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Para elegir a los miembros de la rama judicial se planea que sea por medio de un concurso de méritos, como lo propone el senador Eduardo Pacheco. Sin embargo, que el concurso no sea netamente intelectual sino que también se evalúe una parte de derechos humanos, en la cual se vea que los funcionarios sí se preocupan por el bienestar de los ciudadanos y no por favorecer a un partido político o tomar ventaja de su posición.

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Como grupo llegamos al consenso de que si es necesario hacerle una reforma a la justicia con el fin de cambiar el modo de elegir miembros de la rama judicial como fiscal, contralor, procurador,entre otros. Para asi evitar que el poder se centralice y se concentre en esta rama. A pesar de esto creemos que la reforma tiene que ser muy vigilada para que esta se haga de manera correcta y no solo para beneficiar a unos pocos. Creemos que esta reforma se debe llevar a cabo mediante métodos de participación democrática directa como un plebiscito donde se convoca el pronunciamento del pueblo para tomar decisiones de importancia, o un referendum donde los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una resolución o ley.

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Arciniegas, C. (productor). (2017). "¿Qué es el refendo?". De https://www.youtube.com/watch?v=mJdxbxiioQs

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https://www.youtube.com/watch?v=fVcwNSHjXpc

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Por mi parte, estoy de acuerdo con lo que dice Daniela (d_currea20) y considero que el mecanismo de participación más adecuado para llevar a cavo la reforma a la justicia sería el referendo. Por medio de éste, un grupo de ciudadanos puede conformar un comité, presentarse ante la registraduría con el proyecto de ley que desean aprobar para que se de la inscripción del comité promotor, contando con el 5 por 1000 de firmas para que el luego la registraduría aprube la confomación de dicho comité. Cuando ya es oficial el comité, la Registraduría Nacional le da un formato en donde deben recolectar las firmas realizadas a puño y letra por el ciudadano en su totalidad (para la recolección de firmas contarán con 6 meses ), el respaldo debe ser del 5% del censo electoral nacional en este caso. Cuando la Registraduría avala las firmas, este pasará al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad. Si es aprobado, se pasará a las votaciones para que los ciudadanos aprueben o no la norma, para lo cual debe votar al menos un cuarto de la población y su mayoría de votos a favor. Este mecanismo me parece el más adecuado porque incluye a los ciudadanos desde un principio, a diferencia de otros mecanismos de participación que principalmente pasan por la aprobación del congreso o cámara de representantes para que luego si puedan los ciudadanos votar a favor o en contra.                                                                                                                                                                                                         Registraduría Nacional Del Estado Civil. (productor). (2013).  "Mecanismo de participación ciudadana el referendo". De

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Yo pienso que si se debe hacer una reforma a la justicia, estoy de acuerdo con la reforma que menciono Laura (lebenitez252) ya que creo que el principal  problema de la justicia actual es la falta de participación de más sectores del gobierno y el pueblo. Todo el poder de la justicia esta muy concentrado lo que causa una desconfianza por parte del pueblo y otros sectores del gobierno mismo, para arreglar esto la decision de una reforma judicial se debería llevar a cabo por un mecanismo de participación democrática directa como un plebiscito o un referendum. Así el pueblo participaría en la decision y el gobierno se vería más presionado a realizar cambios.  Por otro lado, creo que en la actualidad el tema de una reforma judicial se ha visto afectado por el caso de Alvaro Uribe ya que sus simpatizantes apoyan una reforma que los demás sectores del gobierno y los ciudadanos ven como una forma de favorecer al ex presidente. Lo anterior puede dificultar la reforma debido a que el pueblo empezara a dudar de las verdaderas intensiones de esta y empezaran a verla como algo que seguirá favoreciendo a los altos cargos en lugar de un cambio para descongestionar la justicia y equilibrar los poderes que es lo que realmente se busca.       https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/reforma-de-la-justicia-la-propuesta-de-fedesarrollo-para-modernizar-la-rama-judicial-529710.                 https://www.semana.com/nacion/articulo/centro-democratico-propone-reformar-la-justicia--noticias-hoy/691816

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Adicionalmente (y no se que opinen al respecto) considero que promover una Constituyente como la solución de todos los problemas de la rama judicial es un poco reduccionista, ya que no todos tienen origen constitucional. Por ejemplo, creo que establecer una cultura de legalidad es esencial para que se viva la justicia en Colombia, y siento que una Constituyente no es suficiente para garantizarla.

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Al igual que Daniel (dmarinoo1), pienso que hay que desconfiar de las llamadas unilaterales a unificar las cortes a través de una Asamblea Nacional Constituyente porque parecen ser una excusa para que unos partidos logren beneficiarse políticamente.

No obstante, esta no es la única razón por la cual distintos actores políticos se han opuesto a la Constituyente: el artículo 58 de la Constitución Política establece que convocar una Constituyente es un proceso largo que requiere de la aprobación del Congreso y del cuerpo electoral a partir de un referendo. De esta manera, el proceso puede tomar más de un año, por lo cual –como mencionó el presidente Duque– no sería un mecanismo efectivo para combatir los problemas de la rama judicial en un corto plazo (El Tiempo, 2020). Además, nuestra coyuntura actual quiere decir que los ciudadanos y el gobierno tienen preocupaciones inmediatas que deben ser contrarrestadas con urgencia, como el desempleo y el acceso a servicios de salud. A partir de lo anterior, considero que podría ser más efectivo que el involucramiento directo de la ciudadanía en la formulación de la reforma judicial sea más limitado. Por ejemplo, creo que la propuesta que expuso Laura (lebenitez252) se acerca a un punto intermedio en donde hay participación directa de partes de la ciudadanía sin que esto conlleve un proceso decisorio muy largo.

El Tiempo. (2020). ¿Por qué los partidos no le caminan a la Constituyente uribista?. Recuperado el 8 de septiembre 2020, en https://www.eltiempo.com/politica/congreso/por-que-los-partidos-no-le-caminan-a-una-constituyente-para-reformar-la-justicia-526392

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Yo por mi lado comparto las preocupaciones de Daniel (dmarinoo1) sobre las propuestas que miembros de ciertos sectores políticos quieren impulsar. En una de las propuestas por parte del ministerio de justicia había puntos preocupantes como la limitación de la acción de tutela (Minjusticia, 2018) que es uno de los mecanismos de participación ciudadana más efectivos para garantizar los derechos de los colombianos y que ha por ejemplo permitido el acceso a saluda a millones de ciudadanos (Betancourt & Rosero, 2011) . Aunque esta sección en particular se calló en el Senado (Sus Abrajim, 2018), es preocupante que en algún momento reformas de esta índole puedan ser exitosas.

Betancourt, J. A., & Rosero, M. P. (6 de Septiembre de 2011). Semana. Obtenido de La acción de tutela: salvaguarda de la vida y la salud de los colombianos: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-accion-tutela-salvaguarda-vida-salud-colombianos/241099-3

Minjusticia. (3 de Noviembre de 2018). Minjusticia. Obtenido de ABC - Propuesta de Reforma a la Justicia.: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdfs/ABC%20del%20Proyecto%20de%20Reforma%20a%20la%20Justicia.pdf

Sus Abrajim, S. (23 de Noviembre de 2018). Periodico al derecho. Obtenido de El ABC político de las 2 reformas a la Justicia: https://alderecho.org/2018/11/23/el-abc-politico-de-las-2-reformas-a-la-justicia/

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Ahora, también está el otro lado. Y presiento que es también lo que tu piensas Laura (lebenitez252), me preocupa mucho los casos judiciales recientes, en donde el gobierno puede acomodar cualquier método de contrapeso a su favor. Por ahí creo que se debería concentrar la reforma, e ignorar los pedidos unilaterales del partido del gobierno para que solo se establezca una sola corte, como en E.E.U.U, qué además, tiene otro sistema judicial totalmente diferente al nuestro (el nuestro está basado en el derecho romano y el de ellos está basado en el derecho anglosajón.) De esto siento que el senador Roy Barreras, me parece que tiene una gran explicación de la situación que se ha generado en el país:  https://www.youtube.com/watch?v=osM2k7toMsI

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Viéndolo desde una perspectiva de la filosofía política, John Rawls argumentaba que la única manera de que esta se logrará en un estado social de derecho es a través del velo de la ignorancia. En donde uno debe de generar una sociedad en donde se debe asumir la posición de la gente rica como la posición de la gente pobre. De esta manera al formar un estado se debe de garantizarle el derecho a todos sus ciudadanos. Que quede claro también, el presidente Duque ha dado unas declaraciones que me parecen parcialmente razonables ( https://www.youtube.com/watch?v=Q3EM3rNd-f0 ), pero también se han dado casos en donde veo las proposiciones del partido del gobierno y partidos "independientes" como el Cambio Radical y el "Partido de la U", no siento que se busquen las garantías de los derechos de los colombianos sino, los derechos de unos pocos. . Con la inexplicable búsqueda de reformar la justicia para que se genere la eliminación de la JEP, la irrazonable defensa de la inocencia de Andrés Felipe Arias, y el nuevo caso judicial de Alvaro Uribe, tengo la presunción de que el partido de gobierno gobierna solo para ellos (y entre ellos) y no para todos los colombianos.

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Holaaa. Respecto a la pregunta de si debería o no haber una reforma a la justicia, yo considero de que sí es necesaria y una de las reformas que me parecerían más adecuadas es la que propone el senador  Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, con apoyo de congresistas de otras bancadas como la Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical. Lo que proponen es:  "modificar el método para escoger fiscal, contralor, procurador y defensor del Pueblo, así como registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, 88 cargos que ahora serían seleccionados y elegidos, ya no por las mismas altas cortes, el presidente o el Congreso , sino por una universidad pública y otra privada “de alta calidad”. Ambas instituciones escogerían a los funcionarios con mayor puntaje de listas conformadas a través de una convocatoria pública a un concurso de méritos". Considero que es una buena iniciativa porque no primarían intereses particulares ni preferencias por sus ideologías, por medio de este concurso sobresaldrían el mérito, la experiencia, la neutralidad e independencia de los elegidos. Sería una forma ideal para evitar que en los altos cargos queden personas que se inclinen hacia algún partido y les impida ser imparciales en su cargo. El problema con esta iniciativa es que muchos de los altos cargos estarían en contra y sería difícil lograr que prospere esta reforma, por lo cual habría que pensar muy bien qué mecanismo de participación ciudadana podría ser el más adecuado para lograr el propósito. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál creen que sería el mecanismo de participación más efectivo? o si no les parece que esta sea una buena alternativa, entonces también opinen al respecto y ofrezcan otras reformas que podrían tener en cuenta y serían más efectivas, o si no creen que se deba hacer una reforma entonces también sería importante que expresaran sus argumentos :)   y perdón por la hora. A continuación dejo el link en el que se encuentra esta reforma un poco más explicada.

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En el Senado fue radicado un proyecto de acto legislativo para que la escogencia de fiscal, procurador, defensor del Pueblo, contralor y magistrados de los altos tribunales se haga por sistema de méritos. Así es el proyecto y su perspectiva a ojos de juristas.

En momentos en los que el sistema de pesos y contrapesos en el país está en entredicho como nunca -pues a la cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría llegaron allegados e incluso exfuncionarios del presidente Iván Duque-, en el Congreso hace carrera un proyecto para cambiar la forma en que son elegidos no solo los jefes de los entes de control, sino también los magistrados de las altas cortes. Si bien el revolcón es visto con buenos ojos por juristas, constitucionalistas y legisladorees, no dejan de advertir que los chances de que prospere son pocas y que el camino está repleto de obstáculos.
En contexto: ¿Qué tiene a Duque al fin en las mieles del Congreso?
La iniciativa es promovida por el senador Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, con apoyo de congresistas de otras bancadas como la Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical. El proyecto de acto legislativo plantea cambiar la forma en la que son elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Adicionalmente, modificar el método para escoger fiscal, contralor, procurador y defensor del Pueblo, así como registrador y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es decir, 88 cargos que ahora serían seleccionados y elegidos, ya no por las mismas altas cortes, el presidente o el Congreso (ver infografía al final) , sino por una universidad pública y otra privada "de alta calidad". Ambas instituciones escogerían a los funcionarios con mayor puntaje de listas conformadas a través de una convocatoria pública a un concurso de méritos.

Es tan ambiciosa la iniciativa, que propone reformar 10 artículos de la Constitución buscando que en la elección ya no primen intereses particulares, el clientelismo o la falta de independencia, para privilegiar el mérito. "Se propende por la transparencia en la selección y elección, y, por ende, el ejercicio profesional, ético y de calidad moral de quienes regentarán la función de servidores públicos", argumenta Pacheco.
Opiniones divididas
Se establece además que quien haya ejercido como magistrado de alguna de las altas cortes, o desempeñado el máximo cargo en los entes de control, no podrá ser seleccionado ni postularse a convocatorias para alguno de los puestos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber concluido funciones.

Para el exmagistrado Hernando Torres Corredor, del Consejo de la Judicatura, bajo los principios de autonomía e independencia, se debe propender porque en los nombramientos participen cada vez más personas y se garantice ese derecho a incidir en la administración del Estado en cualquiera de sus ramas. Por ello celebra el proyecto, haciendo hincapié en que se debe fortalecer el componente de la convocatoria pública. "El concurso de méritos es un examen formal de aptitudes y conocimientos, pero en la convocatoria sobresalen la experiencia y la adecuada toma de decisiones. También se requieren garantías de neutralidad e independencia en sus decisiones. Es decir, evitar al máximo la contaminación de intereses ajenos".

En ello coincide el exmagistrado Rafael Ostau de Lafont, del Consejo de Estado, quien respalda la propuesta, pero destaca que la elección en las altas cortes ha funcionado con mayor eficacia en pro del equilibrio de poderes y la autonomía, contrario a lo que pasa en la escogencia en los entes de control. "El sistema ha funcionado, puede haber ajustes en la convocatoria y evaluación de requisitos, pero ha sido efectivo. En el caso de los órganos de control sí que valdría revisar, porque la experiencia demuestra la ruptura del equilibrio".

Otro que le da un espaldarazo al proyecto es el exconstituyente Antonio Navarro que, si bien participó en todo el diseño del sistema de pesos y contrapesos, y en los mecanismos de selección, coincide en que no ha funcionado del todo bien con los entes de control. "No es una mala idea. En el 91 respetamos el sistema que había en las altas cortes, pero para los entes de control y otros cargos establecimos un sistema de concurrencia de poderes, que se ha deteriorado y ha hecho que primen elementos clientelistas. Además, el Gobierno participa activamente y los contamina", dice.
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Por su parte, el exmagistrado del CNE Armando Novoa, quien también participó en la Asamblea Constituyente de 1991, manifiesta que, aunque el proyecto está bien pensado, no es momento de implementarlo. ¿La razón? La controversia por el proceso adelantando contra el expresidente Álvaro Uribe por la Corte Suprema (una de las entidades involucradas en la reforma), por lo que la iniciativa podría ser revanchista contra magistrados que demostraron "ser el único muro de contención ante la corrupción y el clientelismo en la política".

"Es inconveniente que se piense en este momento en modificar la elección en las altas cortes, pues tiene sabor a retaliación por decisiones contra el uribismo. Lo que hay que pensar es en la reforma política y electoral, incorporando la elección de magistrados del CNE, que no controlan nada, no tienen dientes y son agentes políticos de los partidos", explica, precisando que en todo caso ningún diseño en la elección de magistrados es aséptico o ideal, "porque se trata de procesos que están atravesados por intereses de distinto orden".

Desde otra orilla, el exmagistrado Jaime Arrubla, quien presidió la Corte Suprema, se muestra partidario de una reforma, pero no la que se propone: "Es aterradora", señala. Por ello, aboga por un sistema similar al que existía antes de la Constitución del 91, en el que los miembros de las propias cortes elegían a sus sucesores, es decir, una cooptación del sistema.

"Hay que volver a la cooptación pura, pero exigiendo a las corporaciones que realicen procedimientos para llevar a las mejores personas y mantener el equilibrio entre gente de carrera y la academia. Es un equilibrio sano, pero el sistema que proponen es desastroso. Todos los problemas que hemos vivido son por el diseño de la Constitución del 91. Hay que aumentar las calidades para ser magistrado y la edad para llegar a las altas cortes, así como el régimen de incompatibilidades, sobre todo en la injerencia de los organismos de control. Eso se volvió un enroque", indica.

Propone además que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura y que el fiscal sea elegido por el presidente: "Que el jefe de Estado asuma los éxitos y fracasos de las políticas para perseguir el delito". Respalda también que el contralor y el procurador sean elegidos por el Congreso, pero insiste en una reforma a la Procuraduría ante el fallo a favor del exalcalde Gustavo Petro, que determinó que un órgano administrativo no puede aplicar destitución o inhabilidad a funcionarios elegidos por voto popular.

Pese al visto bueno y apoyo a la iniciativa, los juristas consultados coinciden en que difícilmente una reforma de ese calibre prospere en el Congreso, teniendo en cuenta que les restaría poder e influencia a la hora de elegir funcionarios del calibre del Consejo Superior, el CNE o la Procuraduría. En ese sentido, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) lamenta que, pese a que se han promovido iniciativas orientadas al mérito, estas no han prosperado. "Hay que mejorar la política. Si tenemos un mejor Congreso mejor va a elegir y no por conveniencia". En esa línea, insta a evaluar cómo ha sido la elección de registrador (realizada por concurso de méritos) para recoger experiencias".

El proyecto fue radicado hace menos de 15 días y aún está pendiente de ser enviado a comisión. Desde ya se vislumbra como una fórmula para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, pero -como muestra la evidencia-, tendrá que superar precisamente los males que pretende enfrentar (clientelismo y primacía de intereses oscuros) para prosperar.

jgonzalez@elespectador.com

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El proyecto que busca reformar la elección de altas cortes y entes de control

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En el Senado fue radicado un proyecto de acto legislativo para que la escogencia de fiscal, procurador, defensor del Pueblo, contralor y magistrados de los altos tribunales se haga por sistema de méritos. Así es el proyecto y su perspectiva a ojos de juristas.

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