# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Natalia Landauro Quinteros, abogada de la Universidad de Chile, co-directora de la Comisión de Derecho del Trabajo de ABOFEM Chile.
La invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados no es nada nuevo en nuestro país. Tenemos cifras oficiales desde el año 2015, gracias a la primera -y única- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (realizada por el INE): ella expuso que, en una semana de lunes a domingo, las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados más de 40 horas (adicionales a su trabajo remunerado), en tanto que los hombres no llegan a 20. Un estudio de Fundación Sol de este año nos confirma que nada hemos avanzado en estos 6 años: por el solo hecho de que una mujer viva con su pareja, su carga general de trabajo aumenta entre 10 y 11 horas, y, si tiene hijos, se dedica en promedio 55 horas semanales a trabajos domésticos y de cuidado no remunerados.

Es claramente una doble jornada de trabajo, y las afectadas somos las mujeres. La división sexual del trabajo, en la mayoría de las sociedades, incluyendo a la chilena, sigue determinando la manera en que se relacionan ambos sexos. Comunidad Mujer, en su informe "Cuánto aportamos al PIB" de 2019, lo expresó claramente: la mujeres continúan responsabilizándose por las tareas domésticas y de cuidado por dos razones esenciales: la primera, a este trabajo -que no es considerado como tal- se le da un carácter obligatorio y desinteresado, una especie de aspiración a la que las mujeres estaríamos destinadas; la segunda, al ser un asunto privado, es considerado automáticamente un tema de mujeres, por lo que llevamos siglos subsidiando un valioso trabajo que repercute en el espacio público.

Y "repercutir" parece conservador. Este año el Banco Central estimó que para el año 2020, los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados aportaron el 25,6% del PIB, superando a cualquier otro sector de la economía.

Pero es trabajo invisible, infravalorado y femenino. Y nuestras autoridades necesitan darse cuenta.

Tenemos un Código del Trabajo que, en su artículo 203 establece la obligación de disponer de salas cunas en las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras, de cualquier edad o estado civil. Aquí resulta evidente que, para quienes legislan, el cuidado de las hijas e hijos se entiende como una función de la mujer, pues la cantidad de hombres en la empresa es irrelevante; patente es también la forma de evadir la norma.

El panorama es desalentador: tenemos a la mitad de la población del país trabajando gratuitamente durante una jornada completa o más; este trabajo subsidia a las otras ramas de la economía (¿se imaginan un mes sin mujeres?); y nuestras autoridades entienden que conciliar la vida laboral con la familiar significa otorgarle permisos a la mujer para que se encargue de la progenie.

Es gracias a las organizaciones civiles y su insistente activismo, que comienza a vislumbrarse esta realidad, tal como ocurrió en el pasado con la violencia intrafamiliar. Los trabajos domésticos y de cuidados son un tema que afecta a todas las personas, pues, por mucho que la actual Constitución declare que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, en la realidad, como señala la ecofeminista Yayo Herrero, nacemos vulnerables y distintos y, si la fortuna nos sonríe, y alguien nos cuida y dedica importantes esfuerzos humanos y materiales, puede que nos desarrollemos plenamente.

Y, como en decenas de otros temas, la Asamblea Constitucional es el espacio para dar a los trabajos domésticos y de cuidado el lugar que les corresponde. Hablamos de los cimientos de un nuevo paradigma, donde somos social, económica y ecológicamente interdependientes, ya sea de un ingreso, ya sea de un cuidado.

Y vamos bien. Dentro de las "Normas Básicas para el funcionamiento de la Convención" se recogió como objetivo de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior la propuesta de condiciones laborales para que los constituyentes y sus equipos tuvieren cobertura en materia de cuidados. Asimismo, el "Reglamento para el funcionamiento de nuevas comisiones", establece como objetivo específico de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial el establecer mecanismos y estrategias que aseguren la participación de sectores históricamente excluidos, entre ellos las cuidadoras y cuidadores informales de personas con dependencia. A la vez, la "Instrucción N°1 del Comité Externo de Asignaciones de la Convención", establece como principio programático respecto de las asignaciones de recursos públicos de la entidad, la perspectiva de cuidados, aunque deja su regulación a un instructivo aún pendiente.

Pero, con toda seguridad, la victoria más grande hasta el momento ocurrió a finales de agosto, con la "Propuesta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos", que colocó dentro de la lista de prioridades a discutir el Derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Lamentablemente, mientras celebramos estas victorias, ocurren hechos como el que motivó esta columna y nos hace cuestionar qué tanto hemos avanzado y cuántas décadas pretenden que las mujeres sigamos esperando para ser realmente iguales en dignidad y derechos, y es que, también a finales de agosto, sin previo aviso ni fundamentación, la guardería a disposición de constituyentes y equipos dejó de funcionar. ¿Por qué? No hubo manera de averiguarlo, el tema pasó desapercibido para la opinión pública, ni siquiera los propios constituyentes entendían la razón, sólo teníamos a principios de septiembre a la constituyente Bárbara Sepúlveda pidiendo explicaciones.

Es de público conocimiento que las instalaciones de dicha guardería eran, por decir lo menos, inadecuadas, pero es inaceptable que en lugar de una mejora o reestructuración se deje en el limbo de la incertidumbre a quienes no saben si tendrán con quien dejar a sus hijas e hijos para hacer su trabajo, trabajo puede ser la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico durante los próximos 40 años.

Una decisión como la anterior deja en evidencia la inexistente perspectiva de género de la que adolecemos como sociedad, y sobre todo la autoridad; una decisión como tal, no afecta igualmente a hombres y mujeres, lo sabemos. Es - a lo menos - incongruente que se nos hable de la perspectiva de cuidados como principio programático y a la vez se cierre el servicio de cuidado dentro de la Convención.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sindical.cl - OPINIÓN - Guardería constituyentes: de incongruencias y sinsabores

# data[].attributes.attachment_link.description
Natalia Landauro Quinteros, abogada de la Universidad de Chile, co-directora de la Comisión de Derecho del Trabajo de ABOFEM Chile. La invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados no es nada nuevo en nuestro país.

# data[].attributes.attachment_link.embed_code
View this post on Instagram

A post shared by Abogadas Feministas Chile (@abofemchile)

# data[].attributes.headline
Seminario "Dignidad e igualdad: mujer y el mundo del trabajo"

# data[].attributes.subject
Seminario "Dignidad e igualdad: mujer y el mundo del trabajo"

# data[].attributes.attachment_link.embed_code
Seminario Laboral Abofem

Posted by abofem on Tuesday, August 31, 2021

# data[].attributes.attachment_link.title
MMEG 2016 Documento Brechas, barreras e inequidades de género de mujeres, por Región

# data[].attributes.attachment_link.title
Sindical.cl - OPINIÓN - Mujer, trabajo y pandemia: un retroceso de 20 años

# data[].attributes.attachment_link.description
María José Escobar Opazo, abogada máster en derecho social y en derecho constitucional de la Universidad París 1 Panthéon Sorbonne. Integrante de la Comisión Derecho del Trabajo, Abofem Chile. "El Banco Central calcula que el valor del trabajo no remunerado en el hogar llega a 26% del PIB".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En el mundo del trabajo, la brecha de género se refleja en distintas problemáticas que han sido levantadas por diversos actores sociales desde hace ya varias décadas, como las campañas por la igualdad salarial, los currículums ciegos y las normativas tendientes a la armonización del trabajo con la vida familiar.

La segregación tanto horizontal como vertical que sufren las mujeres, está ligada a su rol reproductivo, a las tareas domésticas y a las labores de cuidado de personas dependientes. En todos estos casos operan multitud de prejuicios y estereotipos de género que solo profundizan la división sexual del trabajo y coartan su integración efectiva en el mercado laboral, incluso, antes de haber comenzado a transitar ese camino.

Esta es la cruda realidad de las mujeres y su integración social en Chile. Hoy más que nunca reivindicar sus derechos y fortalecer su rol como actor relevante en las decisiones de este nuevo proceso se convierte en una de las grandes tareas de quienes tendrán la misión de escribir la nueva Constitución que regirá el futuro de Chile para los próximos 40 años.
¿Cómo cree que el nuevo proceso constituyente podría abordar el reconocimiento del trabajo doméstico o de cuidados? ¿Cuáles son las esperanzas puestas en la nueva Constitución?
El reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y labores de cuidado, como una actividad productiva de interés y beneficio social, es de vital importancia para mejorar las condiciones de vida, subsistencia y proyección laboral de quienes desarrollan estas actividades, a saber, mayoritariamente mujeres. En cuanto a la forma en que este reconocimiento puede ser integrado a nivel constitucional, no tenemos que ir muy lejos, Bolivia, Venezuela y Ecuador, son ejemplos de ello.

Por primera vez hay tanto feminismo, ecofeminismo, ambientalismo, y demandas sociales representadas en este tipo de órgano. Esperamos que al menos se reconozca el valor productivo y social del trabajo doméstico y las labores de cuidado, que se le garantice la calidad de un trabajo digno y por tanto, una remuneración digna y seguridad social.

En cuanto a las brechas de género, esperamos la consagración del principio de igualdad en sus diferentes expresiones, y concretamente la consagración del principio de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, igualdad salarial e igualdad de oportunidades de capacitación. Para que estos anhelos no queden convertidos en poesía, es necesario que la Constitución señale cuáles órganos del Estado serán los encargados de implementar y promover la aplicación de estas políticas y la concreción de estos derechos.

¿Cómo podemos avanzar en la disminución de las brechas de género en el mundo del trabajo?

Nuestro primer objetivo tiene que ser, indudablemente, combatir los estereotipos de género. Con esto a la vista, es necesario transversalizar la capacitación en temáticas sobre igualdad en el mundo del trabajo, sobre todo respecto de empleadores - en general, gerencias, jefaturas, departamento de RRHH, etc.- ya que la primera valla que debemos sortear es la del acceso a los puestos trabajo, en otras palabras, igualdad de oportunidades.

También se hace imprescindible la proliferación, y aplicación efectiva, de legislación y políticas públicas que busquen establecer, entre otras cosas, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y que promuevan un cambio de paradigma respecto de quién se hace cargo del trabajo doméstico y las labores de cuidado, suprimiendo el estereotipo y la política capitalista de explotación gratuita de las mujeres.

¿Cuál es su análisis de la pandemia y el acceso y mantención del trabajo de las mujeres en Chile? ¿Cómo ha afectado a las mujeres la pandemia?

No hay duda de que las grandes perdedoras hemos sido nosotras, la pandemia no sólo ha venido a retrotraer nuestra participación laboral, sino que además ha agudizado nuestra esclavitud. Sin redes de apoyo comunitarias, familiares o incluso institucionales, debido al distanciamiento social, hemos sido nosotras solas las que hemos tenido que resolver, como circo pobre, cómo conciliar el trabajo o teletrabajo con el cuidado de niñas, niños, adolescentes, y otras personas dependientes, la tele educación y el trabajo doméstico, todo esto en espacios reducidos, en muchos casos en hacinamiento, y con prolongados tiempos de encierro obligado.

En estas condiciones, cada hora de la vida de una mujer constituye un trabajo, y las políticas que se han implementado no han podido hacerse cargo de esta realidad.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sindical.cl - Sofía Calderón, abogada y directora de la Comisión de Derecho del Trabajo, Abofem: "La Pandemia ha agudizado nuestra esclavitud"

# data[].attributes.attachment_link.description
En el mundo del trabajo, la brecha de género se refleja en distintas problemáticas que han sido levantadas por diversos actores sociales desde hace ya varias décadas, como las campañas por la igualdad salarial, los currículums ciegos y las normativas tendientes a la armonización del trabajo con la vida familiar.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La pandemia de coronavirus ("COVID-19) se tomó nuestro día a día. Como suele ocurrir frente a hechos que generan efectos jurídicos, las abogadas y abogados hemos debido estar a disposición de las necesidades y preguntas que desafían nuestra regulación y soluciones tradicionales. Ciertamente todos los ámbitos del derecho hacen notar nuevas aristas, pero no cabe duda que el Derecho del Trabajo hoy representa mayores desafíos.

La nueva Ley de Protección al Empleo se ha tomado la agenda, desplazando quizás una de las materias más relevantes en este tiempo, me refiero al deber de protección y cuidado del empleador y el estándar que debe cumplir.

En el Dictamen 1124-2020 de 16 de marzo de 2020, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), luego de que el Ministerio de Salud anunciara la entrada en fase 4 de la situación de contagio de COVID-19 en el país, determinó que las denuncias de enfermedad (DIEP) no podrían ser calificados como de origen laboral. Lo anterior, considerando que en esta etapa podría no tenerse suficiente seguridad respecto a la trazabilidad del contagio, no siendo posible así establecer de manera indubitable la exposición de tipo laboral. Sin perjuicio de ello, se omite señalar por la ya señalada institución que en las situaciones en que si se pudiera establecer dicha trazabilidad como de origen del trabajo, el caso podrá y debe ser calificado como de origen laboral, con la consecuente cobertura de las prestaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en armonía con oficios N°s 1.013 y N°1.081, del 5 y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

El artículo 7° de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establece que "Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte". De lo anterior se tiene que, indudablemente quienes a causa del trabajo (principalmente profesionales de la salud y trabajadores de servicios esenciales que deben continuar realizando sus labores), sufran contagio de Covid-19, deben ser beneficiados con el seguro y esta cobertura debe ser otorgada por las instituciones respectivas y respaldada por la autoridad. Si bien será complejo determinar si el contagio ocurre en el lugar o establecimiento de trabajo, bien puede ocurrir en los trayectos por ejemplo, al no desarrollarse por los empleadores medidas que permitan determinar la trazabilidad en forma inequívoca (medidas de prevención de contagio) y al no poder cumplir dichos trabajadores con la cuarentena u otras medidas de seguridad decretadas por la autoridad sanitaria, deberán asumirse los riesgos por los empleadores, y por tanto, la cobertura del seguro deberá ser otorgada a los trabajadores.

Al margen de esa calificación, cabe estacar que conforme al artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales", lo que se reconoce con el Deber de Cuidado del Empleador, en tanto dueño y organizador de la actividad laboral en ejercicio de las facultades que la ley le reconoce como tales. En otras palabras, corolario de la potestad de mando, dirección y disciplina, surge en la otra cara este deber de protección.

Esto implica que quien informa de los riesgos en la actividad laboral y a su vez establece las medidas de seguridad es el empleador y no puede hacerlo bajo cualquier estándar, necesariamente deberá hacerlo de manera diligente. Esa diligencia se agota con las medidas razonables y eficientes que sí logren, de manera eficaz, otorgar protección al trabajador.

Casos como el recientemente ocurrido en un lugar de ancianos en la comuna de Ñuñoa o los trabajadores de servicios esenciales que muchas veces no cuentan con medidas de higiene adecuadas (alcohol gel, guantes, mascarillas, desinfectantes, agua y jabón) o que pese a ser un grupo de riesgo (como ocurre con adultos mayores y embarazadas) continúan prestando sus servicios, nos debieran llevar a analizar el estándar de cuidado del empleador frente a la pandemia y sus efectos. Ello con independencia de la calificación de la enfermedad como de origen profesional, que solo tiene por objeto determinar la aplicación o no de los beneficios de la Ley 17.344, y eventualmente otorgar algún medio de prueba a los trabajadores y/o empleadores respecto las responsabilidades indemnizatorias que pudieran originarse a propósito de la relación laboral.

El incumplimiento contractual del empleador es en sí un ilícito de corte laboral que, de ser culpable y provocar perjuicios, hará surgir la responsabilidad civil. No se trata, en este caso en particular, solamente de incapacidad temporal para trabajar o la muerte, sino que hablamos de trabajadores contagiados que, pese a recuperarse, podrían ver mermada su capacidad pulmonar de por vida, como lo están afirmando los últimos estudios y declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. En este mismo sentido, la jurisprudencia ha adoptado esta posición con anterioridad a la emergencia del covid-19, cuestión que desde nuestra óptica debe seguir imperando. Así, el análisis criterio de nuestra judicatura a sostenido que " por derivar esta responsabilidad de un contrato bilateral, como lo constituye el contrato de trabajo, debe responder de la culpa leve, es decir, la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, debiendo probar esa diligencia o cuidado al que ha debido emplearla, en el caso sub-lite, el empleador " , quien define e implementa dichas medidas bajo su propio riesgo.

Situaciones como las que estamos observando dan cuenta de una falta de diligencia en el cuidado de los trabajadores. Descansar únicamente en las leyes y seguros sociales, al margen de los cuidados propios es un lamentable y grave error. Los empleadores deben tomar conciencia de que a futuro, son ellos quienes deberán acreditar haber tomado todas las medidas razonables para evitar el contagio y daño que el COVID-19 puede provocar, a propósito de la actividad laboral. Indiscutiblemente observaremos cómo se judicializarán las innegables consecuencias que a propósito del deber de cuidado y protección impuesta a los empleadores sobrevendrán con motivo de la Pandemia que nos afecta.
* Natalia Bravo Peña es Socia Directora de Bravo Abogadas. Abogada por la Universidad de Chile, también es Diplomada en Derecho Laboral y Litigación, Diplomada en Derecho Laboral y Derecho Sancionatorio por la misma casa de estudios. Candidata a Magíster Derecho Laboral en la Universidad de Talca. Directora de la Comisión de Derecho Laboral de las Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM).

# data[].attributes.attachment_link.title
Coronavirus y empleadores: no olvidar los deberes de cuidado y su estándar | EstadoDiario

# data[].attributes.attachment_link.description
"Casos como el recientemente ocurrido en un lugar de ancianos en la comuna de Ñuñoa o los trabajadores de servicios esenciales que muchas veces no cuentan con medidas de higiene adecuadas (alcohol gel, guantes, mascarillas, desinfectantes, agua y jabón) o que pese a ser un grupo de riesgo (como ocurre con adultos mayores y embarazadas) continúan prestando sus servicios, nos debieran llevar a analizar el estándar de cuidado del empleador frente a la pandemia y sus efectos".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Durante diciembre se realizó la certificación de alumnos de la Escuelade Liderazgo Sindical, realizada en Valparaíso y de los cursos de especialización sindical, efectuados en Santiago, iniciativas ejecutada por la Vicaría con apoyo de la Subsecretaría del Trabajo.

En el caso de la escuela sindical, fueron 23 personas las que egresaron y se formaron en materia de Agenda 2030, Diálogo Social, Contexto Socio Económico, Estructura Sindical, Normas Laborales de Contratación, Derecho Fundamental, Salud y Seguridad en el Trabajo, Liderazgo, Solicitud de Derecho de Información, Comunicación Efectiva, Resolución de Conflictos, Negociación Colectiva, Erradicación de Trabajo Infantil, Trabajo Migrante, Inclusión Laboral, Equidad de Género.

En los cursos de especialización sindical se certificó a 71 dirigentes quienes recbieron herramientas de Derecho a la Información, Habilidades directivas para el diálogo; Negociación colectiva; Jornadas y descansos y Salud y Seguridad en el trabajo.

En diciembre también se llevó a cabo el seminario Realidad y Desafíos de la Salud y Seguridad del Trabajo Adolescentes en el sector agrícola, donde distintos panelistas compartieron los resultados de la Mesa de Diálogo Social llevada a cabo con participación de la Vicaría y organizaciones de trabajadores, empresarios e instituciones del Estado.

Para finalizar se desarrolló el tercer y último encuentro del ciclo de conversatorios "La persona en el Centro: hablemos de trabajo decente." En esta oportunidad se invitó a reflexionar en tres puntos claves: pensiones, sueldos y jornadas de trabajo. Estos temas fueron abordados por actores relevantes en materia social, económica y política como Jaime Gajardo, Vicepresidente del Colegio de Profesores, Carol Ortiz, Abogada Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), Cristián Gutiérrez, Director de la Escuela de Administración y Economía de la UCSH.

El ciclo de conversatorios fue una iniciativa de la Vicaría que contó con el patrocinio de la Fundación Padre Hurtado, Escuela de Formación Sindical Clotario Blest y la Universidad Católica Silva Henríquez.

# data[].attributes.attachment_link.title
Escuelas sindicales y encuentros sobre trabajo decente marcan fin de año del área Animación Laboral

# data[].attributes.attachment_link.description
Durante diciembre se realizó la certificación de alumnos de la Escuelade Liderazgo Sindical, realizada en Valparaíso y de los cursos de especialización sindical, efectuados en Santiago, iniciativas ejecutada por la Vicaría con apoyo de la Subsecretaría del Trabajo.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hace algunos días el proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley . La moción parlamentaria presentada en mayo de 2017 por un grupo transversal de parlamentarios integrado por Jaime Bellolio, Fuad Chahin, Felipe De Mussy, Maya Fernández, Tucapel Jiménez, Roberto Poblete, Karla Rubilar, Marcelo Schilling, Leonardo Soto y Camila Vallejo avanzó el 17 de marzo a su segundo trámite constitucional y dada la presentación de algunas indicaciones se encuentra actualmente bajo la revisión y discusión de la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género.

El proyecto consta de un artículo único que prescribe lo siguiente:

"Para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, contemplado en los Libros II y III, respectivamente, del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, se entenderá que el matrimonio celebrado en la forma establecida por la ley, permitirá a cualquiera de los cónyuges ser carga del otro.

Así, en palabras de la diputada Maya Fernández esta moción pone fin a una discriminación arbitraria, ya que estipula que mujeres y hombres, indistintamente, puedan ser carga de salud, tanto en el sistema público como en el privado.

"Este es un proyecto de ley muy simple, pero muy profundo. Para quienes nos decimos feministas y luchamos por la igualdad, tiene mucho sentido porque respecto de las cargas de salud, ya sea en el sistema público o privado, en los matrimonios solo la mujer puede ser carga del hombre, pero el hombre no de la mujer, salvo en el caso de invalidez. Esto tiene que ver con una visión de la mujer como sujeto de protección y del hombre como proveedor, y los tiempos actuales ya no tienen nada que ver con eso. Las mujeres hemos demostrado que nos valemos solas y que podemos tener trabajo y autonomía y que el rol de la mujer en casa es cosa del pasado. Es absurdo que el hombre no pueda ser carga de la mujer", explica en entrevista con nuestro medio la congresista del PS.

" El proyecto dice que los hombres también pueden ser carga de la mujer y viceversa y que es cada matrimonio el que decidirá eso", enfatiza la parlamentaria.

En el debate en la Sala uno de los argumentos que más se repitió fue la importancia de que, dentro de una familia, sea quien esté más desvalido económicamente el que pueda ser beneficiado por el otro. De esta manera, se comienza a desdibujar la la concepción de la mujer como sujeto de protección y a la vez, se avanza en poner fin al histórico rol del hombre como jefe de la sociedad conyugal.

Durante las sesiones de estudio de la moción parlamentaria, Bárbara Sepúlveda de Abofem expuso cómo la norma contenida en artículo 3, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981 que es la que este proyecto de ley busca modificar "deja ver una diferencia de trato entre los cónyuges, en relación al beneficio de asignación familiar. L as mujeres casadas, acogidas al sistema único de prestaciones familiares, se encuentran legalmente inhabilitadas para percibir dicho beneficio, a menos que su cónyuge se encuentre en una situación de discapacidad, reafirmándose una discriminación entre hombres y mujeres basada únicamente en estereotipos, ya que al cónyuge varón solo se le exige que la cónyuge viva a sus expensas".

Carol Ortiz, directora de la Comisión Laboral de Abofem, explica cómo esta moción parlamentaria corrige esta arbitrariedad que atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

"Representa una corrección legislativa de disposiciones legales que contrariaban el principio de igualdad ante la ley, ya que en su texto original, l as normas que se pretenden modificar son discriminatorias entre hombres y mujeres en relación al concepto de carga familiar, el que está actualmente asociado a la mujer o, en el caso de los hombres, a quienes estuvieran en condición de invalidez, no existiendo ninguna fundamentación para ello. Es una legislación basada en estereotipos, ya que solo se le permite al cónyuge varón que la cónyuge viva a sus expensas, lo que en definitiva significa una restricción ilegítima de un derecho por parte del Estado a un grupo determinado de personas".

Por otro lado, existe otra vulneración al principio de igualdad ante la ley, ya que la normativa que regula los Acuerdos de Unión Civil permite a quienes lo contraen el elegir quién puede ser beneficiario de la protección de salud, entonces quienes optan por unirse en matrimonio se encuentran en desventaja debido a esta disposición debido a su antigua data.

El concepto carga

De acuerdo a la definición que entrega la Real Academia de la Lengua Española una carga es una cosa que hace peso sobre otra. También se define con esta palabra a los impuestos o tributos. Ninguna de las dos parece apropiada a la situación que conlleva que un cónyuge o un padre o una madre entreguen protección de salud pública o privada a otro integrante del grupo familiar.

La Directora de Abofem se refiere a la necesidad que este término sea entendido de manera positiva, dejando atrás la concepción patriarcal que se la ha impreso a lo largo de los años.

"El concepto de carga debe ser entendido como aquel impuesto tributo ligado a una propiedad o a un Estado y al uso que de estos se hace, que también se utiliza en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido creo que se tiene que avanzar en resignificar este concepto para que no se le dé una connotación negativa, y la aprobación de este proyecto representa un avance en ese sentido, al corregir disposiciones legales que actualmente discriminan entre hombres y mujeres".

" Más que de cargas debería hablarse de coberturas a la familia, porque así se incluye de suyo al marido", dice la diputada Fernández, consultada al respecto.

Tanto la legisladora como la abogada integrante de Abofem concuerdan en que la norma aún vigente trasunta una percepción que está muy arraigada aún en nuestra sociedad: que es inconcebible que sea la mujer la que pueda sostener financieramente un hogar matrimonial. Por eso es que la autora del proyecto señala que aquí lo que debe darse es un cambio cultural.

" Hay que erradicar totalmente esa concepción. Cada pareja debe poder decidir quién protegerá al otro en términos de salud".

"En el mundo y también en Chile se está dando, hay hombres que se quedan cuidando los hijos porque es la mujer la que tiene el mejor ingreso, o porque el marido estudia. ¿Por qué en esos casos el hombre no puede ser carga de la mujer? Lo que nosotros planteamos es simplemente que tiene que haber igualdad" añade.

En cuanto al avance que este proyecto representa para llegar al objetivo de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, la congresista asegura que al superarse la idea de que solo las mujeres puedan ser protegidas por sus maridos en materia de previsión social, se deja de lado la mirada patriarcal de que solo el hombre puede actuar como proveedor de sus grupos familiares.

Por su parte, Carol Ortiz manifiesta cómo este proyecto de un único artículo permite disminuir un poco las brechas de género y avanzar en el camino de equiparación entre hombres y mujeres.

"Al garantizar la igualdad ante la ley en materias de cargas familiares, se avanza poco a poco en derrumbar estereotipos y generar condiciones iguales entre hombres y mujeres. Eso incide directamente en crear, en conjunto, sociedades libres de violencia hacia las mujeres", concluye la profesional.

Este 30 de marzo, la Sala de la Cámara Alta acordó que la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género discuta la iniciativa de ley en general y particular a la vez.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hace algunos días el proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley . La moción parlamentaria presentada en mayo de 2017 por un grupo transversal de parlamentarios integrado por Jaime Bellolio, Fuad Chahin, Felipe De Mussy, Maya Fernández, Tucapel Jiménez, Roberto Poblete, Karla Rubilar, Marcelo Schilling, Leonardo Soto y Camila Vallejo avanzó el 17 de marzo a su segundo trámite constitucional y dada la presentación de algunas indicaciones se encuentra actualmente bajo la revisión y discusión de la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género.

El proyecto consta de un artículo único que prescribe lo siguiente:

"Para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, contemplado en los Libros II y III, respectivamente, del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, se entenderá que el matrimonio celebrado en la forma establecida por la ley, permitirá a cualquiera de los cónyuges ser carga del otro.

Así, en palabras de la diputada Maya Fernández esta moción pone fin a una discriminación arbitraria, ya que estipula que mujeres y hombres, indistintamente, puedan ser carga de salud, tanto en el sistema público como en el privado.

"Este es un proyecto de ley muy simple, pero muy profundo. Para quienes nos decimos feministas y luchamos por la igualdad, tiene mucho sentido porque respecto de las cargas de salud, ya sea en el sistema público o privado, en los matrimonios solo la mujer puede ser carga del hombre, pero el hombre no de la mujer, salvo en el caso de invalidez. Esto tiene que ver con una visión de la mujer como sujeto de protección y del hombre como proveedor, y los tiempos actuales ya no tienen nada que ver con eso. Las mujeres hemos demostrado que nos valemos solas y que podemos tener trabajo y autonomía y que el rol de la mujer en casa es cosa del pasado. Es absurdo que el hombre no pueda ser carga de la mujer", explica en entrevista con nuestro medio la congresista del PS.

" El proyecto dice que los hombres también pueden ser carga de la mujer y viceversa y que es cada matrimonio el que decidirá eso", enfatiza la parlamentaria.

En el debate en la Sala uno de los argumentos que más se repitió fue la importancia de que, dentro de una familia, sea quien esté más desvalido económicamente el que pueda ser beneficiado por el otro. De esta manera, se comienza a desdibujar la la concepción de la mujer como sujeto de protección y a la vez, se avanza en poner fin al histórico rol del hombre como jefe de la sociedad conyugal.

Durante las sesiones de estudio de la moción parlamentaria, Bárbara Sepúlveda de Abofem expuso cómo la norma contenida en artículo 3, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981 que es la que este proyecto de ley busca modificar "deja ver una diferencia de trato entre los cónyuges, en relación al beneficio de asignación familiar. L as mujeres casadas, acogidas al sistema único de prestaciones familiares, se encuentran legalmente inhabilitadas para percibir dicho beneficio, a menos que su cónyuge se encuentre en una situación de discapacidad, reafirmándose una discriminación entre hombres y mujeres basada únicamente en estereotipos, ya que al cónyuge varón solo se le exige que la cónyuge viva a sus expensas".

Carol Ortiz, directora de la Comisión Laboral de Abofem, explica cómo esta moción parlamentaria corrige esta arbitrariedad que atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

"Representa una corrección legislativa de disposiciones legales que contrariaban el principio de igualdad ante la ley, ya que en su texto original, l as normas que se pretenden modificar son discriminatorias entre hombres y mujeres en relación al concepto de carga familiar, el que está actualmente asociado a la mujer o, en el caso de los hombres, a quienes estuvieran en condición de invalidez, no existiendo ninguna fundamentación para ello. Es una legislación basada en estereotipos, ya que solo se le permite al cónyuge varón que la cónyuge viva a sus expensas, lo que en definitiva significa una restricción ilegítima de un derecho por parte del Estado a un grupo determinado de personas".

Por otro lado, existe otra vulneración al principio de igualdad ante la ley, ya que la normativa que regula los Acuerdos de Unión Civil permite a quienes lo contraen el elegir quién puede ser beneficiario de la protección de salud, entonces quienes optan por unirse en matrimonio se encuentran en desventaja debido a esta disposición debido a su antigua data.

El concepto carga

De acuerdo a la definición que entrega la Real Academia de la Lengua Española una carga es una cosa que hace peso sobre otra. También se define con esta palabra a los impuestos o tributos. Ninguna de las dos parece apropiada a la situación que conlleva que un cónyuge o un padre o una madre entreguen protección de salud pública o privada a otro integrante del grupo familiar.

La Directora de Abofem se refiere a la necesidad que este término sea entendido de manera positiva, dejando atrás la concepción patriarcal que se la ha impreso a lo largo de los años.

"El concepto de carga debe ser entendido como aquel impuesto tributo ligado a una propiedad o a un Estado y al uso que de estos se hace, que también se utiliza en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido creo que se tiene que avanzar en resignificar este concepto para que no se le dé una connotación negativa, y la aprobación de este proyecto representa un avance en ese sentido, al corregir disposiciones legales que actualmente discriminan entre hombres y mujeres".

" Más que de cargas debería hablarse de coberturas a la familia, porque así se incluye de suyo al marido", dice la diputada Fernández, consultada al respecto.

Tanto la legisladora como la abogada integrante de Abofem concuerdan en que la norma aún vigente trasunta una percepción que está muy arraigada aún en nuestra sociedad: que es inconcebible que sea la mujer la que pueda sostener financieramente un hogar matrimonial. Por eso es que la autora del proyecto señala que aquí lo que debe darse es un cambio cultural.

" Hay que erradicar totalmente esa concepción. Cada pareja debe poder decidir quién protegerá al otro en términos de salud".

"En el mundo y también en Chile se está dando, hay hombres que se quedan cuidando los hijos porque es la mujer la que tiene el mejor ingreso, o porque el marido estudia. ¿Por qué en esos casos el hombre no puede ser carga de la mujer? Lo que nosotros planteamos es simplemente que tiene que haber igualdad" añade.

En cuanto al avance que este proyecto representa para llegar al objetivo de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, la congresista asegura que al superarse la idea de que solo las mujeres puedan ser protegidas por sus maridos en materia de previsión social, se deja de lado la mirada patriarcal de que solo el hombre puede actuar como proveedor de sus grupos familiares.

Por su parte, Carol Ortiz manifiesta cómo este proyecto de un único artículo permite disminuir un poco las brechas de género y avanzar en el camino de equiparación entre hombres y mujeres.

"Al garantizar la igualdad ante la ley en materias de cargas familiares, se avanza poco a poco en derrumbar estereotipos y generar condiciones iguales entre hombres y mujeres. Eso incide directamente en crear, en conjunto, sociedades libres de violencia hacia las mujeres", concluye la profesional.

Este 30 de marzo, la Sala de la Cámara Alta acordó que la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género discuta la iniciativa de ley en general y particular a la vez.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hace algunos días el proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley . La moción parlamentaria presentada en mayo de 2017 por un grupo transversal de parlamentarios integrado por Jaime Bellolio, Fuad Chahin, Felipe De Mussy, Maya Fernández, Tucapel Jiménez, Roberto Poblete, Karla Rubilar, Marcelo Schilling, Leonardo Soto y Camila Vallejo avanzó el 17 de marzo a su segundo trámite constitucional y dada la presentación de algunas indicaciones se encuentra actualmente bajo la revisión y discusión de la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género.

El proyecto consta de un artículo único que prescribe lo siguiente:

"Para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, contemplado en los Libros II y III, respectivamente, del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, se entenderá que el matrimonio celebrado en la forma establecida por la ley, permitirá a cualquiera de los cónyuges ser carga del otro.

Así, en palabras de la diputada Maya Fernández esta moción pone fin a una discriminación arbitraria, ya que estipula que mujeres y hombres, indistintamente, puedan ser carga de salud, tanto en el sistema público como en el privado.

"Este es un proyecto de ley muy simple, pero muy profundo. Para quienes nos decimos feministas y luchamos por la igualdad, tiene mucho sentido porque respecto de las cargas de salud, ya sea en el sistema público o privado, en los matrimonios solo la mujer puede ser carga del hombre, pero el hombre no de la mujer, salvo en el caso de invalidez. Esto tiene que ver con una visión de la mujer como sujeto de protección y del hombre como proveedor, y los tiempos actuales ya no tienen nada que ver con eso. Las mujeres hemos demostrado que nos valemos solas y que podemos tener trabajo y autonomía y que el rol de la mujer en casa es cosa del pasado. Es absurdo que el hombre no pueda ser carga de la mujer", explica en entrevista con nuestro medio la congresista del PS.

" El proyecto dice que los hombres también pueden ser carga de la mujer y viceversa y que es cada matrimonio el que decidirá eso", enfatiza la parlamentaria.

En el debate en la Sala uno de los argumentos que más se repitió fue la importancia de que, dentro de una familia, sea quien esté más desvalido económicamente el que pueda ser beneficiado por el otro. De esta manera, se comienza a desdibujar la la concepción de la mujer como sujeto de protección y a la vez, se avanza en poner fin al histórico rol del hombre como jefe de la sociedad conyugal.

Durante las sesiones de estudio de la moción parlamentaria, Bárbara Sepúlveda de Abofem expuso cómo la norma contenida en artículo 3, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981 que es la que este proyecto de ley busca modificar "deja ver una diferencia de trato entre los cónyuges, en relación al beneficio de asignación familiar. L as mujeres casadas, acogidas al sistema único de prestaciones familiares, se encuentran legalmente inhabilitadas para percibir dicho beneficio, a menos que su cónyuge se encuentre en una situación de discapacidad, reafirmándose una discriminación entre hombres y mujeres basada únicamente en estereotipos, ya que al cónyuge varón solo se le exige que la cónyuge viva a sus expensas".

Carol Ortiz, directora de la Comisión Laboral de Abofem, explica cómo esta moción parlamentaria corrige esta arbitrariedad que atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

"Representa una corrección legislativa de disposiciones legales que contrariaban el principio de igualdad ante la ley, ya que en su texto original, l as normas que se pretenden modificar son discriminatorias entre hombres y mujeres en relación al concepto de carga familiar, el que está actualmente asociado a la mujer o, en el caso de los hombres, a quienes estuvieran en condición de invalidez, no existiendo ninguna fundamentación para ello. Es una legislación basada en estereotipos, ya que solo se le permite al cónyuge varón que la cónyuge viva a sus expensas, lo que en definitiva significa una restricción ilegítima de un derecho por parte del Estado a un grupo determinado de personas".

Por otro lado, existe otra vulneración al principio de igualdad ante la ley, ya que la normativa que regula los Acuerdos de Unión Civil permite a quienes lo contraen el elegir quién puede ser beneficiario de la protección de salud, entonces quienes optan por unirse en matrimonio se encuentran en desventaja debido a esta disposición debido a su antigua data.

El concepto carga

De acuerdo a la definición que entrega la Real Academia de la Lengua Española una carga es una cosa que hace peso sobre otra. También se define con esta palabra a los impuestos o tributos. Ninguna de las dos parece apropiada a la situación que conlleva que un cónyuge o un padre o una madre entreguen protección de salud pública o privada a otro integrante del grupo familiar.

La Directora de Abofem se refiere a la necesidad que este término sea entendido de manera positiva, dejando atrás la concepción patriarcal que se la ha impreso a lo largo de los años.

"El concepto de carga debe ser entendido como aquel impuesto tributo ligado a una propiedad o a un Estado y al uso que de estos se hace, que también se utiliza en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido creo que se tiene que avanzar en resignificar este concepto para que no se le dé una connotación negativa, y la aprobación de este proyecto representa un avance en ese sentido, al corregir disposiciones legales que actualmente discriminan entre hombres y mujeres".

" Más que de cargas debería hablarse de coberturas a la familia, porque así se incluye de suyo al marido", dice la diputada Fernández, consultada al respecto.

Tanto la legisladora como la abogada integrante de Abofem concuerdan en que la norma aún vigente trasunta una percepción que está muy arraigada aún en nuestra sociedad: que es inconcebible que sea la mujer la que pueda sostener financieramente un hogar matrimonial. Por eso es que la autora del proyecto señala que aquí lo que debe darse es un cambio cultural.

" Hay que erradicar totalmente esa concepción. Cada pareja debe poder decidir quién protegerá al otro en términos de salud".

"En el mundo y también en Chile se está dando, hay hombres que se quedan cuidando los hijos porque es la mujer la que tiene el mejor ingreso, o porque el marido estudia. ¿Por qué en esos casos el hombre no puede ser carga de la mujer? Lo que nosotros planteamos es simplemente que tiene que haber igualdad" añade.

En cuanto al avance que este proyecto representa para llegar al objetivo de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, la congresista asegura que al superarse la idea de que solo las mujeres puedan ser protegidas por sus maridos en materia de previsión social, se deja de lado la mirada patriarcal de que solo el hombre puede actuar como proveedor de sus grupos familiares.

Por su parte, Carol Ortiz manifiesta cómo este proyecto de un único artículo permite disminuir un poco las brechas de género y avanzar en el camino de equiparación entre hombres y mujeres.

"Al garantizar la igualdad ante la ley en materias de cargas familiares, se avanza poco a poco en derrumbar estereotipos y generar condiciones iguales entre hombres y mujeres. Eso incide directamente en crear, en conjunto, sociedades libres de violencia hacia las mujeres", concluye la profesional.

Este 30 de marzo, la Sala de la Cámara Alta acordó que la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género discuta la iniciativa de ley en general y particular a la vez.

# data[].attributes.attachment_link.title
Que los hombres también sean cargas en el matrimonio: un proyecto simple y profundo para la lucha feminista

# data[].attributes.attachment_link.description
El decreto ley 150, de 1981, estipula que el hombre solo puede ser carga familiar de la cónyuge si se encuentra en situación de invalidez.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Una triste realidad están viviendo las trabajadoras de casa particular producto de la crisis sanitaria. Dada la difícil situación económica que viven miles de chilenos y chilenas, muchas de estas trabajadoras han sido despedidas, porque sus empleadores no tienen cómo pagarles, otras no pueden acudir a su trabajo por la cuarentena, situación que las lleva a esperar que su empleador "de buena voluntad" continúe pagándoles su sueldo o al menos sus cotizaciones, otras han optado como última medida transformarse en empleadas puertas adentro, pero esto las privaría de ver a su familia por largos períodos de tiempo. Según cuenta Luz Vidal, dirigenta sindical de trabajadoras de la casa particular, la mayoría de estas trabajadoras eran las encargadas de sostener sus hogares, pero hoy muchas de ellas se encuentran cesantes sin ayuda del Estado y desprotegidas por la ley.

"Son mujeres trabajadoras que todos los días salen a trabajar, que todos los días se levantan a las 5, 6 de la mañana, dejan a sus hijos con comida hecha y salen a buscar el pan de cada día, ¡el pan de cada día!, si ellas no trabajan, no tienen el pan en su casa. Esa es la realidad en la que nos encontramos en la pandemia ", dijo Luz Vidal, dirigente sindical.

"Esta situación es especialmente compleja porque, en primer lugar, fueron las primeras trabajadoras en estar más expuestas al contagio, al trabajar en el sector oriente de la capital y/o con personas que podían venir contagiadas desde el exterior", señaló la socia de la Comisión Laboral de la asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Carol Ortiz Romo. Aparte, la abogada comentó que " las trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales (Sintracap), han denunciado irregularidades laborales, como el cambio de modalidad de trabajo, donde se les ha obligado a trabajar puertas adentro en una especie de "confinamiento forzoso" (con la posible sobrecarga de trabajo que ello implica), han recibido amenazas de despido o simplemente se les ha suspendido de "facto" sus vínculos laborales, y digo esto último porque más de la mitad de las trabajadoras que realizan estas labores lo hace de manera informal, es decir, sin contrato de trabajo ni mucho menos cotizaciones previsionales, por lo que en esta crisis sanitaria han quedado completamente a la deriva".

14.105 de estas trabajadoras debieron acogerse en los últimos meses a la Ley de Protección del Empleo siendo que tiene solamente derecho al seguro de cesantía a todo evento de un 4.11% mensual siempre que su empleador cotice un año completo, cifra mucho menor al resto de los trabajadores debido a la alta rotación de sus puestos de trabajo y a las lagunas en sus cotizaciones ,sin tomar en cuenta que solo un 48% trabajan con contrato formal y más de 180 mil trabajan informalmente sin ninguna protección laboral siendo las primeras suspendidas de sus labores al comienzo de la pandemia.

El Sintracap (sindicato de trabajadoras de casa particular) vigente desde 1947, una de las primeras y más antiguas organizaciones sindicales de América Latina ,con su actual presidenta Luz Vidal, asumida hace solo cinco meses, hace un llamado a sus asociadas dónde las insta a defender sus derechos por los cuales muchas otras mujeres trabajadoras del gremio han luchado exigiendo a su empleadores y a la autoridad actual rentas básicas de emergencia y establecer que las trabajadoras pasen a formar al común de los trabajadores en cuanto al seguro de cesantía propiamente tal.

Hay que avanzar a la prohibición total de los despidos y con carácter retroactivo, y a su vez a garantizar un salario de emergencia igual a la canasta básica familiar.

Estas son medidas básicas que deben ser parte de un programa de conjunto que plantee que la crisis la paguen los grandes empresarios, integrando entre otros aspectos la renacionalización del cobre y de los recursos naturales, bajo gestión de sus trabajadores y comunidades para financiar todas las urgentes necesidades de las mayorías trabajadoras.

# data[].attributes.attachment_link.title
El brutal abandono de las trabajadoras de casas particulares

# data[].attributes.attachment_link.description
Aquellas mujeres que por su rol asignado en esta sociedad que cuidando familias ajenas dejando de lado la propia para llevar el sustento diario, ya que son ellas las que mantienen muchas veces a sus familias de lo contrario no habrá para comer

# data[].attributes.attachment_link.title
[En Vivo] Conversatorio - Nueva constitución y trabajo

# data[].attributes.headline
Trabajo doméstico y doble jornada laboral por Carol Ortiz (video)

# data[].attributes.subject
Trabajo doméstico y doble jornada laboral por Carol Ortiz (video)

# data[].attributes.attachment_caption
2021-01-02 | 7 : Revista Sabado | Violencia económica por Carol Ortiz

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"Él no controla sus emociones. Cuando se enoja, se vuelve loco".

Lorena está sentada en el patio de su casa. Su tono de voz es neutro, pero basta que hable de su pasado y se quiebra. Es que son situaciones que no olvida, dice, aunque hasta ahora las creía superadas.

Lorena no es el nombre real de esta mujer de más de 30 años. Su identidad, así como otros detalles de su vida fueron cambiados a petición de ella para resguardar su seguridad. No quiere ser ubicada ni reconocida. Pero sí quiere contar su historia. Lo hace por ella y por otras mujeres más, explica, porque hoy siente que la pesadilla que vivió hace tiempo ha regresado. "El 10 por ciento desató todo este tema. Él volvió a aparecer, haciendo problemas como siempre. Patricio es peligroso, me da miedo".

Durante la conversación, Lorena suspira varias veces. Patricio es su expareja. Cuenta que la golpeó y agredió psicológicamente durante años, incluso durante su primer embarazo. Tampoco ha reconocido a su hijo, dice, y menos ha pagado ningún mes de pensión de alimentos desde que se separaron. Pero el hombre regresó hace unas semanas, señala Lorena.

En este punto de su relato, ella se queda callada por unos segundos. Su silencio solo es interrumpido por el ruido de unos niños que juegan en otra habitación. Luego hace sonar el chispero de su encendedor, enciende el primer cigarrillo y tras una larga bocanada, toma impulso para continuar. "La última vez me dijo: 'Te voy a balear la casa'".

En julio y diciembre del año pasado, con ambos retiros de los fondos previsionales, quedó en evidencia una cruda realidad que viven miles de madres separadas: las deudas por pensiones de alimentos por parte de sus exparejas. En Chile, el 84 por ciento de los morosos no se hace responsable de sus pagos; es decir, más de 70 mil niños no reciben la manutención pactada, según datos del Poder Judicial.

Para saldar parte de esa deuda, el Congreso aprobó la Ley 21.254, que permite a los tribunales de familia retener parte de los retiros de las AFP en padres con deudas de pensión de alimentos y que solicitan el dinero. Entre julio y agosto, los tribunales de familia recibieron más de 500 mil ingresos que solicitaron la retención. En diciembre pasado, con el segundo retiro, la cifra de ingresos fue de 210 mil. Sin embargo, la regla en esta nueva instancia cambió: ya no es necesario que los padres deudores solicitaran el 10% a sus respectivas AFP, sino que se aprobó un retiro forzoso para que sus exparejas reciban la retención.

Pero esta medida trajo consecuencias inesperadas en algunas mujeres, como en el caso de Lorena: amenazas de muerte, violencia económica, hostigamiento y agresiones físicas y psicológicas. Estas situaciones se ven reflejadas en los aumentos de demandas y consultas por violencia intrafamiliar, según los tribunales de familia y el Ministerio de la Mujer. Todas relacionadas con las deudas por pensiones de alimentos.

Cuando Lorena supo que recibiría cerca de medio millón de pesos por la deuda alimenticia, relata que Patricio no demoró más de una semana en contactarla para exigirle la restitución de ese dinero. Primero lo hizo por mensajes de WhatsApp, asegura Lorena; luego fueron llamadas y terminó parado en la puerta de su casa. Fue en ese momento cuando, según recuerda, su expareja amenazó con dispararle a su hogar. No era la primera vez que lo hacía, confiesa.

"Como mujer, me da pena vivir esto. Me siento desprotegida. Sé que las cosas no son como antes, pero no dejo de preguntarme qué pasará la próxima vez que venga. ¿Me va a pegar? ¿Entrará a la casa? ¿Y si estoy sola? Él no va a reaccionar de buena manera. Sé que no va a ser así, porque no le voy a pasar la plata. Es un derecho de mi hijo. De mis hijos".

Lorena no solo vive con las amenazas del padre de su primer hijo. Dice que también enfrenta el acoso y las agresiones psicológicas de su segunda expareja, padre de su hijo menor. "Me cuestiono qué tengo que hacer. ¿Entrego la plata o no?, ¿se puede cancelar?, ¿la recibo? Entonces me termino de convencer de que sí, es plata que les corresponde a ellos. Pero nunca imaginé las consecuencias que todo esto podía traer".

La primera vez que Lorena quedó embarazada, había terminado hace poco el colegio. Confiesa que, en ese tiempo, aún no planeaba tener hijos. Sin embargo, cuenta que Patricio sí quería ser papá, incluso era partidario de que tuvieran más: "Pero uno no sabe en qué momento las personas cambian y, lamentablemente, los papás de mis hijos, a medida que pasó el tiempo, cambiaron".

Durante su embarazo, Lorena descubrió que Patricio tenía una amante. "Lo encaré, pero fue peor. Ahí comenzó a controlar todo lo que yo hacía. Me revisaba el celular, me preguntaba quién me llamaba; antes de salir me exigía contarle dónde iba a estar y controlaba mis horarios". Lorena cuenta que antes de los cinco meses de embarazo Patricio la agredió física y psicológicamente. "Me humillaba, era maltrato verbal. Lo más suave que me dijo fue: 'Eres una perra culiá bastarda, pasái en celo. Ese guacho no es mío y no lo voy a criar'. Me dijo todo lo malo que se le puede decir a una mujer. Después me empujaba, hasta que un día me caí al suelo. Ahí me pegó una cachetada muy fuerte. Cada vez se puso más agresivo".

El año pasado, los casos de violencia intrafamiliar disminuyeron, en comparación a 2019. De 65 mil, la cifra bajó a 60 mil, según el Ministerio del Interior, en parte producto de la pandemia, ya que muchas mujeres no pudieron realizar la denuncia o hasta hoy deben convivir con su agresor. Sin embargo, las cifras de femicidios frustrados sí aumentaron: de 107 casos, en 2019, subieron a 148 casos durante 2020. "La pandemia incrementó las situaciones de mayor vulnerabilidad para muchas mujeres que viven estos hechos. El aumento de los casos frustrados nos indica que las situaciones de violencia, al interior de los hogares, se ha exacerbado al convivir con sus agresores", explica Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Lorena, después de los hechos de violencia, cuenta que le pidió a Patricio irse de la casa. "Necesitaba estar tranquila, enfocarme en mi embarazo". A pesar de lo vivido, cuando su hijo nació, dice que llamó a Patricio para que lo conociera. "Pero no fue. Y nunca vino, no lo conoce".

No obstante, detalla que el acoso y las visitas de Patricio a su casa se mantuvieron, muchas veces bajo los efectos de la marihuana y el alcohol. En el tribunal de familia, Lorena puso una demanda por violencia intrafamiliar y otra por pensión de alimentos. Cuando Patricio se enteró, recuerda, fue hasta su casa acompañado de cuatro amigos a exigirle que retirara las demandas. "Querían entrar, gritaban que me iban a matar. Con mi hijo me escondí en una pieza, y unos familiares me defendieron, les dijeron que no estaba en la casa", recuerda Lorena. Esa fue la última vez que lo vio, pero hace unas semanas él volvió a tocar la puerta de su casa. Esta vez para exigirle la mitad de lo que le descontarán de su 10 por ciento, dice.

De julio a diciembre, meses en los que se aprobaron los retiros, Carol Ortiz, codirectora de la comisión laboral de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) -entidad que entrega asesoría y ayuda legal gratuita a mujeres-, asegura haber recibido una gran cantidad de consultas legales en relación al tema de los pagos de pensiones. "Varias se contactaron para solicitar información por la retención del dinero, pero también muchas lo hicieron por la violencia intrafamiliar que han vivido a raíz de lo mismo. Desde esa fecha (julio a diciembre) hemos atendido 42 casos, lo que es bastante", explica. "Es una ola de amenazas generada por los retiros de pensiones, especialmente desde el segundo, que es forzoso. Eso se traduce en un aumento de situaciones de violencia. Con el primer retiro, muchos padres preferían dejar el dinero en la AFP, sabiendo que si la mujer lo solicitaba, ese dinero no les llegaría. Ahora, lo que hacen es amenazar o persuadir a sus exparejas para que les entreguen el dinero".

En los canales de orientación y ayuda del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también aumentaron las denuncias de madres amenazadas: 183 por ciento más, en comparación a 2019. "Los dos procesos de retiros visibilizaron la real magnitud de esta vergonzosa realidad. Muchos de estos casos son padres que estuvieron ausentes en la vida de sus hijos, algunos por 15 años o más. Entonces, al verse obligados a asumir el pago de la deuda por este retiro forzoso, genera situaciones de violencia contra la madre", comenta la ministra.

Lorena ha vivido esa situación por partida doble, cuando Carlos, su última expareja y padre de su hijo menor, reapareció hace unas semanas. Se había separado de él cuando el niño nació, dice, porque solía agredirla verbalmente por temas de dinero. "Carlos no me pegaba, pero sí me humillaba, lo que me dolía igual. Me decía: 'Yo tengo plata y tú no, eres una muerta de hambre'. Su pensamiento era muy machista, él podía salir con amigos, tomar y drogarse, pero yo siempre tenía que estar en la casa. Discutíamos porque cuando llegaba de mi trabajo, cerca de las 10 de la noche, él quería que lo atendiera. Le explicaba: 'Tengo que hacer el aseo, cuidar a los niños y cocinar. Quiero comer, también tengo derecho a alimentarme y a descansar'. Pero no me escuchaba".

La violencia económica, explica Carol Ortiz, de Abofem, es ejercer presión y control en base a amenazas de que no les darán dinero si no cumplen lo que ellos dicen. "En el caso de los deudores de pensiones de alimentos, también se ejerce una violencia económica, porque ellos sienten el control con el dinero, que es para la mantención y necesidades de su hijo, lo que expone a las mujeres a un vínculo de dependencia con el agresor. Muchas madres terminan en trabajos informales para salir de este círculo", enfatiza.

Según la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en otros Espacios, hecha por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 9,5 por ciento de las mujeres en Chile reconoció haber sufrido este tipo de violencia durante 2019. Y, en violencia psicológica, la cifra aumenta a 22,2 por ciento.

Lorena cuenta que Carlos volvió para exigirle la devolución de su dinero del segundo retiro. A pesar de no haber ningún pago de pensión de alimentos, él le dijo que esa plata no le correspondía a ella, recuerda. Agrega que también la amenazó con contratar un abogado para detener el proceso del retiro. Incluso, dice, le advirtió que iba a solicitar la tuición de su hijo y a llevárselo fuera del país. Ella repitió el mismo procedimiento que con Patricio: acudió a los tribunales de familia y puso una demanda por violencia intrafamiliar y pensión de alimentos. "Siempre he tenido una relación así con ellos. Piensan que le pueden quitar todo a la mujer, que pueden hacer lo que quieran. Es difícil de explicar, pero me da pena que lleguen con esa actitud conmigo".

María tiene más de 40 años y vive fuera de Santiago. Su nombre, así como otros detalles de su vida, también fueron cambiados para resguardar su seguridad. Pide anonimato por temor a Tomás, su expareja y padre de su única hija, del que se separó hace un tiempo. Explica que lo hizo después de vivir hechos de violencia física y psicológica durante su embarazo. "Llegaba a la casa curado, consumía pasta base, entonces no había quién lo parara", recuerda.

Según ella, Tomás alcanzó a compartir los primeros tres meses con su hija y después desapareció. Hace dos años, María acudió a los tribunales de familia para solicitar una pensión de alimentos. "No quería, pero lo hice porque me diagnosticaron un cáncer, entonces no me daba el cuerpo ni el ánimo para los dos trabajos que tengo. Me he sacado la cresta por mi hija, siempre sola y así quería seguir, pero ahora necesitaba de su apoyo", dice. Sin embargo, Tomás no pagó la pensión ni la ayudó. Menos se contactó con ella o su hija, hasta julio del año pasado.

Cuando Tomás fue a retirar su primer 10 por ciento, se enteró de que el monto de su devolución había cambiado: un millón de pesos menos por su deuda de pensión de alimentos. Ese mismo día, María recuerda que su expareja la contactó por teléfono. "Me dijo: 'Si me quitas la plata, a la guacha de tu hija le puede pasar algo'. Me entristece pensar en cómo se refirió a mi hija. A mí también me amenazó: 'Si no pasái el millón, te voy a ir a reventar la casa'".

"Pensé que la plata sería una ayuda, un beneficio por todo lo que mi hija nunca recibió, pero solo ha sido un desgaste físico y psicológico. Me trajo más problemas, porque él apareció. Si hubiese sabido por todo lo que pasaría, mejor no pido la plata", agrega María.

Natasha García, jueza de familia de San Fernando y secretaria general de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), explica que las pensiones de alimentos cumplen dos derechos asociados a los niños, niñas y adolescentes y sus madres: la subsistencia de los menores y que las mujeres vivan sin violencia ni discriminación de género. "El retiro de los fondos de pensiones es una herramienta efectiva para que los padres deudores cumplan con los pagos y la tutela judicial efectiva de estos derechos. Sin embargo, ¿se pensó en las consecuencias negativas que podría traer? Creo que no".

La jueza García añade: "El legislador no comprendió lo que significa una deuda de alimentos. Es importante que todas las temáticas, en relación a la familia, se hagan de manera integral, incluyendo a todos los órganos que participan en ellas. (Con los retiros) no hubo una perspectiva en la violencia de género, ya que rincipalmente se pensó en asegurar el interés del menor: la subsistencia. No se debería poner a la madre frente al deudor, cobrándole su pensión de alimentos, porque ahí se producen los casos de violencia".

Además, el Poder Judicial no cuenta con las herramientas que separan y permitan identificar los casos de violencia intrafamiliar denunciados por el tema del 10 por ciento o por otra razón, explica Natasha García. "No existe esa distinción. ¿Cómo lo podemos reflejar? Es una solicitud que debemos hacer a las personas que crean las leyes, donde hay que incluir cifras y estudios que no existen. Lo que hoy tenemos son estadísticas de ingresos, pero no sabemos el género, edad o materia de delito; solo sabemos que esa mujer fue al juzgado de familia a poner una denuncia por violencia intrafamiliar o por delito de maltrato habitual. En ese sentido, estamos en deuda como Poder Judicial, en que exista una protección integral, que se piense en los derechos con perspectiva de género y de Derechos Humanos".

Han pasado más de cinco meses desde que María solicitó el dinero retenido y, asegura, aún no recibe noticias de cuándo estará el pago. Por ahora, Tomás, su expareja, no ha vuelto a amenazarla. "Antes era menos estresante, porque sabías que no te iban a pagar, entonces me olvidaba del tema y me las arreglaba sola, como siempre lo he hecho. Pero juegan con los sueños de uno, me ilusiono y pienso qué cosas le podré comprar a mi hija. Además, no sé qué va a pasar con el segundo retiro. Ese es automático y no sé si lo quiero. No quiero exponer a mi hija. Me da susto que mi expareja vuelva a aparecer".

Contando en voz alta, Lorena trata de calcular el número de años que han pasado desde que Patricio y Carlos, los padres de sus hijos, la agredieron. "¿Hace cuánto tiempo dejé de vivir tranquila?", se cuestiona. Suma y resta, se confunde con el cambio de año, hasta que uno de sus hijos la interrumpe y le pide que lo acompañe a la plaza.

Salir sin preocupaciones con sus niños, confiesa, es algo que no vive desde hace mucho tiempo. Llegó a esa conclusión, porque en las últimas semanas le ha sido inevitable recordar su pasado y compararlo con su vida actual. "Me siento más empoderada y consciente de lo que he vivido. En cierto modo, con el tiempo aprendes y no permites que te vuelvan a humillar o golpear, no permites que te toquen o digan algo de tus hijos. Pero, a la vez, esa postura también es negativa. Siempre estás a la defensiva, pensando que te harán daño. Eso no es sano y yo merezco volver a hacer mi vida".

A mediados del año pasado, Lorena comenzó una nueva relación amorosa. Dice que, en un principio y al igual que con sus exparejas, los primeros meses fueron de cariño y respeto mutuo. Luego, confiesa que notó que la historia se estaba repitiendo: revisaba su teléfono y controlaba todo lo que hacía.

"Su comportamiento empezó a cambiar. Pensé: 'Si no detengo esto ahora, más adelante será peor. Esto no me puede volver a pasar'. Ya viví situaciones así y esas experiencias me ayudaron a darme cuenta de que tenía que terminar. De cierto modo, estar a la defensiva igual me ayudó a cortar todo".

Ahora dice estar enfocada en sus hijos y en encontrar un trabajo. Hace un tiempo, por la pandemia, fue despedida de su puesto de atención al público. "Aún me queda un poco de plata del finiquito, pero solo me va a durar un par de meses más. Ya me gasté mi retiro del 10 por ciento", dice. Sobre el dinero de las pensiones de alimentos morosas, asegura que aún no recibe una fecha de pago.

Al menos, por el momento, Lorena no ha vuelto a tener noticias de Patricio ni de Carlos. No han aparecido en su casa ni la han contactado. "Siento que me quité un peso de encima. Ya no tengo que preocuparme si me los voy a topar en la calle o si van a tocar la puerta de mi casa", explica.

Sin embargo, ese estado de tranquilidad no lo obtuvo por las órdenes de alejamiento que el tribunal de familia dictaminó. Tampoco porque los dos hombres dejaran de exigirle el dinero. El motivo de esa calma es otra: hace unas semanas, Lorena se fue de su casa junto a sus hijos. Está a cientos de kilómetros de Santiago. Escapó y solo sus familiares más cercanos saben dónde está.

"Ahora me siento más segura, ellos no saben dónde vivo y es mejor que no lo sepan, que no me puedan encontrar. Estar en otro lado, cambiar de ambiente, me ha hecho bien. Voy a partir de cero, sé que me va a costar, pero es por un mejor futuro para mí y mis hijos".

Pronto, el hijo de Lorena vuelve a pedirle que salgan a la plaza. Ella se ríe y le dice que ya irán. Ahora, y sin calcular en voz alta, Lorena recuerda cuántos años han pasado desde la última vez que se sintió como hoy. "Fueron años de vivir con temor, pero ya no. Estoy mejor, más relajada. Estoy tranquila. Después de 12 años, recuperé mi tranquilidad".

# data[].attributes.attachment_link.description
"Él no controla sus emociones. Cuando se enoja, se vuelve loco". Lorena está sentada en el patio de su casa. Su tono de voz es neutro, pero basta que hable de su pasado y se quiebra. Es que son situaciones que no olvida, dice, aunque hasta ahora las creía superadas.