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“Resultado del incumplimiento de criterios que son relevantes para la tutela de bienes jurídicos como la vida y la integridad personal, mientras que la responsabilidad ética médica”, así mismo en palabras se relaciona intrínsecamente con la “costumbre del médico en cuanto a su conducta, buen comportamiento, excelente práctica de sus labores y al violar esto, o actuar de mala fe entra a cuestionarse la ética del médico y la responsabilidad que éste tiene” teniendo en cuenta Culpa, daño y nexo causal.

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La cultura organizacional es un camino largo de recorrer, la calidad en las organizaciones es un compromiso institucional y con la comunidad.

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https://www.youtube.com/watch?v=TpS8wRGjy2Q

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El sistema obligatorio de garantía de la calidad 

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El sistema obligatorio de garantía de la calidad 

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https://www.youtube.com/watch?v=qyv2TgsPchk

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Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA 

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Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: Concepto

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https://www.youtube.com/watch?v=C5LTsht9sQw

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En responsabilidad médica ¿Cuáles son las responsabilidades del personal de salud?

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https://youtu.be/sYGFR4fAYHg

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Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

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Estas son las recomendaciones de la OMS sobre la reforma a la salud en Colombia, ya que Min Salud es responsable de la rectoría y dirección del SGSSS, mediante la formulación de políticas y la coordinación intersectorial

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Las recomendaciones de la OMS sobre la reforma a la salud en Colombia

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Garantiza la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población de su territorio Inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente que afectan la salud

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Brinda servicios de salud a los usuarios. Son instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes de salud y los servicios de transporte especial de pacientes.

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1. REPS - REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

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Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables  para la entrada y permanencia en el Sistema.

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Es el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de salud ocupacional, los cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Consultor Synergia: Decxy Chaparro

Según el Decreto 1011 de 2006 y el 780 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social: es el Conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.

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Consultor Synergia: Decxy Chaparro Según el Decreto 1011 de 2006 y el 780 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social: es el Conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.

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AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

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AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

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El PAMEC va más allá de una simple evaluación de calidad por lo cual se entiende como un proceso de autocontrol donde se otorga una gran importancia a las oportunidades de mejora pertinentes de intervención con ajustes y acciones necesarias que permitan superar las expectativas de los usuarios de los diferentes procesos de la prestación del servicio de salud. Son enmarcados en la resolución de habilitación y en estándares superiores de acreditación.

Sus objetivos específicos:

*Identificar oportunidades de mejora evaluando periódicamente la calidad de la atención.

*Identificar problemas reales o potenciales prioritarios.

*Implementar los planes de mejoramiento que requiera la organización.

*Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento implementados mostrando el impacto.

El programa se desarrolla mediante la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) ajustada a la Ruta Crítica que permite fundamentarse en dos pilares que son el mejoramiento continuo y la atención centrada en el usuario. La cual se muestra a continuación.

Ruta Crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad

Acorde con lo establecido en las pautas del Ministerio de la Protección Social, Sinergia Salud para la implementación del PAMEC ha definido regirse con los siguientes principios:

Equipo de Mejoramiento de Calidad:

Los líderes del equipo de mejoramiento son: Director de Unidad, Coordinador Administrativo, Enfermera de PyP de la Unidad, Médico de apoyo, Psicólogo de Unidad y Bacteriólogo /Odontólogo.

El enfoque del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad se realiza en los siguientes procesos en las unidades básicas de atención:

*Sistema de información para la calidad.

*Programa de seguridad y seguimiento a riesgos.

*Estándares de acreditación.

*Satisfacción del uuario.

Para realizar un adecuado seguimiento al impacto del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad se monitorea por indicador el cumplimiento acorde a cronograma de la ruta crítica del PAMEC, y cada unidad de Sinergia Salud, establece sus propios indicadores retadores acorde a la priorización de los proceso que quedaron en brecha, a los cuales se establece planes de mejoramiento con su respectiva medición del impacto de manera trimestral.

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Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) :: Coomeva la cooperativa de los profesionales

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El PAMEC va más allá de una simple evaluación de calidad por lo cual se entiende como un proceso de autocontrol donde se otorga una gran importancia a las oportunidades de mejora pertinentes de intervención con ajustes y acciones necesarias que permitan superar las expectativas de los usuarios de los diferentes procesos de la prestación del servicio de salud.

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Administra el riesgo en salud de sus afiliados a través del Plan Obligatorio de Salud - POS- en promoción de la salud y prevención, tratamiento y rehabilitación. Debe contar con una red de prestadores para garantizara la atención a todos los afiliados

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Carolina Corcho, nueva ministra de Salud. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Los anuncios de la ministra Carolina Corcho sobre la reforma a la salud ha puesto en debate público el proyecto que se construye, incluso antes de conocer su contenido. Para zanjar la polémica, el Gobierno nacional aclaró que hasta el momento no se han definido los artículos y apenas inicia la concertación.

Durante el fin de semana, la reforma a la salud cobró relevancia por las palabras que entregó la ministra Corcho durante una audiencia pública de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, realizada en Cali. "La salud se financia con aportes de los trabajadores y aportes del presupuesto de los impuestos de los colombianos. Esos recursos deben llegar directamente a los hospitales, no podemos continuar intermediando unos recursos", afirmó en el evento.

Adicionalmente, circuló en redes sociales un supuesto borrador del proyecto de ley que confirmaría la intención del Gobierno de eliminar las EPS como intermediarios del sistema de salud en el país, lo que despertó la polémica y convocó a los funcionarios del Gobierno nacional y el Pacto Histórico para defender la iniciativa de reforma al aseguramiento en el país.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, Mauricio Lizcano, quien aseguró que primero se debatirá la reforma tributaria y la reforma a la salud será un proyecto para el próximo año. Sin embargo, se espera que el contenido del texto se conozca entre finales de octubre y la primera semana de noviembre.

"La prioridad del gobierno en materia legislativa es la reforma tributaria. La reforma a la salud es un tema del otro año lo que hemos dicho es abrir una concertación sobre el sistema siendo cuidadosos de siempre construir algo mejor. No hay decisiones tomadas ni articulado ", aclaró el funcionario.

Así mismo lo había advertido la ministra Corcho: "Esperamos que se apruebe la tributaria, porque solo con el recaudo de las grandes fortunas vamos a lograr más recursos para el hambre, el agua potable, la educación, la reforma agraria...", señaló durante la audiencia pública.

La ministra sostuvo que también buscarán la atención a los determinantes sociales que afectan la salud pública como acceso a agua potable y alimentación; reducir la tercerización laboral y eliminar la intermediación que cuesta, según sus cálculos, entre 6 y 7 billones de pesos.

En medio de la polémica por los anuncios del proyecto que tiene como meta eliminar las EPS del sistema de salud, el presidente Gustavo Petro también se pronunció para defender la iniciativa liderada por Corcho, ante quienes aseguraron que había temor entre algunos expertos y miembros del sector.

"Pánico en la salud es tener la peor tasa de mortalidad materna de la OCDE y casi duplicar la tasa de mortalidad infantil en el último año", dijo el mandatario. Una frase que también había pronunciado como inaceptable la ministra de Salud en la audiencia pública porque existen formas de manejo de las enfermedades materno-perinatales.

"El punto medio debe ser una reforma sensata. Como autor de la Ley Estatutaria en Salud estoy listo a ayudar a construir , mejorar, reformar, sin destruir lo que funciona y sin radicalismos de lado y lado. Y así deberían abordarse todos los temas. Este es un debate técnico", señaló por su parte el presidente del Senado, Roy Barreras.

La ministra de Minas, Irene Vélez, que también ha sido cuestionada por su liderazgo en la cartera del gobierno, respaldó a su compañera de gabinete. "La salud es un derecho fundamental. Destaco la gestión de la Ministra Carolina Corcho, gracias por abanderar el cambio que todos los colombianos hemos clamado durante años en el sistema de salud", escribió en su cuenta de Twitter.
SEGUIR LEYENDO:

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Acabar con las EPS en Colombia: Gobierno dice que, en lo que queda del año, no habrá reforma a la salud

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Un supuesto borrador de lo que sería el proyecto del gobierno de Gustavo Petro para reformar el sistema de salud en Colombia, comenzó a circular en redes sociales, encendiendo las alertas sobre la desaparición de las Empresas Promotoras de Salud. Funcioanrios aseguraron que el tema se debatirá el próximo año

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL EN SALUD 

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL EN SALUD 

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https://youtu.be/7NyMtYP_0q8

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Responsabilidad social empresarial en salud

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Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

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La siguiente información sobre deberes, derechos y mecanismos de acceso de personas con discapacidad, y en especial víctimas de Minas Antipersonal, representa un instrumento invaluable para hacer pedagogía en las comunidades y víctimas sobre los instrumentos que tienen al alcance para hacer valer su…

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Constitución política de Colombia
Código Civil
Derecho a la salud
Ley 1438 -2011
Responsabilidad Médica
Código de ética médica
Código Deontológico de Enfermería

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Articulo relacionado con la pandemia y los retos frente a la responsabilidad civil de los profesionales de la salud

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Articulo relacionado con la pandemia y los retos frente a la responsabilidad civil de los profesionales de la salud

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Originales

Covid-19 y responsabilidad civil médica: desafíos de una enfermedad desconocida que devino en pandemia

Covid-19 and medical liability: challenges of an unknown disease that became a pandemic

Covid-19 e responsabilidade civil médica: desafios de uma enfermidade desconhecida que se transformou em pandemia

Departamento de Derecho Privado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Chile. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0262-922X.

Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Chile. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7212-4163

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus evidencia que los regímenes de responsabilidad deben ser capaces de diferenciar los instrumentos conceptuales disponibles para lidiar con una enfermedad nueva que, además, devino en pandemia. Este trabajo postula que, tratándose de enfermedades nuevas, los principios de la responsabilidad por culpa evitarán que los prestadores médicos sean condenados por hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia. Además, en cuanto al problema de salud pública, todo juicio de responsabilidad deberá tomar en cuenta los cambios que se producirán en la lex artis médica, y diferenciar la eventual responsabilidad de los prestadores de salud de aquella que corresponda a la autoridad encargada de controlar los efectos de la pandemia.

Palabras clave: responsabilidad médica; covid-19; lex artis; riesgos del desarrollo; pérdida de la chance; falta de servicio; salud pública

The coronavirus health-emergency shows that liability schemes need to discriminate the conceptual instruments available to address a new disease that, additionally, has become a pandemic. This article argues that, regarding new diseases, a fault-based liability schemes prevents health providers from being held liable for consequences that could not have been foreseen or avoided according to the state of knowledge of science. Besides, regarding the public health problem, any liability judgment must take into account changes to the medical lex artis; distinguishing also the eventual liability of health providers from the one that belongs to the authority in charge of the response to the pandemic.

Key words: Medical liability; covid-19; lex artis; development risk defence; loss of a chance; lack of service; public health

A emergência sanitária provocada pelo corona vírus evidencia que os regimes de responsabilidade devem ser capazes de diferenciar os instrumentos conceituais disponíveis para lidar com uma enfermidade nova que, além disto, se transformou em pandemia. Este trabalho postula que, tratando-se de enfermidades novas, os princípios de responsabilidade por culpa evitarão que os prestadores médicos sejam condenados por fatos ou circunstancias que não se podia prever ou evitar segundo o estado dos conhecimentos da ciência. Além disto, quanto ao problema de saúde pública, todo juízo de responsabilidade deverá ter em conta as mudanças que se produzirão na lex artis médica e diferenciar a eventual responsabilidade dos prestadores de saúde da que corresponda à autoridade encarregada de controlar os efeitos da pandemia.

Palavras chave: responsabilidade médica; covid-19; lex artis; riscos de desenvolvimento; perda de oportunidade; falta de serviço; saúde pública

A casi seis meses de que se haya declarado la alerta sanitaria, Chile registra 319.493 casos confirmados de covid-19, al tiempo que 7.069 personas han muerto a causa del coronavirus(). Y, si bien en los primeros meses los números avalaban la gestión de la autoridad sanitaria, al mes de julio de 2020 el país lidera los índices de contagios por millón de habitantes, por lo que se ha empezado a plantear el problema de la responsabilidad.

La relación entre prestaciones médicas y responsabilidad se intensifica cuando los profesionales de la salud se enfrentan a una enfermedad nueva. Más aún si esa enfermedad deviene en pandemia. Ambos factores, que implican dudas cognitivas y sobrecarga de trabajo, inciden significativamente en la toma de decisiones, pudiendo desencadenar perjuicios en los pacientes.

Desde luego, la responsabilidad médico-sanitaria no está supeditada al éxito o fracaso de un tratamiento. Jurídicamente, lo relevante es la conducta desplegada y el daño solo es un indicio de que pudo haber una conducta negligente(,). Para que exista derecho a indemnización es necesario acreditar una conducta negligente y, para esto, no basta constatar un daño. Por eso, en materia de responsabilidad, la pregunta clave apunta al estándar de cuidado que deben seguir los establecimientos y profesionales de salud. Hoy, en tiempos de pandemia, esta pregunta se hace más urgente.

En este artículo analizaremos qué instrumentos conceptuales dispone el derecho de la responsabilidad para lidiar con una enfermedad nueva que deviene en pandemia. Tomando como referencia la situación del covid-19, ofreceremos una lectura de la responsabilidad médica que incorpore consideraciones propias de la salud pública. Defenderemos el argumento de que no debe haber responsabilidad por daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia, salvo que los mismos hayan sido causados por productos sanitarios defectuosos. Respecto del control de la pandemia, sostendremos que el juicio de responsabilidad que se haga deberá tomar en cuenta la alteración que sufrirá la lex artis médica, así como la eficacia de los actos de autoridad.

Herramientas normativas para tratar enfermedades desconocidas

El tratamiento de los efectos nocivos de enfermedades "desconocidas" no es nuevo ni para la medicina ni para el Derecho. Un ejemplo fue la aparición del VIH. Múltiples contagios se produjeron mediante transfusiones de sangre antes de que se descubriera la forma de transmisión del virus, a partir de los inicios de los años ochenta.

Cuando existen enfermedades desconocidas, como la generada por la acción del VIH o el SARS CoV-2, la ciencia comienza una carrera por identificar y controlar la amenaza. Muchas veces ello implicará identificar la estructura y la forma de propagación de la enfermedad para, sobre esa base, implementar las estrategias de prevención y tratamiento, sobre todo en la fase inicial de este proceso, profesionales de la salud indudablemente ejecutarán y omitirán acciones que generarán daños a las personas y que, por lo mismo, plantean la pregunta por la responsabilidad.

En el contexto descrito, cobra especial importancia que analicemos el principio rector de la responsabilidad civil médica, así como el endurecimiento que ha tenido en los últimos años el régimen de responsabilidad por los daños asociados a medicamentos y a otros productos sanitarios defectuosos.

La responsabilidad por culpa como principio rector de la responsabilidad médica

El conocimiento técnico y científico que se tiene de enfermedades "nuevas" es, normalmente, muy precario. Las incertezas que existen respecto de ellas, como ocurre tratándose del coronavirus, acrecienta las posibilidades de que, con el tiempo y el desarrollo de las investigaciones, se descubra que algunas acciones u omisiones médicas no fueron acertadas respecto del tratamiento de esa enfermedad.

Por lo anterior, ante la pregunta por la responsabilidad de los prestadores de salud por el riesgo de actuar frente a una enfermedad desconocida, el Derecho les ofrece una vía natural de protección, al sujetar su responsabilidad a un régimen de responsabilidad por culpa. Ello quiere decir que, en el contexto del tratamiento de personas con covid-19, los prestadores de salud que, con la intención de tratar a los pacientes, causen daños que no eran previsibles al momento que ejecutaron su acción, serán exonerados de responsabilidad: precisamente porque su acción u omisión no podrá ser considerada culpable.

El razonamiento recién referido fue recogido en el artículo 41 de la Ley Nº19.966, que regula la responsabilidad de los órganos del Estado que prestan servicios médico-sanitarios, en los siguientes términos: "[n]o serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos".

Dado que el Título III de la Ley N°19.966 introduce un régimen subjetivo de responsabilidad por falta de servicio (por culpa o negligencia de los órganos del Estado), se podría pensar que la regla del artículo 41 simplemente reafirma una consecuencia de aquel régimen. Efectivamente, se reitera la norma de responsabilidad por culpa que dispone el artículo 38 de la referida ley. Por lo mismo, en principio, el artículo 41 sería una disposición inocua desde el punto de vista de la responsabilidad por las acciones u omisiones en que puedan incurrir quienes intervengan en el tratamiento de enfermedades nuevas como el covid-19.

En paralelo, algún autor ha sugerido que la regla del artículo 41 importaría una flexibilización probatoria del caso fortuito. A diferencia del régimen general, que exige para el caso fortuito la concurrencia copulativa de la imprevisibilidad y la irresistibilidad del evento dañoso, el artículo 41 permitiría la exoneración de la responsabilidad con la acreditación de una cualquiera de esas características(). Esta última lectura, aun siendo plausible, no ha tenido prácticamente ningún impacto en la jurisprudencia de los tribunales.

No obstante lo anterior, dado que la norma contenida en el artículo 41 está redactada en terminología propia de la noción de los riesgos del desarrollo(,), creemos que tendrá una importante aplicación a propósito de la contingencia ocasionada por la enfermedad asociada al SARS CoV-2. Y es que, como veremos enseguida respecto de los daños producidos por productos sanitarios defectuosos, una relativamente reciente legislación ha introducido en el Código Sanitario un régimen de responsabilidad estricta u objetiva, prohibiendo alegar la excusa exoneratoria fundada en la noción de los riesgos del desarrollo, al tiempo que dispuso que la responsabilidad de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) se regirá por las normas del Título III de la ley Nº19.966.

La supresión de la excusa liberatoria por riesgo del desarrollo en el nuevo régimen de daños causados por productos sanitarios defectuosos

Con la aparición de economías basadas en el consumo masivo de bienes, surgió también la necesidad de proteger efectivamente a los consumidores de los daños que la puesta en circulación de productos podría causarles. Desde el punto de vista de la prevención y la reparación de estos daños, los sistemas clásicos de responsabilidad fallaban. A los consumidores les era prácticamente imposible probar la culpa en el diseño o en la fabricación del producto. Además, el fabricante muchas veces se encontraba muy lejos (incluso en otros países) del consumidor final.

Por lo anterior, el derecho del consumo se desarrolló aumentando las listas de responsables por los daños causados por productos (incluyendo vendedores, distribuidores, etc.), y facilitando la posición probatoria de los consumidores mediante la introducción de presunciones de culpa e, incluso, de regímenes de responsabilidad sin culpa (objetivos).

En Chile, la regulación del consumo no contempla un régimen de responsabilidad por productos defectuosos. Sin embargo, recientemente se han dictado normas específicas sobre "productos sanitarios defectuosos", y esta regulación reviste una importancia radical en el tema que nos interesa, pues la cura del covid-19 parece pasar por la elaboración de un nuevo medicamento o la experimentación con otros ya existentes, y la normativa referida parece haber excluido la posibilidad de hacer valer la excusa liberatoria por riesgos del desarrollo.

En efecto, la Ley Nº20.850 de 2015 (conocida como Ley Ricarte Soto) insertó un nuevo título al libro IV del Código Sanitario, regulando la responsabilidad por daños asociados a "productos sanitarios". Entre éstos se encuentran productos farmacéuticos, productos alimenticios y otros elementos de uso médicos; y estos últimos comprenden (con algunas excepciones) instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres humanos, así como al reemplazo o modificación de sus anatomías (art. 111).

Se trata de un régimen de responsabilidad estricta u objetiva, en tanto no admite que el demandado se exima "alegando que los daños ocasionados por un producto sanitario se originan de hechos o circunstancias que no se previeron según el estado de los conocimientos científicos o técnicos existentes en el momento de su puesta en circulación o uso" (art. 111K). Si bien la ley no impide esgrimir esta excusa liberatoria respecto de todos los productos consumibles, sí lo hace respecto de todos los productos sanitarios, sean estos medicamentos u otros instrumentos de uso médico que probablemente se utilizaron y se utilizarán en el tratamiento de los pacientes que contrajeron y contraerán la enfermedad producida por el SARS-Cov-2 que apareció el año 2019.

Por lo anterior, tratándose de daños que puedan vincularse con un producto sanitario defectuoso, los sujetos pasivos de la acción contemplados por la Ley Ricarte Soto (los titulares de los registros o autorizaciones, los fabricantes y los importadores, según corresponda) no podrán valerse de la excusa liberatoria de los riesgos del desarrollo. Aunque esta restricción está hecha de manera general para los titulares de los registros o autorizaciones, fabricantes e importadores, tanto públicos como privados, la remisión que hace el artículo 111 I a la Ley Nº19.966 plantea dudas sobre la aplicación de este régimen a la CENABAST.

En efecto, la norma referida establece que la CENABAST responderá "conforme a las reglas establecidas en el Título III de la Ley Nº19.966" que, como vimos, establece un régimen de responsabilidad subjetivo. Si a la CENABAST se le aplica dicho título III, podría plantearse la duda interpretativa de si la aplicación del artículo 41 (que parece incluir una excusa liberatoria por riesgo del desarrollo) se aplica de forma preferente a la norma incluida en el artículo 111 K que no admite dicha excusa.

Herramientas normativas para tratar una pandemia

Como advertimos, además de su novedad, la enfermedad producida por el SARS-Cov-2 presenta la particularidad de haberse transformado muy rápidamente en una pandemia y, por lo mismo, en un problema de salud pública(,). Por ello, la autoridad sanitaria (el Ministerio de Salud, MINSAL) ha tomado la administración de la emergencia dictando una serie de normas que buscan proveer formas de tratamiento de la enfermedad y evitar el contagio masivo de la población.

Se ha generado así un nuevo contexto normativo que afectará la lex artis médica. No solo respecto del tratamiento de pacientes que hayan contraído covid-19, sino también del tratamiento de otras patologías. De esta manera, la autoridad sanitaria afectará el estándar de conducta por el que responderán los prestadores individuales o institucionales de salud mientras dure la pandemia, y será la autoridad la responsable por la gestión del riesgo de catástrofe que para la población general supone la pandemia.
La adaptación de la lex artis médica a la situación de pandemia
Cuando la salud pública reacciona ante una pandemia cambiando el escenario normativo, como ha ocurrido con el covid-19, las nuevas normas no solo afectarán los protocolos de atención de la enfermedad epidémica. Debido a circunstancias como la escasez de recursos o a la necesidad de contener los riesgos asociados a la pandemia, puede afectarse la conducta médica que debe emplearse en el tratamiento de otras patologías. Un buen ejemplo de lo anterior es la resolución del MINSAL que ordena a establecimientos públicos y privados postergar las cirugías electivas cuyo retraso no signifique un riesgo grave para la salud del paciente.

Es importante advertir que el efecto referido solo se mantendrá mientras la enfermedad sea un problema de salud pública. Una vez controlada la pandemia (y con independencia de que se haya encontrado una cura), la resolución del MINSAL perderá eficacia y el estándar de cuidado o lex artis médica se verá restaurado. A efectos del juicio de responsabilidad, esta idea es clave puesto que permite explicar por qué la jurisprudencia de época prepandémica puede no ser pertinente para evaluar conductas durante la pandemia.

Tan solo por poner un ejemplo, en el caso Quiroz con Servicio de Salud Araucanía, fallado en 2018 por la Corte Suprema, un hombre sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Inicialmente se le indicó una cirugía para tratar la lesión, pero finalmente se optó por un procedimiento no quirúrgico. Lamentablemente, este tratamiento no logró que la rotura del tendón sanase, quedando el paciente con una cojera permanente. El tribunal condenó al Servicio de Salud a indemnizar al paciente, pues estimó que "el procedimiento no quirúrgico adoptado a través de la postura de 'yeso bota corta equino' no fue el idóneo (...), teniendo en especial consideración que el diagnóstico previo del especialista en la materia, demostraba la necesidad de una intervención quirúrgica que, en definitiva, no se materializó por la falta de camas en el recinto hospitalario".

Si los hechos del caso que acabamos de referir hubiesen ocurrido hoy, se tendría que exonerar de responsabilidad al Servicio de Salud, puesto que, como ya adelantamos, actualmente se encuentran suspendidas las cirugías electivas cuyo retraso no signifique un riesgo grave para la salud del paciente. Por lo anterior, puede decirse que, para el tratamiento de una lesión en el tendón de Aquiles como la que sufrió el señor Quiroz y siempre que se considere que una cojera no es un "riesgo grave para la salud", hoy la lex artis médica ha variado, no siendo exigible la realización de un procedimiento quirúrgico.

Un segundo ejemplo de cómo una pandemia puede cambiar el juicio respecto de determinadas conductas, lo podemos encontrar en aquella jurisprudencia que suele condenar a los Servicios de Salud por los perjuicios que sufren los pacientes por las atenciones que brindan profesionales de la salud que no son especialistas o no tienen la experiencia suficiente. En estos casos, los tribunales han sentenciado que una atención por médicos no especialistas evidencia una falta de servicio del establecimiento asistencial, ya sea por una deficiente distribución de tareas dentro de la institución o por carecer de un adecuado sistema de derivación a otro establecimiento.

Si tales casos ocurriesen hoy se debería tener presente que, en virtud de las facultades extraordinarias que le entrega un estado de emergencia sanitaria, el MINSAL ha dictado normas que permiten la contratación de personal no calificado (estudiantes del área de la salud que se encuentran cursando sus últimos años de estudio) y de médicos que han obtenido su título en el extranjero sin la necesidad de que sea revalidado y sin que haya rendido el Examen Único de Conocimientos de Medicina (EUNACOM). De la implementación de estas medidas de emergencia, que surgen como una forma de afrontar la sobredemanda que implica la pandemia, cabe preguntarse si, en caso de que este personal no calificado causara perjuicios a un paciente, podrían los tribunales concluir que este simple hecho evidencia una falta de servicio o actuar negligente del centro de salud, como se ha concluido de forma consistente por la jurisprudencia prepandémica.

Los ejemplos anteriores muestran que la conducta médica debida durante la emergencia se verá alterada por los actos de la autoridad. Ello debe ser tomado en consideración en los juicios de responsabilidad que se presenten en el futuro. Una cuestión distinta dice relación con la posible variación del "grado de diligencia" con que deben actuar los profesionales de la salud en el contexto de la emergencia. Como ya se analizó, la regla de conducta médica se construye comparando la conducta efectivamente desplegada por el médico con la que hubiese debido desplegar, atendido un juicio de previsibilidad de daños de un buen profesional de la salud. En sentido técnico-jurídico, se trata de la noción de "culpa leve". Pero como en el derecho de daños también se reconoce la categoría de "culpa grave" para juzgar la responsabilidad de personas que se encuentran en situaciones excepcionales, cabe preguntarse si debería juzgarse la responsabilidad de los médicos que actúan en el contexto de la emergencia sanitaria con base en este grado de negligencia, e incluso más, si debería siquiera enjuiciárseles.

En el contexto de este debate, el gobernador del Estado de Illinois (EE.UU.) promulgó una regla especial para prestadores individuales e institucionales de salud. En particular, decretó que ellos serán inmunes a demandas de responsabilidad civil por eventuales lesiones o muertes que puedan causar con ocasión de su participación en la emergencia sanitaria, salvo que se acredite que actuaron con culpa grave o dolo (" gross negligence or willful misconduct"). En igual sentido, el European Law Institute ha promovido que los Estados adopten políticas para asegurar que los prestadores de salud no sean condenados por los efectos adversos de sus intervenciones relacionadas con el covid-19, salvo que actúen, al menos, con culpa grave (" gross negligence ").

Por todo lo hasta aquí dicho, no se ve la necesidad de abogar por un régimen de responsabilidad que "únicamente" reproche las conductas de los prestadores individuales e institucionales cuando no atienden a los pacientes con el cuidado con que aun las personas negligentes tratan la salud propia (art. 44 del Código Civil). Si a ello agregamos que, en nuestro sistema de daños, una modificación como la que se propone necesitaría articularse mediante una reforma legal, creemos que no nos equivocamos al afirmar que lo más probable es que la culpa leve será el criterio con que se juzgará las acciones y omisiones del personal médico en el contexto de la emergencia sanitaria.

La responsabilidad de la autoridad encargada la gestión del riesgo asociado a la pandemia

Además de los cambios en los protocolos y del necesario ajuste del estándar de cuidado que deban cumplir los prestadores en salud, una epidemia es un hecho natural cuya gestión corresponde, con el debido apoyo de órganos técnicos, a un órgano u autoridad de la administración del Estado. Sin duda, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, el gran peligro que enfrentamos es que la emergencia sanitaria que ha provocado el SARS-CoV-2 se transforme en un "desastre sanitario", por el impacto que la propagación descontrolada de la enfermedad pueda tener en la vida de las personas.

Frente a un escenario de desastre, los Estados disponen de diversos instrumentos como, por ejemplo, fondos públicos de emergencia de seguridad para salir en ayuda de las personas. Pero, adicionalmente, las víctimas de la pandemia y sus familiares también cuentan con las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado para obtener la reparación de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que se puedan asociar al manejo negligente de la crisis.

Desde el punto de vista del derecho de daños, si a una gestión negligente del riesgo asociado a la epidemia pueden vincularse daños, corresponderá imputar la obligación de indemnizar los daños no cubiertos por otros sistemas de protección social al órgano de la administración competente. En casos como el que nos ocupa, podría pensarse que, debido a la duración promedio de un juicio ordinario en Chile (siete años, aproximadamente) y a las dificultades técnicas que implica la prueba de la negligencia y de la relación de causalidad entre los actos de autoridad y los daños, el recurso a la responsabilidad patrimonial será de ultima ratio. Sin embargo, la experiencia que obtuvimos recientemente en un caso analogable (terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010), indica que son altas las probabilidades de que los familiares de las víctimas de la pandemia demanden masivamente la responsabilidad civil del Estado. De ahí que conviene analizar, aunque sea someramente, los elementos de juicio sobre el manejo de la emergencia y el problema del establecimiento de la relación de causalidad entre la conducta negligente y los daños que a ella se asocien.

Respecto del enjuiciamiento de la actuación de la autoridad en el manejo de la emergencia sanitaria, se debe partir por advertir que el impacto que tiene un fenómeno natural en la vida de las personas no es ajeno a la organización social. Muy por el contrario, el impacto dependerá de la conjunción entre el fenómeno natural y el nivel de vulnerabilidad (o exposición al riesgo de desastre) que tenga una sociedad determinada. A su vez, el nivel de vulnerabilidad guardará estrecha relación con el nivel de desarrollo económico del país que se analice, lo que es un importante aspecto al momento de enjuiciar la conducta de los órganos de la administración del Estado destinados a gestionar los riesgos asociados a una pandemia.

En concreto, si la amenaza de pandemia está determinada por las medidas que se pueden tomar para disminuir el nivel de exposición de la población, habrá que evaluar qué políticas se tomaron y la oportunidad de éstas. Por ejemplo, tendremos que preguntarnos si fueron medidas apropiadas y oportunas para evitar la expansión del virus: i) la obligación de hacer una declaración jurada que se impuso a las personas que venían viajando desde el extranjero en lugar de ordenarles hacer cuarentena; ii) el plan de retorno seguro y de nueva normalidad que impulsó el gobierno a finales del mes de abril del 2020, o iii) encargar la trazabilidad de los casos con covid-19 a la atención primaria (recién) a partir de junio de 2020.

Respecto del establecimiento de la relación de causalidad en el caso que nos ocupa, se presenta un problema de muy difícil solución. Y es que, según el entendimiento estándar de la doctrina y la jurisprudencia de nuestro medio, cada una de las personas que pretenda una indemnización deberá acreditar que entre el daño que invoque y el acto u omisión de la autoridad que se sindique media una adecuada relación de causalidad. Por ejemplo, en el caso de muerte de un familiar por coronavirus, habrá que probar que si no se hubiese realizado una u otra acción u omisión por parte de la autoridad su familiar no se hubiera infectado y, además, no hubiera fallecido.

De lo anterior pudiera pensarse que, prima facie, las demandas contra el Estado por actos u omisiones de la autoridad en el manejo de la emergencia no debieran prosperar. Sin embargo, la reciente experiencia de los casos asociados al terremoto nuevamente muestra lo contrario. Para salvar las dificultades probatorias del nexo causal, que en el caso del tsunami se presentaban de manera análoga a las que se presentan en el caso de que nos ocupamos (había que demostrar que de haberse efectuado el aviso las personas estas no hubiesen fallecido), se recurrió a una noción que en los últimos años viene anidando en la jurisprudencia de la sala tercera de la Corte Suprema: la "pérdida de una chance" de sanar o sobrevivir.

En los términos más básicos posibles, la teoría de la "pérdida de la chance" postula que si no es posible acreditar (con certeza) que el acto u omisión de que se trate causó la muerte de la víctima, pero sí se puede dar por acreditado que lo privó de una probabilidad (cierta) de salvarse, esta pérdida cierta de probabilidades debe ser indemnizada(-). Aunque en nuestro medio la teoría aún se encuentra en un estado de desarrollo embrionario, una reciente aplicación jurisprudencial de la misma puede verse en Escalona y otros con Fisco de Chile. En el caso, conociendo de un recurso de casación que precisamente cuestionaba el establecimiento de la relación de causalidad, la Corte Suprema sostuvo que el juez de instancia habría aplicado correctamente la teoría de la pérdida de la chance, puntualizando que no se habría dado por acreditado el vínculo causal entre la falta de aviso y la muerte de la víctima, sino entre la falta de aviso y la "(...) pérdida de la oportunidad de alejarse de las zonas de riesgos antes de la llegada de las olas que determinan la muerte o afectación de las personas".

Como se ve, la pregunta por la responsabilidad de la autoridad encargada de gestionar los riesgos asociados a la pandemia presenta espinosos problemas. Por ello, cabe preguntarse si el derecho de la responsabilidad civil es el instrumento óptimo para cubrir este tipo de acontecimientos o si, por el contrario, son otros los instrumentos normativos los que deberían emplearse. La pregunta es sin duda atingente, pero, mientras ese debate se desarrolla, nos parece que el sistema de responsabilidad patrimonial seguirá siendo la última línea de protección del ciudadano y que, por lo mismo, muchos de los casos relacionados con la pandemia se resolverán, como pasó con los casos del tsunami, con las viejas normas de la responsabilidad civil que hoy, sintomáticamente, son rebautizadas como derecho de daños.

Conclusiones

El SARS-Cov-2 ha puesto en evidencia que una enfermedad puede tensionar el régimen de responsabilidad médica desde dos perspectivas.

Por una parte, una enfermedad, cuando es nueva o inédita, tensiona el régimen de responsabilidad obligando al sistema de salud a actuar en un contexto en el que la posibilidad de controlar o prever las consecuencias es limitada. Ante el riesgo de actuar frente a una enfermedad desconocida, el Derecho protege a los prestadores de salud al sujetar su responsabilidad a un régimen de responsabilidad por culpa. Bajo este régimen, la responsabilidad de aquellos prestadores se encuentra restringida a lo previsible, excluyendo aquellos daños que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia. Esta eximente de responsabilidad se encuentra explícitamente reconocida en el artículo 41 de la Ley Nº19.966, para los órganos de la administración del Estado. Sin embargo, cuando se trata de daños que provienen de productos sanitarios defectuosos, la cuestión cambia. Respecto de esos bienes, tanto los titulares de los registros sanitarios como sus fabricantes e importadores responderán incluso de aquellos daños que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia.

Por otra parte, cuando una enfermedad deviene en pandemia, aquella pasa a ser un problema de salud pública que suele traer aparejado un cambio en el escenario normativo de la actividad médico-sanitaria. Esto incide en la imputación de responsabilidad por los daños que puedan ocurrir durante una pandemia. En el caso del covid-19, vimos que las nuevas normas, antes que afectar el estándar de cuidado abstracto de prestadores individuales o institucionales, están redefiniendo los protocolos de conducta de la actividad sanitaria. Cuestión que alcanza no solo al tratamiento de la enfermedad epidémica, sino también de otras patologías. Esto obliga a ser cuidadosos en el uso de la jurisprudencia de época prepandémica a los casos que acaezcan durante la pandemia.

Por último, el nuevo escenario normativo provocado por la pandemia obliga a diferenciar la responsabilidad de los prestadores individuales e institucionales de salud de la que pueda corresponder a la autoridad encargada de controlar la emergencia. Responsabilidad última que surge cuando hay culpa de la autoridad (Estado) en la gestión del riesgo conforme a los medios económicos y administrativos disponibles. En un eventual escenario en que se persiga la responsabilidad del Estado en el manejo de la pandemia del covid-19, la teoría de "la pérdida de la chance" seguramente será invocada por los tribunales para superar las dificultades que supone acreditar el nexo causal entre el daño sufrido y la acción u omisión de la autoridad.

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Covid-19 y responsabilidad civil médica: desafíos de una enfermedad desconocida que devino en pandemia

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EL PERONAL DE SALUD Y SU RESPONSABILIDAD 

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EL PERONAL DE SALUD Y SU RESPONSABILIDAD 

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LA RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL SANITARIO

En el ámbito sanitario tanto los profesionales de la salud, como las distintas clases de instituciones sanitarias e incluso organismos y administraciones públicas pueden incurrir en responsabilidad; en este sentido deberemos analizar las especificidades para cada tipo de responsabilidad ya sea penal, civil, disciplinaria, deontológica, administrativa o la patrimonial de las administraciones públicas.

No obstante, antes deberemos hablar del concepto general de responsabilidad profesional y es que, actualmente, existe una gran preocupación, por todos los temas relacionados con la responsabilidad profesional del personal sanitario, dicha preocupación viene derivada, entre otras causas, del fuerte aumento de reclamaciones judiciales por malapraxis (mala práctica).

Cada día es más frecuente leer en la prensa o encontrar en cualquier medio de comunicación noticias relacionadas con procedimientos seguidos contra profesionales sanitarios por mala praxis o por negligencia, en los que además de las penas correspondientes expiden por el Ministerio fiscal o por las respectivas acusaciones particulares, en concepto de indemnización grandes sumas de dinero.

Se plantea una problemática en torno al riesgo sanitario que podemos resumir en:

 Ha evolucionado la relación personal sanitario - usuarios, de forma que pasa de una relación personal, individual y de confianza, a una relación de tipo social, es decir, basada en la socialización del acto de atención a la salud, en un proceso de salud - enfermedad.  En este marco surge la idea de la culpabilidad del profesional sanitario, en el contexto de los avances científicos de la medicina y la lex artis.  Su actividad no sólo está expuesta a estar reclamada por un error de tratamiento sino por un defecto de información, más vulnerable y ambiguo que el anterior.  Se judicializan los incidentes sanitarios a ritmo creciente.

 Se provoca una preocupación, expectación y alarma socio - profesional, por las indemnizaciones que se reclaman e incluso se fallan por los Tribunales de Justicia.  Cada vez mayor número de sanitarios buscan cobertura para el riesgo, especialmente de responsabilidad civil, en pólizas individuales de seguro.  Al personalizarse los errores, los profesionales sanitarios que prestan servicios por cuenta ajena, exigen de este respaldo y protección.  Emerge un nuevo fenómeno: la responsabilidad objetiva de la Administración, que provoca un deslizamiento de la responsabilidad personal de los errores hacia la responsabilidad institucional. Las consecuencias que parecen únicas para el profesional sanitario, se extienden, con repercusiones sociales muy grandes que hacen acuciantes que los poderes públicos tomen buena nota del problema para darle un tratamiento legal adecuado.

La Responsabilidad Profesional es la que atribuye a aquellas personas que, en el ejercicio de su quehacer profesional, y precisamente por eso, incurren en un ilícito o infringen un precepto y eso produce consecuencias perjudiciales para una persona.

Por tanto, la responsabilidad profesional se acota y exige doblemente: a) En primer lugar que la persona esté dotada de unos conocimientos, pericias o saberse que, por lo habitual, están respaldados por la ostentación de un título acreditativo de la idoneidad para el desempeño de sus funciones.

b) En segundo lugar, que su actuación, causante del ilícito, está delimitada y dentro de su ejercicio profesional. El autor incurre en responsabilidad porque ha ejecutado su acto o desempeñado su profesión con algún desvío y la correspondiente trasgresión normativa.

Ya hemos hablado de que el ejercicio de la profesión sanitaria implica la obligación del profesional de ajustar su actuación a las exigencias que el propio desarrollo de la ciencia médica del momento le impone, de forma que responde de la diligencia con que ajusta su actuar a estas exigencias y en la medida en que se aleje de ellas se obliga a reparar y resarcir los daños causados por esta desviación.

La noción de responsabilidad del personal sanitario se extiende a los daños y perjuicios originados por cualquier falta, aún cometida de buena fe, como resultado de impericia, de su negligencia, de un error evitable o de ignorancia de las reglas fundamentales de la profesión.

¿Cuándo un profesional sanitario actúa negligentemente? Cuando no se ajusta a la denominada LEX ARTIS ; que no es ni más ni menos que la forma correcta, según la ciencia; es la conducta exigible al profesional sanitario, según el estado de la ciencia. La malapraxis es, en consecuencia, la violación de esta lex artis , es decir, la realización del acto sanitario de forma contraria a como la ciencia exige que se realice.

Ahora bien, ¿Quién define las pautas de actuación exigibles respecto de un acto médico concreto? , según unos profesionales serán unas, según otros pueden ser otras y en última instancia serán los tribunales quiénes tienen que dirimir estas cuestiones.
Entramos entonces en el ámbito de la reclamación de responsabilidad profesional en el ámbito judicial.
Si la actuación profesional debe regirse por la citada Lex Artis Ad Hoc , alguien tiene que definir ésta, alguien experto y conocedor de la misma tiene que decir si la actuación profesional se ha ajustado o no a la misma, ya que será ésta la que determine las pautas de actuación exigibles. Muchas veces los jueces no tienen esa capacidad de juicio y deberán acudir a la prueba pericial, para determinar el buen o mal actuar del profesional sanitario para con el paciente.

No obstante, se podrán acudir dependiendo de cada caso a distintos ámbitos del ordenamiento jurídico, nosotros, en esta aproximación vamos a distinguir, fundamentalmente, entre daño civil y daño penal, el primero consiste en las pérdidas patrimoniales y sufrimientos de toda índole padecidos por la víctima y el segundo consiste en la ofensa al bien jurídico.

Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios).

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. (Aunque en el supuesto de responsabilidad civil del fisioterapeuta pueden concurrir conjuntamente ambas, ya que como veremos puede darse la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato y además observar lo que genéricamente determina la responsabilidad extracontractual; no dañar a otro).

La responsabilidad contractual nace del incumplimiento de un contrato. En el caso de la sanidad, de la relación contractual que nace de los pactos a que llegan los profesionales sanitarios con sus pacientes-clientes. Se trata del tipo de relación jurídica que se constituye en el ámbito de la medicina privada, de modo tal que cuando un paciente visita en su clínica particular o consulta a un médico u otro profesional sanitario (fisioterapeuta), establece con él un vínculo obligacional del que nacen obligaciones para ambos, a saber, para el paciente, principalmente, la de pagar y para el profesional, la de ejecutar aquello a lo que se ha comprometido.

En estos casos rige el artículo 1902 del Código Civil, el precepto señala " El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado ".

De ahí que se pueda decir que en toda apreciación de responsabilidad existen al menos tres elementos comunes, la acción u omisión, el daño y la relación de causalidad entre ambos, y que lo que se discuta sea el otro elemento que establece el art. 1 del Código Civil y que no es otro que la culpa o negligencia que ha de concurrir.

Por tanto, para que exista este tipo de responsabilidad es necesario que concurran los siguientes requisitos :

a) Una acción u omisión. Debe haber un comportamiento humano voluntario y externo para la acción, y en cuanto a la omisión, un deber de actuar y que esa omisión fuese causa del resultado dañoso. Constituye un requisito fundamental, sin su existencia no es posible plantear los siguientes. b) Un nexo causal. Lo que se discute en este elemento es la culpabilidad o no del autor o persona que omitió el cato del que hablábamos en el apartado anterior: el daño producido debe ser consecuencia de la acción u omisión. Ha de tenerse en cuenta el principio de la llamadalex artis ad hoc , o módulo rector de todo acto sanitario, como principio director en esta materia; al decir la jurisprudencia que la actuación de los profesionales sanitarios debe regirse por la denominada lex artis ad hoc quiere significar que la actuación debe medirse en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención del profesional y teniendo presentes las circunstancias en que las mismas se desarrollen y tengan lugar, así como las incidencias inseparables en el normal actuar profesional. El Tribunal Supremo mantiene como incuestionable el que, sea cual fuere la teoría que se adopte para resolver el problema de la relación causal, en lo que si hay consenso es en que, al ser todo resultado el producto de un complejo de antecedentes, es una pretensión utópica el pretender establecer la relación de causalidad entre una determinada conducta y un resultado lesivo con certeza matemática, por lo que hay que llegar a la conclusión de que se da esta relación de causalidad cuando, aplicando las normas de experiencia o el común sentir de los agentes, procede entender que el agente (profesional), al tiempo de realizar la conducta de que se trate, pudo y debió prever que la misma ponía en riesgo o peligro un bien jurídicamente protegido, al ver posteriormente que el peligro potencial se convirtió en real. Se consideran, en este contexto, faltas sanitarias aquellos actos voluntarios o involuntarios, así como las omisiones, que se apartan de la , de los cuales se derivan un daño o perjuicio para otra persona. La falta se caracteriza, según el Tribunal Supremo, en alguna sentencia además de por los requisitos comunes a todas las situaciones culposas, por dos notas fundamentales: primero, que el infractor no se conduzca como lo hubiera hecho cualquier persona cauta, previsora y diligente, extremando su celo y diligencia y apurando de modo absoluto las precauciones y cautelas propias del caso. Y segundo, de carácter negativo, que radica en la vulneración de preceptos reglamentarios dictados por la autoridad competente para, en la actividad que se trate, evitar riesgos y conjurar todo peligro que pueda acabar desembocando en un detrimento e la vida, integridad corporal o patrimonio de las personas. Para considerar un acto sanitario como falta será preciso un análisis detallado del acto en sí, y de si se ajusta a las normas o reglas establecidas en el quehacer ortodoxo y habitual de la profesión, y en relación con el estado de los conocimientos y técnicas de la profesión en ese momento. Por ello van a ser tipificadas como faltas sanitarias aquellas conductas que se hagan con negligencia, de forma imprudente o con falta de conocimientos o impericia manifiesta y que

lleve consigo el no cumplir con algunos de los deberes sanitarios a los cuales se está obligado por la relación con el paciente y siempre que su actuación no sea conforme a la referida lex artis. Por otro lado, el deber de diligencia adquiere un plus de exigencia cuando el ejercicio profesional se lleva a cabo con carácter especializado, pues en tales casos, la medida no será la atención y el cuidado que debe poner en todas sus actuaciones un buen padre de familia, sino aquellas que corresponden a un destacado profesional. c) La existencia de un daño. El daño puede ser patrimonial o no patrimonial, aunque a este último también se denomina moral o daño inmaterial. El daño patrimonial engloba tanto a los daños sufridos por la propia persona (daños personales; los daños físicos y los psíquicos, lesiones, secuelas y aquellas repercusiones psíquicas que no tienen una base orgánica y que son más difícilmente objetivables como dolor o el sufrimiento) como a los ocasionados a su patrimonio (los gastos derivados de honorarios profesionales, farmacia, estancia hospitalaria, baja que afecta a su modo vivendi, etc.). Mientras que los daños morales son los que recaen en los bienes o derechos inmateriales de las personas como la libertad, la salud, el honor, etc. Es el segundo elemento de la cadena de la responsabilidad y se ha de derivar de la falta. Si se trata de exigir una reparación por una mala actuación del profesional, es necesario demostrar que ha existido el daño o perjuicio y que éste sea reclamable. Sin ese daño no es posible civilmente reclamar nada. La culpa del sanitario y la relación causal entre la culpa y el daño corresponde probarlas al paciente o a sus herederos, pues en el ámbito sanitario queda descartada toda idea de responsabilidad más o menos objetiva (no ocurre lo mismo en materia penal, en la que la intencionalidad, aunque no vaya seguida de daño, es suficiente para poder ser sancionado).
La responsabilidad penal. ¿Qué es y por qué preocupa?
Sin duda de las responsabilidades jurídicas las que más inquieta a los profesionales sanitarios es la responsabilidad penal, especialmente por la propia configuración legal, dogmática y jurídica de la misma: la pena siempre es personal con la accesoria de inhabilitación profesional. Sin duda las consecuencias personales, familiares y sociales son importantes, más si cabe en el contexto de la judicialización de la asistencia sanitaria con una consecuencia no deseable como es la medicina defensiva.

El Código Penal aprobado por Ley Orgánica, 10/1995, de 23 de noviembre, establece en su artículo 4 que:

"Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas", lo que supone que los hechos sancionados deben estar claramente identificados, en ese sentido, el artículo 10 concreta:
"Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley".
No obstante, la jurisprudencia penal ha sido sensible ( la medicina no es una ciencia exacta ) a tal situación y ha elaborado un cuerpo de doctrina sobre la imprudencia médica que se puede resumir en:

1. No se incrimina el error científico.

2. Los errores de diagnóstico no son tipificables como infracción penal, salvo que por su entidad o dimensiones constituyan una equivocación inexcusable.

3. Queda fuera del ámbito penal la falta de extraordinaria pericia o cualificada especialización.

4. Sí debe sancionarse la equivocación inexcusable o la incuria sobresaliente, o sea, la falta de pericia de naturaleza extraordinaria.

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."
Art. 152 del CP:
1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido: 1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149. 3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses. El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."
En los artículos 147, 149 y 150 se refieren los tipos de lesiones. En el ámbito de la responsabilidad en ocasiones es difícil determinar el grado de imprudencia (grave o leve) en la cual incurre un profesional sanitario; es por ello, que se deba analizar con detenimiento el comportamiento del mismo en la asistencia profesional que se enjuicia y analizarlo en relación con la lex artis ad hoc o diligencia profesional exigible en ese momento.

Como criterio orientativo (por la gravedad de las consecuencias para el profesional sanitario) la imprudencia profesional grave supone la existencia de un descuido grosero, un manifiesto e irreflexivo actuar, una dejadez y abandono de los pacientes, es decir, supone actuar sin guardar las precauciones mínimas exigibles, sin los cuidados más elementales, o cuando se actúa sin cautela omitiendo las precauciones elementales o necesarias. También si se actúa con improvisación, ligereza o descuido y con todo aquello que denote la indiferencia del agente en evitar causar daño.

Por tanto, dentro del campo de la sanidad, la inobservancia de la lex artis no puede llevar sin más, a imputar el resultado producido, para ello habrá que tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el caso, así como las capacidades del sujeto.

La imprudencia leve concurre prácticamente en todo hecho culposo. Los requisitos para la presencia del delito de homicidio o lesiones imprudentes son claros: a) Elemento de resultado; se produce el daño de muerte o lesión. b) Elemento de conducta; una acción u omisión del sanitario. c) Resultado de causalidad entre la conducta y el resultado.

d) Elemento normativo o culpabilístico; conducta calificable de negligente por infracción del deber de cuidado, por su desviación con el modelo ideal de la lex artis. OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO SANITARIO: En relación con lo último que mencionábamos el art. 196 del Código Penal señala que "El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación de abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente..."

Y es que la regulación incorporada al artículo 196 constituye la gran novedad del Título IX del nuevo Código Penal. A la atención prestada a la genérica &quot;omisión del deber de socorro&quot;, artículo 195 del Código Penal, se añade una normativa específica consagrada a las omisiones en que puedan incurrir los profesionales sanitarios cuando pueda considerárseles obligados a la prestación de determinada asistencia o al atender unos servicios sanitarios. Como la incorporación de éstos tipos penales omisivos obedecen al propósito de salvaguarda y protección de la vida e integridad corporal, sólo se traspone el umbral del área penal &quot;cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas&quot;; el artículo 196 opera como una suerte de delito especial sobre su precedente, no sólo por razón del sujeto activo, sino por la &quot;calidad&quot; del auxilio -asistencia sanitaria.

Resumimos, por tanto, que son requisitos necesarios para que se de esta figura delictual:

1. la existencia de una situación objetivamente calificable de peligrosa para la vida y/o integridad física de la persona.

2. Una conducta omisiva del sujeto activo que, en definitiva, vulneraría el deber de solidaridad que le es exigible a cualquier persona en una situación como la ya mencionada.

3. conciencia clara del desamparo de la situación de peligro y de la necesidad y posibilidad de prestar ayuda. Diferente es el delito de denegación de auxilio que recoge el CP en su art. 412 que habla en este caso de funcionario público.

"1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años."
VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL Ya hemos hecho mención a este delito que se recoge en el TÍTULO X de la Ley que tiene por título "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio".

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA Se trata de cuestiones que tienen que ver, fundamentalmente, con el tratamiento de sustancias o productos que puedan ser nocivos y su articulado va del 359 al 362.

FALSEDAD DOCUMENTAL Una práctica dolosa en la que se puede incurrir y que recogen, los artículos: Artículo 397. "El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a doce meses."

Artículo 390. "Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
El Tribunal Supremo ha señalado que los requisitos que han de concurrir para la existencia del delito de intrusismo o de usurpación de funciones son:

 La realización o ejercicio de diversos actos propios de una profesión para la que se necesita encontrarse en posesión de título oficial, careciendo del mismo. Según sentencia del tribunal Constitucional de 25 de marzo de 1993, por Título Oficial , en el delito de intrusismo debe entenderse Título Académico, es decir, aquel título que capacita para el ejercicio de actividades profesionales que exigen la adquisición de unos previos conocimientos teórico-prácticos, y deben incluirse en él no sólo los títulos que responden a profesiones universitarias superiores, sino también los que garantizan haber realizado un ciclo de estudios correspondientes a las formaciones profesionales u oficios (ejemplo técnico de cuidados auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, etc.).  Que antijurídicamente se de la violación de la normativa administrativa que reglamenta la concesión o expedición de la titularidad que permite el ejercicio de la actividad que se enjuicia.  Que se tenga conciencia de la actividad que se realiza y de la violación de los preceptos que regulan la profesión que se ejecuta.

Cosa distinta es que siendo titulado, pero suspendido o inhabilitado, se ejerza la profesión, en este caso no se comete un delito de intrusismo sino de quebrantamiento de condena.

Además, el que estando en posesión de un título y conociendo que con quién actúa conjuntamente no lo posee, es condenado también.

EUTANASIA Podemos definirla como la muerte que ocasiona un tercero a una persona que padece una enfermedad incurable o muy penosa, y la que tiende a truncar la agonía demasiado cruel o prolongada.

Por eso, la eutanasia a petición será castigada con una pena menor, que oscila entre dieciocho meses y tres años de prisión.

Artículo 143. "1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo."
No obstante, actualmente está en trámite una Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que podría cambiar, próximamente esta situación.

MANIPULACION GENETICA Y REPRODUCCION Artículo 159. "1. Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de siete a diez años los que, con finalidad distinta a la
eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo*. 2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia grave, la pena será de multa de seis a quince meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de uno a tres años."
Artículo 161. "1. Quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.
2. Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz, o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal."
Artículo 162. "En los delitos contemplados en este título, la autoridad judicial podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades."

ABORTO Tras la publicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se vio modificada la redacción del Código Penal, que ha sido nuevamente actualizada:

Artículo 145 "1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado.
2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses. 3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda semana de gestación."
Dos. Se añade un nuevo artículo 145 bis del Código Penal, que tendrá la siguiente redacción:

Artículo 145 bis "1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto:
a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad; b) sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación; c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos; d) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior.
Cabe concluir a modo de resumen: a. Las reclamaciones que pueden dar lugar a responsabilidad penal son aquellas que se refieren a las conductas expresamente tipificadas en el Código Penal (es decir, aquellas calificadas como delito). b. Podemos diferenciar la responsabilidad civil y penal porque la primera genera la obligación de resarcir el daño causado por el incumplimiento o ilícito, mientras la penal genera la obligación de cumplir una pena: prisión, multa, inhabilitación, aunque también obligue a reparar los daños causados. Ya que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios. c. La mayoría de conductas sancionadas en el ámbito de las profesiones sanitarias son las imprudentes, es decir, son realizadas sin el propósito de causar un daño, pero se obra sin la diligencia debida. En este sentido, decimos que la diferencia teórica entre la responsabilidad penal y civil se encuentra en la cuantificación de la culpa o de la imprudencia, de forma que sólo las conductas más graves pueden dar lugar a la responsabilidad penal d. La comisión de un delito de imprudencia exige una acción u omisión voluntaria, la creación con ella de una situación de riesgo previsible y evitable, la infracción de una norma de cuidado y la producción de un resultado dañoso derivado de aquella conducta descuidada de forma que se establece una relación de causalidad entre una y otra. En el ámbito de la responsabilidad en ocasiones es difícil determinar el grado de imprudencia (grave o leve) en la cual incurre un profesional sanitario; es por ello, que se deba analizar con detenimiento el comportamiento del mismo en la asistencia profesional que se enjuicia y analizarlo en relación con la lex artis ad hoc o diligencia profesional exigible en ese momento.

En nuestra especialidad, para incurrir en responsabilidad penal debemos incurrir, básicamente en alguno de los siguientes casos:

Actuar sin el consentimiento del paciente, en especial, cuando se requiera específicamente por Ley. Aunque los meros defectos de información no dan por si mismos lugar a responsabilidad penal, una falta absoluta de consentimiento informado del paciente si puede originarla.

Y sobre todo saltarse las reglas propias de la profesión, la llamada lex artis , que recordamos nos habla de la forma de actuar correcta teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso y, en concreto, aquellas en las que se encuentra el profesional en un momento dado, que en hipótesis pueden ser muy variables; abundancia o escasez de medios, presencia o ausencia de responsable facultativo, premura de actuación, etc.

Cuando se declara la responsabilidad penal, la pena es siempre personal para el culpable directo, aunque la indemnización civil asociada al delito cometida pueda afectar subsidiariamente al centro establecimiento para el que trabaja. Y es que el Código Penal regula en los artículos 109 a 126 la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales; " 1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil."

El Código Penal establece el contenido de la responsabilidad civil que comprenderá: la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. La cuantía de la responsabilidad civil se fijará por los Tribunales o Jueces, estableciendo razonadamente las bases por las que se llega a la misma.

Responsabilidad Subsidiaria de la Administración: El art. 121 de Código Penal, establece una especial responsabilidad civil subsidiaria del Estado, Comunidades Autónomas, Municipios y demás entes públicos, diferenciando entre la derivada de los daños causados por delitos dolosos o culposos, cuando el responsable sea autoridad, agente, contratado o funcionario público en el ejercicio de sus cargos y, siempre que sea

consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que tuvieran encomendados y, por otra parte, la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, exigibles conforme a las normas de procedimiento administrativo, sin que pueda, en ningún caso, darse una duplicidad indemnizatoria. Cuando se exija en un proceso penal la responsabilidad penal de estas personas, deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presunto responsable civil.

Esto se resume en que cuando un profesional sanitario es condenado en un proceso penal, la Administración Pública Sanitaria para la que "trabaja" sólo responderá de la indemnización cuando el profesional condenado no pueda hacerse cargo de la responsabilidad (insolvencia).

Responsabilidad Patrimonial de la Administración: Es el tipo de responsabilidad propia de las Administraciones Públicas; se regula en nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; que como la anterior (Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) contempla entre otros los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

Se trata de una responsabilidad de tipo objetivo. La acción del paciente perjudicado se dirige directamente contra la Administración Pública Sanitaria competente. La jurisdicción conocedora de estas cuestiones litigiosas es la contencioso - administrativa.

Ejemplo: " La Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por un contagio de VHC acaecido durante una transfusión con gammaglobulina a un niño de 4 años con una enfermedad hereditaria que le obligaba a una delicada hemoterapia con ingreso hospitalario.

Queda probado por las distintas investigaciones epidemiológicas realizadas por la Agencia Española del Medicamento, por el laboratorio del Hospital La Paz, y por el Servicio de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III que se trata de una infección nosocomial debido a que en el mismo día de la transfusión se rea-izó una extracción de sangre a un paciente con VIH. Esta es la fuente de infección detectada por la investigación, dado que el paciente con VIH comparte cepas de VHC 3a relacionadas con idéntica cepa viral que la diagnosticada al niño. El abogado del Estado aceptó la responsabilidad de la Administración determinando el caso como fortuito, pero solicitando una indemnización de 120 euros, casi la mitad de lo solicitado en la demanda y concedido por el tribunal, 210,23 euros (34.999 pesetas). Para determinarla, el tribunal ha valorado las expectativas de vida actual y futura, y que el paciente precisa de una intensa hemoterapia con graves efectos secundarios ."

Responsabilidad disciplinaria o empresarial: Se genera cuando un trabajador realiza hechos o conductas leves o graves que así se insertan en los Convenios Colectivos o normas funcionariales o estatutarias. Es decir, surge cuando el profesional sanitario no actúa de forma independiente, sino para alguna Administración o para alguna empresa.

Ejemplo: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmó la sanción a un ATS de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por falta muy grave de deslealtad y malos tratos al público, como consecuencia de " dejar desatendido durante largo tiempo en estado terminal, desoyendo los reiterados avisos del familiar presente, sin cumplir los más elementales deberes profesionales ".

Responsabilidad corporativa, colegial o deontológica: Se genera por conductas que atentan con los códigos deontológico que rigen las buenas prácticas de los colegiados. Es una responsabilidad declarada por los órganos competentes de los colegios profesionales. La justificación legal de los códigos deontológicos tiene su máximo

Es decir, el equipo profesional pasa a ser la unidad básica en que se estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios propios de la profesión.

Concretamente refiere en su artículo 9, las siguientes conclusiones: Debemos entender que cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimiento y competencia , y en su caso al de titulación , de los profesionales que integran el equipo en función de la actividad concreta que se vaya a desarrollar, de la confianza y reconocimiento recíproco de las capacidades de sus miembros y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas. Se dan pautas muy concretas respecto a la delegación de actuaciones dentro del equipo, permitiendo tal posibilidad siempre y cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones puede producirse (deberá existir siempre la capacidad para realizar dicha actividad y en lo posible estará acreditada).

En el ámbito de nuestra materia, estas relaciones complejas han llevado a la jurisprudencia a delimitar las diferentes responsabilidades a través de lo que se conoce como principio de confianza que supone que cualquier profesional que actúa de forma correcta puede confiar en que los demás miembros del equipo actúen también de forma correcta, salvo que se den circunstancias especiales que hagan pensar lo contrario, esto va a implicar que cada uno es responsable de lo que hace y por tanto el ámbito de su responsabilidad se delimita por razón de las funciones que le son propias y por la forma de ejercerlas.

Este principio se quiebra cuando uno de los miembros del equipo actúa incorrectamente y de manera que pueda ser percibida por los demás, pues a partir de tal momento no rige la confianza y hay que actuar en defensa del paciente para no incurrir en responsabilidad.

Hablamos por tanto de la división del trabajo y a la confianza en que cada miembro del equipo cumpla sus funciones /tareas. En este sentido, el personal de fisioterapia asume en solitario las responsabilidades que se deriven de las acciones u omisiones relativas a sus quehaceres propios, para los cuales actúa con autonomía.

Resumiendo, decimos que cada uno es responsable de sus actos, pero está obligado a hacer algo cuando se rompe el principio de la confianza, porque se hace evidente que las cosas ya no van bien y, en consecuencia, si se sigue por ese camino ambos serán responsables del daño causado al paciente. Además de lo mencionado, cabe la responsabilidad de todos aquellos que actúan como jefes de un equipo y llevan a cabo tareas de dirección, coordinación o supervisión.

Así en la división del trabajo sanitario de carácter horizontal el principio de confianza juega en toda su intensidad y sólo deja de ser aplicable en supuestos excepcionales; existe un fallo grave o hay dudas fundadas sobre la cualificación de un compañero.

En cambio, en la división del trabajo vertical, el anestesista, por ejemplo es el único responsable de los errores o fallos que puedan darse en el marco de los cometidos que sobre la narcosis son de su exclusiva y personal incumbencia (elección del procedimiento, medios de control, o elección del tipo de anestesia) y no podrá delegarlo en personal sanitario no médico. Es decir, es un principio consustancial a la división del trabajo el principio de confianza por el que cada uno de los intervinientes en el equipo no tenga que controlar absolutamente todas las actividades trascendentes sino sólo determinados procesos.

En este contexto conviene destacar que la delegación indebida de funciones, por parte de médicos o cualquier otro profesional sanitario que deberían asumir tales funciones delegadas por serles propias, no eximen a éstos de posibles responsabilidades.

Además debemos referir que las fuentes de peligro que debieran ser conocidas y neutralizadas por esos médicos y profesionales sanitarios, que relativizan el principio general de la división vertical del trabajo e inclusive de la horizontal. Se trata de supuestos en los que la falta de

cualificación del inferior, los fallos de comunicación en sentido ascendente descendente u horizontal o, en fin, de coordinación, podrían reprocharse por imprudencia a acciones u omisiones de los superiores a los fisioterapeutas, supuestos en los que dichos superiores no resultarían exentos de responsabilidad, por el hecho de ser misión del inferior el deber infringido. Se trata de responsabilidad por actos ajenos, si bien por &quot;culpa in vigilando&quot; o &quot;in eligendo&quot;.

En este sentido, el jefe de equipo será el encargado de fijar las pautas del tratamiento y ordenar las medidas oportunas y los subordinados deben confiar en la bondad y en la corrección de estas pautas. De la misma manera el superior debe confiar en una ejecución correcta, sin que le sea obligatoria velar por la estricta ejecución de las mismas. Así cuando el médico da una determinada orden de prescripción médica al paciente, la correcta administración de la medicación sale de su ámbito de competencia y responsabilidad, pues entra en el de la enfermera. O cuando el médico rehabilitador señala que cierto tratamiento corresponde al fisioterapeuta la ejecución del mismo, saliendo de la esfera competencial del médico para pasar a este segundo.

Dentro de lo que hemos llamado la organización del trabajo vertical el personal dependiente si bien ejecuta órdenes médicas lo hace con arreglo a sus conocimientos y con plena autonomía.

Por eso la jurisprudencia determina que la dependencia jerárquica no comporta la subordinación en el quehacer profesional.

En la delegación ya hemos dicho que las funciones propias de una determinada profesión son indelegables y si efectivamente las delega puede incurrir en una infracción clara del deber de cuidado; sentencia del tribunal Supremo de 12 de enero de 1976 que condena a un médico que deja al cuidado del personal de enfermería durante todo un fin de semana a un enfermo que tenía un fuerte traumatismo craneal.

Además de lo dicho las actuaciones deben estar presididas por el principio ya mencionado de confianza, cada miembro del equipo sabe lo que tiene que hacer y lo hace confiando en que el resto hará lo propio.

El médico responde por los hechos cometidos por sus colaboradores dependientes sólo en los casos en los que tenga obligación de vigilancia concreta y específica y cuando el daño producido por el colaborador sea consecuencia de un orden que constituye una infracción clara del deber de cuidado del superior.

Las responsabilidades del personal de fisioterapia, dentro del equipo sanitario, se extienden como es sabido a los ámbitos laboral/administrativo, civil y penal.

Como hemos visto y aunque inicialmente pueda parecer que con las diferentes interconexiones de los miembros del equipo la responsabilidad se diluya entre ellos, el derecho trata de evitar estas situaciones y al respecto señala la Ley General de Sanidad en su artículo 10. que el desarrollo de la medicina en equipo ha de ser compatible con el derecho del paciente a que se asigne un médico en cuyo nombre se le hará conocer que será su interlocutor principal dentro del equipo asistencial.

Todo lo referido hasta aquí se debe traducir en la necesidad de:  Realizar una adecuada distribución de tareas por parte del personal colaborador.

 Dictar de forma clara y precisa órdenes sobre las medidas a seguir en la atención del paciente.

 Evitar la falta de comunicación entre los miembros del equipo.  Establecer medidas que proporcionen una adecuada coordinación del equipo.

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TEMA 5 - Responsabilidad Profesional EN EL Ámbito Sanitario - LA RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL - Studocu

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En el ámbito sanitario tanto los profesionales de la salud, como las distintas clases de instituciones sanitarias e incluso organismos y administraciones públicas pueden incurrir en responsabilidad; en este sentido deberemos analizar las especificidades para cada tipo de responsabilidad ya sea penal, civil, disciplinaria, deontológica, administrativa o la patrimonial de las administraciones públicas.

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OFICINA DE COMUNICACIONES HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E (autoria propia)
Segun la OMS en el 2022 uno de los lemas para la conmemoracion del dia mundial de la seguridad del paciente "Medicacion sin daño" reconociendo que las mayores tasas de daños evitables en los pacientes son causados por la medicacion, es asi que el 17% se presentan en unidades de atencion de adultos mayores, 7% en cuidados intensivos y 6% en servicios de urgencias, causando eventos adversos severos, en Colombia se ha registrado un dato importante sobre eventos adversos asociados al uso de medicamentos  en el observatorio de la calidad, es por ello que desde el 2017 se reafirma la campaña mundial de medicacion sin daño, invitando a todas las organizaciones de salud a mejorar la seguridad en sus procesos internos y fortalecer la adecuada utilizacion de los medicamentos.

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La responsabilidad de las personas que acceden a los servicios de salud tienen la responsabilidad del uso racional y adecuado de los servicios, asi como brindar en todo momento informacion real y adherirse a las indicaciones del personal de salud.

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Participacion  de  conceptos de encuentro sincronico

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RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL  CON RELACION A CALIDAD EN SALUD.

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RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL  CON RELACION A CALIDAD EN SALUD.

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Adherencia a guias y protocolos institucionales.

servicios con calidda y calidez.

Atencion Humanizada y segura.

Experiencia memorable en el usuario.

Capacitacion y entrenamiento constante.

Cumplimiento de atributos de calidad.

Empatia en el cuidado de nuestros pacientes.

Evitar acciones inseguras y omisiones en la atencion.

Identificacion de necesidades en los usuarios.

Comunicacion efectiva de equipo de salud y paciente.

Seguimiento de usuarios posterior a su egreso.

" el amor por lo que hacemos cada dia"

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la seguridad del paciente es un tema no punitivo, reconocer mis acciones permiten generar lecciones aprendidas para no volver a cometer los mismos actos de riesgo, contribuir a la cultura de seguridad de las instituciones.

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" La nueva reforma a la salud, un paso al futuro o un retroceso en el tiempo"

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La mejor carta de presentacion a la sociedad

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La mejor carta de presentacion a la sociedad

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1.     Moscoso, K. (2015). Reclamaciones de responsabilidad profesional contra dentistas. Chile.Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26005821/

2. OMS. (2022). Dia mundial de la seguridad del paciente año 2022.
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2022/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2022#:~:text=Objetivos%20del%20D%C3%ADa%20Mundial%20de,la%20seguridad%20de%20la%20medicaci%C3%B3n

3. Minsalud. (2015). Seguridad del paciente y la atención segura paquetes instruccionales guía técnica “buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”. Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/

4. RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
Rodríguez Hornillo, M., Riva Moreno, C. De la, & Serratosa Sánchez-Ibargüen, A.. (2011). Responsabilidad sanitaria: responsabilidad personal del médico vs. responsabilidad del sistema sanitario. Cuadernos de Medicina Forense, 17(2), 59-66. Recuperado en 26 de marzo de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062011000200002&lng=es&tlng=es.

5. Cárdenas Villarreal, Hugo, & Pérez Saavedra, Manuel Antonio. (2020). Covid-19 and medical liability: challenges of an unknown disease that became a pandemic. Acta bioethica, 26(2), 155-164. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2020000200155

6.Fique D. (2020). Documento orientador unidad 1, introducción a la responsabilidad sanitaria y la calidad en salud. Electiva Responsabilidad Sanitaria. Corporación Universitaria Iberoamericana.

7. Gottwald, M., & Lansdown, G. (2014). Clinical Governance : Improving The Quality Of Healthcare For Patients And Service Users. McGraw-Hill Education. Cap. 3.

8. Nash, D. B., Joshi, M., Ransom, E. R., & Ransom, S. B. (2019). The Healthcare Quality Book : Vision, Strategy, and Tools: Vol. Fourth edition. Health Administration Press. Pág 5 – 15.
9. Kerguelén C. (2008) Calidad en salud en Colombia. Los principios. Ministerio de la Protección Social. Programa de Apoyo a la Reforma de Salud –PARS– Capítulo 3.