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¿Se realizan elecciones periódicas y regulares para elegir a los representantes del gobierno? Sí, en Uruguay se celebran elecciones presidenciales y legislativas cada cinco años, de manera regular y sin interrupciones desde 1980. La próxima elección presidencial está programada para octubre de 2024​.

¿Se cuenta con un sistema electoral autónomo e independiente para prevenir y sancionar el fraude electoral y otras irregularidades? La Corte Electoral, un organismo independiente del poder ejecutivo, es la encargada de organizar, supervisar y garantizar la transparencia de las elecciones. Este ente tiene la autoridad para prevenir y sancionar el fraude electoral y otras irregularidades​ (BTI 2024)​​

¿Se garantiza la independencia y la imparcialidad de las instituciones electorales para asegurar la equidad en los procesos electorales? La Corte Electoral goza de autonomía e independencia, lo que asegura la imparcialidad de los procesos electorales. Este organismo se encarga de la administración y supervisión de las elecciones, garantizando transparencia y justicia

¿Se permite la participación de múltiples partidos políticos en las elecciones y que estos compitan libre y justamente? En Uruguay existe un sistema multipartidista, con numerosos partidos políticos que compiten libremente en las elecciones. Entre los principales partidos se encuentran el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, entre otros. La competencia entre estos partidos es libre y justa​ (BTI 2024)

¿Se permite la participación activa de la sociedad civil en la observación y supervisión de los procesos electorales? La sociedad civil uruguaya participa activamente en la observación y supervisión de los procesos electorales, a través de organizaciones como la Transparencia Electoral y la Asociación Civil Transparencia Uruguay.

¿Existen garantías constitucionales y legales para la celebración de elecciones libres y justas? La Constitución de la República y diversas leyes garantizan la celebración de elecciones libres y justas. Estas disposiciones legales aseguran que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin coerción​ (Wikipedia)​.

¿Qué mecanismos existen para garantizar que los partidos de oposición tengan acceso equitativo a los recursos y medios de comunicación durante las campañas electorales? La ley establece mecanismos para garantizar que los partidos políticos tengan acceso equitativo a los recursos y medios de comunicación durante las campañas electorales. Además, hay regulaciones que garantizan la distribución justa de los tiempos de publicidad y los recursos para la campaña electoral​ (BTI 2024)​​ (Wikipedia)​.

Fuentes:

Constitución de la República Oriental del Uruguay: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion

Corte Electoral: https://www.gub.uy/corte-electoral/

Transparencia Electoral: https://www.gub.uy/corte-electoral/institucional/transparencia

Asociación Civil Transparencia Uruguay: https://www.gub.uy/transparencia-publica

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Relación con la sociedad: Derechos políticos y civiles, igualdad ante la ley, rendición de cuentas y participación política

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Relación con la sociedad: Derechos políticos y civiles, igualdad ante la ley, rendición de cuentas y participación política

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15. ¿Cómo se protegen los derechos de la oposición para expresar críticas y disentir del gobierno sin temor a represalias?

16. ¿Se garantiza el respeto a los derechos individuales y las libertades civiles?

17. ¿Existe un sistema legal claro y predecible, basado en la Constitución y las leyes, que se aplique de manera uniforme para todos los ciudadanos?

18. ¿Se respetan y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los grupos minoritarios y vulnerables?

19. ¿Existe una prensa independiente y libre?

20. ¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil pueden formarse y operar libremente?

21. ¿Se garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y expresar sus opiniones en público sin temor a represalias?

22. ¿Se respetan los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y asociación durante las protestas, incluida la protección contra la violencia policial y el uso injustificado de la fuerza?

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Limitaciones al poder:  Separación y equilibrio de poderes, Estado de Derecho y control político.

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Limitaciones al poder:  Separación y equilibrio de poderes, Estado de Derecho y control político.

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8. ¿Existe una clara división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, con mecanismos efectivos de control y equilibrio entre ellos?

9. ¿Cuál es el papel de la oposición en el proceso legislativo y cómo se asegura su participación activa en la toma de decisiones?

10. ¿Existen restricciones legales o prácticas que limiten la formación y participación de nuevos partidos políticos en el sistema político?

11. ¿Se garantiza la independencia y la imparcialidad del poder judicial?

12. ¿Pueden los partidos de oposición (aquellos que no están en el partido en el poder o en la coalición) ejercer funciones de supervisión e investigación en contra de los deseos del partido en el poder o la coalición?

13. ¿Se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del gobierno, incluido el poder judicial?

14. ¿En qué medida se permite a los partidos, incluidos los de oposición, formarse y participar en elecciones?

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Uruguay es una república democrática presidencialista.

Características:

El Presidente de la República es el jefe de Estado y de gobierno, y es elegido por votación popular directa para un mandato de cinco años, con posibilidad de una sola reelección.

El Poder Legislativo está compuesto por la Asamblea General, un cuerpo bicameral formado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes.

El Poder Judicial es independiente de los otros dos poderes del Estado y está integrado por la Suprema Corte de Justicia y tribunales inferiores.

Fuentes:

Wikipedia: Política de Uruguay: https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay

Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL: Sistema político electoral de Uruguay: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10881

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Aspectos adicionales:

Uruguay es considerado uno de los países con mayor estabilidad democrática en América Latina.

El país ha sido elogiado por su sistema electoral transparente y competitivo, así como por su alto nivel de participación ciudadana.

Uruguay también ha avanzado en materia de derechos humanos y libertades civiles.

Fuentes:

Índice de Democracia 2021 de The Economist: https://www.economist.com/graphic-detail/2024/02/14/four-lessons-from-the-2023-democracy-index

Informe 2023 de Freedom House sobre Libertad en el Mundo: https://freedomhouse.org/

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¿Existe una clara división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, con mecanismos efectivos de control y equilibrio entre ellos? Uruguay cuenta con una separación de poderes bien definida. El poder ejecutivo está encabezado por el Presidente (y consejo de ministros), quien es elegido por un periodo de cinco años y no puede ser reelecto consecutivamente. El poder legislativo compuesto por la Asamblea General (129 miembros) la cual es bicameral, compuesto por la Cámara de Senadores (30) y la Cámara de Representantes (99), ambos también elegidos por periodos de cinco años mediante representación proporcional. El poder judicial es independiente y está encabezado por la Suprema Corte de Justicia​ (Wikipedia)​​ (Cambridge)​.

La Constitución y diversas leyes establecen mecanismos para garantizar la separación e independencia de los poderes, así como el equilibrio entre ellos. Entre estos mecanismos se encuentran:

El sistema de pesos y contrapesos, que permite a cada poder controlar y limitar las acciones de los demás.

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia.

La facultad del Parlamento de censurar a los ministros del Consejo de Ministros.

¿Cuál es el papel de la oposición en el proceso legislativo y cómo se asegura su participación activa en la toma de decisiones? La oposición en Uruguay juega un rol crucial en el proceso legislativo. Los partidos de oposición pueden presentar proyectos de ley, participar en debates y formar parte de comisiones legislativas. Además, la estructura de representación proporcional asegura que los partidos minoritarios tengan voz y voto en el parlamento, lo cual facilita una participación activa y balanceada en la toma de decisiones

Algunos mecanismos de participación:

La representación proporcional en las comisiones parlamentarias.

El derecho a interpelar a los ministros del Consejo de Ministros.

La posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad.​ (Wikipedia)​​ (House of Commons Library)​.

¿Existen restricciones legales o prácticas que limiten la formación y participación de nuevos partidos políticos en el sistema político? En Uruguay, no existen restricciones legales significativas que impidan la formación de nuevos partidos políticos. La ley electoral permite y facilita la creación de partidos nuevos siempre que cumplan con ciertos requisitos básicos, como la recolección de firmas de apoyo. Esto asegura un sistema político dinámico y competitivo​ (Lloyds Bank Trade)​.

¿Se garantiza la independencia y la imparcialidad del poder judicial? La independencia del poder judicial está garantizada por la Constitución. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son nombrados por la Asamblea General y su permanencia en el cargo está protegida para evitar influencias externas. Este diseño institucional asegura la imparcialidad y la equidad en la administración de justicia​ (Wikipedia)​​ (Justia Law)​.

¿Pueden los partidos de oposición (aquellos que no están en el partido en el poder o en la coalición) ejercer funciones de supervisión e investigación en contra de los deseos del partido en el poder o la coalición? Los partidos de oposición tienen la capacidad de ejercer funciones de supervisión e investigación, incluso en contra de los deseos del partido en el poder. Esto incluye la creación de comisiones investigadoras y la fiscalización de las acciones del ejecutivo, lo que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas​ (BTI 2024)​.

¿Se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del gobierno, incluido el poder judicial? Uruguay promueve la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones gubernamentales. Existen leyes de acceso a la información pública y mecanismos de auditoría que aseguran que las acciones del gobierno sean monitoreadas y evaluadas regularmente. Esto incluye tanto al poder judicial como al legislativo y ejecutivo​.

Existen diversas instituciones encargadas de velar por la transparencia y la rendición de cuentas, como la Unidad de Acceso a la Información Pública y la Corte de Cuentas de la República.

Si bien se han logrado avances importantes, aún existen desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas, como la falta de acceso a cierta información y la baja participación ciudadana en los mecanismos de control.

(BTI 2024)​.

¿En qué medida se permite a los partidos, incluidos los de oposición, formarse y participar en elecciones? Todos los partidos, incluyendo los de oposición, tienen derecho a formarse y participar en las elecciones. El sistema electoral basado en representación proporcional garantiza que todos los partidos tengan una oportunidad justa de competir y obtener representación en el parlamento​ (Wikipedia)​​ (Lloyds Bank Trade)​.

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¿Cómo se protegen los derechos de la oposición para expresar críticas y disentir del gobierno sin temor a represalias? Los derechos de la oposición en Uruguay están protegidos, permitiendo expresar críticas y disentir del gobierno sin temor a represalias. La libertad de expresión y la participación política están garantizadas por la Constitución y se practican activamente en el sistema político​ (Amnesty International)​.

¿Se garantiza el respeto a los derechos individuales y las libertades civiles?

Marco legal: La Constitución y diversas leyes garantizan una amplia gama de derechos individuales y libertades civiles, como la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación.

Instituciones: Existen diversas instituciones encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desafíos: Si bien se han logrado avances importantes, aún existen desafíos en materia de derechos humanos, como la discriminación hacia ciertos grupos minoritarios y la violencia contra las mujeres.

¿Existe un sistema legal claro y predecible, basado en la Constitución y las leyes, que se aplique de manera uniforme para todos los ciudadanos?

Estado de Derecho: Uruguay es un Estado de Derecho, lo que significa que todas las personas están sujetas a la ley y que la ley se aplica de manera uniforme para todos.

Independencia judicial: El poder judicial es independiente de los otros poderes del Estado y goza de gran prestigio.

Acceso a la justicia: Todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia para defender sus derechos.

¿Se respetan y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los grupos minoritarios y vulnerables?

Ratificación de tratados internacionales: Uruguay ha ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Instituciones nacionales: El país cuenta con diversas instituciones nacionales de derechos humanos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Desafíos: Si bien se han logrado avances importantes, aún existen desafíos en materia de derechos humanos, como la discriminación hacia ciertos grupos minoritarios y la violencia contra las mujeres.

¿Existe una prensa independiente y libre?

Libertad de prensa: La libertad de prensa está garantizada por la Constitución y existe una amplia diversidad de medios de comunicación en el país.

Protección a los periodistas: Los periodistas están protegidos por la ley y pueden realizar su trabajo sin temor a represalias.

Desafíos: Si bien la libertad de prensa es fuerte en Uruguay, existen algunos desafíos, como la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la presión del poder político sobre los medios.

¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil pueden formarse y operar libremente?

Libertad de asociación: La libertad de asociación está garantizada por la Constitución y existe un gran número de organizaciones de la sociedad civil en el país.

Financiamiento: Las organizaciones de la sociedad civil pueden acceder a financiamiento de diversas fuentes, tanto públicas como privadas.

Participación: Las organizaciones de la sociedad civil pueden participar activamente en la vida pública y contribuir a la elaboración de políticas públicas.

¿Se garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y expresar sus opiniones en público sin temor a represalias?

Libertad de reunión: La libertad de reunión está garantizada por la Constitución y las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente.

Protección a los manifestantes: Los manifestantes están protegidos por la ley y no pueden ser reprimidos por ejercer su derecho a la protesta.

Desafíos: Si bien el derecho a la manifestación pacífica está garantizado, en algunas ocasiones se han producido incidentes de violencia durante las protestas.

¿Se respetan los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y asociación durante las protestas, incluida la protección contra la violencia policial y el uso injustificado de la fuerza?

Libertad de expresión: Los manifestantes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones durante las protestas.

Libertad de asociación: Los manifestantes tienen derecho a asociarse libremente para organizar protestas.

Protección contra la violencia: Los manifestantes están protegidos contra la violencia policial y el uso injustificado de la fuerza.

Fuentes:

Constitución de la República Oriental del Uruguay: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion

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Los partidos son los principales mecanismos de representación.

La legislación Uruguaya habilita una serie de mecanismos para ejercerla como el referéndum para derogar leyes y el plebiscito para los casos de reforma constitucional.

En el Caso Uruguayo la democracia directa no puede ser promovida por el poder ejecutivo.

Uruguay es el país con mayor cantidad de ejercicios de democracia directa de América Latina.

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Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina

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Según diversas mediciones y análisis, Uruguay es uno de los países más democráticos de América Latina. Su proceso de redemocratización comenzó luego de la dictadura cívico-militar (1973-1985) impuesta tras un periodo de conflictos sociales y altos niveles de polarización y de violencia política -tanto de sectores de izquierda como de derecha-. Los partidos siguen siendo los principales mecanismos de representación, aunque, al igual que en la mayoría de las democracias, disminuyó la adhesión ciudadana hacia ellos y aumentaron el descontento y la protesta. Pero, y aquí yace una de las particularidades de este pequeño país de América del Sur, parte de ese descontento se canalizó a través de las iniciativas de democracia directa. La legislación uruguaya habilita una serie de mecanismos para ejercerla, con el referéndum como figura central, tanto para aprobar como para derogar leyes, y el plebiscito para los casos de reforma constitucional.

Uruguay es el país con mayor cantidad de ejercicios de democracia directa en América Latina y el país de la región que más tempranamente la incorporó y la ejerció en el nivel nacional. Y un dato adicional: la inclusión de mecanismos de democracia directa se realizó en un contexto de ampliación y posterior consolidación de la democracia y no de crisis de representación. Los partidos políticos, artífices de esa democracia, operaron en un sistema pluralista y tuvieron un alto grado de existencia organizacional, implantación social y continuidad histórica. En definitiva, la inclusión de la consulta y de la iniciativa popular contribuyó a un uso eficaz de la voz, evitando así la salida y reforzando la voz y la lealtad hacia los partidos políticos y las decisiones tomadas por ellos, siguiendo la teoría de Albert Hirschman. En el caso uruguayo, a diferencia de otros países, la democracia directa no puede ser promovida por el Poder Ejecutivo (el presidente no puede convocar referendos) y no existen limitaciones ni restricciones respecto de los temas que pueden ser propuestos por la ciudadanía.

La democracia directa tiene larga data en el caso uruguayo. Sin embargo, a partir de 1989 adquirió una característica muy diferente: pasó a ser una herramienta de protesta -e incluso de "amenaza"- para (intentar) derogar leyes aprobadas en el Parlamento y para promover iniciativas de reforma constitucional. Nuestra hipótesis es que la democracia directa contribuyó a descomprimir el malestar y a darle cauce institucional a la protesta, evitando los estallidos sociales, democratizando el debate y, eventualmente, derogando leyes o favoreciendo su aprobación. Pero, al mismo tiempo, ha generado amplios debates ciudadanos. En un contexto de fuerte descontento social y gran pesimismo político, la democracia directa reaparece en el debate político y constitucional como una posibilidad de contribuir a reducir la distancia entre la ciudadanía y las elites políticas, entre las necesidades sociales y la agenda gubernamental. Y la experiencia uruguaya puede ayudar a aterrizar el debate.

Una larga tradición

La aprobación parlamentaria de la llamada Ley de Caducidad Punitiva del Estado (ley Nº 15.848 de 1986), una suerte de amnistía a los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, puso en marcha -por primera vez en la historia uruguaya- el mecanismo de referéndum en 1989. Y aunque no logró el resultado esperado por las organizaciones de derechos humanos -no se consiguió la mayoría para derogar la ley-, generó un debate inédito en Uruguay respecto al régimen dictatorial, las torturas y las desapariciones. El debate volvería a darse en un nuevo intento por modificar la misma ley en 1996. Todo ello contribuiría a mantener una conciencia ciudadana respecto a las violaciones a los derechos humanos que se refleja en cada multitudinaria Marcha del Silencio en Montevideo y en otras ciudades del país, en las que se conmemora el 20 de mayo. Estas marchas convocan no solo a quienes sufrieron directa o indirectamente la dictadura, sino especialmente a las generaciones más jóvenes, quienes justamente defienden los derechos humanos desde una concepción mucho más amplia que la de sus padres.

Con relación a las privatizaciones, también la sociedad se mantuvo alerta y en contra de las reformas liberalizadoras, en parte por conocer bien los efectos privatizadores en la vecina Argentina, que derivaron en el aumento del precio de los servicios públicos y no necesariamente en su mejoría. Pero también tiene un peso el carácter "estatista" de la sociedad uruguaya, que defiende las empresas públicas no solo por su buen funcionamiento, sino por valoraciones que trascienden los aspectos puramente económicos. El referéndum por iniciativa ciudadana sirvió para frenar de forma parcial la ley de privatizaciones (ley No 16.211 de 1991), y en iniciativas sucesivas se puso freno a los diversos intentos en el mismo sentido (v. cuadro).

Hay también iniciativas ciudadanas que no alcanzan las firmas para impulsar la consulta o que no consiguen los votos requeridos, y casos en los que la iniciativa se abandona porque el Parlamento o el Poder Ejecutivo cambian su política frente a la demanda social. En el caso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley No 18.987 de 2012), en 2013 fracasó el intento de llevar a referéndum su derogación por la vía "rápida". Ello tuvo como efecto que no se volviera a plantear más la posibilidad de su derogación, lo que significó, de hecho, una nueva victoria de las organizaciones feministas. En 2019 ocurrió lo propio con el intento de llevar a consulta popular la derogación de la Ley Integral para Personas Trans (ley No 19.684 de 2018). Esas instancias terminaron legitimando las leyes en cuestión, que surgieron justamente de una intensa demanda social.

Distinto fue el caso de la Ley de Riego con Destino Agrario, de 2017, impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Esta medida fue cuestionada por varias organizaciones ambientalistas e incluso por legisladores del oficialismo, quienes impulsaron un referéndum por la vía "lenta", es decir que la ciudadanía tenía un año para juntar firmas de 25% del padrón electoral para promover directamente un referéndum. Sin embargo, al no contar con el activismo de la izquierda, que entonces estaba en el gobierno, no se llegó a reunir las firmas requeridas. De cualquier manera, el malestar con este tipo de leyes y con las políticas que afectan el ambiente quedó de manifiesto y volvería a estar presente en otras oportunidades. Hay sectores sociales, todavía minoritarios, preocupados por recursos no renovables, como el agua, y en general por el ambiente y el cambio climático. Estos temas forman parte de esta nueva intersubjetividad que está presente especialmente en los movimientos sociales, pero también en las generaciones más jóvenes.

Tampoco han sido suficientes (hasta ahora) las firmas de los activistas de "Uruguay soberano" que buscan limitar y transparentar los acuerdos de los gobiernos con las empresas extranjeras que explotan recursos naturales en el país, para obligar a que esos acuerdos deban ser aprobados por el Parlamento.

La Ley de Urgente Consideración (luc) en contexto pandémico

El 23 de abril de 2020, a 100 días del inicio del gobierno de la Coalición Multicolor (de centroderecha), liderada por Luis Lacalle Pou, y en un contexto de crecimiento exponencial de casos de covid-19 y de extrema incertidumbre respecto al futuro, el Poder Ejecutivo puso a consideración del Parlamento una ley de urgente consideración (luc). Ese carácter, derivado del inciso 7 del artículo 168 de la Constitución, supone que la propuesta debe ser discutida y resuelta por los parlamentarios en 90 días; de lo contrario, se considera aprobada.

Desde la reinstauración de la democracia en 1984, solo se apeló a esa figura en 13 ocasiones y para aprobar políticas puntuales. En este caso, se trató de una ley "ómnibus", pues abarcó al menos 15 temas diferentes, en 502 artículos, que modificaban unas 50 normas referidas a seguridad, educación, alquiler de viviendas, adopción de personas, privatización de servicios públicos e inclusión financiera, entre otros temas relevantes. En los aspectos económicos da un giro liberal, restringe el rol del Estado; en relación con la educación y otras áreas sociales, reduce y limita el papel de las organizaciones sindicales, y en términos de seguridad, aumenta el punitivismo, especialmente respecto a los delitos sobre la propiedad, pero también a las protestas sociales.

Si bien la versión original de la ley tuvo modificaciones a medida que avanzó su debate en las comisiones del Parlamento y se escucharon diversas voces de las organizaciones de la sociedad civil y de la propia coalición gobernante, que objetó aspectos sustantivos de la luc, lo cierto es que esta conlleva una serie de modificaciones que afectan incluso los derechos humanos. Así lo afirmó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en su último informe.

Aunque el contexto pandémico impedía la realización de manifestaciones públicas contra la ley, hubo protestas en las calles y voces opositoras en medios y redes. Con los votos de los integrantes de la coalición -y en algunos artículos, también con los votos de la oposición-, la luc fue aprobada el 8 de julio de 2020 con escaso debate en el Parlamento y fuera de él. Pero la reacción social operó incluso en el contexto pandémico. Y allí aparecieron a la mano, nuevamente, los mecanismos de la democracia directa.

Así como en 1992 el sindicato Federación ancap (que agrupa a empleados de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) tuvo un rol central, esta vez el secretariado del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (pit-cnt), la entidad sindical matriz en Uruguay, ha venido desplegando una campaña contra la ley por sus efectos privatizadores sobre diversas empresas estatales. Lo novedoso en esta oportunidad es que las mujeres entraron en escena a través de la Intersocial Feminista. Fueron ellas quienes defendieron el referéndum y rechazaron la inclusión de ciertos artículos referidos a seguridad -al igual que lo hizo cada sector social- y la negociaron con el Frente Amplio, que inicialmente se opuso a la propuesta de activar la democracia directa, en parte por temor a no alcanzar las firmas requeridas y también porque algunos sectores de izquierda son reacios al ejercicio de la democracia directa y en general a la participación ciudadana más allá del voto.

La gran mayoría de los analistas políticos y casi todos los políticos -en especial los del Frente Amplio- vaticinaron la derrota de la iniciativa. El contexto de pandemia, la alta popularidad del presidente Lacalle Pou, la escasa información pública sobre la luc y sobre la recolección de firmas y un Frente adormecido tras su derrota electoral luego de 15 años consecutivos en el poder (2005-2020) no parecían el mejor escenario para recoger las 700.000 firmas necesarias para activar la consulta. Sin embargo, una vez que se llegó a un acuerdo y la campaña se inició, la movilización del sindicalismo, de las organizaciones sociales y del Frente Amplio le dieron visibilidad a la campaña. A juzgar por los datos, la coalición de izquierda habría aportado más de la mitad de las firmas, y el sindicalismo y las organizaciones, el resto; lo que habla de la centralidad de la militancia frenteamplista, pero también de una necesidad mutua entre movimientos sociales y partidos. En este caso, la iniciativa surgió a pesar de los líderes del Frente Amplio. Es decir, las organizaciones sindicales y sociales les impusieron a los frenteamplistas agenda, pero sin este actor político no se habría alcanzado la meta.

Este referéndum tuvo características inéditas (al momento de escribir este artículo, la campaña electoral entre el "Sí" y el "No" se encontraba en pleno desarrollo). Las firmas debieron juntarse en el peor momento de la pandemia en Uruguay: entre los primeros días de enero y el 8 de julio de 2021, cuando la cantidad de personas fallecidas, internadas y contagiadas llegaba a su récord histórico. Durante ese lapso estuvieron prohibidas las aglomeraciones, los actos públicos, los espectáculos, los partidos de fútbol, los recitales, los debates públicos presenciales... es decir, todos los eventos sociales en los que se suele juntar firmas. Las coordinadoras por la derogación total y parcial solicitaron una prórroga para obtener un plazo mayor, que les fue denegada. Además, los principales medios de comunicación tendieron a ignorar la campaña de recolección de firmas, aunque en los barrios y en las principales avenidas se notaba un número cada vez mayor de activistas, que con el tiempo se hicieron más visibles, tanto que, finalmente, terminaron siendo noticia.

Para el 8 de julio, se habían reunido más de 800.000 firmas, una cifra inesperada incluso para las propias activistas. La Corte Electoral convocó a la ciudadanía para el 27 de marzo de este año para que se expresara a favor o en contra de la derogación de la luc. Aunque en esta oportunidad (única en Uruguay), la ciudadanía debe aprobar o rechazar la derogación in totum de 135 artículos, lo cual es muy complejo por la diversidad de temas en juego y la imposibilidad de aprobar unos y rechazar otros, las personas se empezaron a informar y a debatir sobre los temas, y esto sin duda contribuye a la democratización de las decisiones políticas y a una mejora de la conversación pública.

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Democracia directa y movilización social: lo que nos muestra Uruguay | Nueva Sociedad

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Además de por su estabilidad política, Uruguay es conocido por sus mecanismos de democracia directa. Más allá de los resultados concretos en cada caso, las iniciativas ciudadanas, casi siempre coordinadas con partidos políticos, dan densidad a la conversación pública y canalizan la movilización por vías institucionalizadas.

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Constitución y Leyes: La Constitución uruguaya y leyes específicas garantizan la libertad de expresión, prensa y asociación.

Poder Judicial Independiente: Un sistema judicial autónomo que protege los derechos civiles y políticos.

Igualdad Ante la Ley: Un estado de derecho que asegura la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Leyes de acceso a la información y órganos de control como la Corte de Cuentas promueven la transparencia.

Participación Política: Un sistema multipartidista y elecciones libres y justas garantizadas por la Corte Electoral.

Libertad de Prensa y Sociedad Civil: Medios independientes y organizaciones de derechos humanos que vigilan y denuncian violaciones de derechos

Fuente: Corte Electoral de Uruguay: Sitio Oficial de la Corte Electoral

Freedom House: Reporte sobre Uruguay 2023: Freedom House 2023

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Elecciones periódicas y regulares: Uruguay celebra elecciones nacionales cada cinco años para elegir al Presidente, Vicepresidente, Senadores y Representantes. Las elecciones departamentales también se realizan cada cinco años para elegir intendentes y juntas departamentales (GUB)​.

Sistema electoral autónomo: La Corte Electoral es un organismo independiente encargado de supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales. Esta entidad asegura la legalidad de las elecciones y previene el fraude electoral​ (Wikipedia)​​ (GUB)​.

Independencia y equidad: La Corte Electoral garantiza la independencia y la imparcialidad en los procesos electorales, asegurando condiciones equitativas para todos los partidos políticos.

Participación de múltiples partidos: Uruguay permite la participación de múltiples partidos políticos, los cuales compiten libremente en las elecciones. La ley electoral asegura una distribución equitativa de los recursos y acceso a los medios de comunicación durante las campañas​ (MercoPress)​ (GUB)​.

Participación de la sociedad civil: Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel activo en la observación y supervisión de los procesos electorales, contribuyendo a la transparencia y legitimidad de las elecciones (GUB)​. Abrelatam/Condatos celebró su primera década en Montevideo. Miembros nacionales en el Steering Committee de OGP (Open Government Partnership).

Garantías constitucionales y legales: La Constitución y las leyes uruguayas proporcionan garantías para la realización de elecciones libres y justas, permitiendo una competencia electoral democrática y equitativa​ (Wikipedia)​(GUB)​.

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Un jardín de infantes en Melo y dos liceos, uno en Isidoro Noblía y otro en Tupambaé, son los proyectos que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) inaugurará entre el 6 y el 7 de junio en Cerro Largo, tras una inversión que supera los 180.000.000 de pesos. La presidenta del organismo, Virginia Cáceres, afirmó que disponer de centros de calidad al servicio de la actividad pedagógica jerarquiza las comunidades.

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División de poderes: Existe una clara división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con mecanismos efectivos de control y equilibrio entre ellos. El Parlamento y el Poder Judicial operan como contrapesos al poder ejecutivo​ (GUB)​.

Participación de la oposición: La oposición tiene un papel activo en el proceso legislativo, con participación en comisiones parlamentarias y mecanismos de consulta que aseguran su influencia en la toma de decisiones​ (GUB)​​ (GUB)​.

Restricciones legales: No existen restricciones significativas para la formación y participación de nuevos partidos políticos, lo que fomenta un sistema pluralista y democrático​ (GUB)​(Wikipedia)​.

Independencia judicial: El Poder Judicial en Uruguay es independiente, lo que garantiza la imparcialidad en la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos​ (GUB)​.

Transparencia y rendición de cuentas: Se promueve la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del gobierno, incluyendo mecanismos de auditoría y control que aseguran la integridad de las funciones gubernamentales​ (GUB)​(Wikipedia)​.

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Protección de la oposición: Los derechos de la oposición para expresar críticas y disentir del gobierno están protegidos, asegurando un ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones​ (GUB)(CIA)​.

Respeto a derechos y libertades: Uruguay garantiza el respeto a los derechos individuales y las libertades civiles. El sistema legal es claro y predecible, basado en la Constitución y las leyes, aplicable de manera uniforme para todos los ciudadanos​ (GUB)(MercoPress)​.

Derechos humanos y libertades fundamentales: Los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los grupos minoritarios y vulnerables, son respetados y protegidos​ (GUB)​(Wikipedia)​.

Prensa independiente: El país cuenta con una prensa independiente y libre, esencial para la vigilancia del poder y la información pública​ (GUB)(MercoPress)​. Existen medios de comunicación independientes como La Diaria, quienes representan a un gran grupo de la ciudadanía.

Organizaciones de la sociedad civil: Las organizaciones de la sociedad civil pueden formarse y operar libremente, contribuyendo a la vigilancia y defensa de los derechos ciudadanos​ (GUB)(CIA)​. Organizaciones civictech como DATA Uruguay colaboran en proyectos con el fin de generar valor público en la ciudadanía y el gobierno.

Derecho a manifestarse: Los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse pacíficamente y expresar sus opiniones en público sin temor a represalias. Se respetan los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y asociación durante las protestas​ (GUB)​​ (GUB)​.

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Factores que contribuyen a la mejora de la democracia:

1. Transparencia y rendición de cuentas: Es vital que los gobiernos sean transparentes en sus acciones y rindan cuentas a la ciudadanía. Esto incluye la publicación de información pública y datos abiertos.

2. Participación ciudadana: La inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones fortalece la democracia. El paradigma de gobierno abierto tiene herramientas bien utilizadas en Uruguay.

3. Educación cívica: Una población informada y educada es fundamental para una democracia robusta. La educación cívica debe ser accesible y continua, promoviendo el entendimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

Acciones concretas desde organizaciones civictech/empresas de tecnología social:

1. Desarrollo de plataformas de participación ciudadana: Implementar aplicaciones móviles que permitan a los ciudadanos reportar problemas locales y seguir el progreso de las soluciones propuestas. Un ejemplo es PorMiBarrio, desarrollado por DATA y un prototipo de una aplicación ciudadana que desarrollamos con Govtech Perú para Magdalena del Mar en 2021, resultados expuestos en el Smart City Expo World Congress en Barcelona.

2. Educación cívica digital: Desarrollar programas y aplicaciones educativas que enseñen sobre los derechos y responsabilidades cívicas, utilizando métodos interactivos y gamificación. Un ejemplo es DerechosDeEstudiantes y ElijoEstudiar, ambos proyectos desarrollados por DATA. Otro ejemplo puede ser un proyecto que trabajamos en colaboración a Colombia Diversa, con el fin de dar a conocer las decisiones judiciales sobre población

LGBTIQ+ en Colombia.

3. Desarrollo de portales de riesgo político y de compras públicas: Colaboración con Fundación Ciudadanía y Desarrollo para portal de banderas rojas de contrataciones públicas en Ecuador. Implementación de monitores de riesgo político para vigilia ciudadana: Integrity Watch en Europa. Ambos proyectos desarrollados sobre la base de fuentes públicas, vía portales de datos abiertos, de contratación abierta, de solicitudes de acceso a la información o colaboración con otras organizaciones de sociedad civil.

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¿Cómo se protegen los derechos de la oposición para expresar críticas y disentir del gobierno sin temor a represalias?

Se permite la oposición y puede participar en todos los procesos electorales.

¿Se garantiza el respeto a los derechos individuales y las libertades civiles?

Se respetan los derechos individuales y libertades civiles como la libertad de expresión, asociación y religión. Asimismo, se protege a los grupos vulnerables y minoritarios.

¿Existe un sistema legal claro y predecible, basado en la Constitución y las leyes, que se aplique de manera uniforme para todos los ciudadanos?

Si, las leyes del país aplican de manera uniforme a todos los ciudadanos.

¿Se respetan y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los grupos minoritarios y vulnerables?

Si, existen protecciones a los grupos minoritarios y vulnerables, siendo Uruguay uno de los países más progresistas de la región.

¿Existe una prensa independiente y libre?

La prensa es libre e independiente sin censura o control por parte del gobierno.

¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil pueden formarse y operar libremente?

En toda medida, no hay limitante alguna ya que la libertad de asociación se encuentra definida en la Constitución.

¿Se garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y expresar sus opiniones en público sin temor a represalias?

Si, no hay impedimiento alguno para la protesta pacífica.

¿Se respetan los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y asociación durante las protestas, incluida la protección contra la violencia policial y el uso injustificado de la fuerza?

La libertad de expresión y asociación se encuentran protegidas en la Constitución así como la protección contra la violencia policial y el uso injustificado de la fuerza.

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Democracia Directa

Uruguay destaca por sus mecanismos de democracia directa, que permiten a los ciudadanos participar activamente en decisiones políticas. Esto incluye referendos para derogar leyes, plebiscitos para reformar la Constitución e iniciativas populares para proponer leyes o cambios constitucionales​ (Academia Lab)​.

En resumen, Uruguay tiene un régimen político democrático consolidado, con una clara separación de poderes y una fuerte participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones políticas. Esta estructura ha permitido que el país se mantenga como una de las democracias más estables de América Latina​ (El País)​​ (InfoGobierno)​.

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DIVISION DE PODERES: En Uruguay existe una clara división de poderes, que es una característica fundamental de su régimen político democrático. Esta división está establecida en la Constitución y se implementa a través de los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, quien actúa como jefe de Estado y jefe de Gobierno. El Presidente es elegido por voto popular para un período de cinco años y no puede ser reelegido de inmediato. Junto al Presidente, el Consejo de Ministros, cuyos miembros son nombrados por él, se encarga de las funciones administrativas del gobierno​ (InfoGobierno)​​ (Academia Lab)​.

Poder Legislativo

El Poder Legislativo de Uruguay es bicameral y está compuesto por la Asamblea General, que incluye la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. La Cámara de Representantes tiene 99 miembros elegidos por representación proporcional para un período de cinco años, mientras que la Cámara de Senadores tiene 31 miembros, incluyendo al Vicepresidente de la República, quien preside esta cámara​ (Embajada de Uruguay)​​ (Academia Lab)​.

Poder Judicial

El Poder Judicial es independiente y está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Corte Suprema son nombrados por la Asamblea General para un período de diez años. Este poder es responsable de interpretar y aplicar la ley, así como de juzgar la constitucionalidad de las leyes y actos del gobierno. Además de la Corte Suprema, el sistema judicial incluye Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y Juzgados de Paz​ (InfoGobierno)​​ (Embajada de Uruguay)​​ (Academia Lab)​.

Principios Constitucionales

La Constitución uruguaya establece claramente la separación de poderes y sus funciones específicas, asegurando un sistema de pesos y contrapesos que previene el abuso de poder y mantiene el equilibrio democrático. Cada poder tiene autonomía para desempeñar sus responsabilidades y está sujeto a mecanismos de control y supervisión por los otros poderes​ (InfoGobierno)​​ (Embajada de Uruguay)​.

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Para mejorar la democracia en Uruguay, se pueden implementar varias estrategias clave:

1. Fortalecimiento de las instituciones democráticas: Aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y realizar reformas electorales.

2. Fomento de la participación ciudadana: Incentivar la participación activa de los ciudadanos y mejorar la educación cívica.

3. Inclusión y equidad: Reducir la desigualdad social y fortalecer los derechos humanos.

4. Tecnología y modernización: Digitalizar y modernizar el estado mientras se protege la privacidad y la seguridad digital.

5. Medios de comunicación: Proteger la libertad de prensa, apoyar medios independientes y combatir la desinformación.

Acciones Concretas:

1. Acción para el Gobierno: Implementar una plataforma de participación ciudadana digital

Descripción: Desarrollar e implementar una plataforma digital que permita a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones gubernamentales. Esta plataforma podría incluir herramientas para referendos, consultas públicas y la presentación de iniciativas populares.

Objetivo: Facilitar y fomentar la participación ciudadana directa, aumentando la transparencia y la inclusión en los procesos democráticos.

Referencia: La necesidad de fortalecer la participación ciudadana y modernizar el estado mediante la digitalización​ (Academia Lab)​.

2. Acción para las Organizaciones de la Sociedad Civil: Programas de educación cívica

Descripción: Las ONG y las instituciones educativas pueden desarrollar e implementar programas de educación cívica dirigidos a todas las edades, especialmente enfocados en jóvenes y comunidades marginadas. Estos programas pueden incluir talleres, cursos y campañas de concientización sobre derechos y deberes democráticos.

Objetivo: Incrementar el conocimiento y la participación activa de los ciudadanos en la democracia, promoviendo una cultura política más informada y comprometida.

Referencia: La importancia de la educación cívica para mejorar la participación ciudadana y fortalecer la democracia​ (El País)​​ (Academia Lab)​.

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23. Factores que podrían contribuir a la mejora de la democracia (o transición hacia ella) y formulación de acciones concretas pensadas para dos actores.

24. Presentación estratégica de propuestas.

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Acceso al gobierno y poder político: Elecciones libres, limpias, justas y competitivas, y alternancia en el poder.

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Acceso al gobierno y poder político: Elecciones libres, limpias, justas y competitivas, y alternancia en el poder.

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1. ¿Se realizan elecciones periódicas y regulares para elegir a los representantes del gobierno?

2. ¿Se cuenta con un sistema electoral autónomo e independiente para prevenir y sancionar el fraude electoral y otras irregularidades?

3. ¿Se garantiza la independencia y la imparcialidad de las instituciones electorales para asegurar la equidad en los procesos electorales?

4. ¿Se permite la participación de múltiples partidos políticos en las elecciones y que estos compitan libre y justamente?

5. ¿Se permite la participación activa de la sociedad civil en la observación y supervisión de los procesos electorales?

6. ¿Existen garantías constitucionales y legales para la celebración de elecciones libres y justas?

7. ¿Qué mecanismos existen para garantizar que los partidos de oposición tengan acceso equitativo a los recursos y medios de comunicación durante las campañas electorales?

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Satisfacción de la democracia (69%) Fuente: LAPOP - Barómetro de las Américas

Índice de Democracia (14°) Fuente: The Economist

IPC: Corrupción en Uruguay (16%) Fuente: Transparencia Internacional

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El índice de calidad democrática de ‘The Economist’ destaca la estabilidad del país sudamericano gracias a un sistema de partidos fuerte que “evita la emergencia de líderes populistas y desviaciones autoritarias” https://elpais.com/america/2024-02-21/es-uruguay-la-democracia-mas-solida-de-america-latina.html