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Los restos de nueve campesinos desaparecidos en Santa en 1992 fueron entregados a sus familias tras 19 años. La ceremonia se realizó en la Fiscalía Provincial de Virú con la participación de APRODEH y la Comisión de Justicia Social, organizaciones agradecidas por los familiares. Isabel Coral, de la CMAN, destacó la importancia de las reparaciones estatales. Jorge Noriega, padre de una víctima, se mostró conmovido tras la larga búsqueda. Luego, hubo procesiones y ceremonias en El Santa, culminando con los entierros en el cementerio local. Este evento significó un alivio y dignificación para las familias afectadas.

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Nuestra postura es obviamente de indignación hacia las autoridades. Nosotros no podemos aceptar que hayan sido necesarios 19 años para que los cuerpos de los nueve agricultores desaparecidos en 1992 finalmente fueran devueltos a sus familias. Este es un claro ejemplo de la incompetencia y la indiferencia del Estado hacia la protección de los derechos humanos.

Las autoridades solo tomaron medidas cuando no tuvieron otra opción, dejando a las familias con un dolor prolongado e injusto.

Es absurdo que las familias hayan tenido que depender de organizaciones como APRODEH y la Comisión de Justicia Social para recibir algo tan básico como los cuerpos de sus seres queridos. El Estado no solo falló en su deber de proteger a estas personas, sino que también mostró total desprecio por el sufrimiento de sus familias.

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Como bien afirma Bernal(2022) La desaparición forzada de las personas, el ocultamiento de información de su desaparición o de su paradero conlleva a la incertidumbre que sufren las familias de los desaparecidos ;estos pueden ser vistas como secuestros , por lo tanto es una forma de privar la libertad.

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DERECHO A LA VIDA: Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3, establece que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". En este caso, las víctimas fueron secuestradas y asesinadas extrajudicialmente por miembros de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú. La privación arbitraria de la vida constituye una grave violación de este derecho​.

DERECHO A LA INTEGRIDAD: En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 5, establece que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Durante el secuestro y posterior asesinato de las víctimas, se cometieron actos de violencia física y psicológica contra ellas y sus familias. Las víctimas fueron sacadas de sus hogares de manera violenta, y en algunos casos, sus familiares también fueron agredidos.

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En conclusión, la entrega de los cuerpos de los nueve agricultores es un acto tardío que subraya la negligencia e indiferencia estatal. Aunque esta acción aporta cierto alivio a las familias, no puede ni debe considerarse suficiente. La verdadera justicia requiere acciones decisivas y sostenidas para garantizar que estas tragedias no se repitan y que se reconozca y repare plenamente el sufrimiento infligido a las víctimas y sus seres queridos, quienes no solo tuvieron que pasar por el sufrimiento de perder a sus seres queridos, sino que también tuvieron que luchar para simplemente conseguir recuperar los cuerpos sin la ayuda del estado que les dio la espalda.

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Bernal Domo, A. L. (2022). Corte IDH caso Terrones Silva y otros Vs. Perú: “Análisis de posibles vulneraciones de Derechos Humanos: derecho a la vida, libertad, integridad, garantías judiciales, protección judicial y obligatoriedad de adoptar disposiciones de derecho interno relacionada con la tipicidad del delito de desaparición forzada de personas”.Recuperado chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_360_esp.pdf

Triana, N. C., Bejarano, C. R., & Cárdenas, J. C. (2018). Protección de los derechos fundamentales y terrorismo: dilemas en el uso de la fuerza. Revista Espacios, 39(16), 28-36.Recuperado chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67717310/Proteccion_de_los_derechos_fundamentales_y_terrorismo_dilemas_en_el_uso_de_la_fuerza-libre.pdf?1624408730=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DProteccion_de_los_derechos_fundamentales.pdf&Expires=1719024693&Signature=Rn600yBgAJ-EaWJnHGdrD-2bl5-IvAnaqa7PIUMO6QsirxJSFjv0QWnoV2ynDRPoekkAoC9pnWdDZxwW3qv92f~jzM6TL7PdhEuQXFcR~6wl6o3UKMKBzv7v8hbgRYxbeeKji1lONM~qCSWFUSgISqJ9jdQmAQp4hret2qByhIsPlyEhGLoyGORLj28jU4Zn~UoflvSKIXL04LGhpnmKw015zRE-sz3EO4pNcGi3Y6lva8YxeF3zwbzMU-vgeo-noBGla0REC0NCa5HdQr~uqB-Kx71ACDHOpGi~9MowmGsX5zlhBaFHwvF5zDm-BuY3an8epoOHC4UNUwffHnZtaA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

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Según Triana y Cárdenas (2018) mencionan que todas las personas debemos gozar del derecho a la vida porque así hayan sido terroristas son seres humanos y merecen trato humano .

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Con el fin de evitar situaciones futuras y erradicar la vulneración de los derechos a la vida y la integridad personal en casos como el de los desaparecidos de Santa, es esencial implementar mecanismos de Prevención y Protección de Derechos Humanos, que incluyan la participación activa de comunidades, organizaciones de la sociedad civil sin tener mucha influencia del estado para la protección de la comunidad. Asimismo, establecer programas de protección y apoyo integral para las víctimas y sus familias, para que puedan sobrellevar este proceso complicado con el fin de fortalecer las redes de apoyo de la sociedad y además que trabajen en coordinación con las autoridades para ofrecer protección y asistencia a las familias.