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Trayectoria Histórica- Politica de la Ciudadanía.

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Trayectoria Histórica- Politica de la Ciudadanía.

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La ciudadanía en Occidente tiene una historia de avances y retrocesos en la forma en que se ejercen y comprenden los derechos en diferentes territorios. En las últimas dos décadas, ha habido un gran debate sobre la gobernanza, que es el nuevo papel del Estado en colaboración con la sociedad civil, y la centralidad del Estado en la aplicación de políticas públicas. Las razones de la gobernanza están relacionadas con cambios económicos profundos, reformas estructurales, el debilitamiento de los sistemas de protección social, el aumento del desempleo y la precariedad laboral, y el crecimiento de la exclusión social.

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Trayectoria Histórica- Politica de la Ciudadanía.

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Trayectoria Histórica- Politica de la Ciudadanía.

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Desde esta visión neoliberal, la libertad individual se vive en una sociedad despolitizada, con poca intervención estatal en la distribución de recursos y justicia. A lo largo de la historia, la ciudadanía ha tenido características que implican una relación de derechos y deberes entre el individuo y el Estado, así como pertenecía a una comunidad donde cada persona participa en diferentes aspectos sociales. El tema de la participación social ha sido un debate antiguo, donde se cuestiona quién debe participar y en qué medida.

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Trayectoria Histórica- Politica de la Ciudadanía.

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Trayectoria Histórica- Politica de la Ciudadanía.

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La teoría clásica de la ciudadanía define esta pertenencia a la comunidad como un derecho de igualdad humana. Marshall argumenta que la ciudadanía otorga a las personas derechos, deberes y responsabilidades iguales. El Estado de Bienestar, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, establece tres tipos de ciudadanía: civil, política y social. Giddens critica a Marshall al afirmar que las desigualdades de clase no se resolverían solo con los derechos de ciudadanía y que el conflicto de clase ha sido clave en la expansión de esos derechos.

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La ciudadanía debe ser considerada en un contexto complejo, ya que existe un conflicto entre los derechos de ciudadanía y las demandas económicas contemporáneas. Si bien se reconoce que la ciudadanía es un producto de la política moderna, también es el resultado de cambios históricos importantes. Estos cambios han permitido que la ciudadanía se vea como una demanda de derechos civiles, políticos y sociales.

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La implementación de políticas sociales, que históricamente han sido esenciales en la lucha por inclusión, no debe confundirse con la categoría jurídica de la ciudadanía. También se plantea una separación entre el contenido de los derechos ciudadanos y cómo se accede a ellos. Existen debates sobre la naturaleza de los derechos sociales, con opiniones que los consideran solo promesas o como derechos fundamentales exigibles legalmente. Los derechos implican justicia, que es el derecho de reclamar ante una autoridad por el incumplimiento. A pesar de desafíos como la falta de presupuesto o problemas judiciales, estas razones no justifican la no implementación de estos derechos.

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¿Qué son los derechos sociales y cómo se pueden garantizar?

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La teoría clásica de Marshall introdujo derechos difusos o colectivos, que protegen a la humanidad y a colectivos específicos. Estos derechos de tercera generación se añaden a los derechos civiles, políticos y sociales, reconociendo derechos exigibles para todas las personas, sin importar su contexto social o nacional.

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En Argentina, la reforma constitucional de 1994 incorporó estos derechos colectivos, abordando temas como la igualdad de oportunidades, la defensa de los consumidores y el reconocimiento de los derechos políticos de hombres y mujeres. También se establece el derecho a un ambiente sano en el Art. 41, que subraya la responsabilidad en la utilización de recursos naturales y prohíbe residuos peligrosos.

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La ciudadanía medioambiental aboga por que los ciudadanos sean consultados en decisiones que afectan al ambiente. A su vez, la ciudadanía ecológica busca cumplir con deberes que trascienden lo contractual y promueve la solución de conflictos ambientales, muchas veces generados por actividades humanas.

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Impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza

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El conflicto ambiental también resalta la necesidad de una cultura de la emergencia y democratización, ampliando el concepto de ciudadanía a la ecociudadanía. Los ciudadanos ecológicos defienden la sostenibilidad y buscan un poder político para contrarrestar el impacto negativo del consumismo, enfatizando la justicia ambiental y la valoración de todas las formas de vida frente a intereses económicos.

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Son conceptos que se relacionan en la teoría. El territorio puede entenderse de dos maneras: como un espacio físico definido, que va desde una nación hasta un barrio, y como espacios sociales con dimensiones culturales, políticas, económicas e históricas. Estos territorios están en constante cambio, afectados por relaciones de poder que generan conflictos y negociaciones. Por lo tanto, la idea de territorio solo como un espacio físico es insuficiente para entender el desarrollo territorial y su gestión ambiental.

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El desarrollo territorial tiene dos aspectos importantes. Uno se refiere al control político del territorio a través de teorías y métodos que ignoran las contradicciones y conflictos inherentes al sistema capitalista. Santos opina que estos conflictos evidencian desigualdades y la necesidad de un debate continuo sobre el control político y los modelos de desarrollo. Este enfoque ha influido en organizaciones populares mediante ONG que promueven el desarrollo sustentable sin reconocer las oposiciones.

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El segundo aspecto es el abordaje superficial de los conceptos de desarrollo territorial y participación ciudadana, que no permite cuestionamientos ni reconocimientos de diferencias. El conflicto no se incorpora en la definición de desarrollo territorial, que se percibe como una microrregión sin conflictos. Leff menciona que esta visión integradora ignora procesos de desterritorialización y que el desarrollo incluye territorialización, desterritorialización y reterritorialización, creando una multiterritorialidad con conflictos.

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Una visión alternativa promueve la diversidad y la complejidad ambiental, abogando por una gestión ambiental que considere la multiterritorialidad. Esto también requiere un diálogo intercultural entre diferentes saberes y una reflexión sobre las prácticas y imaginarios de las comunidades, buscando la sustentabilidad a través de la hibridación de identidades y la autorreflexión de las comunidades sobre sus propias culturas.

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Es esencial que cada sociedad responda a los conflictos con administraciones locales y organizaciones comunitarias fuertes para lograr un desarrollo sostenible. Esto requiere participación ciudadana, que a menudo se ve limitada en las Políticas, Planes y Programas debido a la manipulación de grupos en el poder. Muchas veces, esto se traduce en una participación superficial en lugar de un verdadero ejercicio de la ciudadanía.

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Contraloría General de la República de Chile

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La Comisión de Naciones Unidas recomienda que los gobiernos trabajen con la sociedad civil para capacitar a líderes y comunidades sobre la gestión del desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, las acciones para mejorar el medio ambiente han cambiado poco y la penalización de conductas dañinas es baja.

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La gestión ambiental urbana implica la administración sostenible de actividades en asentamientos humanos y debe orientarse a la protección y mejora del medio ambiente, considerando la participación ciudadana como fundamental. El Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas promueve el fortalecimiento de capacidades en ciudades intermedias desde 1997.