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Defensoría del Pueblo: Tribunal Constitucional ampara demanda de inconstitucionalidad y anula ordenanzas municipales contrarias al Reglamento Nacional de Tránsito, que excedían sus competencias y vulneraban derechos fundamentales de miles de ciudadanos afectados

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Defensoría del Pueblo: Tribunal Constitucional ampara demanda de inconstitucionalidad y anula ordenanzas municipales contrarias al Reglamento Nacional de Tránsito, que excedían sus competencias y vulneraban derechos fundamentales de miles de ciudadanos afectados

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La Defensoría del Pueblo destaca la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por esta institución contra ordenanzas de nueve municipalidades distritales que imponían sanciones vehiculares fuera del marco legal vigente, y que venían afectando a miles de ciudadanos.

Dicha acción constitucional fue presentada en 2023, al advertirse que los municipios de Breña, Carabayllo, El Agustino, Independencia, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Rímac y San Borja habían aprobado normas que transgredían el Reglamento Nacional de Tránsito, generando disposiciones que excedían sus competencias y vulneraban derechos fundamentales.

La sentencia N.° 119/2025 confirma que la regulación del tránsito terrestre es una competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mientras que la supervisión y sanción de infracciones corresponde a las municipalidades provinciales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). En consecuencia, se reafirma que las municipalidades distritales no están facultadas para crear infracciones ni imponer sanciones adicionales a las ya contempladas en la normativa nacional.

Asimismo, el Tribunal señala que las ordenanzas deben ser publicadas íntegramente, incluyendo sus anexos, en los portales institucionales o en el sitio web del Estado, como medida indispensable para garantizar los principios de publicidad y transparencia. En este caso, se identificó que varios gobiernos locales no cumplieron con dicha obligación, motivo adicional para declarar inconstitucionales las normas aprobadas en Carabayllo, El Agustino, Magdalena del Mar, La Molina y San Borja.

La Defensoría del Pueblo reitera que no se opone a medidas orientadas a ordenar el tránsito y el uso del espacio público; sin embargo, estas deben estar dentro del marco legal vigente y respetar las competencias establecidas en la Constitución. Por ello, exhorta a las municipalidades distritales involucradas a dejar sin efecto las ordenanzas declaradas inconstitucionales y a adecuar sus actuaciones al principio de legalidad, a fin de evitar nuevos perjuicios a la población.

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Defensoría del Pueblo: Tribunal Constitucional ampara demanda de inconstitucionalidad y anula ordenanzas municipales contrarias al Reglamento Nacional de Tránsito, que excedían sus competencias y vulneraban derechos fundamentales de miles de ciudadanos afectados

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La Defensoría del Pueblo destaca la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por esta institución contra ordenanzas de nueve municipalidades distritales que imponían sanciones vehicular

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La decisión del Tribunal Constitucional de anular las ordenanzas municipales que excedían el Reglamento Nacional de Tránsito es una muestra clara de cómo funciona el Estado de Derecho en el Perú. Ninguna autoridad, ni siquiera los gobiernos locales, puede actuar por encima de la Constitución.

Gracias a la acción de la Defensoría del Pueblo y a la garantía constitucional de la acción de inconstitucionalidad, se logró proteger los derechos fundamentales de miles de ciudadanos que estaban siendo afectados por normas ilegales.

Este caso demuestra que las instituciones del Estado pueden y deben corregir los abusos de poder, y que conocer nuestras garantías constitucionales es fundamental para defendernos frente a decisiones injustas.

"Este caso demuestra que ningún nivel de gobierno está por encima de la Constitución. Las garantías constitucionales permiten corregir abusos de poder y proteger los derechos de miles de ciudadanos."

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La acción impulsada por la Defensoría del Pueblo demuestra el rol fundamental que cumple esta institución en la defensa de los derechos fundamentales y en el control del ejercicio del poder por parte de las autoridades locales. Además, este fallo también resalta la importancia de la transparencia y publicidad de las normas, principios básicos para garantizar la legalidad y el acceso a la información pública.

Es importante que los gobiernos locales actúen dentro del marco legal establecido y respeten las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de las municipalidades provinciales. Este caso debe servir como precedente para evitar abusos y promover una gestión municipal responsable, en beneficio de la ciudadanía.

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Este caso es un ejemplo claro de cómo el Estado de Derecho y las garantías constitucionales operan para proteger a la ciudadanía frente a abusos de poder por lo que el Tribunal Constitucional decidió amparar la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, declarando inconstitucionales varias ordenanzas municipales que imponían normas de tránsito fuera de sus competencias legales.

Estas ordenanzas no solo contradecían el Reglamento Nacional de Tránsito, sino que además vulneraban los derechos fundamentales de miles de ciudadanos, afectando su libertad de tránsito, el principio de legalidad y el derecho a un trato justo por parte del Estado, ya que el fallo del Tribunal reafirma que ninguna autoridad local puede actuar por encima del marco legal vigente, y que todas deben respetar los límites que establece la Constitución.

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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, impulsada por la Defensoría del Pueblo, anula ordenanzas de nueve municipalidades distritales que imponían sanciones vehiculares fuera del marco legal. El fallo reafirma que solo el MTC y las municipalidades provinciales, en coordinación con la PNP, pueden regular y sancionar infracciones de tránsito. Además, se advierte la falta de transparencia en la publicación de estas normas. La Defensoría exhorta a los municipios a respetar la legalidad y evitar afectar los derechos de los ciudadanos.

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El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias ordenanzas de municipalidades distritales de Lima que imponían sanciones de tránsito, como grúas o multas, excediendo sus competencias. La sentencia respalda la demanda de la Defensoría del Pueblo y reafirma que solo el MTC y la Policía Nacional pueden regular y sancionar infracciones de tránsito. Se exige además mayor transparencia en la publicación de normas. Esta decisión protege los derechos ciudadanos y asegura una aplicación uniforme del Reglamento Nacional de Tránsito.