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Se sanciona la ley de radiofusión.
(Decreto de la dictadura cívico - radical)

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La sociedad reclama ley que regule el funcionamiento de la radio y la televisión con criterios democráticos

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Desde el retorno a la democracia hasta la aprobación de la actual ley se presentaron 40 proyectos para regular el sector sin que ninguno pudiera prosperar

En 1980, la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina (1976-1983) promulgó el Decreto-Ley Nacional de Radiodifusión N° 22.825, con el objetivo de crear un sistema de comunicación completamente privatizado. La ley contenía "joyitas" como la expresada en el artículo 7: "Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley", claramente atentatoria contra el derecho a la libertad de expresión. Los medios más importantes no protestaron: estaban ocupados en otros asuntos.

Otros aspectos regulados fueron, por ejemplo, la prohibición de que organizaciones sin fines de lucro (cooperativas, culturales, sindicales, etc.) y universidades pudieran ser titulares de radios o canales de televisión; que las provincias y municipios sólo podían tener un servicio de radio y sin publicidad; también impedía la titularidad de licencias a empresas periodísticas (artículo 45); y establecía, asimismo, la privatización masiva de las señales en un plazo máximo de 3 años.

Con el retorno a la democracia, el presidente Alfonsín (1983-1989) dispuso la intervención de la autoridad de aplicación creada por la dictadura, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) -órgano con potestades de control y censura, en cuyo consejo asesor se sentaba el Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE- hasta la sanción de una nueva ley que regulara democráticamente el sector. Como no lo consiguió, el COMFER continuó intervenido hasta la aprobación, en 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCA), actualmente en funciones.

Desde el retorno a la democracia hasta la aprobación de la actual ley se presentaron 40 proyectos para regular el sector sin que ninguno pudiera prosperar.

De esos tiempos vienen los duros enfrentamientos entre el gobierno electo democráticamente y el Grupo Clarín que, a través de su periódico, se dedicó a fustigar al presidente Alfonsín, tal y como él mismo lo denunció en 1987 y que puede verse en el siguiente registro audiovisual de esa época.

Recientemente, el dirigente radical Leopoldo Moreau, presidente entonces de la Comisión de Comunicación del Congreso de Diputados, explicó en el programa de televisión Bajada de Línea, por qué y cómo el Grupo Clarín enfrentó a Alfonsín y contribuyó a que no pudiera terminar su mandato presidencial. Lo que estaba en disputa, básicamente, era la derogación del artículo 45 del Decreto-Ley de la dictadura para que el Grupo Clarín pudiera normalizar la compra de Radio Mitre (un medio importante en el país), que había realizado por fuera del marco regulatorio existente. Y, sobre todo, evitar la sanción de una ley de medios democrática que pudiera limitar su proceso concentrador. Puede verse su testimonio abreviado en:

Quien tenga interés en conocer mejor esta historia, contada por un político de la oposición al actual gobierno argentino, puede ver el testimonio completo:

La historia continuó y la primera medida privatizadora del Presidente de Carlos Menem (1989-1995) fue la del Canal 13, que fue a manos del Grupo Clarín, y del Canal 11, que se quedó el Grupo Massot (activo propagandista de la dictadura militar). Luego le seguirían todo tipo de empresas estatales, en lo que se conoció en la época como la "venta de las joyas de la abuela", a precio de saldo. Desde entonces hasta hoy, el proceso de concentración multimediática fue imparable, liderado por el Grupo Clarín pero en el que intervinieron también otras empresas, tanto nacionales como internacionales, conformando un entretejido muy denso.

Este poder mediático llevó a la sociedad argentina a la creencia, difundida por los propios medios, de que ningún presidente elegido democráticamente podía resistir tres tapas en contra publicadas por el periódico Clarín. El presidente radical lo sufrió en carne propia: según Leopoldo Moreau, Alfonsín había pedido que lo apuntalaran para consolidar la democracia, pero Magnetto (el CEO del Grupo Clarín) le contestó que "el obstáculo para apuntalar al Gobierno era la propia figura de Alfonsín". Ya había arreglado con el presidente entrante, Menem, la modificación de la ley de la dictadura que trababa la expansión del Grupo.

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El presidente Alfonsín, el Grupo Clarín y la regulación del sector de la comunicación

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Desde la década de los noventa, el proceso de concentración multimediática en Argentina ha sido imparable, liderado por el Grupo Clarín pero en el que intervinieron también otras empresas, tanto nacionales como internacionales, conformando un entretejido muy denso.

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2004: 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación 

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2004: 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación 

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Esto fué presentado por la coalición por una comunicación democrática que reunió a más de 300 organizadores

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"21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación"

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Los siguientes son los "21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación" elaborados por distintas unidades académicas y organizaciones políticas y sociales, de cara al debate jurídico y político que el Estado Nacional, con el respaldo de numerosas entidades, ha comenzado a dar con el objetivo de elaborar una nueva Ley de Radiodifusión.

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El poder ejecutivo presenta en anteproyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

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La corte suprema resolvió la constitucionalidad

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También señaló que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización y aseguró que es en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio. Los jueces afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso.

Esquema explicativo de la decisión:

Constitucionalidad general de la Ley de Medios
1) Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni.

La mayoría, en este aspecto, surge de los votos de los jueces Lorenzetti y Highton (en forma conjunta), Petracchi, Argibay, Maqueda, Zaffaroni.

Los principales argumentos son los siguientes:

La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos.

La Corte Suprema ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal.

La libertad de expresión, en su faz individual, admite una casi mínima actividad regulatoria estatal, y ha sido fuertemente protegida por esta Corte en numerosos precedentes.

La protección constitucional no se limita a ello, sino que también incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático.

La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes.

Que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales.

Que también lo es con la defensa de la competencia, como bien de incidencia colectivo (artículo 43 de la Constitución Nacional). En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones.

Todo ello exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica.

Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable.

En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado.

Los jueces consideran que este tipo de regulaciones es una práctica internacionalmente difundida y aceptada. Citan numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como fallos nacionales e internacionales.

Como consecuencia de ello, cada uno de los votos examina en particular las razones de los textos legales impugnados y concluye que:

Es constitucional el art. 41, en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación.

Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Argibay

Es constitucional el art. 45. Apartado 1, inc. c) (24 licencias de cable); Apartado 1, párrafo final (35% del total de habitantes o abonados); Apartado 1, inc b) (no permite ser titular de más de una señal de contenidos); Apartado 2, incisos c y d (licencia de cable o 1 licencia de TV abierta en orden local); Apartado 2, párrafo final (3 licencias locales); Apartado 3, en su totalidad (1 señal de contenido para titulares de licencias de radio y tv abierta y 1 señal propia para los titulares de licencias de cable).

Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Argibay

2) Disidencia del Dr Fayt.

Aplicación de la ley: protección de los derechos de propiedad
El análisis del caso parte de considerar que hay un derecho individual a la licencia que tiene la protección similar a la de un derecho de dominio y que involucra el derecho a la libertad de expresión. Que una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística, es una afectación a la libertad de expresión.
Como la licencia se equipara al derecho de dominio, no puede restringirse su disposición, y por ello es inconstitucional el artículo 41 de la ley. Hay otros modos menos restrictivos de controlar los fraudes.
Que las limitaciones del artículo 45 no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los principios de diversidad perseguidos.

Mayoría: Lorenzetti, Highton, Petracchi, Zaffaroni.

La mayoría considera que la sentencia debe ajustarse a argumentos de las partes y a los hechos demostrados por ellas en el juicio.

En este sentido, no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión.

Lo que está en discusión es una ley del Congreso y no una decisión del Poder Ejecutivo, lesiva de la libertad de prensa, dirigida contra un particular que pueda dar lugar a la aplicación del precedente "Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén", (Fallos: 330:3908). Por el contrario, la ley 26.522 emanada del Congreso no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto y no a otros. La ley establece límites iguales para todos los titulares de licencias. De modo que no corresponde aquí partir de una sospecha de ilegitimidad de la norma con desplazamiento de la carga de la prueba, sino que debe ser el grupo actor quien debe acreditar que la ley afecta sus derechos constitucionales.

De acuerdo con las constancias de la causa, en el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica. La "sustentabilidad" no puede ser equiparada a "rentabilidad", y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria.

No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno.

No hay en la causa una prueba de que exista una violación de la libertad de expresión derivada de la ley.

La actora es titular de licencias que están protegidas porque integran el concepto de propiedad constitucional.

El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada. Si así fuera, ninguna ley que proteja el interés general podría ser eficaz.

Ello no quiere decir que, si en la etapa de la aplicación se afectara la libertad de expresión hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora no pueda ejercer sus derechos.

Pero no se puede, en esta instancia, proteger un derecho que puede ser o no afectado en el futuro.

Por esta razón declara que el artículo 48 de la ley es constitucional, lo que debe ser interpretado en el sentido de que nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley general, siempre que se indemnicen los perjuicios que sufra la licencia individual

El artículo 161, cuyo plazo de encuentra vencido, es constitucional.

Disidencia parcial de Argibay:

Las limitaciones de la ley son constitucionales (art 45), pero la forma de implementarlo no lo es y por eso son inconstitucionales los artículos 48 y 161. El cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión. En especial debe considerarse:

a) Espacio radioeléctrico: en este caso la afectación se produce si el titular de la licencia no cuenta en esa área con otra licencia para un servicio de comunicación del mismo tipo que le asegure la posibilidad de ejercer su libertad de expresión. Si la tiene, la norma se aplica, y, en caso de que el retiro de la licencia procediese y ello ocasionara daños patrimoniales, una vez probados, deben ser objeto de la correspondiente compensación monetaria.

b) Licencias que no usan el espectro radioeléctrico: la plena ejecución del esquema contenido en el artículo 45 de la ley 26.522 debe esperar al vencimiento de las licencias ya otorgadas o su cancelación por motivos atribuibles al licenciatario. Este motivo puede ser la realización de prácticas anticompetitivas que impliquen abuso del poder de mercado, colusiones anticompetitivas, o en general cualquier práctica anticompetitiva. También puede cesar por deficiencias que puedan presentar las licencias que actualmente explotan las empresas demandantes.

c) Las autoridades pueden establecer un mecanismo de implementación de la LSCA, en especial de su artículo 45, que sustituya al artículo 161 LSCA de modo que no se vean alterados los derechos derivados de las licencias de comunicación audiovisual en curso, a cuyo amparo son desarrolladas actividades protegidas por el derecho a expresarse libremente y recibir información.

Disidencia parcial de Maqueda:

Las disposiciones de la ley que obligan a la actora a desprenderse de las licencias que le fueran otorgadas y prorrogadas por el Estado Nacional en el periodo 1996-2007 violan los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de expresión.

La propiedad, en su sentido constitucional, alcanza al titular de una licencia de un servicio de comunicación.

Tanto del otorgamiento y prórroga de las licencias reconocidas por el Estado por un plazo determinado, como de la conducta desplegada por el Grupo Clarín en consecuencia, se deriva con claridad la existencia de un derecho adquirido, entendido como aquel que ha sido definitivamente incorporado a su patrimonio y, como tal, amparado plenamente por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.

Pretender asignar el carácter de privilegio a las licencias, como lo sostiene el Estado, dejaría librados a sus titulares y a la totalidad de los medios de comunicación, al simple arbitrio de la administración de turno, afectando de esa forma el principio de seguridad jurídica.

La cuestión no puede enfocarse exclusivamente desde un ángulo patrimonial, pues en el caso, se encuentra en juego el derecho a la libertad de expresión de la actora a continuar con su proyecto comunicacional y de la sociedad a recibirlo. Por eso un conflicto como el aquí planteado, no puede resolverse mediante el mero pago de una indemnización, porque ninguna reparación monetaria podría remediar eficaz e integralmente la lesión a este derecho. En una sociedad democrática, el valor de una información no expresada no puede ser mensurado en términos económicos.

Disidencia de Fayt:

Son inconstitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161, y por ello no se aplica ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir. Por lo tanto la actora continúa en la misma situación actual, sin necesidad de ajustarse en ningún momento.

Los ministros hacen referencia a los siguientes aspectos:

- La Corte no tiene la función de establecer si la ley 26.522 se adecúa a los avances tecnológicos, si es obsoleta, incompleta o inconveniente, o si es la mejor posible. Esa es función del Congreso.

La ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial.

- El Estado afecta la libertad de expresión, si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas.

- Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales.

- Es de vital importancia que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión.

- En la aplicación de la ley deben respetarse: la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes, ajustarse a los requerimientos del debido proceso en todas sus decisiones y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.

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La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios

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También señaló que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización y aseguró que es en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio.

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El presidente sanciona una serie de decretos de Necesidad y Urgencia y un decreto que afectan los derechos reconocidos en la ley. Se crea el ministerio de Comunicaciones. Se modifican artículos de la ley.

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Los polémicos decretos con los que Macri quiere reformar Argentina - BBC News Mundo

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El gobierno decretó la intervención de la autoridad encargada de regular el sector audiovisual, el Afsca, protagonista de la tormenta sobre la Ley de Medios en el país. No es su único plan.

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Los artículos modificados son avalados por la cámara de diputados.
Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos plantearon ante la comisión interamericana la incompatibilidad de los DNUS.

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Se publica los principios que regían la ley de comunicaciones convergentes

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Tras haber cumplido más de la mitad del plazo original previsto por el gobierno de al crearla, la comisión encargada de redactar un proyecto de ley que unifique normas sobre medios audiovisuales, telecomunicaciones y algunas capas de Internet dio a conocer este miércoles los Mauricio Macri 17 "principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes" que, en rigor, son los que vertebrarían el proyecto que el oficialismo presentaría a fines de 2016 o comienzos de 2017 ante el Congreso, que es el poder facultado constitucionalmente para legislar. Esta nota analiza el documento, que contiene lineamientos que en su mayoría no son novedosos aunque portan la novedad de poseer un aire de familia con las regulaciones previas en materia de medios audiovisuales y telecomunicaciones. A la vez, la traducción de algunos de los principios anuncia conflictos entre intereses cruzados de los principales conglomerados industriales de estas actividades.

El primero de los principios afirma que "las comunicaciones convergentes son aquellas que permiten recibir, producir, transportar y distribuir información, opinión, contenidos -garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información- con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilicen". Esta definición cobija tensiones tanto con la política de comunicación que ejecuta desde hace seis meses el gobierno nacional, como con el objetivo de participar a todos los actores de la cadena productiva convergente en igualdad de condiciones.

Los principios difundidos son de carácter general y, en consecuencia, despejan algunas incógnitas respecto de la orientación que -si el documento es representativo de lo que piensa la conducción del gobierno- tiene la gestión de Macri en aspectos delicados en los que hay actores dominantes en medios y telecomunicaciones con intereses contradictorios, a la vez que sectores postergados históricamente por ser más pequeños en escala o por carecer de finalidad lucrativa en su actividad, sean estos cooperativos o comunitarios. Otras incógnitas quedan abiertas pues, como reza el refrán, el diablo está en los detalles. Los ideales de pluralidad, diversidad, acceso a la información, libertad de expresión, federalismo, competencia y producción nacional de contenidos son compartidos, a nivel declarativo, con unanimidad; son las políticas necesarias para alcanzarlos las que hacen la diferencia, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Sin embargo, no es menor que haya coincidencias básicas expresadas por el documento con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos como con otros instrumentos de DDHH. La concurrente afirmación de que "el acceso y la participación en las comunicaciones convergentes debe ser plural, diverso e igualitario", se inscribe además en los avances normativos alcanzados con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 con la que, a pesar de la retórica de funcionarios a cargo del sector, estos principios guardan más de una semejanza. La diferencia, nuevamente, está en la interpretación y en la aplicación de los principios rectores, como lo muestra la redacción del punto 16, relativo a "medios públicos", que no se distingue en esencia del artículo 121 de la ley audiovisual de 2009.

Los principios difundidos por el gobierno también reconocen prestadores de gestión estatal, privados sin fines de lucro y privados con fines de lucro. El texto no menciona si a los "sin fines de lucro" se les proyecta el objetivo de reserva del 33% de las frecuencias audiovisuales que la ley de 2009 incluyó (y que la política de medios del kirchnerismo no cumplió).

El texto también vincula la defensa de la competencia con "el fomento de la pluralidad de voces, el pluralismo cultural, el federalismo de concertación y la producción nacional de contenidos", que son obligaciones del Estado. Con la alusión a la competencia, el documento le hace un gambito retórico al problema de la concentración de la propiedad de medios y redes -y sus recursos asociados-, lo que supone un obstáculo para la realización del derecho a la libertad de expresión -como señaló reiteradamente la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de DDHH-. Este puede no ser inconveniente en la instancia de definiciones generales, pero lo será a la hora de disponer una propuesta de articulado, pues la concentración excesiva daña la competencia y erosiona los derechos enunciados como ideales en el documento.

El gobierno proyecta una autoridad de aplicación unificada para audiovisual, telecomunicaciones e Internet. Esa autoridad sería un órgano colegiado sin requisito, según el punteo, de designación de integrantes por parte del Congreso Nacional para asegurar la participación de otras fuerzas políticas, ni plantea representación federal alguna como así tampoco de fuerzas sociales o académicas. Sólo se piensa en que los miembros no sean del mismo género, que sean personas idóneas y posean reconocida trayectoria académica o profesional en la materia. En este sentido, los principios desconocen una de las recomendaciones de los estándares americanos de DDHH en materia de libertad de expresión, que plantea la necesidad de que el órgano regulador tenga autonomía tanto del poder político cuanto del poder económico.

Otra discordancia interna del punteo refiere al último de los principios, el 17, relativo a medios comunitarios, pues localiza el fomento a su desarrollo en "poblaciones con singularidad cultural, social o en representación de colectivos diversos, poblaciones distantes o de difícil acceso", lo que expresa una perspectiva limitada y fragmentaria sobre el sector y, por ello, también prescinde de los estándares americanos de DDHH.

Así como un lugar común de la crítica a la ley audiovisual por parte de quienes se opusieron a la regulación de 2009 fue que la ley "nacía vieja", lo mismo, y más aún, puede decirse del principio 13, que manifiesta que las aplicaciones de intermediación en la prestación de servicios (apps) deben respetar normas locales, responder por daños y perjuicios si son notificados (el documento no dice por parte de quién: ¿el gobierno?, ¿el Poder Judicial?), deben registrarse (lo que expresa una intención hiperbólica) y respetar los derechos de propiedad intelectual. La ley argentina de propiedad intelectual (11723) data de 1933 (¡!), por lo que remitir a esa norma en materia de producción y circulación social de información y entretenimientos masivos es, cuanto menos, un anacronismo manifiesto.

Los principios difundidos por el gobierno orientarán la discusión de los actores interesados en una futura ley de comunicación convergente. Estos y otros ejes elaborados y debatidos por otros sectores políticos y sociales convocan a una ciclópea tarea de diagnóstico de la realidad de las comunicaciones en el país, de sus protagonistas e intereses diversos y no siempre armonizables, de sus desigualdades y asimetrías manifiestas y de la evolución tecnológica que altera la esencia de redes y servicios.

La noción misma de "convergencia" que presenta el documento es, llevada al extremo, incompatible con algunos de los ideales allí listados. Si la convergencia habilita a todas las redes de comunicación a participar de todos los servicios, no se entiende por qué se la limita con restricciones normativas para operadores de televisión satelital (impedidos de dar servicios convergentes) y los que tienen su origen en las telecomunicaciones. ¿La convergencia diluye las fronteras de actividad? Sin embargo, a una empresa de medios que hoy obtiene la mayor parte de sus ingresos como carrier de datos el gobierno le franquea el mercado, mientras le impide a un operador de red de telecomunicaciones ofrecer servicios audiovisuales. Esto no significa que el Estado deba permitirle a todos los actores avanzar sobre todos los frentes, pero sí establecer prioridades y reglas claras. Si la prioridad es la inclusión, el acceso universal, la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, es lógico que se impongan límites a la concentración y se establezcan medidas de protección. Nuevamente, en esa senda se define la materialidad de la política de las comunicaciones, convergentes o no.

A las dificultades propias de la elaboración de una ley en plena mutación de las actividades de comunicación se le agregan condimentos de la política y la economía que condicionan este proceso. A medida que se acerque el escenario electoral de 2017, las probabilidades de trámite de un proyecto de ley en un tema controvertido, con actores tan disímiles y necesidades antagónicas, dependerán del contexto económico y de las expectativas y el posicionamiento político de quienes compitan en las elecciones. Por ello, el lapsus del documento al aseverar que estos principios "regirán la ley de comunicaciones convergentes" demuestra que al gobierno le falta madurar por un lado en la comprensión de los conflictos que surcan el universo de las comunicaciones, como en los que siembran el campo político.

Aún si lograra sortear el obstáculo del contexto económico y político, una futura ley basada en derechos, intereses y posiciones de grandes actores industriales coincidentes o funcionales con los del oficialismo tendría otra complicación a mediano plazo, y es que, al cabo del mandato de Macri, el siguiente gobierno decrete la caducidad de lo actuado en este lapso con el mismo ánimo refundacional con el que intervino e interviene el gobierno actual con la regulación anterior mientras promete la futura ley.
@aracalacana

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Principios y fines de las comunicaciones convergentes

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El autor analiza las 17 verdades macristas que serán la columna vertebral de la ley que el Gobierno elabora para instalar su propio paradigma en ese terreno. Intereses y contradicciones.

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Se publica en boletín oficial la resolución 694 E que establece nueva prórroga de 180 dias para la presentación del anteproyecto

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PROCESO DE ANALISIS - PRORROGA

Fecha de sanción

Publicada en el Boletín Nacional del 28-Dic-2017

Resumen:

DISPONESE LA PRORROGA, POR UN PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS, DEL PROCESO DE ANALISIS PARA LA ELABORACION Y LA PUBLICACION DE UN ANTEPROYECTO DEFINITIVO DE LEY DE REFORMA, ACTUALIZACION Y UNIFICACION DE LAS LEYES N° 26.522 Y 27.078, PARA SER ELEVADO AL PODER EJECUTIVO NACIONAL.

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Se abre una consulta online durante 60 días sobre 4 ejes: internet de las cosas, desarrollo de redes de telecomunicaciones, despliegue de infraestructura y otros.

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Se presenta proyecto para restituir el proyecto

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La política sobre los medios de comunicación comienza a repensarse en el Congreso de la Nación. En los últimos días una senadora oficialista de la provincia de Neuquén presentó un proyecto para restituir artículos suspendidos durante el macrismo de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación audiovisual. En Diputados, hay varias ideas al respecto.

La iniciativa impulsada por Alma Sapag propone recuperar la redacción original de la norma -aprobada en el Congreso en el año 2009- que durante el gobierno de Mauricio Macri fue modificada por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Entre otras cuestiones, se permitió comprar y vender licencias y que el cable quede bajo el marco legal de las TIC.

En su texto, la neuquina propone restituir el artículo sobre las licencias: "Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles". Además, su planteo se limita a la concentración de licencias. En general, los articulados buscan subsanar la matriz monopólica comercial de los medios que profundizó la gestión de Cambiemos.

En septiembre pasado, en la Cámara de Diputados el oficialismo tocó el tema de los medios con distintas propuestas legislativas para "garantizar una comunicación democrática en la era digital" retomando el espíritu de la ley 26.522. Las iniciativas proponen desde crear un gravamen a los servicios digitales y plataformas de contenidos extranjeros, pasando por la regulación de la publicidad oficial, hasta establecer una prestación básica digital universal y gratuita para los hogares.

En diálogo con Tiempo, el diputado Pablo Carro -que preside la Comisión de Comunicación en la Cámara Baja- opinó que el proyecto de Sapag "es bienintencionado, pero no a va generar ninguna solución a los problemas que tenemos. En materia de comunicación los problemas que tenemos derivados del DNU del gobierno de Mauricio Macri me parece que no tienen sentido en la actualidad, con las innovaciones tecnológicas".

"Por ejemplo, el artículo antimonopólico establece limitaciones geográficas para el otorgamiento de las licencias y lo que ocurre hoy es que hay muchos medios que ya están transmitiendo sus mismas señales por streaming y esa transmisión no tiene ninguna limitación es más las licencias TIC son licencias nacionales", agregó el cordobés, al tiempo que señaló: "Lo mismo ocurre con los otros artículos que podrían traer una mejora parcial, pero que no van a resolver ninguno de los problemas que tenemos por lo que argumentaba antes, porque hoy ya nadie está interesado en tener licencia, debido a que el streaming no paga impuesto porque no está encuadrado legalmente como la licencia".

En ese sentido, del legislador manifestó que se necesitan soluciones de futuro: "Una tiene que ver con actualizar la legislación para que los nuevos modos de producir, difundir noticias, música o ficciones audiovisuales estén encuadrados como servicios de comunicación audiovisual". "Del mismo modo hay que pensar otra forma de resolver la comunicación audiovisual en la Argentina. Hay que buscar caminos inversos", añadió.

Por ese carril, el diputado ya tiene presentado dos proyectos al respecto. Uno tiene que ver con el pluralismo y diversidad informativa que es una obligación del estado nacional por ser firmantes de tratados internacionales y centralmente tratar de legalizar no sólo las señales, las licencias sino también la forma de contratación de trabajadores porque no hay manera de competir con los grandes medios si seguimos pensados a los medios comunitarios al margen de la ley.

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Se reactiva la Ley de Medios en el Congreso con varios proyectos

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Un proyecto en el Senado de Alma Sapag para reactivar artículos suspendidos de la ley de 2009 anticipa discusiones en ambas Cámaras. Un panorama de las propuestas.

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Rossi pide restablecer un proyecto para modificar LSCA.

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Rossi reivindicó la Ley de Medios. Foto: Camila Godoy

El jefe de Gabinete de la Nación y precandidato presidencial por el Frente de Todos, Agustín Rossi, exhortó a "restablecer y actualizar" la Ley de Medios a través de un "proceso amplio y participativo", además de "derogar" los decretos del expresidente Mauricio Macri.

Así lo manifestó Rossi al participar este lunes por la noche de un debate con referentes de las organizaciones que integran la 'Coalición por una Comunicación Democrática', que se llevó a cabo en la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Allí, el jefe de Gabinete valoró y reivindicó el proceso de debate participativo y federal que culminó, en 2009, con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ​conocida como Ley de Medios, norma que, sostuvo, "debería ser repuesta por un eventual próximo gobierno del Frente de Todos".

"Podemos restablecer y actualizar la Ley de Medios con un proceso amplio y participativo como el que dio origen a la norma en 2009, y hay que derogar aquellos decretos que impuso Mauricio Macri", señaló Rossi.

Escuché sus reflexiones y demandas, a las que intentaré dar respuestas cuanto antes. Fue una gran alegría estar, además, en la casa de las y los compañeros de @sipreba, en el marco de la semana del periodista.

Gracias por recibirme y por la construcción colectiva.
- Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 6, 2023

El encuentro tuvo como objetivo actualizar el diagnóstico sobre el estado de la comunicación argentina a 14 años de la aprobación de la Ley de Medios, que en varios de sus artículos sufrió un retroceso durante el gobierno de Macri, informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.

En la reunión se analizó, además, la necesidad de terminar con las posiciones dominantes y sistemas de medios hegemónicos, alentar a los medios cooperativos, fortalecer las posibilidades de ficción local y federalizar contenidos.

Los referentes de la Coalición por una Comunicación Democrática, además, reconocieron el "compromiso histórico" de Rossi desde los tiempos en que se desempeñó como presidente del bloque de diputados oficialista al momento del tratamiento y aprobación de la norma.

Al respecto, la Coalición destacó la necesidad de que la Ley de Medios sea actualizada, como también que se ponga en funcionamiento el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creado por la norma y que no está vigente.

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Rossi convocó a 'restablecer y actualizar la Ley de Medios' en el próximo gobierno

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El jefe de Gabinete valoró el proceso de debate participativo y federal que culminó, en 2009, con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reivindicó que debería ser prioridad en una nueva gestión de la actualición gobernante.

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Ley de servicios de Comunicación Audiovisual;  De que se trata y sus antecedentes.

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Ley de servicios de Comunicación Audiovisual;  De que se trata y sus antecedentes.