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La población del actual territorio argentino a la llegada de los españoles a principios del siglo XVI sumaba unas 330.000 personas agrupadas en una veintena de grupos étnicos. Los habitantes del Noroeste, de las Sierras Centrales y de la Mesopotamia practicaban la agricultura, mientras que el resto del territorio estaba ocupado por grupos de cazadores-recolectores. Las culturas más extendidas fueron los diaguitas al Noroeste, los guaraníes, los tupíes, los tobas y los guaycurúes en el Noreste, los pampas en el centro y los tehuelches, mapuches y onas en el Sur.

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En 1536 Don Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Ayres, la primera ciudad argentina. La miseria y el hambre doblegaron a Mendoza y su gente y Buenos Aires quedó despoblada hasta su segunda fundación por Juan de Garay en 1580. Las ciudades argentinas fueron fundadas por conquistadores que provenían de distintas zonas de América. La corriente pobladora del este, llegada desde España, tomó como base de operaciones la ciudad de Asunción y fundó las ciudades litorales. La que vino desde el Perú ocupó el Tucumán, como se llamaba entonces a todo el Noroeste argentino. Las ciudades cuyanas fueron fundadas por la corriente proveniente de Chile.

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Lo que hoy es la Argentina perteneció al virreinato del Perú hasta que en 1776 el rey Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue Pedro de Ceballos. La capital, Buenos Aires, se convirtió en un gran puerto comercial y se incrementó notablemente la exportación de cueros, tasajo y de la plata proveniente de las minas del Potosí. El sistema de monopolio impuesto por España prohibía comerciar con otro país que no fuera la propia España. Esto encarecía notablemente los productos y complicaba la exportación al tiempo que fomentaba el contrabando a gran escala. En 1806 y 1807 se produjeron dos invasiones inglesas, que fueron rechazadas por el pueblo de Buenos Aires, alistado en milicias de criollos y españoles. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus integrantes. Las milicias se transformaron en centros de discusión política.

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Las invasiones inglesas demostraron que España estaba seriamente debilitada y que no podía ni abastecer correctamente ni defender a sus colonias.  La ocupación francesa de España por Napoleón, la captura de del Rey Carlos IV y su hijo Fernando VII y la caída de la Junta Central de Sevilla decidieron a los criollos a actuar. El 25 de mayo de 1810 se formó la Primera Junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra, que puso fin al período virreinal. Mariano Moreno, secretario de la Junta, llevó adelante una política revolucionaria tendiente a fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una futura independencia.

Entre 1810 y 1820 se vive un clima de gran inestabilidad política. Se suceden los gobiernos (Primera Junta (1810), Junta Grande (1811), Triunviratos (1811-1814) y el Directorio (1814-1820) que no pueden consolidar su poder y deben hacer frente a la guerra contra España. En esta lucha se destacaron Manuel Belgrano, José de San Martín, llegado al país en 1812, y Martín Miguel de Güemes. Las campañas sanmartinianas terminaron, tras liberar a Chile, con el centro del poder español de Lima. El 9 de julio de 1816 un congreso de diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia y en 1819 dictó una constitución centralista que despertó el enojo de las provincias, celosas de su autonomía.

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A partir de 1819 en el país se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, partidarios del poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga guerra civil cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiada por la situación fue  Buenos Aires, la provincia más rica, que retuvo para sí las rentas de la Aduana y los negocios del puerto.

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En 1829 uno de los estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas, asumió la gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre todo el país. A partir de entonces y hasta su caída en 1852, retuvo el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases altas porteñas. Durante el rosismo creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior que fueron protegidas gracias a la Ley de Aduanas. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución, porque ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía porteña.

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Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de ganado como Buenos Aires que se veía seriamente perjudicada por la política de Rosas, que no permitía la libre navegación de los ríos y frenaba el comercio y el desarrollo provinciales. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó, con ayuda brasileña, el Ejercito Grande con el que derrotó definitivamente a Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en Santa Fe que en mayo de 1853 sancionó la Constitución Nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de estado, conocido como la «Revolución del 11 de Septiembre de 1852». A partir de entonces, el país quedó por casi diez años dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación (el resto de las provincias con capital en Paraná). La separación duró casi diez años, hasta que en septiembre de 1861, el líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en Pavón y unificó al país bajo la tutela porteña.

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Luego de la batalla de Pavón se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre (1862-68), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880), quienes concretaron la derrota de las oposiciones del interior, la ocupación del todo el territorio nacional y la organización institucional del país fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas.

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En 1880 llegó al poder el general Julio A. Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador y el modelo político conservador basado en el fraude electoral y la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron notablemente las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles y creció nuestra deuda externa. En 1890 se produjo una grave crisis financiera en la que se cristalizaron distintas oposiciones al régimen gobernante. Por el lado político, la Unión Cívica Radical luchaba por la limpieza electoral y contra la corrupción, mientras que, por el lado social, el movimiento obrero peleaba por la dignidad de los trabajadores desde los gremios socialistas y anarquistas.

La lucha radical, expresada en las revoluciones de 1893 y 1905, y el creciente descontento social, expresado por innumerables huelgas, llevaron a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral para calmar los ánimos y trasladar la discusión política de las calles al parlamento. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que estableció el voto secreto y obligatorio.

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La aplicación de la Ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales gobernaron el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) (1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), e impulsaron importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El período no estuvo exento de conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de trabajadores detenidos y centenares de muertos.

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El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y expulsaron del gobierno a Yrigoyen, inaugurando un período en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia Argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores (el general Uriburu, entre 1930 y 1932; el general Justo, entre 1932 y 38; Roberto Ortiz, entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo, entre 1942 y 1943), que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país.

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En 1943 un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de estado y derrocó al presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien, desde la secretaría de Trabajo y Previsión, llevó adelante un política tendiente a mejorar la legislación laboral y social (vacaciones pagas, jubilaciones, tribunales de trabajo). El apoyo popular a Perón lo condujo al gobierno en las elecciones de 1946. Durante sus dos presidencias (1946-1952 y 1952-1955) Perón, que ejerció el poder limitando el accionar de la oposición y censurando a la prensa, impulsó una política que combinaba el impulso de la industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción social desarrollada por Eva Perón a través de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos, y ayuda económica para los más pobres.

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En 1955 un golpe militar con amplio apoyo político y social derrocó a Perón, quien marchó al exilio. Tras el breve interregno de Lonardi, militar de corte nacionalista y católico, un nuevo golpe de comando puso al Ejército, representado por Pedro Eugenio Aramburu, y a la Marina, representada por Isaac Rojas, a la cabeza de un gobierno, cuyo objetivo medular era eliminar al peronismo de la vida nacional, apuntando fundamentalmente al movimiento obrero. El decreto 4161 y los fusilamientos de junio de 1956, máxima expresión de la reacción, se combinaron con la reforma de la constitución (1957) y la implementación de un proyecto económico liberal  ideado por Raúl Prebisch, que buscaba desmontar el modelo peronista y lograr la “estabilización” económica con el respaldo del FMI. En este marco de violenta persecución, comenzó la denominada “resistencia peronista”, que se extendió también a numerosos sectores populares no peronistas. No sin oposición interna, el régimen militar concedió una apertura electoral que creyó controlar y que dio paso al período de las democracias condicionadas encabezadas por gobiernos radicales.

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En 1958 el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, llegó al gobierno tras sellar una alianza con Perón. Sin embargo, su política desarrollista, llevada a cabo mediante la contratación de empresas extranjeras para la extracción de petróleo y la gestión de un crédito del FMI, condicionado a la implementación de medidas liberales, no tardaron en granjearle la hostilidad del peronismo. Para hacer frente a las manifestaciones de descontento, el gobierno puso en marcha el “plan Conintes”, que otorgó al Ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a gremialistas y opositores. Su política exterior y el triunfo del peronismo en las elecciones de 1962 precipitaron un nuevo golpe de estado. Procurando salvar la institucionalidad, asumió el presidente del Senado, el radical José María Guido, cuyo gobierno estuvo tutelado desde las filas castrenses. Las elecciones presidenciales de 1963, con proscripción del peronismo, llevaron a la presidencia a Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La anulación de los contratos petroleros, la Ley de Medicamentos y un aumento en la inversión en salud y educación cosecharon hostilidad en el empresariado. El peronismo, especialmente su base sindical, y la prensa llevaron adelante una fuerte campaña contra el líder radical, dejando el terreno libre para que, una vez más las Fuerzas Armadas, asestaran un nuevo golpe a la democracia. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía asumió de facto el mando del país. Contaba, una vez más, con amplio apoyo político y social.

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El general Juan Carlos Onganía aplicó, con apoyo del FMI, un fuerte programa liberal orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos, al tiempo que, bajo los auspicios de la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos, convirtió la persecución del peronismo en la del comunismo y de las guerrillas. Implantó una rígida censura, que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales, incluyendo la intervención de las universidades y la expulsión de profesores opositores, que derivó en lo que se conoce como la “fuga de cerebros”. Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles, las insurrecciones populares (como el Cordobazo) y la organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un golpe interno. En junio de 1970 asumiría Roberto Levingston, de corte nacionalista, que no lograría contener las protestas populares y la actividad guerrillera. Una segunda manifestación popular en Córdoba, conocida como el “Viborazo”, dio por tierra con este nuevo gobierno. En marzo de 1971, asumió Alejandro Agustín Lanusse, quien propugnó una política conciliatoria, a través del GAN (Gran Acuerdo Nacional), permitiendo el regreso de Juan Domingo Perón y convocando a elecciones nacionales sin proscripciones para el peronismo. En marzo de 1973, el triunfo sería para los candidatos de esa fuerza, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima.

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Entre 1973 y 1976 gobernó nuevamente el peronismo con cuatro presidentes (Cámpora, 1973; Lastiri, 1973; Perón, 1973-1974; e Isabel Perón 1974-1976), quienes intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como el impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de precios. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla, sumados a la crisis económica mundial de 1973, complicaron la situación, que se agravó aún más con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, de conducir el país. Esta crisis fue aprovechada para terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar, que contó una vez más con un amplio respaldo civil.

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La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente de los grandes bancos internacionales y los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por cinco, la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos y de la implementación de una política económica que beneficiaba a los grupos económicos locales y extranjeros.

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El 10 de diciembre de 1983, después de casi veinte años, el radicalismo volvía al gobierno tras el triunfo de Raúl Alfonsín. Empujado por la fuerza de los organismos de derechos humanos que nacían tras la feroz represión militar, el líder radical abrió las puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que se reflejó en el informe de la CONADEP y que permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas. Aunque insuficiente para algunos organismos, la política de derechos humanos de Alfonsín fue severamente atacada por amplios sectores militares, que produjeron el movimiento carapintada, los retrocesos hacia las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el último intento guerrillero que culminó en la masacre de La Tablada. Pero lo que había cambiado sustancialmente eran las bases económicas. Con el creciente poderío de los grupos financieros y un mecanismo de endeudamiento externo incontrolable, Alfonsín cedió ante las recetas liberales y no logró reencauzar una economía desindustrializada y anémica. Con escaso apoyo social, frente a un peronismo conspirativo y con los grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a renunciar antes de tiempo. Vendría el tiempo del “menemato”.

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La caída del Muro de Berlín y el fin de la era del mundo bipolar se combinaron con el avance de Estados Unidos hacia la región latinoamericana, cuya formulación más emblemática en materia económica fue el Consenso de Washington, una serie de medidas que establecían la aplicación en América Latina de un proyecto de corte neoliberal. Carlos Menem, el candidato peronista que accedió a la presidencia en 1989, procedió paradójicamente a implementar este programa, que se encontraba en las antípodas de su prédica electoral y de los postulados históricos del peronismo. La privatización de empresas estatales, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, entre otras, fue acompañada por una apertura indiscriminada del mercado a los productos y capitales extranjeros y por una política de “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El proyecto se completó con el Plan de Convertibilidad monetaria impulsado por Domingo Cavallo y las renegociaciones de la deuda externa, que provocaron una mayor dependencia y endeudamiento. El modelo suscitó el apoyo de los sectores medios, que inicialmente se vieron beneficiados por la política monetaria y de importación. Pero pronto comenzaron a hacerse visibles los efectos devastadores en términos sociales y culturales, con una explosión de la desocupación y de la pobreza, y con la visibilidad e impunidad de la corrupción a gran escala. A ello se sumaba una política de “reconciliación” plasmada con los indultos a las cúpulas militares que implementaron el Terrorismo de Estado y también a las guerrilleras. El descontento social no se hizo esperar y algunos estallidos populares (Santiagueñazo y piqueteros en CutralCó y General Mosconi) fueron acompañados por la convergencia política de amplios sectores en lo que terminaría conformando el crítico y progresista espacio del FREPASO y la posterior moderada Alianza en 1997, que con Fernando de la Rúa a la cabeza, pondría fin al gobierno menemista en 1999, pero no al modelo neoliberal implementado.

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El año 2001 se vio marcado por una profunda crisis económica y social en Argentina, catalizando el fin de varios gobiernos en un corto período de tiempo. Las políticas de ajuste, el corralito financiero y el alto desempleo condujeron a protestas masivas, conocidas como 'el cacerolazo', que provocaron la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.

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Néstor Kirchner asume la presidencia en 2003, en medio de una profunda crisis económica. Su gobierno se enfocó en la recuperación económica, derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Implementó políticas para desendeudar el país, y su gestión es vista como un período de renovación y estabilidad.