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Los derechos colectivos son un tipo especial de derechos humanos que no se aplican a una sola persona, sino a grupos completos de personas. Se consideran de tercera generación, porque aparecieron después de los derechos civiles y políticos (primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (segunda generación). Algunos ejemplos son el derecho a un medio ambiente sano, a la paz, al desarrollo, a cuidar el patrimonio cultural y artístico, así como los derechos de los pueblos indígenas y de los consumidores.

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• Derechos de los pueblos indígenas u originarios

• Derechos de los migrantes y refugiados

• Derechos a la paz, al desarrollo, y a la autodeterminación de los pueblos

• Derecho de los consumidores o usuarios

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El uso excesivo de los recursos naturales y el desarrollo industrial han causado problemas como el cambio climático y el calentamiento global, que ya afectan nuestras vidas y las de las próximas generaciones.
Por eso se reconoció el derecho a un ambiente sano, un derecho colectivo, porque los problemas ambientales afectan a toda la comunidad, no solo a una persona.

Este tema se ha tratado en conferencias importantes como Estocolmo (1972), Río de Janeiro – Cumbre de la Tierra (1992) y Río+20 (2012).
En el Perú, la Constitución reconoce este derecho (artículos 2 y 67), y además se aprobó la Ley General del Ambiente (2005) y se creó el MINAM (2011) para cuidar los ecosistemas.

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En el Perú, la Constitución reconoce el derecho de toda persona a vivir en un ambiente equilibrado (art. 2, inciso 22) y establece que el Estado debe definir la política ambiental y promover el uso sostenible de los recursos naturales (art. 67). Para reforzar esto, en 2005 se aprobó la Ley General del Ambiente (Ley 28611) y en 2011 se creó el Ministerio del Ambiente (MINAM), encargado de proteger, conservar y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas y recursos del país.

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Los migrantes son personas que se trasladan a otro país o región por falta de empleo, guerras o persecuciones. Suelen ser un grupo vulnerable, con trabajos precarios, bajos ingresos y viviendas inadecuadas.

En 1990, la ONU aprobó la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, firmada por el Perú en 2004. Esta garantiza que los migrantes y sus familias gocen de sus derechos humanos, sin importar su situación legal, y que puedan acudir a la justicia si son vulnerados

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Los refugiados son personas que huyen de su país por persecución, guerras o desastres. La ONU, mediante el Acnur, vela por su protección. La Convención de 1951 y su protocolo de 1967 garantizan su admisión en otro país y el respeto de sus derechos.

El asilo político es un refugio especial para perseguidos por motivos políticos. En el Perú, la Ley 27891 establece los derechos y obligaciones de los refugiados y las responsabilidades del Estado.

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Los desplazados internos son personas que se ven obligadas a dejar su hogar, pero permanecen dentro de su propio país. Esto ocurre por causas como conflictos armados, violencia, violaciones de derechos humanos o desastres naturales y provocados por el hombre. A diferencia de los refugiados, no cruzan una frontera internacionalmente reconocida.

En 1998, la ONU elaboró los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, donde se define quiénes son los desplazados y se establece que los Estados tienen la responsabilidad de brindarles protección y asistencia humanitaria dentro de su territorio.

En el caso del Perú, desde 2004 existe la Ley 28223 (Ley sobre los Desplazados Internos), que establece medidas especiales de protección para garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones de vida

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Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 5. Lima. Perú. Editorial SM.