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La actividad financiera del Estado es un proceso de ingreso y captación de recursos económicos para su posterior erogación de los gastos públicos y estatales. Es un instrumento para llegar a un determinado fin de ámbito público. 
Los recursos  obtenidos devienen de tributos, donaciones, créditos, utilidades de entidades estatales, venta de bienes estatales, contribuciones a la seguridad social, entre otros. Para cumplir con las finalidades estatales de acuerdo al Art. 9 de la Constitución Política del Estado.
Al respecto, su rama jurídica correspondiente es el Derecho Financiero, una disciplina que tiene como objeto de estudio las normas jurídicas, reglas y principios que rigen la actividad financiera del Estado. 

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Es la erogación de los recursos obtenidos mediante la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) regulado por el Derecho Presupuestario. Existen dos tipos de gasto: La inversión (recursos económicos destinados a generar mayor riqueza) y gasto corriente (recursos económicos dispuestos para el funcionamiento de la burocracia administrativa como sueldos, salarios, luz, etc.). Su contenido es el ordenamiento jurídico de los recursos económicos del Estado y las disposiciones legales que regulan la gestión financiera a través del Presupuesto General del Estado y su administración que posibilita dicha gestión en cuanto a su recaudación y su gasto. 

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Básicamente es el fundamento constitucional de la tributación establecida en el Art. 108 Núm. 7: “tributar en proporción a sus capacidad económica (sustancial) de acuerdo a ley (formal)” que obedece al deber de cooperar con la sociedad a cambio de un sacrificio pecuniario que tiene como única condición la capacidad de su riqueza frente al legislador que establece tributos que deben ser correctamente fundamentados y creados en donde se genere la riqueza y no así la pobreza. No obstante, la realidad demuestra cierta regresividad del sistema tributario boliviano. 

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PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CAPACIDAD ECONÓMICA (ART. 323 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO)

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PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CAPACIDAD ECONÓMICA (ART. 323 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO)

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De acuerdo al Art. 35 de Ley 2042: “a partir de la presente Ley, queda prohibida la contratación de deuda no concesional, salvo autorización expresa del Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de Tesoro y Crédito Público.” Al respecto, es menester referirnos a los Informes del Banco Central de Bolivia: “A partir de 2010, según el Banco Mundial, Bolivia ha dejado de ser una economía de ingresos bajos y pasó a la categoría de países de ingresos medios. Esto permitió al país acceder a mayores recursos externos, a tasas de interés del mercado internacional (no concesionales), para el financiamiento de importantes proyectos de inversión pública, reduciéndose el acceso a fuentes concesionales de crédito, que son dirigidos a economías de ingresos bajos.” Sin embargo, la crisis sanitaria abre la posibilidad de adquirir estos beneficios de forma justificada. 