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SEGUNDO.- Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 176 bis 2 LC, en relación con el art. 84.3 de la misma Ley.

En el desarrollo del motivo se razona por qué el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 LC requiere que previamente se haya producido la comunicación de insuficiencia de la masa activa por parte de la administración concursal, y en este caso no existió. En consecuencia debía aplicarse el criterio del vencimiento.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación

2.Desestimación del motivo. Jurisprudencia sobre el orden de prelación previsto en el art. 176 bis 2 LC.

La sala ya se ha pronunciado en varias ocasiones, posteriores a que fuera dictada la sentencia que ahora se recurre en casación, sobre cuándo debe operar el orden de prelación de créditos del art. 176 bis 2 LC. En concreto, en la sentencia 306/2015, de 9 de junio, ratificada por otras posteriores ( sentencias 310/2015, de 11 de junio; 305/2015, de 10 de junio; 152/2016, de 11 de marzo; 187/2016, de 18 de marzo). Y más recientemente en la sentencia 225/2017, de 6 de abril. Debemos partir de esta doctrina jurisprudencial.

La reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, trasladó al art. 84.3 LC la previsión, antes contenida en el primer inciso del apartado 2 del art. 154 LC, relativa a que los créditos contra la masa deben pagarse a sus respectivos vencimientos. No obstante, permite que la administración concursal pueda "alterar esta regla cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa". Y, a renglón seguido, el precepto añade que esta postergación no puede afectar a determinados créditos, entre los que se encuentran los de la Seguridad Social.

Esta regulación se complementa con la contenida en el art. 176bis.2 LC, para el caso en que aflore que la insuficiencia de la masa activaimpide pagar todos los créditos contra la masa:

"Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.

"Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación:

1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.

2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.

3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional.

4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.

5.º Los demás créditos contra la masa".

Esta normativa sustituye a la previsión contenida en el art. 84.3 LC, de que en caso de insuficiencia de masa activa, los créditos contra la masa debían pagarse por su orden de vencimiento. Una vez comunicada por la administración concursal la insuficiencia de la masa activa para pagar todos los créditos contra la masa, su pago debe ajustarse al orden de prelación del apartado 2 del art. 176 bis LC, al margen de cuál sea su vencimiento. De hecho, dentro de cada orden tampoco se tiene en cuenta la fecha de vencimiento, sino que expresamente está prescrito que se paguen a prorrata. En el caso de los créditos de la Seguridad Social que ahora se reclaman, deben pagarse en quinto lugar, junto con los restantes créditos contra la masa no incluidos en los números anteriores.

Por si existiera alguna duda en relación con el momento a partir del cual debe aplicarse este orden de prelación de créditos, en la sentencia 305/2015, de 10 de junio, declaramos:

"Las reglas de pago contenidas en el art. 176bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican necesariamente desde la reseñada comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de pago".

Y de hecho, en la sentencia 305/2015, de 10 de junio, entendimos que, como la declaración de insuficiencia de activo había sido realizada por la administración concursal como una reacción a la demanda de incidente concursal de reclamación del crédito contra la masa, en ese caso no podían oponerse los efectos previstos en el art. 176 bis.2 LC para la prelación de créditos respecto de los créditos contra la masa reclamados por la TGSS en aquel incidente concursal.

En consecuencia, el orden de prelación de créditos previsto en el art. 176 bis. 2 LC sólo resulta de aplicación a partir de que laadministración concursal comunica expresamente la insuficiencia de la masa activa. Lo que implica que si, como es el caso, no se había realizado tal comunicación, no podía pretenderse la aplicación de dicho orden por el hecho de que en el momento del controvertido pago de los créditos de la administración concursal y del abogado de la administración concursal, ya hubiera insuficiencia de masa activa.

3.Justificación de los pagos controvertidos. De acuerdo con lo anterior, como al tiempo de realizarse los pagos reseñados en el informe trimestral de enero de 2014, no se había realizado la comunicación de insuficiencia de la masa activa, para resolver la controversia no resulta de aplicación el art. 176 bis 2 LC, sino el art. 84.3 LC, al que hemos hecho referencia antes.

Con arreglo al art. 84.3 LC, el criterio para determinar la prelación en el pago de los créditos contra la masa es el orden de vencimiento, sin perjuicio de las excepciones que hemos establecido en otras ocasiones. Así, por ejemplo, en la sentencia 225/2017, de 6 de abril, hacíamos referencia a los "gastos imprescindibles para la realización de las operaciones de liquidación y pago, y por ello pre-deducibles", cuyo pago estaba justificado que fuera realizado con preferencia a otros créditos contra la masa de vencimiento anterior.

Hemos de partir de la anterior doctrina para juzgar en el caso concreto si se respetó el orden de vencimiento y, en los casos en que no fuera así, si estaba justificado el pago por tratarse de pagos pre-deducibles, en la medida en que eran imprescindibles para la realización de las operaciones de liquidación y pago.

En el marco de esta doctrina, debemos advertir que el recurso de apelación no impugnó la apreciación contenida en la sentencia de primera instancia, de forma detallada y justificada, del carácter imprescindible para las operaciones de liquidación de los pagos cuestionados.

En consecuencia, aunque la interpretación realizada por la Audiencia sobre la aplicación del orden de prelación de créditos del art. 176bis.2 LC a los casos en que existe una insuficiencia de masa activa, sin que exista la previa comunicación de la administración concursal, es contraria a nuestra jurisprudencia, el recurso carece de efecto útil, pues en la medida en que la TGSS no impugnó el carácter imprescindible para las operaciones de liquidación de los pagos cuestionados, no es posible juzgar en el presente caso si se alteró el orden de pago previsto en el art. 84.3 LC, según ha sido interpretado por la sala.

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Aplicación de la orden de prelación de los créditos - El Derecho

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Confirma la AP que el orden de prelación de créditos del art. 176 bis.2 LC se aplica una vez que la administración concursal comunica expresamente la insuficiencia de la masa activa (FJ 2). - SEGUNDO.- Recurso de casación 1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art

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Son los que, en el orden de preferencia legal previsto cuando hay concurrencia de créditos, gozan de prioridad para ser satisfechos con cargo al activo del deudor común.

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CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

(Derogados).

CAPÍTULO II

De la clasificación de créditos

Los créditos se clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este Capítulo se establecen.

En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.

Con relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de preferencia:

1. Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.

2. Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor.

3. Los garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma.

4. Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y durante 30 días después de ésta.

5. Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.

6. Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.

7. Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma.

Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviese, dentro del término de 30 días, contados desde que ocurrió la sustracción.

Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:

1. Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.

2. Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.

3. Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.

4. Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.

5. Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.

Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia:

1. Los créditos a favor de la provincia o del Municipio por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada no comprendidos en el artículo 1.923.1.

2. Los devengados:

1. Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y también los de su cónyuge y los de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, si no tuviesen bienes propios.

2. Por gastos de la última enfermedad de las mismas personas, causados en el último año, contado hasta el día del fallecimiento.

3. Por los salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena y del servicio doméstico correspondientes al último año.

4. Por las cuotas correspondientes a los regímenes obligatorios de subsidios, seguros sociales y mutualismo laboral por el mismo período de tiempo que señala el apartado anterior, siempre que no tengan reconocida mayor preferencia con arreglo al artículo precedente.

5. Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido o calzado, en el mismo período de tiempo.

3. Los créditos que sin privilegio especial consten:

1. En escritura pública.

2. Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio.

Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.

No gozarán de preferencia los créditos de cualquiera otra clase, o por cualquiera otro título, no comprendidos en los artículos anteriores.

CAPÍTULO III

De la prelación de créditos

Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes muebles, excluyen a todos los demás hasta donde alcance el valor del mueble a que la preferencia se refiere.

Si concurren dos o más respecto a determinados muebles, se observarán, en cuanto a la prelación para su pago, las reglas siguientes:

1. El crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda.

2. En el caso de fianza, si estuviere ésta legítimamente constituida a favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos se determinará por el orden de fechas de la prestación de la garantía.

3. Los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo y recolección, serán preferidos a los de alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron.

4. En los demás casos el precio de los muebles se distribuirá a prorrata entre los créditos que gocen de especial preferencia con relación a los mismos.

Artículo 1.927.
Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes inmuebles o derechos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.

Si concurrieren dos o más créditos respecto a determinados inmuebles o derechos reales, se observarán en cuanto a su respectiva prelación, las reglas siguientes:

1. Serán preferidos, por su orden, los expresados en los números 1 y 2 del artículo 1.923 a los comprendidos en los demás números del mismo.

2. Los hipotecarios y refaccionarios, anotados o inscritos, que se expresan en el número 3.º del citado artículo 1.923 y los comprendidos en el número 4 del mismo, gozarán de prelación entre sí por el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad.

3. Los refaccionarios no anotados ni inscritos en el Registro a que se refiere el número 5 del artículo 1.923, gozarán de prelación entre sí por el orden inverso de su antigüedad.

Artículo 1.928.
El remanente del caudal del deudor, después de pagados los créditos que gocen de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, se acumulará a los bienes libres que aquél tuviere para el pago de los demás créditos.

Los que, gozando de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, no hubiesen sido totalmente satisfechos con el importe de éstos, lo serán, en cuanto al déficit, por el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva naturaleza.
Artículo 1.929.
Los créditos que no gocen de preferencia con relación a determinados bienes, y los que la gozaren, por la cantidad no realizada, o cuando hubiese prescrito el derecho a la preferencia, se satisfarán conforme a las reglas siguientes:

1. Por el orden establecido en el artículo 1.924.

2. Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que la tuviesen común, a prorrata.

3. Los créditos comunes a que se refiere el artículo 1.925, sin consideración a sus fechas.

¹ Véanse: artículos 1.001, 1.091, 1.101 y 1.366 a 1.374 CC.
² Artículos derogados por la Ley 22/2003, de 9 de julio.
³ Véanse: artículos 908 a 919 CCo. y artículos 1.266 a 1.277 LEC de 1881.
⁴ Párrafo añadido por la Ley 22/2003, de 9 de julio.
⁵ Véanse: artículos 335, 336, 1.600, 1.783, 1.866, 1.872, 1.917 y 1.926.3.ª CC.
⁶ Véanse: artículos 1.917 y 1.927 CC y artículos 42.8, 44, 46, 50, 51, 53, 59 a 64, 104, 168.6 y 7 y 194 a 197 LH.
⁷ Véanse: artículos 1.028 y 1.917 CC, artículos 913 y 914 CCo., artículo 32 ET y artículo 22 LGSS.
⁸ Letra derogada por la Ley 22/2003, de 9 de julio.
⁹ Letra redactada por la Ley 11/1990, de 15 de octubre.
¹⁰ Véase: artículo 1.929.3.ª CC.
¹¹ Véanse: artículos 1.028, 1.922, 1.928 y 1.929 CC.

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Título XVII. De la concurrencia y prelación de créditos | Civil Mercantil

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Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. (Derogados). Los créditos se clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este Capítulo se establecen. En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.

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El salario está protegido frente a los propios actos del trabajador, impidiendo que los acreedores de éste lo embarguen.
Sin embargo, se trata de una inembargabilidad relativa, ya que no se aplicará cuando el embargo o retención tenga por objeto el pago de alimentos debidos al cónyuge o a los hijos en  procesos de nulidad, separación, divorcio o alimentos provisionales o definitivos en los que el juez fija la cantidad a retener.

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En la entrada de hoy en el blog, hablaré sobre la inembargabilidad del salario.

El art. 1911 del CC establece " Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros ". No obstante, teniendo en consideración que el salario percibido por el trabajador es su medio fundamental de vida, el ordenamiento jurídico le proporciona una especial protección frente a las posibles deudas del trabajador y las acciones de los acreedores para su cobro, poniéndose de manifiesto en el carácter inembargable o inejecutable del salario de determinadas cuantías del mismo.

Los preceptos art. 27.2 del ET y art. 607.1 LEC establecen que el salario es inembargable en la cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional. Por tanto, si se percibe tan sólo el salario mínimo interprofesional, no hay posibilidad de embargo. Si por el contrario, el salario excede de esa cantidad será embargable conforme a la siguiente escala de tramos, establecida en el art. 607.2 LEC:

"1º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.

2º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.

3º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.

4º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.

5º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100"

Aunque se pueda dar el caso de que existan varios embargos sobre el mismo trabajador, en ningún caso el total retenido podrá superar las cuantías que se fijan en esa escala. Igualmente, son inembargables los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada, tal y como establece el art. 606.2 LEC.

Por tanto, cualquier embargo sobre bienes inembargables es nulo de pleno derecho, pudiendo denunciarse la nulidad por el ejecutado a través de los recursos ordinarios o mediante la simple comparecencia ante el Secretario judicial, siendo el juzgado quien resuelve sobre la misma (art. 609 LEC).

Hay que tener en cuenta que salario una vez ingresado en el patrimonio del trabajador, por ejemplo, una vez ingresado en una cuenta bancaria, el salario podría ser embargado y retenido por la entidad bancaria, por tanto hay que considerar que la inembargabilidad del salario se refiere al mismo en su fuente de origen, pendiente de pago, es decir, a su posible retención en la empresa.
¿Qué salario del trabajador hay que tomar en consideración a efectos del embargo?
El art. 607.5 LEC establece " Si los salarios , sueldos , pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público , en razón de la legislación fiscal , tributaria o de Seguridad Social , la cantidad líquida que percibiera el ejecutado , deducidos éstos , será la que sirva de tipo para regular el embargo ", por tanto, para determinar el salario objeto de embargo y la aplicación de los referidos tramos en relación con el salario mínimo interprofesional, se tomará en su cuantía líquida o neta, deduciendo los descuentos que establece dicho precepto.

Habrá que acumularse al salario en dinero las percepciones que reciba el trabajador en especie y se procederá a la aplicación de la escala de embargabilidad.

También se acumularán los salarios, pensiones e ingresos de análoga naturaleza del cónyuge del trabajador-deudor, en su caso, cuando su régimen económico matrimonial no sea de " separación de bienes y rentas de toda clase ", en cuyo caso deberá acreditarse (art. 607.3 LEC).

La acumulación de los salarios del cónyuge del trabajador se realiza a efectos de determinar las cuantías embargables del salario de éste, sin que llegue el embargo a las retribuciones de su cónyuge.
¿Cómo se computa el salario mínimo interprofesional a efectos de embargo?
Se ha de tomar la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, que incluye las dos pagas extraordinarias que, como mínimo, impone el legislador (art. 31 ET), y se prorrateará en función del número de días a los que se refiere el período de liquidación del salario objeto de protección.
¿Qué ocurre en los casos de que existan cargas familiares?
En los supuestos que el trabajador tenga cargas familiares y su salario objeto de embargo no supere el quíntuplo de la cuantía del salario mínimo interprofesional, el Secretario judicial podrá rebajar el porcentaje de embargo entre un 10 y un 15 por 100, en atención a tales cargas (art. 607.4 LEC)
Procedimientos de ejecución hipotecaria
Por último, cabe hacer especial mención, dadas las numerosas ejecuciones hipotecarias que se han venido produciendo en estos últimos años de crisis, a las medidas adoptadas a través de la aprobación del RD Ley 8/2011 y que a partir del 7 de julio de 2011, eleva el mínimo inembargable en los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado por dicho título. En estos casos el salario mínimo interprofesional se incrementó en un 50 por ciento y en otro 30 por ciento adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.

Un saludo.

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El salario inembargable - Zugasti Abogados

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En la entrada de hoy en el blog, hablaré sobre la inembargabilidad del salario. El art. 1911 del CC establece " Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros ".

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Cuando paga el Fondo de Garantía Salarial

El Fondo de Garantía Salarial es el organismo público que abona a los trabajadores parte de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores de las empresas:

1. La declaración de insolvencia debe decretarla un juez. En este sentido, el trabajador tendrá que reclamar los salarios (+INFO de cómo reclamar salarios) , y una vez reconocida la deuda judicialmente, solicitar el embargo de los bienes de la empresa. Cuando no existan bienes conocidos, o no sean suficiente para abonar la deuda con el trabajador, se podrá acudir al FOGASA.

2. En caso de concurso de acreedores (+INFO de como cobrar en el concurso de acreedores), el trabajador cobrará cuando el administrador de turno realice el certificado de deuda correspondiente, y por lo tanto, no será necesario la finalización del concurso para cobrar una parte de lo adeudado.

No obstante, hay que tener en cuenta que no cubre a todos los trabajadores, por ejemplo no responde de las deudas a los trabajadores al servicio del hogar familiar y los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. Además, no abona la totalidad de las cantidades adeudas a los trabajadores sino que existe unos límites.

Límites en el año 2019

La responsabilidad del FOGASA no es absoluta sino que existen unos límites relacionadas con el Salario Mínimo Interprogfesional en las cuantías a abonar por los salarios y indemnizaciones adeudadas por la empresa.

¿Qué año de SMI se utiliza para calcular los límites?

El Salario Mínimo Interprofesional a tener en cuenta a efectos de calcular los límites es el vigente al declarase la insolvencia empresarial, o en caso de concurso de acreedores el año de la fecha del auto de la declaración de concurso de acreedores.

Salario

El límite máximo a abonar en los salarios será el doble del salario mínimo interprofesional diario -en 2019 70 € (35€x2)- por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 días, incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias.

Por lo tanto, tenemos los siguientes límites:

Se abonará como máximo 120 días de salario.

El salario día a tener en cuenta será el doble del salario mínimo interprofesional: 70 €. Por lo que si el trabajador tiene un salario diario superior, por ejemplo de 80 €, sólo se le abonara como si cobrara 70 €.

En consecuencia, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, un trabajador sólo podrá recibir como máximo por los salarios pendientes de pago 8.400 €.

Por otro lado, para que la responsabilidad del FOGASA sea efectiva, se deben de tener en cuenta las siguientes circunstancias:

Los salarios deben de estar reconocidos en el acto de conciliación administrativo -SMAC- o judicial, resolución judicial, o certificado emitido por el administrador en caso de concurso de acreedores.

Sólo se abonarán aquellas percepciones que perciba el trabajador. En este sentido, considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, ya sea en dinero o en especie, que tengan como objetivo remunerar los servicios laborales prestados. En contraposición con esta definición, no será salario las indemnizaciones abonadas por desplazamientos, dietas.... (+INFO de que se considerado salario).

Indemnizaciones

El límite máximo en caso de indemnización será de una anualidad de salario y sin que el salario base tenido en cuenta para la indemnización exceda del doble del salario mínimo interprofesional con inclusión de las pagas extraordinarias -en 2019 70 €-.

No obstante, y teniendo en cuenta los límites indicados anteriormente, el FOGASA no abona el mismo número de días en todos los despidos, sino que depende de la causa que lo justifique:

Despido improcedente o nulo, o en virtud del artículo 50 del ET: 30 días por año.

Despidos objetivos y colectivos: 20 días por año.

Extinción de contratos temporales, en función del año de formalización del contrato:

Con posterioridad al 1/1/2011: 8 días.

Con posterioridad al 1/1/2012 9 días.

Con posterioridad al 1/1/2013 10 días.

Con posterioridad al 1/1/2014 11 días.

Con posterioridad al 1/1/2015 12 días.

Con posterioridad al 1/1/2016 12 días.

Con posterioridad al 1/1/2017 12 días.

Con posterioridad al 1/1/2018 12 días.

Con posterioridad al 1/1/2019 12 días

En definitiva, el importe máximo a indemnizar en caso de despido improcedente será de 25.200 €.

Las indemnizaciones que abona el FOGASA deben de ser reconocidas en el acto de conciliación judicial, o mediante sentencia, pero no las indemnizaciones acordadas en el acto de conciliación laboral celebrado en el SMAC.

¿Qué pasa en los contratos a tiempo parcial?

En los contratos a tiempo parcial todos los límites se reducen proporcionalmente según la jornada que realiza el trabajador. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo con fecha de 20 de junio de 2017 en esta sentencia.

En otras palabras, los límites indicados anteriormente sólo son válidos para trabajadores a jornada completa, los de jornada parcial se reducen según su jornada de trabajo. Para saber que porcentaje de jornada realizamos lo podemos comprobar en el informe de vida laboral.

Procedimiento para acudir al FOGASA

Antes de acudir al FOGASA se debe de haber decretado su situación de insolvencia o la situación de concurso de acreedores. Por ello, se debe de iniciar los procedimientos judiciales pertinentes.

El trabajador, ya sea por despido o por reclamación de cantidad, debe presentar la papeleta de conciliación laboral ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación.

En este caso, pueden darse dos situaciones:

1. La empresa reconoce la cantidad, pero no abona la misma. En dicho caso, se deberá ejecutar el reconocimiento en el SMAC en el juzgado. Durante el proceso de ejecución, se intentará comprobar los bienes disponibles de la empresa, y en caso de no encontrar ningún bien, o no poder embargarlo, se declara la insolvencia empresarial, y por tanto, el FOGASA abonará la deuda con los límites anteriormente indicados.

2. La empresa no reconoce la cantidad adeuda. Se debe continuar con el procedimiento y presentar la demanda ante el juzgado de lo social.

En el caso de las indemnizaciones no serán válida el acuerdo recogido en el SMAC, por lo que siempre se deberá acudir a los juzgados en caso de que se dude de la situación económica de la empresa.

En caso de no alcanzar un acuerdo en el procedimiento anterior o si lo que estamos impugnando es el despido, se debe continuar con el procedimiento judicial presentando la correspondiente demanda.

Si la sentencia reconoce las deudas de la empresa con el trabajador o se acuerdo en la conciliación ante el letrado del juzgado, pero no realiza el pago voluntario se debe proceder a la ejecución de la sentencia para conseguir el pago forzoso de la deuda.

Como en el caso anterior, si no se encuentran bienes a nombres de la empresa capaces de satisfacer la deuda, se declara la insolvencia empresarial, y por tanto, el FOGASA responderá de las cantidades adeudadas con los límites indicados.

Plazo para reclamar por el trabajador

El plazo es de un año empezando a contar desde la declaración de insolvencia de la empresa o del certificado emitido por . Es decir, una vez intentando el pago forzoso en el procedimiento de ejecución.

Plazo para abonar la cuantía

En teoría, una vez realizada la solicitud el FOGASA tiene un plazo de tres meses para responder al trabajador reconociendo o denegando la cuantía. En este sentido, si no se realiza la respuesta en dicho plazo, se entiende aceptada la responsabilidad del pago, y por lo tanto, el FOGASA abonará la cuantía reclamada.

Otra cuestión será cuanto tarde en hacer efectiva ese pago, ya que existen demoras de hasta dos años.

Documentación a presentar

Toda la información relativa a la solicitud de la prestación al Fondo de Garantía salarial se encuentra en este enlace. No obstante, te adelantamos que documentación hay que presentar.

Con carácter General

1. Solicitud: En modelo oficial vigente, debidamente cumplimentado y firmado. O bien, mediante el sistema de solicitud electrónica.

2. Fotocopia del D.N.I., N.I.E o documento de identidad equivalente, del trabajador, salvo que autorice expresamente al Organismo para su obtención, sin que por ello se le exima de identificarse ante el funcionario actuante.

3. En caso de actuar mediante representante, copia del DNI de éste, N.I.E o documento equivalente y original o copia testimoniada del documento por el que se acredite la representación (poder notarial, documento privado confirma legitimada, declaración firmada en comparecencia personal ante funcionario público,...). Si la cuenta bancaria de ingreso pertenece al representante, debe tener reconocida expresamente la facultad para cobrar del Fondo de Garantía Salarial.

Con carácter específico

Acta de conciliación (administrativa o judicial) y/o Sentencia firme testimoniada del Juzgado de lo Social, en la que se reconocen los salarios reclamados. Deberá aportarse la papeleta de conciliación y/o demanda con el sello de presentación, cuando sea necesario para acreditar la naturaleza y condiciones de la relación laboral (antigüedad, salario, detalle de la deuda, prescripción, caducidad...) Si se solicitan salarios de tramitación, deberá aportarse la documentación que acredite la notificación de la Sentencia a la empresa.

Además, alternativamente: Si se siguió ejecución laboral:

1. Declaración de insolvencia (Auto o Decreto) dictada por el Juzgado de lo Social.

2. Se acompañará escrito instando la ejecución, el Auto de ejecución, y/o la resolución que acuerde la acumulación de ejecuciones cuando sea necesario acreditar la interrupción de la prescripción, cantidades percibidas, etc.

Si la empresa se halla incursa en procedimiento concursal:

1. Auto de admisión a trámite o de declaración del concurso.

2. Certificación de reconocimiento e inclusión de los créditos en el Concurso, bien como créditos concursales o bien como créditos contra la masa, debidamente desglosados y detallados, emitida por la Administración Concursal.

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Cuanto paga el FOGASA en salarios e indemnizaciones

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El Fondo de Garantía Salarial es el organismo público que abona a los trabajadores parte de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores de las empresas: La declaración de insolvencia debe decretarla un juez.

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La calculadora está actualizada a fecha de 1 de Enero de 2019 utilizando como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en España.

Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial.

Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.

Serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

Las cantidades embargadas podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el Secretario judicial encargado de la ejecución.

En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su posterior entrega como el ejecutante, deberán informar trimestralmente al Secretario judicial sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente y en consecuencia debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Secretario judicial.

Contra la resolución del Secretario judicial acordando tal entrega directa cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal.

En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.

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Calculadora de embargos de nóminas y salarios - SanchezBermejo.com

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La calculadora está actualizada a fecha de 1 de Enero de 2019 utilizando como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en España. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable.

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