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La violencia sexual es una violación grave de los derechos humanos y un problema de salud pública que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Tiene consecuencias físicas, emocionales, sociales y reproductivas que requieren una atención integral, humanizada y libre de prejuicios. Este protocolo busca garantizar una respuesta adecuada por parte de los servicios de salud.

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Aprobada mediante la R.M. N° 649-2020-MINSA, esta norma técnica establece lineamientos para la atención integral de personas afectadas por violencia sexual.
Se centra especialmente en grupos vulnerables: niñas/os, adolescentes, personas con discapacidad, LGTBI, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Incluye medidas como: entrega de AOE, medicamentos contra ITS, profilaxis VIH, y guía para aborto terapéutico.

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Las víctimas deben ser escuchadas y participar activamente.

Atención sin discriminación, con trato digno y confidencial.

Garantía de consentimiento informado y acceso a servicios integrales.

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Capacitación obstétrica especializada en violencia sexual.

Participación del obstetra como primer respondedor.

Elaboración de materiales de apoyo multilingües.

Activación de redes intersectoriales desde el primer nivel.

Seguimiento físico y emocional de las víctimas.