestros integrantes, Ihosvanni, está viajando por lo que ha sido muy dificultosa la organización. Y en cuánto a los conocimientos, debimos investigar acerca de la ley de obediencia debida y punto final un poco más ya que no la conocíamos.
¿Cómo fueron superadas?
Las superamos buscando en páginas de internet acerca de esto y leyendo información que fuera imprescindible para su comprensión.
¿Qué nos resultó más fácil?
El terrorismo de estado ha sido lo más sencillo ya que todos estábamos al tanto de esto.
¿Qué nos resultó más novedoso?
Lo más novedoso fue enterarnos de la repercusión y logros obtenidos de las Abuelas de Plaza de Mayo.
¿Para qué nos ha servido?
Nos ha servido para entender como ciudadanos por qué esto no debe suceder NUNCA MÁS, y que siempre debemos apoyar a la democracia en nuestro país.

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La lucha de las abuelas en la actualidad

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La lucha de las abuelas en la actualidad

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La Ley de Obediencia es una disposición legal dictada durante la administración de Raúl Alfonsín en Argentina el 8 de junio de 1987. La Ley estableció una presunción es decir, no reconoce prueba en contrario, aunque se puede realizar una apelación ante el Tribunal Supremo sobre el alcance de la ley. Si bien se explicó que esta especificación fue aprobada por el gobierno Alfonsín luego del levantamiento de "Caparintada" con el fin de frenar el descontento de los oficiales del ejército argentino, se anunció antes de la rebelión de marzo de 1987.

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El 6 de septiembre de 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 14 días visitó campamentos militares y centros de detención, realizó entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron a las personas documentar torturas y desapariciones forzadas. El informe final que llegó al país en mayo de 1980 confirmó la brutalidad de la violencia del país y marcó el fin de la última dictadura militar del país.

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A modo de hacer justicia por lo sucedido durante la dictadura, las personas comenzaron a manifestarse en distintas organizaciones no gubernamentales. Este fue el caso de las abuelas de plaza de mayo, quienes en ese momento iniciaron peleando por conocer el paradero de sus hijos/as y nietos/as, ya que fueron reprimidos y privados de sus derechos mas importantes y básicos que tiene una persona, que son la vida, la libertad y la libertad de expresión.

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En 1985, el presidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín  emitió un decreto  para llevar a cabo un proceso judicial contra los tres primeros miembros del gobierno militar de la dictadura, denominado Proceso de Reorganización Nacional llevado a cabo entre 1976 y 1983 porque se violaron gravemente los derechos humanos de todos los ciudadanos para esa época.

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La Ley de Punto Final es una ley argentina que estipula que las acciones penales (prescripciones) de los imputados por el complejo delito de desaparición forzada han expirado, incluida la detención ilegal, Violación, tortura y homicidio o asesinato grave en el curso de la reorganización nacional.