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lunes, 13 de diciembre de 2021

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Las peluquerías ponen en jaque los Presupuestos

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La enmienda sobre la bajada del IVA al sector de la estética, apoyada por socios prioritarios del Ejecutivo como ERC y el PNV, amenaza ahora con devolver el proyecto a la Cámara Baja

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Madrid.  16/12/2021

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El rally inflacionista de final de año ha terminado por descuadrar buena parte de las previsiones plasmadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2022, incluidas las correspondientes al gasto estimado en pensiones. Concretamente, entre la previsiones que se fijaron allá por finales de septiembre y la confirmación de las subidas de las prestaciones estipuladas para las pensiones para comienzos de 2022, que fueron confirmadas por el Ejecutivo este miércoles, existe una diferencia de 2.700 millones de euros. Es decir, solo en dos meses el avance del IPC, ya confirmado en 2,5% de media entre noviembre de 2020 y de 2021, ha agregado 0,2 décimas de PIB al gasto total del próximo ejercicio.

Concretamente, este dato de IPC ya confirmado en noviembre en el 5,5% interanual ha elevado las cuantías previstas de dos facturas respecto a lo estimado en septiembre. En el proyecto de Presupuestos entonces sustanciado en Consejo de Ministros se fijó una subida general para las pensiones del 1,9%, que el IPC que el Ejecutivo preveía para la media de los doce meses hasta noviembre. Ahora, sabemos que esa media es hasta un 0,6% mayor y por lo tanto implica respecto al gasto previsto para esa subida un sobrecoste de 750 millones de euros en la revalorización anual.

Del mismo modo, ese 2,5% fija la desviación efectiva entre la subida realizada para las pensiones a comienzos de 2021, del 0,9%, y el nivel de incremento de los precios final en el conjunto del año. Desviación que históricamente se compensa con la denominada como paguilla en el mes de febrero, cuando se abona un pago en concepto de compensación. Ahora se confirma que esta paguilla deberá compensar un 1,6% de caída de poder adquisitivo que refieren los pensionistas en este 2021. Concretamente, el coste de la misma será de unos 2.000 millones de euros.

En suma, esta pequeña desviación de la inflación aplicada para los cálculos del Presupuesto General de 2022 y la finalmente sustanciada a mes de noviembre, supone un sobrecoste en la factura de pensiones que afronta la Seguridad Social y que asciende a 150.000 millones de euros. Así, finalmente, la subida de las prestaciones que desde 2022 queda sujeta a la inflación causada en el año anterior y no a la prevista en los doce meses posteriores en virtud de la reforma aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, tendrá un coste para las arcas de la Seguridad Social de 3.000 millones de euros, lo que supondrá la revalorización más cara de los últimos 15 años.

Con esta revalorización del 2,5%, la pensión mínima de jubilación será en 2022 de 10.103,8 euros anuales (721,7 euros mensuales en 14 pagas) en el caso unifamiliar, frente a los 9.808,4 euros de 2021, y alcanzará hasta los 12.467 euros con cónyuge a cargo (en 2021, era de 12.103 euros). Por su parte, la pensión de jubilación máxima se situará el año próximo en 39.468,66 euros anuales (2.819,1 euros mensuales), 962,78 euros más que en 2021.

Desviación de precios

Además, el Gobierno ha confirmado hoy que los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) también recibirán, como los pensionistas, una paga compensatoria dado que las nóminas se revalorizaron un 0,9%, 1,6 puntos por debajo del la subida media de los precios. Según ha indicado José Luis Escrivá en alguna ocasión, la paguilla no va a desbordar la previsión de gasto porque la Seguridad Social está "recaudando claramente más" de lo estimado, porque la economía "está funcionando cada vez mejor".

Estas revalorizaciones se suman a las ya anunciadas previamente del 3% para pensiones mínimas, pensiones no contributivas e IMV (la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto se situará en 5.899,6 euros) que se aplicará en la segunda mitad de enero.

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El IPC descuadra el gasto en pensiones: costarán 2.750 millones más en 2022

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El rally inflacionista de final de año ha terminado por descuadrar buena parte de las previsiones plasmadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2022, incluidas las correspondientes al gasto estimado en pensiones.

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20.12.2021

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La Junta aprobará una prórroga de los presupuestos de la Comunidad de 2021.

La Junta de Castilla y León aprobará una prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2021 para afrontar el nuevo ejercicio, 2022, una vez que las nuevas cuentas que se estaban tramitando decaen con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad para el 13 de febrero.

Fuentes de la Junta informaron que el nuevo Ejecutivo autonómico, del que salen el hasta ahora vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y los consejeros de Ciudadanos: Carlota Amigo (Empleo e Industria), Verónica Casado (Sanidad), Javier Ortega (Cultura y Turismo), aprobará una prórroga presupuestaria para el ejercicio de 2022.

Esta decisión se conoció tras la declaración institucional, sin preguntas, del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien informó de la convocatoria de elecciones autonómicas para el 13 de febrero, a 48 horas de que se iniciara el pleno reservado para el debate y votación de las enmiendas parciales de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022.

Ahora, el proyecto de ley de Presupuestos y la Ley de Medidas que lo acompaña decaerán mañana una vez se publique en los boletines oficiales de Castilla y León (Bocyl) y del Estado (BOE) el decreto que disuelve las Cortes, pone fin a la legislatura y convoca elecciones en la Comunidad para el 13 de febrero de 2022.

El gobierno de Fernández Mañueco ya prorrogó en 2019 las cuentas anteriores para afrontar 2020, año en el que estalló la pandemia del COVID-19, por lo que no hubo nuevos presupuestos hasta principios de 2021. Éstos continuarán vigentes el próximo año, una vez que la Junta apruebe la prórroga presupuestaria, lo que tendrá que producirse próximamente.

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El adelanto electoral deja a Castilla y León sin los nuevos presupuestos que llegaban a Cortes el miércoles

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La Junta aprobará una prórroga de los presupuestos de la Comunidad de 2021. La Junta de Castilla y León aprobará una prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2021 para afrontar el nuevo ejercicio, 2022, una vez que las nuevas cuentas que se estaban tramitando decaen con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad para el 13 de febrero.

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Madrid - 21 DEC 2021

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Los Presupuestos regresan al Congreso tras apoyar el PP una enmienda de Compromís sobre lenguas regionales

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El Gobierno daba por segura la aprobación de las cuentas en el Senado, que ahora se retrasarán una semana El Gobierno se ha llevado un chasco monumental este martes en el Senado y tendrá que esperar una semana para aprobar sus segundos Presupuestos Generales del Estado consecutivos.

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MADRID, 29 Dic.

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MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras su aprobación definitiva en el día de ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Los PGE, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, tuvieron que ser votados de nuevo por el Congreso este martes después de que en el Senado se introdujera una enmienda sobre lenguas cooficiales, que obligaba así a una nueva votación en la Cámara Baja del proyecto de las cuentas públicas.

El Congreso finalmente avaló ayer dicha enmienda, formulada por Compromís, esta vez con el apoyo del PSOE, que en el Senado se opuso para que evitar que las cuentas públicas volvieran a la Cámara Baja.

La enmienda en cuestión moviliza 1,6 millones de euros de las cuentas del Ministerio de Cultura y Deporte hacia Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

A favor de la enmienda votaron el PSOE, PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, PDeCAT, Más País-Equo, el PRC, Teruel Existe, Foro Asturias, el BNG, y Compromís, mientras que Vox, Ciudadanos y UPN votaron en contra. Coalición Canaria se abstuvo.

Al término del debate de la enmienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subió a la tribuna de oradores para reivindicar la aprobación "en tiempo y forma" de las cuentas por segundo año consecutivo, agradecer a las 15 formaciones que han dado respaldo a los Presupuestos y resaltar la importancia de los acuerdos políticos y sociales.

Los PGE de 2022, los más expansivos de la democracia española, según el Gobierno, destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social, poniendo el foco en los jóvenes.

Según palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo de las cuentas públicas del próximo año es abordar una recuperación justa, impulsando un modelo más productivo y sostenible y garantizando que la mejora económica llegue al conjunto de la sociedad.

Los PGE de 2022 incluyen un total de 27.633 millones correspondientes a los fondos europeos.

Para el próximo año, el Gobierno ha establecido una tasa de referencia de déficit del 5%, teniendo en cuenta que actualmente están suspendidas las reglas fiscales. En cuanto a la deuda, se situará en el 115,1% del PIB, casi cinco puntos por debajo de la previsión para 2021.

Con estas cuentas, los funcionarios verán crecer su retribución un 2%, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2022, al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El resto de pensiones se revalorizarán un 2,5%.

Los Presupuestos prevén unos ingresos tributarios de 232.352 millones de euros el próximo año, lo que supone un aumento recaudación del 8,1% respecto a la previsión de cierre de 2021, año en el que los ingresos fiscales crecerán más de un 10%.

El incremento para 2022 responde al crecimiento de la recaudación en todas las figuras fiscales. En concreto, para el IRPF se prevé un alza del 6,7%, hasta los 100.132 millones; para Sociedades se contempla una subida de recaudación del 11,8%, hasta los 24.477 millones y para el lVA del 9,5%, hasta los 75.651 millones.

De su lado, más de 40.000 millones se destinarán a inversiones y transferencias de capital. Dentro del reparto de los más de 27.000 millones correspondientes a los fondos europeos, casi nueve de cada diez euros del Plan de Recuperación se destinarán a inversión.

Los Presupuestos incorporan el establecimiento del tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros.

Junto con este cambio en el Impuesto sobre Sociedades, las cuentas del próximo año solo incorporan otras dos novedades fiscales: la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos, y la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción, que se compensa con el aumento de las aportaciones a los planes de empresa, aunque se mantiene como aportación total la cifra de 10.000 euros anuales como máximo.

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El BOE publica los Presupuestos Generales del Estado de 2022 tras su aprobación definitiva en el Congreso

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MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) - El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras su aprobación definitiva en el día de ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados.

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01/01/2022

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VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León vuelve a iniciar el año con el presupuesto prorrogado, algo que se repite por sexta vez en la historia de la Comunidad con la particularidad, en este caso, de que la medida está motivada por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --hasta el 20 de diciembre-- con Por Ávila.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando ni siquiera se tramitaron, en esta ocasión la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros, la cantidad más alta de la historia de la autonomía.

De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el martes 21.

De este modo, Castilla y León comienza el año con la prórroga de las cuentas de 2021, que tampoco vieron la luz el 1 de enero, como acostumbra la tradición, ya que las del pasado ejercicio fueron aprobadas el 10 de febrero cuando se dio el visto bueno a un presupuesto de 12.291 millones, el que se prorroga ahora, situación que se mantendrá hasta que el Gobierno que salga de las urnas presente otras cuentas y sean refrendadas por el nuevo Parlamento.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 30 de diciembre, la prórroga presupuestaria de 2021 a través de un Decreto que regula las condiciones y garantiza la ejecución de los fondos Next Generation y de los correspondientes a fondos europeos del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 y cualquier transferencia finalista asignada durante el periodo de prórroga, como ha asegurado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Para ello, el Decreto establece la prolongación de los créditos iniciales de 2021 en todos los capítulos y, de forma específica, los asociados a los compromisos realizados por la Junta hasta este momento, así como aquellos que resulten imprescindibles para atender los servicios públicos, facilitar la gestión administrativa y garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

PRÓRROGAS ANTERIORES

Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018 con el que echó a andar 2021 --otra situación inédita en la historia de la Comunidad--; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en el ejercicio de 2018 para 2019 ni en el de 2019 para 2020.

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.

El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación --las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC-- mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria "muy transitoria" y "blanda" para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.

Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse "con mucho cuidado y esmero" aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 "muy similar" en las instrucciones técnicas pero sin "tantas trabas" a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró "indisponibles" tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.

La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007.

En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones de euros, un 4,7 por ciento más.

La tercera prórroga se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondiente proyecto de presupuestos generales del Estado.

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CyL inicia 2022 con presupuestos prorrogados, la sexta vez en la historia

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VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) - Castilla y León vuelve a iniciar el año con el presupuesto prorrogado, algo que se repite por sexta vez en la historia de la Comunidad con la particularidad, en este caso, de que la medida está motivada por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --hasta el 20 de diciembre-- con Por Ávila.

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7 ENERO 2022

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El Ministerio impulsa un nuevo tramo de la A-73, cuyo coste subirá a 104 millones

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Transportes aprueba el proyecto para construir los 12 kilómetros del tramo entre Montorio y Quintanaortuño de la autovía que unirá Burgos con Aguilar de Campoo

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Sánchez avala la propuesta de cambio y esperanza de Tudanca

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domingo, 9 de enero de 2022

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Sánchez avala la propuesta de cambio y esperanza de Tudanca

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El presidente del Gobierno asegura que el Ejecutivo habrá destinado a Castilla y León, al término de la legislatura en 2023, “un 26 por ciento más de recursos que cuatro años con Rajoy al frente”

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16/01/2022

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Con la llegada de 2022 y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (GPE) trae una buena noticia para todos los pensionistas de España, la subida de las pensiones en el mes de enero. Todos aquellos que reciban una pensión o prestación ya sea contributiva o no contributiva verá incrementada su nómina a partir de este mes.

Este será el primer año que las prestaciones y pensiones de la Seguridad Social se actualicen conforme a valor real del Índice de precios al consumidor o IPC. Según palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, Jose Luis Escrivá, es a partir de este año cuando las pensiones comiencen a revalorizarse conforme al valor real de la vida.

Esta revalorización traerá consigo que, este sea también el último año que se cobre la famosa paguilla de pensión, una paga extraordinarias en forma de atrasos que los pensionistas recibirán para contrarrestar la perdida de poder adquisitivo conforme al año anterior. A continuación, repasamos cómo quedan las pensiones a partir de enero y con la nueva subida del 2,5 % para 2022.

Cuánto suben las pensiones en 2022

Las pensiones contributivas subirán un 2,5 % y las no contributivas un 3 %, una subida que debería de verse reflejada en la próxima nómina que se cobra el día 25 de enero aproximadamente (depende de cada banco). En otras palabras, el aumento será en torno a 15 o 30 euros.

Las de jubilación por ejemplo, su cuantía ascenderá a los 1.206,43 euros, 29,30 euros más con respecto al año anterior. Las prestaciones por incapacidad permanente también aumentar hasta llegar a los 1.019,30 euros mensuales, lo que supone un aumento de 25 euros.

Para las prestaciones a la familia de la Seguridad Social también notarán esa subida. Así la pensión de viudedad subirá hasta los 452,35 euros al mes, unos 18 euros de subida. Las personas que reciban una pensión de orfandad también recibirán un aumento de 10 euros mensuales, situándose en 425,38 euros. La prestación a favor de familiares llegará hasta los 611,93 euros al mes, 14 euros más.

Siguiendo con las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social, la pensiones mínimas también verán aumentada su cuota. Para los mayores de 65 años recibirán entre 658 y 890,50 euros y, en el caso de ser menor de 65 años, la cuantía será entre los 638 y 834,90 euros al mes.

Para finalizar, la las pensiones no contributivas también tendrán una subida del 3 por ciento en la nómina de este mes de enero. De esta manera, estas prestaciones pasarán a tener una cuantía de 414,88 euros al mes. Si los beneficiarios conviven con otros beneficiarios de este tipo de pensión, la misma se verá reducida y cada uno pasaría a ingresar 352,65 euros si solo viven con uno y 321,54 en el caso de vivir con más beneficiarios.

Para entenderlo mejor quiere decir, que si la unidad solo una persona recibe este tipo de prestación ingresará 414,88 euros. Pero, en el caso de ser más personas las que cobren una no contributiva bien sea por jubilación o invalidez la cuantía bajará según los miembros que la perciban.

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La Seguridad Social anuncia como quedan las pensiones a partir enero con la nueva subida en 2022

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Con la llegada de 2022 y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (GPE) trae una buena noticia para todos los pensionistas de España, la subida de las pensiones en el mes de enero. Todos aquellos que reciban una pensión o prestación ya sea contributiva o no contributiva verá incrementada su nómina a partir de este mes.

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23 enero 2022

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Esta ayuda garantiza un mínimo de recursos para quienes no pueden cubrir sus necesidades económicas básicas

Ingreso Mínimo Vital en 2022

Un adulto: 5.889,6

Un adulto y un menor: 8.967,39

Un adulto y dos menores: 10.737,27

Un adulto y tres o más menores: 12.507,15

Dos adultos: 7.669,48

Dos adultos y un menor: 9.439,36

Dos adultos y dos menores: 11.209,24

Dos adultos y tres o más menores: 12.979,12

Tres adultos: 9.439,36

Tres adultos y un menor: 11.209,24

Tres adultos y dos o más niños: 12.979,12

Cuatro adultos: 11.209,24

Cuatro adultos y un niño: 12.979,12

Otros: 12.979,12

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Así se queda el Ingreso Mínimo Vital tras la subida del Gobierno en 2022

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Esta ayuda garantiza un mínimo de recursos para quienes no pueden cubrir sus necesidades económicas básicas Ingreso Mínimo Vital en 2022 Un adulto: 5.889,6 Un adulto y un menor: 8.967,39 Un adulto y dos menores: 10.737,27 Un adulto y tres o más menores: 12.507,15 Dos adultos: 7.669,48 Dos adultos y un menor: 9.439,36 Dos adultos y dos menores: 11.209,24 Dos adultos y tres o más menores: 12.979,12 Tres adultos: 9.439,36 Tres adultos y un menor: 11.209,24 Tres adultos y dos o más niños: 12.979,12 Cuatro adultos: 11.209,24 Cuatro adultos y un niño: 12.979,12 Otros: 12.979,12

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El Gobierno aprobará en el Consejo del 2 de febrero el aumento salarial para Letrados de la Administración de Justicia

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23 ene 2022

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El incremento salarial supondría 2.430 euros al año, el 5,26% de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2% de incremento salarial a todo el sector público

El Consejo de Ministros aprobará el próximo 2 de febrero la adecuación del salario del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que se acordó en la Mesa Sectorial de Justicia sobre el incremento del complemento específico del personal de Justicia y que supondrá un aumento retributivo de 195 euros al mes.

Así lo confirman a Europa Press fuentes de la negociación, que apuntan además que el acuerdo al que se llegó tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021. Añaden que la tramitación del mismo ha sido impulsado por el nuevo equipo de Justicia.

Esto trasciende después de que la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) convocara una huelga para este miércoles 26 de enero, "ante el flagrante incumplimiento" de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 sobre la adecuación del complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia.

El pasado diciembre, ya anunciaron la convocatoria para exigir, además, que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para reconocer el derecho a una negociación propia a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Las fuentes consultadas señalan sin embargo al respecto que el ámbito de la negociación colectiva de los cuerpos funcionariales es el propio de todo el sector público. Por tanto, no existe ningún cuerpo de la Administración General del Estado que tenga reconocida una negociación propia.

Explican que, en el ámbito de la Administración de Justicia, los jueces y magistrados, que tienen prohibida la afiliación a partidos políticos y sindicatos, tienen una ley de retribuciones propia, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

La existencia de esta Ley propia se encuentra en las funciones que constitucionalmente tienen asignados los jueces y magistrados, y así se pone de relieve en el Preámbulo de la norma, que destaca el valor de la independencia (art. 117 CE) como justificante último de la norma. Esta normativa se extiende a los fiscales "en atención a la relevancia de sus funciones y de la institución a la que sirven".

Así, destacan que no existe en la organización administrativa un ámbito de negociación propia de un cuerpo funcionarial como la que reclaman los LAJs. Y añaden que la interlocución del Ministerio de Justicia en estos asuntos es con los sindicatos.

EL INCREMENTO SUPONE 2.430 EUROS AL AÑO

Sobre el incremento salarial que irá al Consejo de Ministros las fuentes indican que supone 2.430 euros al año, el 5,26% de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2% de incremento salarial a todo el sector público.

Así, ese incremento hará que los ingresos medios de un LAJ después del incremento total del 7,26% serán de 46.855,99 euros al año, el doble que el salario medio de España.

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El Gobierno aprobará en el Consejo del 2 de febrero el aumento salarial para Letrados de la Administración de Justicia

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El incremento salarial supondría 2.430 euros al año, el 5,26% de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2% de incremento salarial a todo el sector público El Consejo de Ministros aprobará el próximo 2 de febrero la adecuación del salario del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que se acordó en la Mesa Sectorial de Justicia sobre el incremento del complemento específico del personal de Justicia y que supondrá un aumento retributivo de 195 euros al mes.

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29/01/2022

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The Objective | Noticias exclusivas y opiniones libres en abierto

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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.|Europa Press

España cerrará este año con el mayor déficit público de las grandes potencias del euro, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) consultadas por THE OBJECTIVE. Así, nuestras cuentas públicas arrojarán este año un saldo negativo del 5,02% del PIB, frente al 4,6% de Italia, el 4,7% de Francia y el -1,7 de Alemania.

No solo eso, sino que España será de los países que ocuparán el amargo podio del mayor déficit estructural. Es decir, los números rojos que no dependen del ciclo económico, sino que constituyen un agujero permanente a medio o largo plazo.

Se asume que con los vaivenes económicos el déficit público aumenta en las crisis y se atempera en las épocas de bonanza. Pero se trata de un saldo negativo que se eleva de forma transitoria movilizado por los llamados estabilizadores automáticos.

Es decir, en las crisis el escudo social actúa y se ensanchan los números rojos para pasar a nivelarlos con ingresos públicos en las épocas de prosperidad.

El problema que debilita a economías como la española es que engrosan su saldo negativo estructural durante las crisis y este se enquista en las cuentas públicas limitando la capacidad de que las políticas públicas puedan contenerlo. Es decir, lo cíclico, en España, se convierte en permanente.

Fuerte déficit estructural

Nuestra economía tendrá un déficit estructural del 4,3% del PIB a cierre de este año, en el mismo nivel que Bélgica y cerca del -4,6% de Francia. Ello supone un aumento de un punto, lo que totaliza 1.000 millones de euros más de saldo negativo que antes de la pandemia. Y supone 8,5 de cada diez euros del déficit español son estructurales.

Desde el PP se critica con dureza el aumento del saldo negativo de las cuentas públicas, y se teme que ese mayor déficit estructural se convierta en una subida estructural de los impuestos. En este sentido se pronuncia la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez.

No en vano, desde la UE se insiste en diferenciar la parte de déficit estructural de la cíclica a la hora de revisar la salud económica de los países y se apremia a operar bajadas en la primera.

Cuadro macro desfasado

Y añade Robles que el déficit previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 es de un 5%, pero sobre la base de un cuadro macro que lo más probable es que no se produzca, pues parte de un crecimiento del PIB real del 7% cuando todas las previsiones apuntan a un crecimiento menor al 6%.

Por tanto, aduce, lo preocupante es que con un menor crecimiento de los ingresos previstos -pues lograr casi un 11% de crecimiento parece algo quimérico si el PIB no se dispara- o se deja de ejecutar parte del gasto o el déficit se irá más allá del 5%.

Por su parte, el economista jefe de la financiera Tressis, Daniel Lacalle, remacha estos argumentos. Indica Lacalle que pese a situarse ya la economía española en crecimiento potencial y con ingresos récord el déficit será el mayor de la UE.

Más presión fiscal

Por otra parte, Robles afea el efecto contractivo que está teniendo el aumento de la presión fiscal. Considera que va a suponer otra dificultad añadida al crecimiento en 2022, lo que dibuja un panorama sombrío para el equilibrio de las cuentas públicas que no solo nacen ya desequilibradas sino que lo hacen sobre bases económicas excesivamente optimistas.

Coincide en la misma visión el economista de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) Miguel Ángel Bernal. El también socio del despacho patrimonial Bernal & Sanz Bujanda sostiene que la evolución del PIB constatada este viernes así como las previsiones del Banco de España y del FMI retrasan un crecimiento fuerte y en línea con el que maneja el Gobierno.

"Sin embargo, este no modifica las partidas de gastos, y eso nos llevará a ser uno de los países con más déficit del mundo, si no el que más, existiendo, además, la posibilidad que se cronifique y sea estructural", sentencia Bernal.

España incumple los deberes fiscales

El vicepresidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Luis Garicano, en visita a la sede de THE OBJECTIVE, ha criticado que España "no ha hecho los deberes fiscales, que ha incurrido en un elevado gasto estructural y que afronta un horizonte fiscal arriesgado y muy poco sostenible".

Manifestó a este diario su preocupación por el déficit estructural y por el hecho de que se supla con un mazazo fiscal que se torna en estos momentos muy contraproducente para relanzar el crecimiento económico.

Además, pone de manifiesto Garicano que esa subida tributaria corre el riesgo de ahogar a unas pymes y autónomos, quienes generan empleo, que se han endeudado para sobrevivir en la pandemia.

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El FMI prevé que España tenga el mayor déficit público del euro en 2022

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España cerrará este año con el mayor déficit público de las grandes potencias del euro, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) consultadas por THE OBJECTIVE . Así, nuestras cuentas públicas arrojarán este año un saldo negativo del 5,02% del PIB, frente al 4,6% de Italia, el 4,7% de Francia y el -1,7 de Alemania.

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La pensión media sube en 651 euros anuales con la revalorización aprobada para 2022

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03/02/2022

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JAIME GARCÍA | Vídeo: ATLAS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para 2022. La subida, efectiva desde el 1 de enero de este año, supone un incremento del 2,5% de las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado, mientras que el alza de las pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) será del 3%. En total, el Gobierno destinará 6.500 millones de euros a revalorizar las pensiones y a hacer efectiva la paga compensatoria. En esta cuantía se incluye el coste de la 'paguilla' a a los pensionistas por la desviación de los precios en 2021 respecto a la subida inicial (0,9%).

En concreto, el aumento del 2,5% para 2022 es el resultado de aplicar el índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula incluida en la Ley de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre en base a la evolución del IPC.

Esta subida, también recogida en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022, está destinada a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. En total, este incremento llega a 11,5 millones de prestaciones y su importe total asciende a 3.900 millones de euros, según cálculos de la Seguridad Social.

En conjunto, la pensión media sube en unos 651 euros anuales respecto a 2021 al pasar de 15.774 euros a 16.424 euros al año. Por su parte, la pensión mínima de jubilación ascenderá 10.103,80 euros anuales frente a los 9.808,4 euros de 2021. En los casos de tener cónyuge a cargo llegará a los 12.467 euros anuales . Mientras, la pensión de jubilación máxima se situará en 39.468,66 euros anuales, es decir, 962,78 euros más que en 2021.

Además, el real decreto incluye la aprobación de una paga compensatoria para los pensionistas y beneficiarios del IMV por la revalorización de 2021, que fue inferior al IPC registrado en ese año. Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta 'paguilla' es de 250 euros. En total se han destinado 2.600 millones de euros a compensar esa desviación, según confirmó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Déficit de la Seguridad Social

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Escrivá avanzó que la Seguridad Social cerrará 2021 con un déficit del 1% del PIB, dos décimas por debajo de lo previsto. Escrivá explicó que se mantiene "la senda descendente" en el saldo negativo del sistema, de forma que en 2022 éste seguirá reduciéndose hasta llegar al 0,5% del PIB.

El ministro remarcó que esta mejora de las cuentas de la Seguridad Social se debe a los mayores ingresos por cotizaciones derivados del "extraordinario dinamismo del empleo" y a la asunción de gastos impropios de la Seguridad Social por parte del Estado.

Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado han absorbido ya la mayor parte de los gastos de políticas públicas no contributivas que hasta ahora financiaba la Seguridad Social. En 2022, se transferirán hasta 18.900 millones de euros por este motivo, que permitirán cubrir un 80% de esos gastos, y en 2023 se cubrirán el 100%.
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La pensión media sube en 651 euros anuales con la revalorización aprobada para 2022

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para 2022. La subida, efectiva desde el 1 de enero de este año, supone un incremento del 2,5% de las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado, mientras que el alza de las pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) será del 3%.

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Novedades fiscales para los planes de pensiones en 2022

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Jueves, 3 febrero 2022

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Novedades fiscales para los planes de pensiones en 2022

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El límite de las aportaciones individuales que reducen la base imponible del IRPF baja de los 2.000 a los 1.500 euros anuales

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4/2/2022

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El proyecto del Real Decreto que regulará la iniciativa detalla que cada beneficiario podrá invertir hasta la mitad del dinero en muestras, proyecciones de cine o espectáculos en directo. Toros, deporte, moda y gastronomía quedan excluidos

Grupos de jóvenes esperan para entrar a una sala de cine en Madrid. Santi Burgos

El Gobierno quiere que los jóvenes disfruten más de la cultura. En su casa pero, también y sobre todo, fuera. Así que los 400 euros que el Ejecutivo donará a los que lleguen a la mayoría de edad en 2022 para gastar en el sector artístico vienen con una condición: hay que repartirlos. La mitad, para descubrir cultura lejos del hogar: muestras, proyecciones de cine, conciertos, espectáculos de teatro o eventos literarios. Se podrán gastar hasta 100 euros en productos físicos, como libros, partituras musicales, videojuegos, prensa o DVD. Y los otros 100 deberán ir destinados al consumo digital: e-books, podcasts, suscripciones a plataformas audiovisuales, musicales o de videojuegos. Así se lee en el borrador del Real Decreto para establecer las normas reguladoras del proyecto que el Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado este viernes en su página web. El documento queda sometido a audiencia pública para que cualquier persona o institución interesada envíe su aportación, hasta el 15 de febrero.

El texto confirma l as exclusiones que ya se anunciaron y que provocaron protestas en los sectores afectados: "No será subvencionable la adquisición de productos de papelería; libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico; instrumentos musicales; espectáculos deportivos y taurinos; moda y gastronomía". Tampoco podrá emplearse el dinero para adquirir material pornográfico. Desde su concesión, los jóvenes tendrán un año como plazo máximo para agotar el bono, que es individual e intransferible.

El borrador estima en unos 500.000 los potenciales beneficiarios este año, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las condiciones necesarias son "cumplir 18 años durante el año natural en el que se solicite la ayuda" y "poseer la nacionalidad española o residencia legal en España". Se prevé una excepción explícita para "aquellas personas que sean solicitantes de asilo en España, que no cumplen los requisitos de nacionalidad y residencia".

A la vez, el proyecto de Real Decreto se dirige a las entidades que quieran adherirse. Y enumera las condiciones que deberán aceptar para figurar entre las elegidas donde los jóvenes puedan gastar su bono. Entre otras cosas, "deberán aportar cuanta información y documentación les sea requerida en el ejercicio de las mismas, publicitar en el exterior del establecimiento, así como en sus canales de difusión telemática si los hubiera, la adhesión" y conservar facturas y justificantes de toda la actividad. Además, tendrán que "garantizar la utilización de un lenguaje no sexista en toda la documentación y materiales relacionados con las actividades y productos subvencionados, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres y fomentar una imagen con valores de igualdad, diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad".

Con el comienzo de la audiencia pública, la iniciativa da un paso más hacia su entrada en funcionamiento. Fue prometida por el presidente, Pedro Sánchez, el pasado octubre, y recogida finalmente en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero no será operativa hasta mayo o junio, según avisó el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Sobre la firma

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Bono cultural joven: 200 euros para eventos, 100 para productos físicos y 100 para consumo digital

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El proyecto del Real Decreto que regulará la iniciativa detalla que cada beneficiario podrá invertir hasta la mitad del dinero en muestras, proyecciones de cine o espectáculos en directo. Toros, deporte, moda y gastronomía quedan excluidos El Gobierno quiere que los jóvenes disfruten más de la cultura.

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9/02/2022

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"Veremos si acaba con acuerdo bipartito o tripartito", comentaba el lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la primera reunión con los agentes sociales para abordar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) este año. Finalmente, y sin sorpresa, el acuerdo ha sido a dos bandas, entre Gobierno y sindicatos, después de que la patronal haya rechazado la propuesta de elevarlo a 1.000 euros al considerarlo inapropiado por la incertidumbre económica actual.

Este miércoles se ha reunido de nuevo la mesa de negociación y no ha habido ninguna propuesta nueva, por lo que el encuentro ha concluido con el 'sí' de CCOO y UGT y el rechazo de CEOE y Cepyme. El esquema es idéntico al del pasado mes de septiembre, cuando se realizó la última subida del SMI para situarlo en 965 euros en 14 pagas también sin el apoyo de los empresarios.

En rueda de prensa tras firmar el pacto, Díaz ha resaltado la importancia del "diálogo social" y ha confirmado el acuerdo bipartito con CCOO a UGT "para subir el salario a 1.000 euros este año" con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La vicepresidenta ha defendiendo los beneficios que este alza supone para la economía: "Sirve para mejorar la vida de la gente, alzar los salarios más bajos y para elevar los salarios al alza en general".

De cara a aclarar las dudas que puedan surgir sobre cómo afecta la subida a los contrato a tiempo parcial, siempre se calculará sobre los 14.000 euros anuales. A partir de ahí, será en proporción a esa cifra: 33,3 euros al día, 7,82 euros por hora, 47,36 por jornada legal...

Tanto Díaz como los líderes sindicales han negado que el alza del salario mínimo interprofesional vaya a destruir empleo en sectores como la agricultura o entre los autónomos: "No hay ningún dato que permita corroborar lo que se está diciendo. Es ciencia-ficción", ha dicho Díaz, para recordar el récord de afiliados en el sector agrario, con más de 840.000 ocupados "a pesar de haber subido un 31% el SMI hasta el año actual. Lo mismo sucede con los autónomos".

También ha aprovechado la vicepresidenta para remarcar que "la patronal española sabe" que los causantes de la inflación no son los salarios y "también sabe" que esta medida es "buena" para la economía española, aunque ha querido agradecer que se sienten a negociar.

En cuanto a la subida para 2023, Díaz no ha avanzado de cuánto será pero ha indicado que ya ha dado la orden para convocar cuanto antes al comité de expertos para analizar cómo queda el escenario de cara al próximo año tras la subida de 2022. La guía publicada el año pasado recomendaba elevar el SMI hasta un máximo de 1.049 euros para el último año de legislatura.

En concreto, el dictamen de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI propuso un aumento máximo de 99 euros y mínimo de 61 euros hasta 2023, un 10,4% y un 6,4%, respectivamente, sobre los 950 euros que regían entonces.

Los sindicatos acusan a la patronal de incumplimiento

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado que el 31 de diciembre de 2016 el SMI superaba apenas los 700 euros. "Las organizaciones empresariales se han mostrado insumisas a las recomendaciones", ha criticado en relación a la negativa de las patronales.

Sordo ha señalado que 1,8 millones de salarios se verán mejorados y que la subida, "coherente" con el objetivo de llevarlo hasta el 60% del salario medio el próximo año, ayudará a reducir la brecha de género. Según el líder de CCOO, el perfil más beneficiado por el alza será el de mujer de entre 16 y 34 años con contrato temporal que trabaja en la agricultura.

Sobre la postura de la patronal, Sordo ha hecho hincapié en que los sindicatos suscribieron en 2018 un acuerdo con CEOE y Cepyme para situar el salario mínimo de convenio en 14.000 euros anuales en 2020, acuerdo ante el que los empresarios se han mostrado "insumisos". Así, ha considerado "incomprensible e incoherente" que las patronales no avalen una subida que ya tenía que cubrir a la inmensa mayoría de los trabajadores.

En su turno, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido al Ejecutivo el alza ("es un Gobierno que cumple") pero ha pedido dirigir el acuerdo a los planteamientos de la Unión Europea, que insta a seguir subiendo los salarios en España "porque son bajos".

Con respecto a la CEOE, ha indicado que como la patronal no ha cumplido con lo que firmó en el pacto de negociación colectiva, muchos convenios verán incrementados los salarios debido al alza del SMI. "Si hubieran cumplido, la afectación sería pequeña", ha dicho.

En la misma línea que Díaz y Sordo, Álvarez ha negado que el aumento del SMI destruya empleo y ha dicho que "va al corazón de quien menos tiene, de los más discriminados", especialmente las mujeres y los jóvenes.

Aún así, para Álvarez la mejora es "moderada", según recordaba a RTVE antes de escenificar el pacto, porque supone un repunte del 3,6%, muy por debajo de la inflación. Pero cumple con la exigencia mínima que los sindicatos pusieron sobre la mesa en septiembre a cambio de aceptar entonces una subida de "sólo" 15 euros.

Tras el pacto con los sindicatos, el Trabajo espera aprobar la subida en Consejo de Ministros este mismo mes. "Irá próximamente", ha dicho Díaz sin concretar fecha.

La subida no responde a la "lógica económica", según las patronales

Tras la reunión del lunes, las partes se dieron hasta hoy para analizar con sus órganos de dirección la propuesta del Gobierno, que aumenta en 35 euros el SMI y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Ni CEOE ni Cepyme han modulado la opinión con la que salieron de la primera convocatoria ante la ausencia de nuevas propuestas. Los argumentos para desvincularse de nuevo del acuerdo son similares a los esgrimidos unos meses atrás: no es el momento.

El Comité Ejecutivo extraordinario celebrado el martes por las patronales rechazó "por unanimidad" la propuesta del Gobierno. En plena recuperación y con el riesgo de dañar la creación de empleo, la patronal insiste en que en plena recuperación, elevar los salarios mínimos es peligroso. La medida "parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica", indicaron en un comunicado.

A este respecto, Sordo ha aprovechado la rueda de prensa para responder a la patronal, en los mismo términos que esta mañana lo hizo en redes sociales, y les ha matizado que "lo electoralista no es subir el SMI a primeros de año (cuando toca). Lo electoralista es poner campañas electorales cuando no toca, con fines electoralistas".

En declaraciones a los medios, la directora de Empleo y Diversidad de CEOE, Rosa Santos, indicó que en la cita de hoy no ha habido más propuestas encima de la mesa: "Esto son lentejas", dijo reafirmando la negativa.

Desde CEOE advierten que el alza afectará a más de 1,5 millones de nóminas. El problema "estriba en el modo en el que cerca de 4.500 convenios colectivos ven por completo alterados los términos en los que se negociaron" o se están sometidos a presión para elevar los salarios en cuantías no previstas, señalaron ayer a este medio.

El salario mínimo ha subido 264 euros desde 2018

El intento de Díaz de lograr un pacto a tres en un asunto en el que el Gobierno no está obligado a negociar (solo a consultar), tampoco ha funcionado esta vez.

En el acuerdo de septiembre rubricado con los sindicatos se reforzó el compromiso de que el SMI alcanzara mediante su "progresiva revisión" en 2022 y 2023 el 60% del salario medio antes de que la legislatura llegue a su fin, siguiendo con lo que determina la Carta Social Europea suscrita por España y lo pactado por la coalición.

Desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy, el SMI ha subido 264 euros.

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Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.000 euros en otro acuerdo sin la patronal

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"Veremos si acaba con acuerdo bipartito o tripartito", comentaba el lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la primera reunión con los agentes sociales para abordar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) este año.

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12 febrero 2022

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De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, la Casa Real ha decidido aplicar la subida del 2% a todos los sueldos, de tal manera que el Rey Felipe VI será este año de 258.927 euros, unos 5.000 más que el año pasado, mientras que el de la Reina Letizia será de 142.402, unos 3.000 euros más que en 2021.

Los PGE de este 2022 consignan una transferencia corriente al Rey "para el sostenimiento de su Familia y la Casa Real" por un valor de 8.431.150 euros, cuya asignación, cabe destacar, es decidida por el Jefe del Estado. El año pasado tomó la decisión de no aplicar la subida salarial del 0,9% de los funcionarios.

La asignación para el sostenimiento de la Casa Real es de 8,4 millones de euros

Asimismo, el sueldo de los altos cargos también subirá un 2%. De esta manera, el total en gastos de personal de la Casa Real asciende hasta los 4.029.473 euros, una cifra que supone el 53,9% del presupuesto total.

El gasto más destacado de este apartado es el de " complemento redistributivo", que hace referencia a los complementos que percibe el personal "con la finalidad de retribuir el rendimiento, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones" y que sube a un total de unos 2.620.000 euros.

El Rey Felipe VI y la reina Letizia antes de la cena de gala que los Reyes de Suecia ofrecen a los Reyes de España, hoy miércoles en el Palacio Real de Estocolmo. EFE/JUANJO MARTÍN

En cambio, el presupuesto dedicado a "Gastos corrientes en bienes y servicios" se reduce en un 6,7% hasta los 2.750.475 euros, gracias al ahorro en gastos de material de oficina y suministros en general. De este modo se ha podido incrementar el presupuesto destinado al Plan de Transformación Digital de la Casa en lo que se refiere a asesoría y trabajos TIC, en concreto en un 8,13% respecto del ejercicio anterior.

En concreto, el incremento más sustancial figura en el capítulo de inversiones que asciende a 965.348 euros que será aplicado principalmente al desarrollo del Plan de Transformación Digital de la Casa del Rey iniciado en 2019, que registra un incremento de dotación de un 34 % respecto de lo presupuestado en 2021.

Por último, el presupuesto también dedica un 2% del total, 168.000 euros, al fondo de contingencia para hacer frente a "necesidades inaplazables de carácter no discrecional".

El Rey sigue confinado tras dar positivo

El pasado miércoles se conocía que don Felipe daba positivo en coronavirus tras haber presentado el día anterior síntomas leves del virus, según confirmó la Casa Real a través de un comunicado.

El monarca sigue confinado durante siete días, tal y como indica la medida sanitaria del Gobierno de España. Por lo tanto, las actividades oficiales de la agenda del Jefe del Estado han quedado suspendidas.

Sin embargo, aunque haya cancelado los actos oficiales, según ha informado la nota desde Zarzuela, el Rey podrá mantener su actividad institucional desde su residencia, ya que, en estos momentos, su estado de salud es "bueno".

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La Casa Real sube un 2% a todos los sueldos y el Rey cobrará 5.000 euros más que el año pasado

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De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, la Casa Real ha decidido aplicar la subida del 2% a todos los sueldos, de tal manera que el Rey Felipe VI será este año de 258.927 euros, unos 5.000 más que el año pasado, mientras que el de la Reina Letizia será de 142.402, unos 3.000 euros más que en 2021.

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16/02/2022

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El IRPF será más caro que nunca. El Gobierno no ha ajustado este gravamen al IPC pese a la gran inflación reinante en estos momentos. Eso se traduce en que los asalariados pagarán casi cien euros más de lo que les correspondería si estuviera ajustado. El aumento de la presión fiscal sitúa a España en el puesto 27 de 36 del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation.

2.000 millones más de recaudación de IRPF

En la política gubernamental de 2022 se contempla una subida del IRPF a los tramos más altos de las rentas con subidas de hasta el 47 por ciento. Ahora, este desajuste con el IPC hace que el impuesto vaya a castigar los bolsillos de todos los asalariados. Según revela El Mundo, cada subida de un punto en el IPC, se traduce en una recaudación de 800 millones de euros más en el IRPF. Con la previsión anual se estima que Hacienda ingresará 2.000 millones de euros más de lo previsto con un impacto de 95 euros en cada contribuyente de media.

El Gobierno prevé una recaudación de 5.586 millones más de IRPF en 2022. De esa cifra 3.586 procede del aumento a las rentas más altas, mientras que los 2.000 restantes se generan por el desajuste entre inflación e IRPF. Una situación que perjudica más al contribuyen cuanto más alta es la inflación. Desde 2008 no se realiza ajuste alguno en la tarifa del IRPF.

Ciudadanos propone deflactar el IRPF

Nos encontramos en la situación de inflación más alta en los últimos 30 años lo que está generando una situación insostenible para el bolsillo de muchos asalariados. Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que la Agencia Tributaria tenga en cuenta la inflación en el cobro de impuestos.

"La falta de deflación de las tarifas del IRPF va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que este realmente haya aumentado sus ingresos en términos reales. Además, el mantenimiento de unos umbrales de renta que no se corresponden con la realidad económica actual está agravando aún más la pérdida de poder adquisitivo ya provocada por la inflación, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en su mano para reducir su impacto", recoge el documento que firma el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.

Un pago extra de 70 euros a 892

En el mismo texto, la formación naranja propone unos nuevos tramos de IRPF para evitar lo que se conoce como progresividad en frío. Esto supone que si aumenta tu renta aumenta tu pago extraordinario del IRPF, incluso si no ha aumentado tu poder adquisitivo. De esa manera, los contribuyentes pagan en torno a 70 euros de más en las rentas más bajas que llegan a 892 para las rentas más altas.

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El motivo por el que en 2022 tendrás que pagar 100 euros más de IRPF: Así es la subida encubierta del Gobierno

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El IRPF será más caro que nunca. El Gobierno no ha ajustado este gravamen al IPC pese a la gran inflación reinante en estos momentos. Eso se traduce en que los asalariados pagarán casi cien euros más de lo que les correspondería si estuviera ajustado.

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17/02/2022

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La semana laboral de 32 horas cada vez está más próxima de ser una realidad en España, más allá de las primeras experiencias registradas ya en algunas empresas. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trabaja ya en la orden de bases para el proyecto piloto de la jornada laboral de cuatro días, sin reducción de salarios, impulsada por Más País en los Presupuestos, con la previsión de lanzar la convocatoria de ayudas en el primer semestre del año.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes del Ministerio que dirige Reyes Maroto, que estima poder publicar en el primer semestre la convocatoria de las ayudas para este proyecto piloto destinado a la implantación de la jornada laboral de cuatro horas, que fue impulsado por Más País y recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, con una dotación inicial de 10 millones de euros.

Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón, remitió a Industria el pasado mes de octubre un borrador de la orden de convocatoria de bases para las ayudas del programa piloto, que ha permanecido paralizada con motivo de la gestión de los fondos europeos hasta ahora, pero el Ministerio de Industria trabaja ya en elaborar la orden de bases, que podría remitir a Más País en marzo con la previsión de poder publicar la convocatoria en el segundo trimestre del año.

El debate sobre la jornada de cuatro días a la semana se ha reabierto estos días con motivo de la aprobación en Bélgica de la reforma del mercado laboral que incluye la posibilidad de concentrar la semana laboral en cuatro días o flexibilizar los horarios. También podrán hacer más horas una semana para despejar la siguiente.

Previsión inicial: 160 empresas y más de 3.000 trabajadores

Los cálculos iniciales realizados por la formación de Íñigo Errejón en el borrador trasladado a Industria por el responsable político del partido en el Congreso, Héctor Tejero, apuntan a que el proyecto piloto de 10 millones recogidos en los Presupuestos podría beneficiar a 160 empresas y más de 3.000 trabajadores.

La medida pactada por el Gobierno con Más País, que busca reducir el número de días laborales sin que se contemple recorte salarial alguno para los trabajadores y sigue la estela del proyecto piloto en fase de desarrollo en la Comunidad Valenciana, viene reflejada en una partida de 10 millones de euros en los PGE de 2022.

Fuentes gubernamentales y de Más País no descartan que la dotación inicial de 10 millones de euros pueda ampliarse en el primer año de implementación (2022) si hay una elevada demanda de ayudas, recurriendo a otras partidas con remanentes que no se hayan utilizado, según trasladó Industria. Para los siguientes ejercicios Industria ha dado su compromiso de una partida plurianual de 50 millones de euros, por lo que en 2023 la dotación del proyecto podría subir a 15 o 20 millones de euros y repetirse los ejercicios siguientes, ampliando así su alcance.

Ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros en función del tamaño de las empresa

A la espera de la orden de convocatoria que elabore Industria con Más País, el borrador que maneja Más País, al que ha tenido acceso Economía Digital, está enfocado más hacia el lado de la innovación frente al enfoque más laboral del proyecto de la Generalitat Valenciana, realizado desde el servicio público de empleo valenciano, estima un alcance del proyecto de 160 empresas y 3.000 trabajadores el próximo ejercicio.

Con un límite de empresas de un tamaño de entre 5 y 250 trabajadores, la propuesta contempla una ayuda para las empresas de entre 2.000 y 3.000 euros al año por trabajador afectado por la media, siendo la menor cuantía para las empresas de mayor tamaño y el mayor volumen para las pymes. Para obtener estas subvenciones, las empresas deberán realizar un proyecto de rendición de jornada laboral que explicite cómo se va a conseguir y en el que introduzcan los gastos a financiar con las ayudas.

El borrador de costes laborales podría contemplar, entre otros, sus previsiones de contratar a un trabajador para cubrir la jornada suprimida, el coste en formación, una posible consultoría para acometer una reorganización productiva o de innovación, así como posibles ayudas para maquinaria. Además, las empresas deben comprometerse a mantener la reducción de jornada establecida un mínimo de dos o tres años.

La postura de los sindicatos y los expertos sobre la medida

Los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, rechazan de pleno la posibilidad de que se debata concentrar la semana laboral en cuatro días, como se ha aprobado en Bélgica y sucede en España en algunos casos, y en su lugar piden reducir la jornada a 32 horas semanales.

Algunos de los expertos consultados por Economía Digital consideran que España no reúne las características idóneas para contemplar la implantación de una semana laboral de 32 horas. "España tiene todas las características estructurales para ser el país menos apropiado para hacer esto", afirmó tajante la economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), María Jesús Fernández, al considerar que solo tendría sentido en su opinión en determinados sectores "muy dinámicos", con crecimiento muy rápido ligados a las nuevas tecnologías, tanto en la industria como en los servicios, algo que en España no tiene mucho peso.

Su implantación de forma generalizada es "impracticable" a su parecer, ya que presenta una productividad por debajo de la media de los países de la Eurozona y podría verse agravado este problema, además de por el elevado peso de las pequeñas empresas, que presentan el 98% del tejido productivo. El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), Antonio Pedraza, también afirmó a Economía Digital que "no es el momento más oportuno", a pesar de que cree que es algo "absolutamente inexcusable" a medio plazo.

Con todo, la semana laboral de 4 días ya se está aplicando en varias empresas desde hace meses en España, aunque en algunas no ha tenido el resultado esperado, como en el caso de Telefónica, un total de 156 trabajadores se apuntaron al proyecto piloto para acogerse a una jornada laboral de solo 4 días a la semana.

Telefónica fue la primera gran empresa española en dar el paso al frente hacia la implantación de la semana laboral de 4 días, si bien a principios de este mes la firma de moda Desigual aprobó la jornada laboral de cuatro días, con un 86% de apoyo por parte de los trabajadores. Los empleados tendrán una jornada de lunes a jueves, incluyendo tres días presenciales y uno de teletrabajo. Un total de 502 empleados pasarán de una jornada de 39,5 horas a la semana a otra de 34,5 horas, aparejado a una reducción salarial del 6,5%, compartida entre empresa y trabajador.

Ley de usos del tiempo: flexibilidad en la jornada

Más allá del proyecto piloto para la implantación de 32 horas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció a finales del pasado mes de septiembre la reforma de la ley de usos del tiempo en el trabajo el próximo año para dar a los trabajadores tiempo para los cuidados, así como para la formación, de forma que se introduzcan fórmulas flexibles para la jornada en las empresas y también para los trabajadores, en línea con los modelos nórdicos.

Sobre la semana de 4 días laborales, Díaz dejó claro entonces que todo se abordará en el seno del diálogo social, donde se tendrán que hacer "muchos equilibrios", pero avanzó que el Ministerio de Trabajo no aboga por una "formulación rígida de la jornada laboral", ya que "el mundo no funciona con planteamientos rígidos y la característica del mundo empresarial del siglo XXI está sustanciada en la flexibilidad".

La idea de Trabajo es regular para lograr una jornada laboral análoga a la de los modelos nórdicos, con flexibilidad, frente a otros ms rígidos, de forma que los trabajadores participen en el diseño de su jornada, con el fin de aumentar su productividad, y que tengan tiempo para la formación y los cuidados, con excedencias para ese fin como "núcleo central de las empresas".

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El Gobierno prevé lanzar el proyecto de la jornada laboral de cuatro días en España antes del verano

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El Ministerio de Industria trabaja en la orden de bases para el proyecto piloto de la jornada laboral de cuatro días impulsada por Más País en los Presupuestos, con la previsión de lanzar la convocatoria de ayudas en el primer semestre

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13/02/2022

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los PGE para 2022 - ICAL

Las entidades locales de Castilla y León recibirán 31 millones de euros de la compensación del IVA que dejaron de percibir en 2017. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una Orden de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por la que se determina el importe que percibirán las entidades locales como compensación por este concepto, como consecuencia de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, según informó el departamento ministerial.

La Orden establece la forma de pago y el importe correspondiente y cumple lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, donde se consigna una partida presupuestaria específica para esta circunstancia, destinada tanto a Comunidades Autónomas como a Entidades Locales.

En el caso de la Orden de entidades locales se establece el importe de la compensación, así como el de los intereses legales, de forma que el total que percibirán las Administraciones Locales afectadas, intereses incluidos, se cifra en 496,6 millones de euros. La compensación se hará efectiva el 31 de marzo y beneficiará a 8.125 ayuntamientos y 60 diputaciones y entidades similares, la totalidad de Entidades Locales que participaron en tributos del Estado en 2017.

En Castilla y León, las nueve diputaciones provinciales recibirán 17,6 millones de euros, de los que el cinco por ciento, en torno a un millón, son intereses devengados desde el 7 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2022. Así, en total, la Diputación de Ávila cobrará 1,4 millones; la de Burgos, 2,3; la de León, 3,6 millones; la de Palencia, 1,6; la de Salamanca, 2,3 millones; la de Segovia, 996.000 euros; la de Soria, un millón de euros; la de Valladolid, 2,2 millones; y la de Zamora, dos millones de euros.

Por lo que respecta a las capitales de provincia, que cuentan con un sistema de cesión de impuestos y fondo complementario, totalizan 7,5 millones: Ávila (350.000 euros), Burgos (1,1 millones), León (un millón de euros), Palencia (555.000 euros), Salamanca (1,1 millones), Segovia (386.000), Soria (231.000 euros), Valladolid (2,2 millones) y Zamora (441.000 euros).

Por último, el resto de municipios de la Comunidad, los más pequeños, se encuadran en el sistema general. Son todos aquellos menos las propias capitales. Así, los que más fondos se repartirán por este concepto son los de León y Valladolid, con 1,1 millones de euros en cada provincia. Le siguen los de Salamanca, con 883.621 euros; Burgos, con 850.962 euros; los de Segovia, con 463.637; los de Zamora, con 422.452 euros; los de Ávila, con 404.222; los de Palencia, con 335.986; y los de Soria, con 177.527 euros.

La cuantía correspondiente a cada una de las entidades se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La normativa indica que, una vez efectuadas las transferencias, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación.

Plazo para reclamar

La Orden contempla, asimismo, que los ayuntamientos que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para emitir un certificado que incluya un acuerdo del Pleno municipal de desistimiento del procedimiento abierto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto aprobar en breve la Orden de compensación por este concepto a las Comunidades Autónomas, que recibirán las cantidades en el primer trimestre de este año, como ya adelantó María Jesús Montero, y por el que Castilla y León recibirá casi 200 millones de euros tras judicializar esta situación.

El problema generado en el cobro del IVA por el anterior Gobierno al aplicar ha provocado efectos en la liquidación de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de 2017, que se llevó a cabo en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.

El Ejecutivo ha recordado en un comunicado que "ha mostrado desde el inicio su compromiso para encontrar una salida a este problema heredado". De hecho, en la primera legislatura de Pedro Sánchez se incorporó un cambio normativo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que "hubiera solventado esta cuestión, aunque el PP se opuso a ello", ha recordado.

La decisión de compensar a las entidades locales por la mensualidad de IVA que "el Ejecutivo del PP les retiró en 2017 fue comunicada en el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) del 28 de julio de 2021", cuando la ministra de Hacienda y Función Pública ha anunciado la adopción de una medida para solucionar definitivamente el impacto ocasionado, con la inclusión de una partida presupuestaria en los PGE para 2022 que "permitiera solventar el perjuicio económico que supuso para estas entidades". La solución finalmente adoptada""permitirá dotar de recursos a los Ayuntamientos, para que sigan prestando unos servicios públicos de calidad".
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Las entidades locales de Castilla y León recibirán 31 millones del IVA que dejaron de percibir en 2017

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Las entidades locales de Castilla y León recibirán 31 millones de euros de la compensación del IVA que dejaron de percibir en 2017.

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17/02/2022

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La deuda de las administraciones públicas españolas volvió a crecer durante el segundo año de la pandemia. Según los datos de cierre de 2021, publicados este jueves por el Banco de España, el pasivo español ascendía en diciembre del año pasado a 1,427 billones de euros, 81.980 millones por encima de la cifra con la que concluyó 2020 (1,346 billones).

El grueso de la deuda (1,245 billones) se concentró en manos del Estado, mientras que una parte menor (313.000 millones) se encontraba en los balances de las comunidades autónomas. Las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos...) acumulaban apenas 22.000 millones. Además, la Seguridad Social presentaba un saldo de deuda de 99.000 millones y otras unidades de la administración central -una categoría en la que se incluye la Sareb- alcanzaban los 54.000 millones.

Sin embargo, pese a que la deuda aumentó de nuevo en 2021, el saldo parece haber tocado techo. El pasivo alcanzó su máximo histórico en el tercer trimestre del año pasado, cuando se alzó hasta los 1,432 billones, pero en el trimestre final del año se redujo en 4.500 millones, la primera bajada entre dos trimestres en toda la pandemia.

La deuda sobre el PIB mejora las previsiones del Gobierno

Sin embargo, si se mide el nivel de deuda pública en comparación con el tamaño de la economía -el indicador que aparece en las reglas fiscales de la UE- el saldo alcanzaba un 118,7% sobre el PIB. Bajo este prisma, el nivel de endeudamiento público de España acumula tres trimestres consecutivos a la baja. De hecho, en los tres meses finales de 2021 la deuda sobre el PIB se redujo en 3,1 puntos porcentuales, el mayor descenso jamás registrado en la serie histórica, que se remonta al año 2000.

El porcentaje de cierre de 2021 ha mejorado incluso las previsiones del Gobierno, que en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado esperaba que la deuda alcanzara el 120% del PIB. El resultado final también mejora las previsiones del FMI, que apuntaban a un saldo del 120,4% sobre el PIB.

Las razones del descenso en el nivel de deuda sobre PIB en comparación con 2020 tienen que ver con las dos partes de la fórmula. Por el lado del denominador (el PIB), la economía creció en 2021 a un ritmo del 5%, nada que ver con el hundimiento del 10,8% registrado en 2020. En el lado del numerador (el volumen de deuda), el motivo es que el Estado se endeudó bastante menos el año pasado que en 2020. En 2021, el pasivo se incrementó en 81.980 millones, frente a los 156.950 de hace dos años.

Pese a la mejoría en la situación, conviene recordar que la reducción de la deuda entre 2021 y 2020 (1,3 puntos) palidece en comparación con el aumento registrado entre 2019 y 2020, que fue de 24,5 puntos. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostienen que, si el Estado no elabora un plan para reducir la deuda, el crecimiento del PIB no será suficiente por sí solo como para compensar el agujero en las cuentas públicas que ha provocado la pandemia.

Con datos hasta el tercer trimestre del año pasado, España era el cuarto país de toda la Unión Europea con mayor tasa de deuda sobre el PIB (121,8%). Solo Grecia (200,7%), Italia (155,3%) y Portugal (130,5%) presentaban niveles más elevados. En términos brutos, España tiene también la cuarta deuda más elevada de la UE. En concreto, el 12,2% de la deuda de los países del euro está en poder de la administración pública española.

Los elevados niveles de deuda de España no son una cuestión baladí. Durante la crisis pandémica, la Unión Europea suspendió las reglas fiscales hasta 2023. Esta norma obliga a los países con niveles de deuda superiores al 60% del PIB y con déficits de más del 3% a tomar medidas para contener el gasto o aumentar los ingresos. Si las reglas se reactivasen tal cual estaban diseñadas antes de la pandemia, España debería afrontar un proceso de reducción de deuda y déficit a un nivel que podría dañar la recuperación económica que todavía no está consolidada.

Por ello, el Gobierno de España, junto a los Ejecutivos europeos de los países más endeudados, están presionando para lograr una reforma de las reglas fiscales que facilite una reducción más progresiva y exigencias de deuda y déficit más laxas.

Además, conviene recordar también que los países más endeudados tienen más problemas para financiarse en los mercados si los tipos de interés son altos que los Estados con las cuentas más saneadas. En un contexto en el que el BCE está allanando el terreno para próximas subidas de tipos, los costes de financiación de España podrían aumentar.

No obstante, la situación es ahora muy distinta que en lo peor de la crisis del euro. Entonces, España tuvo serios problemas para acceder al crédito dado que el interés que tenía que pagar para financiarse se disparó. La brusca bajada en los tipos de interés que se produjo a partir de 2011 hundió los costes de financiación y permitió al país endeudarse a más largo plazo y colocar importantes cantidades de deuda a muy bajo interés.

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La deuda pública sigue disparada pero menos de lo que esperaba el Gobierno: el país debe todavía 1,43 billones de euros

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La deuda de las administraciones públicas españolas volvió a crecer durante el segundo año de la pandemia. Según los datos de cierre de 2021, publicados este jueves por el Banco de España, el pasivo español ascendía en diciembre del año pasado a 1,427 billones de euros, 81.980 millones por encima de la cifra con la que concluyó 2020 (1,346 billones).

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17 febrero 2022

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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanzará antes de que finalice el primer semestre del año la convocatoria de ayudas para empresas que impulsen la jornada laboral de cuatro días (32 horas a la semana) en el marco del proyecto piloto acordado entre el Gobierno y Más País, según han informado fuentes del Departamento que dirige Reyes Maroto.

Para financiar este proyecto piloto, que pretende reducir la jornada laboral sin pérdida de sueldo para los trabajadores, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluyen una partida de 10 millones de euros. No obstante, este presupuesto podría aumentarse si la acogida del tejido empresarial es buena, según precisa Industria.

El proyecto concederá ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para las empresas que voluntariamente presenten un plan para reducir la jornada laboral de sus trabajadores y ofrecerá subvenciones para la innovación de procesos productivos, nuevas contrataciones y recursos formativos, según adelanta 'Economía Digital'.

Según los cálculos de Más País, unas 160 empresas podrían acogerse a los incentivos para reducir la jornada laboral a cuatro días, lo que beneficiaría a más de 3.000 empleados en la primera edición del programa.

Uno de los objetivos con el que nace esta experiencia piloto es evaluar las necesidades del tejido empresarial, ya sea necesidad de más personal, funciones de consultoría o tareas de planificación de su actividad. De esta forma, el proyecto compensará estos costes a las empresas que se beneficien de la futura convocatoria de ayudas, al darles el aliciente de ensayar sin pérdidas una medida que, según Más País, mejorará la productividad pese a reducir la jornada laboral de los empleados.

El Gobierno federal de Bélgica dio luz verde en la madrugada del pasado lunes a una reforma de su mercado de trabajo que permitirá concentrar las horas de la semana laboral en cuatro días, en lugar de los cinco actuales.

Se trata de una concentración de las horas de trabajo, no de una reducción, como sí pretende el proyecto de Más País y el Gobierno y como defienden los sindicatos CCOO y UGT, que aspiran a que la jornada laboral semanal sea de 32 horas.

En el caso de Bélgica, el cambio permitido por su reforma laboral no supondrá una reducción de las horas trabajadas, pues los trabajadores belgas sólo podrán trabajar un día menos a la semana si aumentan el número de horas diarias trabajadas. Así, la reforma contempla una condición máxima de 9,5 horas de trabajo diarias ampliables a 10 horas, previo acuerdo entre empresa y sindicatos.

Tras la aprobación de la reforma belga, CCOO advirtió de que la semana laboral de 4 días sin reducir las horas trabajadas "en ningún caso favorece la conciliación", por lo que el debate debería centrarse en la reducción y la redistribución de la semana laboral. Aplicar la reforma belga al caso español, donde las horas de trabajo semanales son 40, implicaría jornadas laborales de 10 horas, a las que habría que sumar el desplazamiento y el almuerzo.

"Esta medida no favorece la conciliación aunque se gane un día, es imposible conciliar así. Además, este tipo de medidas puede tener un impacto muy negativo para la salud de los trabajadores, tanto en términos de salud física como mental", se advierte desde CCOO.

Por su parte, UGT ha afirmado que "luchará" para que la jornada semanal de 32 horas "sea una realidad en el corto plazo para todos los trabajadores". El sindicato de Pepe Álvarez ha dejado claro que la reforma belga "no tiene nada que ver" con lo que defiende la organización: reducir la jornada laboral semanal a 32 horas.

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Industria lanzará ayudas a empresas que impulsen la jornada semanal de 4 días

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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanzará antes de que finalice el primer semestre del año la convocatoria de ayudas para empresas que impulsen la jornada laboral de cuatro días (32 horas a la semana) en el marco del proyecto piloto acordado entre el Gobierno y Más País, según han informado fuentes del Departamento que dirige Reyes Maroto.