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México y Bolivia, los países de la región con menos vacaciones

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México y Bolivia, los países de la región con menos vacaciones

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Las vacaciones son un derecho fundamental anual de todos los trabajadores que tienen un contrato laboral con una entidad, organización o empresas. La duración de las mismas varía en todos los países, ya que depende de la legislación local y de algunas variables de la reglamentación.

En Colombia, este derecho le permite descansar 15 días hábiles continuos de vacaciones remuneradas por cada año de trabajo, descontando los domingos y festivos. También deben ser dadas dentro del año siguiente a la fecha en que se causan y el trabajador recibe el mismo salario que está devengando.

Sin embargo, el panorama en la región es diverso; mientras que en países como Brasil, Cuba, Panamá y Perú se puede descansar hasta 30 días seguidos según la reglamentación, naciones como México cuentan con seis días de vacaciones.

Colombia se encuentra en el medio de la lista, pues países como Nicaragua, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y El Salvador, también tienen legislados 15 días de vacaciones para los trabajadores.

Debajo de ese escalafón se encuentran naciones como Argentina, Costa Rica y República Dominicana, con 14 días seguidos para las vacaciones del trabajador.
Los países coleros en cantidad de tiempo de vacaciones para los trabajadores son Bolivia, con siete días seguidos de vacaciones para los trabajadores; Honduras, con 10; y Paraguay, con 12 días.
No obstante, como ya se advirtió, hay cambios en la legislación de todos los países; por ejemplo, en Argentina, el factor de la antigüedad dentro de una organización u empresa es fundamental, ya que en los primeros cinco años de contrato si son 14 días de vacaciones, pero pueden ir aumentando tras ese periodo de tiempo.
En Colombia, por ejemplo, las vacaciones pueden vencer, pues según el artículo 488 del Código de Trabajo, este derecho del empleado puede prescribir en un periodo de tres años, y cuentan a partir del día en que la obligación es exigible; es decir, tras un año de trabajo.
Otro aspecto de la legislación colombiana tiene que ver con la posibilidad de que el empleador interrumpa las vacaciones del empleado, que, en todo caso, debe tener una razón justificada, y después puede ser retomada tan pronto se controle la situación de crisis de la organización.

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Las vacaciones son un derecho fundamental anual de todos los trabajadores que tienen un contrato laboral con una entidad, organización o empresas. La duración de las mismas varía en todos los países, ya que depende de la legislación local y de algunas variables de la reglamentación.

En Colombia, este derecho le permite descansar 15 días hábiles continuos de vacaciones remuneradas por cada año de trabajo, descontando los domingos y festivos. También deben ser dadas dentro del año siguiente a la fecha en que se causan y el trabajador recibe el mismo salario que está devengando.

Sin embargo, el panorama en la región es diverso; mientras que en países como Brasil, Cuba, Panamá y Perú se puede descansar hasta 30 días seguidos según la reglamentación, naciones como México cuentan con seis días de vacaciones.

Colombia se encuentra en el medio de la lista, pues países como Nicaragua, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y El Salvador, también tienen legislados 15 días de vacaciones para los trabajadores.

Debajo de ese escalafón se encuentran naciones como Argentina, Costa Rica y República Dominicana, con 14 días seguidos para las vacaciones del trabajador.

Los países coleros en cantidad de tiempo de vacaciones para los trabajadores son Bolivia, con siete días seguidos de vacaciones para los trabajadores; Honduras, con 10; y Paraguay, con 12 días.

No obstante, como ya se advirtió, hay cambios en la legislación de todos los países; por ejemplo, en Argentina, el factor de la antigüedad dentro de una organización u empresa es fundamental, ya que en los primeros cinco años de contrato si son 14 días de vacaciones, pero pueden ir aumentando tras ese periodo de tiempo.

En Colombia, por ejemplo, las vacaciones pueden vencer, pues según el artículo 488 del Código de Trabajo, este derecho del empleado puede prescribir en un periodo de tres años, y cuentan a partir del día en que la obligación es exigible; es decir, tras un año de trabajo.

Otro aspecto de la legislación colombiana tiene que ver con la posibilidad de que el empleador interrumpa las vacaciones del empleado, que, en todo caso, debe tener una razón justificada, y después puede ser retomada tan pronto se controle la situación de crisis de la organización.

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México y Bolivia, los países de la región con menos vacaciones

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Las vacaciones son un derecho fundamental anual de todos los trabajadores que tienen un contrato laboral con una entidad, organización o empresas. La duración de las mismas varía en todos los países, ya que depende de la legislación local y de algunas variables de la reglamentación.

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Exclusivo: El presunto fraude millonario por $ 60.000 millones que tiene en la mira al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro

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Exclusivo: El presunto fraude millonario por $ 60.000 millones que tiene en la mira al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro

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La justicia tiene los ojos puestos sobre un millonario fraude realizado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), luego de que SEMANA reveló una maniobra con la que dos vicepresidentes supuestamente torcieron las normas de contratación para dejar una cartera de 131.433 millones de pesos en 68.435 millones, un valor irrisorio que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de cerca de 63.000 millones. Pero ahora hay un nuevo capítulo: por este hecho, la Fiscalía acaba de vincular a un proceso y llamar a interrogatorio a quien fue presidente de la entidad, Helmuth Barros Peña.
Los hallazgos de la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública resultan preocupantes, pues comprometerían a quien fue la principal cabeza de la entidad, que maneja cientos de miles de millones de pesos que los colombianos depositan de buena voluntad en el Fondo Nacional de Ahorro, pero estarían tomando un destino diferente: los bolsillos de altos funcionarios.
El caso ha escalado a las más altas instancias investigativas, pues por el monto y destinación social de los más de 60.000 millones, ya lo comparan con el de Centros Poblados, un fraude de talla similar, que comprometía la instalación de quioscos digitales en zonas alejadas del país para llevar internet especialmente a las instituciones educativas rurales.
Los argumentos que tiene la Fiscalía para citar a Helmuth Barros Peña son sólidos. Según conoció SEMANA con fuentes judiciales, “en calidad de presidente del FNA celebró contrato de compraventa con la firma Disproyectos, el 20 de noviembre de 2017, por más de 68.000 millones de pesos, cuando su valor real correspondía a más de 130.000 millones”.
Según los documentos en poder de este medio, el director estuvo presente y tuvo conocimiento de las actividades que se venían haciendo en torno a la negociación de la cartera, teniendo en cuenta las actas de reunión en las cuales asistió. El punto más preocupante para la Fiscalía, que ahora tiene al expresidente en la mira, es que “el señor Barros omitió su deber legal de verificar si el trámite y aprobación de la venta de la cartera realizado por las dependencias y funcionarios de la entidad eran acordes con las exigencias y requisitos contenidos en los manuales, resoluciones y disposiciones que regulan el tema”.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, y si no fuera por las pesquisas de la Fiscalía, este oscuro negocio habría pasado desapercibido. Sus autores fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.
La explicación, aunque técnica, deja sobre la mesa la decisión de no acogerse al Sarc para hacer la millonaria entrega de la cartera del Fondo Nacional del Ahorro. A la revisión de documentos y transacciones que hicieron con lupa los investigadores de la Fiscalía, para desenredar la movida que habrían creado para apropiarse de los millonarios recursos, se suma un informe de la Superintendencia Financiera en el que señala que “la aprobación de la venta de la cartera no fue a través del comité de cobranzas, como era su deber, sino que se hizo a través de un grupo interdisciplinario”.
Dicha aprobación debió contar con la venia de la junta directiva y esto nunca sucedió. La Procuraduría, por este mismo caso, también había sancionado a Helmuth Barros.
Por estos hechos, la Fiscalía llevó ante un juez e imputó cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al entonces vicepresidente financiero Milton Bustos y a la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas, quienes siguen trabajando en la entidad en otras labores.
Las actuaciones de estos dos vicepresidentes, dice la Fiscalía, fueron aberrantes y llevaron a que “cuando se vendió la cartera hipotecaria, el Fondo perdiera más de 60.000 millones de pesos por su ilegal actuar, realizado de manera consciente y con conocimiento de que su conducta era contraria a derecho”. Nuevamente, la plata de los colombianos está refundida, y solo queda esperar que, al fin, llegue la justicia.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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La justicia tiene los ojos puestos sobre un millonario fraude realizado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), luego de que SEMANA reveló una maniobra con la que dos vicepresidentes supuestamente torcieron las normas de contratación para dejar una cartera de 131.433 millones de pesos en 68.435 millones, un valor irrisorio que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de cerca de 63.000 millones. Pero ahora hay un nuevo capítulo: por este hecho, la Fiscalía acaba de vincular a un proceso y llamar a interrogatorio a quien fue presidente de la entidad, Helmuth Barros Peña.

Los hallazgos de la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública resultan preocupantes, pues comprometerían a quien fue la principal cabeza de la entidad, que maneja cientos de miles de millones de pesos que los colombianos depositan de buena voluntad en el Fondo Nacional de Ahorro, pero estarían tomando un destino diferente: los bolsillos de altos funcionarios.

El caso ha escalado a las más altas instancias investigativas, pues por el monto y destinación social de los más de 60.000 millones, ya lo comparan con el de Centros Poblados, un fraude de talla similar, que comprometía la instalación de quioscos digitales en zonas alejadas del país para llevar internet especialmente a las instituciones educativas rurales.

Los argumentos que tiene la Fiscalía para citar a Helmuth Barros Peña son sólidos. Según conoció SEMANA con fuentes judiciales, "en calidad de presidente del FNA celebró contrato de compraventa con la firma Disproyectos, el 20 de noviembre de 2017, por más de 68.000 millones de pesos, cuando su valor real correspondía a más de 130.000 millones".

Según los documentos en poder de este medio, el director estuvo presente y tuvo conocimiento de las actividades que se venían haciendo en torno a la negociación de la cartera, teniendo en cuenta las actas de reunión en las cuales asistió. El punto más preocupante para la Fiscalía, que ahora tiene al expresidente en la mira, es que "el señor Barros omitió su deber legal de verificar si el trámite y aprobación de la venta de la cartera realizado por las dependencias y funcionarios de la entidad eran acordes con las exigencias y requisitos contenidos en los manuales, resoluciones y disposiciones que regulan el tema".

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, y si no fuera por las pesquisas de la Fiscalía, este oscuro negocio habría pasado desapercibido. Sus autores fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.

La explicación, aunque técnica, deja sobre la mesa la decisión de no acogerse al Sarc para hacer la millonaria entrega de la cartera del Fondo Nacional del Ahorro. A la revisión de documentos y transacciones que hicieron con lupa los investigadores de la Fiscalía, para desenredar la movida que habrían creado para apropiarse de los millonarios recursos, se suma un informe de la Superintendencia Financiera en el que señala que "la aprobación de la venta de la cartera no fue a través del comité de cobranzas, como era su deber, sino que se hizo a través de un grupo interdisciplinario".

Dicha aprobación debió contar con la venia de la junta directiva y esto nunca sucedió. La Procuraduría, por este mismo caso, también había sancionado a Helmuth Barros.

Por estos hechos, la Fiscalía llevó ante un juez e imputó cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al entonces vicepresidente financiero Milton Bustos y a la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas, quienes siguen trabajando en la entidad en otras labores.

Las actuaciones de estos dos vicepresidentes, dice la Fiscalía, fueron aberrantes y llevaron a que "cuando se vendió la cartera hipotecaria, el Fondo perdiera más de 60.000 millones de pesos por su ilegal actuar, realizado de manera consciente y con conocimiento de que su conducta era contraria a derecho". Nuevamente, la plata de los colombianos está refundida, y solo queda esperar que, al fin, llegue la justicia.

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Exclusivo: El presunto fraude millonario por $ 60.000 millones que tiene en la mira al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro

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La justicia tiene los ojos puestos sobre un millonario fraude realizado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), luego de que SEMANA reveló una maniobra con la que dos vicepresidentes supuestamente torcieron las normas de contratación para dejar una cartera de 131.433 millones de pesos en 68.435 millones, un valor irrisorio que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de cerca de 63.000 millones.

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El abogado de las víctimas de Putumayo: “Creemos que hay dos muertos más de la masacre”

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El abogado de las víctimas de Putumayo: “Creemos que hay dos muertos más de la masacre”

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El operativo del Ejército en Putumayo que dejó 11 personas muertas, entre ellas varios civiles, es un reflejo sangriento de los puntos débiles del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC que durante años ilusionó a Colombia. En la historia de la masacre en Alto Remanso (Putumayo), que ya lleva tres semanas en el debate nacional, se condensan el resurgimiento y crecimiento de disidencias de las FARC, el declive de la confianza en las fuerzas militares —que han vuelto a traer a la memoria los falsos positivos— y las promesas incumplidas del Estado a campesinos cocaleros que intentaron sustituir sus cultivos ilícitos.

Desde que ocurrió la incursión militar el 28 de marzo durante un bazar —una fiesta popular comunitaria—, el Gobierno ha insistido en que todos los muertos eran “narcocaleros” y “disidentes” y que el operativo “no fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”; mientras los pobladores de esa región fronteriza con Ecuador y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que entre los muertos hay civiles reconocidos por la comunidad.
El Ejército buscaba capturar a alias Bruno, de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera, pero no lo consiguió. En su lugar quedaron una mujer embarazada, un gobernador indígena y un menor muertos. La ONU dijo que habían constatado que sí hubo un bazar y que “se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”.
David Melo Cruz, asesor jurídico del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental de Putumayo (Moviccaap) y la Fundación Liderazgo y Paz y abogado de 36 personas del Alto Remanso, tiene una teoría sobre lo que ocurrió y afirma que hay más muertos. Para él, que defiende a tres familiares de muertos, dos de los heridos y de personas que denuncian haber estado retenidas por el Ejército ese día, todo habría sido una confusión. “El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda es muy parecido físicamente a alias Bruno”, afirma. Un día después del operativo, Melo e Iván Narváez, otro abogado de la Fundación, llegaron a la vereda y recopilaron testimonios. Luego, contrataron investigadores privados para recabar pruebas.

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David Melo Cruz asegura que el Ejército confundió a alias 'Bruno', el disidente que buscaban los militares, con el vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda donde ocurrió el fallido operativo

David Melo, asesor jurídico del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental de Putumayo (Moviccaap) y la Fundación Liderazgo y Paz y abogado de 36 personas del Alto Remanso. Bogotá, 15 de abril de 2022Foto: Juan Carlos Zapata

El operativo del Ejército en Putumayo que dejó 11 personas muertas, entre ellas varios civiles, es un reflejo sangriento de los puntos débiles del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC que durante años ilusionó a Colombia. En la historia de la masacre en Alto Remanso (Putumayo), que ya lleva tres semanas en el debate nacional, se condensan el resurgimiento y crecimiento de disidencias de las FARC, el declive de la confianza en las fuerzas militares -que han vuelto a traer a la memoria los falsos positivos - y las promesas incumplidas del Estado a campesinos cocaleros que intentaron sustituir sus cultivos ilícitos.

Desde que ocurrió la incursión militar el 28 de marzo durante un bazar -una fiesta popular comunitaria-, el Gobierno ha insistido en que todos los muertos eran "narcocaleros" y "disidentes" y que el operativo "no fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados"; mientras los pobladores de esa región fronteriza con Ecuador y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que entre los muertos hay civiles reconocidos por la comunidad.

Cuatro de las once personas que murieron el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso. Archivo familiar

El Ejército buscaba capturar a alias Bruno, de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera, pero no lo consiguió. En su lugar quedaron una mujer embarazada, un gobernador indígena y un menor muertos. La ONU dijo que habían constatado que sí hubo un bazar y que "se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres".

David Melo Cruz, asesor jurídico del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental de Putumayo (Moviccaap) y la Fundación Liderazgo y Paz y abogado de 36 personas del Alto Remanso, tiene una teoría sobre lo que ocurrió y afirma que hay más muertos. Para él, que defiende a tres familiares de muertos, dos de los heridos y de personas que denuncian haber estado retenidas por el Ejército ese día, todo habría sido una confusión. "El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda es muy parecido físicamente a alias Bruno", afirma. Un día después del operativo, Melo e Iván Narváez, otro abogado de la Fundación, llegaron a la vereda y recopilaron testimonios. Luego, contrataron investigadores privados para recabar pruebas.

Pregunta. Han pasado casi tres semanas del hecho. ¿A qué conclusión han llegado sobre lo que sucedió?

Respuesta. Se pudo establecer que realmente sí había un bazar que había empezado el sábado y terminaba el lunes porque se jugaba la final de un campeonato de fútbol. Eso es un hecho cierto. Las personas que ya habían terminado el campeonato se fueron regresando a sus veredas y el lunes quedaron unas 250 esperando la final, tomando tragos o esperando la comida. Hay testimonios de que algunas personas estaban realizando un desayuno para vender a los presentes y fueron encerradas por parte del Ejército en la cocina comunitaria. Creemos que la inteligencia confundió a alias Bruno con el vicepresidente de la junta de acción comunal, que es muy parecido físicamente, tal como él mismo relató a la Fiscalía; y también que, al ver unos hombres armados en el bazar, el Ejército acciona las armas.

P. ¿Cómo esa confusión terminaría en tantos muertos?

R. Mi teoría es que hubo un registro de allanamiento dado por un fiscal y para eso el Ejército tenía que acordonar la zona y así capturar a alias Bruno. En medio hubo un bazar comunitario, no un encuentro de acopio de coca, como dice el Ejército. Tal vez el señor fue, pero no en ese momento. No podemos cubrir el sol con un dedo y decir que solo era población civil. También pudo haber en esa reunión personas de la GAOR (Grupo Armado Organizado Residual, como los llama el Gobierno), pero no en esa cantidad que dice el Ejército o el ministro de Defensa, Diego Molano, que afirma que eran los 11. Creemos que, para dar de baja a una persona armada y al confundir al vicepresidente como si fuera Bruno, el Ejército accionó las armas.

P. Según su versión, ¿cómo fue la cronología de los hechos?

R. La mañana del lunes 28 de marzo llegan a la cocina comunitaria unos hombres con un camuflado de pantalón y buzo negro. Encierran a las cocineras y les dicen que dónde está la guerrilla. Esos son los relatos que hemos recogido. Después de eso se escuchan tres disparos. Hemos tratado de establecer si fueron hacia una persona que estaba vestida de rojo y que se encontraba cerca del francotirador. De ahí se vienen unas ráfagas del Ejército y queda por establecer si hubo un enfrentamiento. Al ver eso, las personas corren de la caseta -el lugar donde estaban compartiendo- hasta el río para huir de lo que sucedía. Así, al tratar de salvaguardar su vida es que cae el gobernador indígena sobre la cancha; el señor Óscar Oliva; el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández y su esposa, Ana María Sarrias. Ese recorrido de los cuerpos sobre la ribera del río nos permite establecer que fue el francotirador.

P. El Gobierno dice que todos hacía parte del grupo armado. Pero ustedes se mantienen en que eran civiles...

R. De los 11 muertos yo tengo 3 poderes de las personas asesinadas: el gobernador Pablo Panduro, y los señores Óscar Oliva y José Peña Otaya. De los tres se puede establecer que no son integrantes del grupo armado. El informe de inteligencia que asegura que unos estaban en posición de combate y otros colaboraban al grupo armado no fue presentado a la Fiscalía oportunamente antes de los hechos para que ese organismo, como ente acusador, les abriera una investigación y dado el caso, emitiera una orden de captura. Entonces, lo que hace el Ejército ahora es querer maquillar a unos civiles reconocidos como si fueran de una estructura armada. Reitero, ni ellos ni los dos heridos que represento pertenecían a ningún grupo.

P. En el caso del gobernador, el Ejército divulgó un prontuario en el que dice que recibió información de un desmovilizado pero admite que esa entrevista no está firmada

El general Juan Carlos Correa durante una rueda de prensa para aclarar los hechos desarrollados durante una operación en Putumayo. Bogotá, 6 de abril de 2022 Carlos Ortega (EFE)

R. Esas pruebas no son válidas. Para inferir razonablemente la coautoría y la participación de una persona en un grupo armado o en cualquier delito debe tener elementos materiales probatorios ante un juez, con declaraciones juradas, testigos de los hechos, presenciales y de oídas y cada una tener credibilidad. Cuando ese general (Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional) establece que hay una entrevista y no está firmada, no hay ninguna validez, porque la persona debe dar fe. En este caso la pertinencia de la prueba y la forma técnica en que se ha recogido no es viable para llevar a la justicia.

P. Ustedes contrataron a unos investigadores privados, ¿qué hallazgos produjeron?

R. El equipo que contratamos de un forense, un experto en balística (según el abogado, con los recursos que aportan los campesinos del movimiento cocalero) hemos avanzado en saber desde dónde se realizaron los tiros. Establecimos, por ejemplo, que fue el Ejército el que disparó primero; que el helicóptero que llegó también actuó sobre la escuela y que de los heridos sobre los que yo soy apoderado ninguno fue presentado ante un juez constitucional para realizar una audiencia de legalización de captura. El Gobierno lo informó, pero la Fiscalía los desmintió.

P. Varias fotografías muestran manipulación de los cuerpos. ¿Qué han encontrado ustedes?

R. Eso lo tendrá que establecer la Fiscalía. Pero sí hay asuntos por establecer: si los hechos se presentaron entre las 6:45 a.m. y las 8:10 a.m., ¿por qué (el Ejército) avisó a la Fiscalía sobre las 2:30 de la tarde. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nosotros no sabemos con certeza, pero por medio de las entrevistas a testigos vemos falencias en el plan que realizó el Ejército sobre los cuerpos en ese lapso de tiempo.

P. ¿Por qué afirma que hay desaparecidos y más muertos de ese día?

R. De los testimonios recogidos podemos establecer que hay dos personas desaparecidas, un señor y su hijo de 8 años. Estamos tratando de establecer comunicación con sus familiares, la guardia indígena también está tratando de ubicarlos. Esto es porque nos dicen que hubo gente que se lanzó herida al río Putumayo. Hay también testimonios que indican que no fueron 11 los muertos sino 13. Ya pudimos establecer los dos nuevos nombres, pero estamos verificando si esas personas estaban ahí, si es verdad que se los llevó el helicóptero, como denuncia la comunidad.

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El abogado de las víctimas de Putumayo: "Creemos que hay dos muertos más de la masacre"

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David Melo Cruz asegura que el Ejército confundió a alias 'Bruno', el disidente que buscaban los militares, con el vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda donde ocurrió el fallido operativo El operativo del Ejército en Putumayo que dejó 11 personas muertas, entre ellas varios civiles, es un reflejo sangriento de los puntos débiles del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC que durante años ilusionó a Colombia.

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Colombia Humana denunció ataque contra su sede ubicada en Bogotá

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Colombia Humana denunció ataque contra su sede ubicada en Bogotá

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El partido Colombia Humana compartió a través de sus redes sociales un video asegurando que la sede en Bogotá fue asaltada.
En el video se escucha a un hombre asegurando que alguien había violentado la reja. También rompieron el vidrio y supuestamente se llevaron algunos elementos desde la sede.
“Van a ser las 2:00 de la mañana, nos hicieron un atraco en la sede de Colombia Humana”, dijo el sujeto en el video publicado en la mañana de este 16 de abril.
Una de las primeras en reaccionar a la denuncia fue la representante a la Cámara, María José Pizarro.
“Exigimos garantías Iván Duque y una investigación inmediata a la Fiscalía y Policía. El hostigamiento y la violencia no pueden ser el identificador de esta campaña”, escribió en sus redes sociales.
El senador Iván Cepeda también se pronunció en sus redes refiriéndose a la denuncia del ataque contra la sede de Colombia Humana en Bogotá. “¿Qué medidas han tomado las autoridades contra este nuevo ataque?”, fue parte de su mensaje en Twitter.

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Colombia Humana denunció ataque contra su sede ubicada en Bogotá. (Colprensa - Diego Pineda)

El partido Colombia Humana compartió a través de sus redes sociales un video asegurando que la sede en Bogotá fue asaltada.

En el video se escucha a un hombre asegurando que alguien había violentado la reja. También rompieron el vidrio y supuestamente se llevaron algunos elementos desde la sede.

"Van a ser las 2:00 de la mañana, nos hicieron un atraco en la sede de Colombia Humana", dijo el sujeto en el video publicado en la mañana de este 16 de abril.

Una de las primeras en reaccionar a la denuncia fue la representante a la Cámara, María José Pizarro.

"Exigimos garantías Iván Duque y una investigación inmediata a la Fiscalía y Policía. El hostigamiento y la violencia no pueden ser el identificador de esta campaña", escribió en sus redes sociales.

El senador Iván Cepeda también se pronunció en sus redes refiriéndose a la denuncia del ataque contra la sede de Colombia Humana en Bogotá. "¿Qué medidas han tomado las autoridades contra este nuevo ataque?", fue parte de su mensaje en Twitter.

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Colombia Humana denunció ataque contra su sede ubicada en Bogotá

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El partido Colombia Humana compartió a través de sus redes sociales un video asegurando que la sede en Bogotá fue asaltada. En el video se escucha a un hombre asegurando que alguien había violentado la reja. También rompieron el vidrio y supuestamente se llevaron algunos elementos desde la sede.

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El Primer Ministro de Ucrania viajará a Washington para asistir a las reuniones del Banco Mundial y el FMI

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El Primer Ministro de Ucrania viajará a Washington para asistir a las reuniones del Banco Mundial y el FMI

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El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, y otros altos funcionarios visitarán Washington la próxima semana para asistir a reuniones financieras, según reveló un funcionario del Banco Mundial a The Washington Post, hablando bajo condición de anonimato ya que la visita aún no ha sido anunciada oficialmente.

Se espera que el primer ministro, junto con el ministro ucraniano de Finanzas, Serhiy Marchenko, y el gobernador del Banco Central, Kyrylo Shevchenko, asistan a las reuniones de primavera organizadas por el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, según el funcionario, aunque Ucrania aún no ha confirmado su viaje. El viaje fue informado por primera vez por Reuters. Los representantes de los países del Grupo de los Siete también asistirán a las reuniones.

El acto tendrá lugar el próximo jueves, junto con las reuniones bilaterales, según el funcionario del Banco Mundial.

Aunque varios líderes y funcionarios occidentales han visitado Kiev a lo largo de la guerra, ésta será la primera vez que una delegación ucraniana de alto nivel viaje a Estados Unidos desde que comenzó la invasión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo esta semana que el presidente Biden no visitará Ucrania, en medio de las crecientes especulaciones de que un alto funcionario estadounidense podría realizar pronto el viaje.

El martes pasado, el Banco Mundial anunció que estaba preparando un paquete de apoyo de casi 1.500 millones de dólares para Ucrania, para ayudar a la “continuación de los servicios esenciales del gobierno durante la guerra”.
La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también advirtió a principios de esta semana que la invasión rusa de Ucrania estaba debilitando las perspectivas económicas de la mayoría de los países del mundo y perturbando el comercio mundial, además de repercutir negativamente en los precios de la energía y los alimentos.

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo a su nación a última hora del viernes que había presidido una reunión del gabinete para discutir “cuestiones económicas urgentes”, ya que franjas de la industria se han visto afectadas por la guerra. Afirmó que cuatro quintas partes de las empresas ucranianas situadas en zonas seguras han vuelto a trabajar y que las redes de transporte se están reconstruyendo. Elogió a las empresas por adaptarse durante el conflicto y mantener a sus empleados.
“Pase lo que pase, en todas las ciudades y comunidades donde no hay ocupantes ni hostilidades, es necesario restablecer la economía al máximo”, dijo Zelensky.

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El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal (Reuters)

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, y otros altos funcionarios visitarán Washington la próxima semana para asistir a reuniones financieras, según reveló un funcionario del Banco Mundial a The Washington Post, hablando bajo condición de anonimato ya que la visita aún no ha sido anunciada oficialmente.

Se espera que el primer ministro, junto con el ministro ucraniano de Finanzas, Serhiy Marchenko, y el gobernador del Banco Central, Kyrylo Shevchenko, asistan a las reuniones de primavera organizadas por el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, según el funcionario, aunque Ucrania aún no ha confirmado su viaje. El viaje fue informado por primera vez por Reuters. Los representantes de los países del Grupo de los Siete también asistirán a las reuniones.
El acto tendrá lugar el próximo jueves, junto con las reuniones bilaterales, según el funcionario del Banco Mundial.
Aunque varios líderes y funcionarios occidentales han visitado Kiev a lo largo de la guerra, ésta será la primera vez que una delegación ucraniana de alto nivel viaje a Estados Unidos desde que comenzó la invasión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo esta semana que el presidente Biden no visitará Ucrania, en medio de las crecientes especulaciones de que un alto funcionario estadounidense podría realizar pronto el viaje.

El martes pasado, el Banco Mundial anunció que estaba preparando un paquete de apoyo de casi 1.500 millones de dólares para Ucrania, para ayudar a la "continuación de los servicios esenciales del gobierno durante la guerra".

El primer ministro Denys Shmyhal, recibió a la premier lituana, Ingrida Simonyte, en los territortio recuperados de la región de Kiev el 11 de abril pasado (Reuters)

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también advirtió a principios de esta semana que la invasión rusa de Ucrania estaba debilitando las perspectivas económicas de la mayoría de los países del mundo y perturbando el comercio mundial, además de repercutir negativamente en los precios de la energía y los alimentos.

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo a su nación a última hora del viernes que había presidido una reunión del gabinete para discutir "cuestiones económicas urgentes", ya que franjas de la industria se han visto afectadas por la guerra. Afirmó que cuatro quintas partes de las empresas ucranianas situadas en zonas seguras han vuelto a trabajar y que las redes de transporte se están reconstruyendo. Elogió a las empresas por adaptarse durante el conflicto y mantener a sus empleados.

Denys Shmyhal acompañó a Bucha a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el 8 de abril de 2022 (REUTERS/Janis Laizains)
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"Pase lo que pase, en todas las ciudades y comunidades donde no hay ocupantes ni hostilidades, es necesario restablecer la economía al máximo", dijo Zelensky.

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El Primer Ministro de Ucrania viajará a Washington para asistir a las reuniones del Banco Mundial y el FMI

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El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal (Reuters) El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, y otros altos funcionarios visitarán Washington la próxima semana para asistir a reuniones financieras, según reveló un funcionario del Banco Mundial a The Washington Post, hablando bajo condición de anonimato ya que la visita aún no ha sido anunciada oficialmente.

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Expansión urbana llega a picos nunca vistos en el Oriente antioqueño

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Expansión urbana llega a picos nunca vistos en el Oriente antioqueño

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Es como si todos los habitantes de La Estrella y Sabaneta se hubieran ido a vivir al Oriente antioqueño en los últimos 17 años. Esa cuenta de servilleta sirve para dimensionar el crecimiento urbanístico de esta subregión, la principal zona de expansión demográfica y productiva de la gran metrópoli que conformará Medellín y su área metropolitana de aquí a 2050.

Otro dato es concluyente sobre el alto dinamismo de esta subregión: su población creció 62% entre 1985 y 2017; y solo desde 2005 son 163.498 habitantes más.

El agotamiento de los suelos de expansión en Medellín y el Valle de Aburrá ha impulsado la ola urbana, tanto, que en 2021 el Oriente lideró la demanda de ventas de vivienda nueva en Antioquia, luego de comercializar 6.325 unidades, cifra que estuvo por encima de las 5.884 que se movieron en Bello, 4.488 de Medellín y 3.265 de Sabaneta, entre otros.

El rápido crecimiento de la población y las actividades productivas se ha traducido en un intenso proceso de urbanización concentrado, principalmente, en las zonas mejor conectadas con el Valle de Aburrá, como Guarne, El Retiro, La Ceja o El Carmen, aunque Rionegro es el principal centro urbano y el espacio de referencia para la oferta de servicios de los otros municipios del altiplano.
El alza en ventas de vivienda nueva el año pasado, por ejemplo, fue jalonado por este municipio, con un crecimiento del 46% y una participación de la mitad de las ventas de la subregión.

Y es que atractivos y planes futuros de megaobras abundan en el Valle de San Nicolás. Después del Valle de Aburrá, el Oriente es la subregión de Antioquia de mayor importancia económica, aportando el 10,4% del PIB departamental. Durante los últimos 11 años el PIB aumentó 174%, pasando de $5,7 billones en 2009 a $15,6 billones en 2020.

Este resultado se explica porque en ese segundo piso convergen infraestructuras estratégicas como el aeropuerto José María Córdova, la autopista Medellín-Bogotá, el túnel de Oriente, nuevas dobles calzadas en proyección, una zona franca de 150.000 metros cuadrados construidos, el centro de mantenimiento de aeronaves de Avianca, más la oferta de universidades y hospitales de alta complejidad.

También se ha fortalecido, aún más durante la pandemia, como territorio de descanso, de vivienda campestre y parcelaciones para estratos altos.

Una ola que lleva 30 años

Para Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, la ola urbanizadora de Oriente ha tenido varias fases en las últimas dos décadas.

Hace unos 15 años, contó, en lo inmobiliario se negociaban principalmente fincas de recreo y lotes urbanizados en parcelaciones para segunda vivienda. Entonces, la actividad edificadora se limitaba a atender la incipiente demanda interna de vivienda de costo medio y bajo, además de la segunda vivienda independiente, lo que no significaba más del 3% de la construcción de vivienda en Antioquia.

Desde hace unos 10 años, anotó, se empezó a dinamizar la construcción de urbanizaciones unifamiliares y algunas multifamiliares, lo que atrajo adicionalmente familias de parejas mayores que no eran de Oriente, que buscaban una segunda vivienda o inclusive personas que se desplazaban a trabajar al Valle de Aburrá.

La última etapa empezó hace cinco, siete años, con el desarrollo de viviendas multifamiliares (edificios de apartamentos). Entonces, la actividad edificadora de la región empezó a pesar más del 15% en Antioquia, con más de 3.000 viviendas nuevas vendidas anuales en promedio entre 2017 y 2019, cifra que ya era muy significativa.

El boom se dio el año pasado y, según Estrada, no tiene precedentes y confirmó que es una de las subregiones con mejores dinámicas inmobiliarias del país. El año pasado se comercializaron 10.009 unidades entre viviendas nuevas y lotes urbanizados en nuevos proyectos en parcelación, liderados por Rionegro con 4.688 unidades, seguido por La Ceja con 1.928, El Carmen con 1.259 y El Retiro con 1.062 unidades, según Galería Inmobiliaria.

El líder gremial afirmó que esta alza se estaba esperando, porque vivir en el Oriente ha sido algo aspiracional por sus características paisajísticas, climáticas y ambientales, a lo que se sumó una mayor oferta de servicios, factores de entretenimiento y desarrollo vial en la conexión con el área metropolitana.

Ordenar el territorio

La velocidad a la que está creciendo la subregión en términos económicos y urbanísticos genera desafíos en todos los ámbitos porque la dinámica actual se ha dado de manera fragmentada. Esto ha llevado a la ocupación de suelos agrícolas, a la afectación de zonas naturales y a la ocupación de retiros de quebradas, según el diagnóstico del informe Metrópoli 2050, la Súper Ciudad de Medellín.

A esto hay que añadir el aumento de las necesidades de movilidad y desplazamientos más largos y la mayor contaminación y congestión. ¿Qué camino tomar?

Aunque Estrada no se aventura a hacer proyecciones del crecimiento urbano, se espera que la subregión mantenga su alta participación en el desarrollo inmobiliario del departamento en los próximos años. El pico actual se puede convertir en meseta.

“Los retos son gigantes y muchos, primero tener ordenamiento equilibrado y sostenible, para ello tiene que generar unos instrumentos de financiación justos y con ello invertir en la capacidad de soporte necesaria que tiene todo este desarrollo en infraestructura comunitaria, vial y de espacio público”, dijo Estrada.

Pero el ordenamiento del territorio debe estar regido bajo unas directrices regionales y no limitado a las jurisdicciones de cada municipio.

Bien lo decía Rodrigo Zuluaga Mejía, expresidente de la Cámara de Comercio del Oriente, cuando tuvo corto vuelo la campaña por la creación del área metropolitana de la región en 2019: “Es urgente la necesidad de esta figura político-administrativa para que gestione, coordine y planifique el territorio. Tiene vocación de permanencia más allá de alcaldes y concejales y diseña proyectos a largo plazo. Sirve para ocuparse de asuntos supramunicipales”.

Es que el estudio de la Súper Ciudad 2050 proyecta al Oriente como uno de los soportes de la megaciudad. Estima que el eje de crecimiento será el José María Córdova, principal nodo de conectividad y llamado a ser uno de los puntos de centralidad de la futura megaurbe conformando una Ciudad Aeroportuaria.
Frente a este proyecto, el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 formulará la idea de convertir al Oriente en una zona con vocación explícita hacia lo aeroportuario, un territorio pensado en el desarrollo de capacidades logísticas, manufactureras y de exportación con el José María como epicentro.

Pero la megaurbe que se conformará tendrá que ir más allá del aeropuerto. Como propuesta, el informe sugiere una Ciudad Jardín para ordenar espacios urbanos cercados hoy por las construcciones. Su propuesta es una ciudad lineal de la industria entre Rionegro, Marinilla y Guarne, polígono en el que se desarrolle un espacio urbano denso, ambiental y con espacio público.

Es que la acelerada expansión pone a pensar que lo que se veía lejos en el futuro está ya a la vuelta de la esquina.

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Población aumentó en 163.000 personas en últimos 15 años. En 2021 hubo boom en venta de lotes y viviendas.

Es como si todos los habitantes de La Estrella y Sabaneta se hubieran ido a vivir al Oriente antioqueño en los últimos 17 años. Esa cuenta de servilleta sirve para dimensionar el crecimiento urbanístico de esta subregión, la principal zona de expansión demográfica y productiva de la gran metrópoli que conformará Medellín y su área metropolitana de aquí a 2050.

Otro dato es concluyente sobre el alto dinamismo de esta subregión: su población creció 62% entre 1985 y 2017; y solo desde 2005 son 163.498 habitantes más.

El agotamiento de los suelos de expansión en Medellín y el Valle de Aburrá ha impulsado la ola urbana, tanto, que en 2021 el Oriente lideró la demanda de ventas de vivienda nueva en Antioquia, luego de comercializar 6.325 unidades, cifra que estuvo por encima de las 5.884 que se movieron en Bello, 4.488 de Medellín y 3.265 de Sabaneta, entre otros.

El rápido crecimiento de la población y las actividades productivas se ha traducido en un intenso proceso de urbanización concentrado, principalmente, en las zonas mejor conectadas con el Valle de Aburrá, como Guarne, El Retiro, La Ceja o El Carmen, aunque Rionegro es el principal centro urbano y el espacio de referencia para la oferta de servicios de los otros municipios del altiplano.

El alza en ventas de vivienda nueva el año pasado, por ejemplo, fue jalonado por este municipio, con un crecimiento del 46% y una participación de la mitad de las ventas de la subregión.

Y es que atractivos y planes futuros de megaobras abundan en el Valle de San Nicolás. Después del Valle de Aburrá, el Oriente es la subregión de Antioquia de mayor importancia económica, aportando el 10,4% del PIB departamental. Durante los últimos 11 años el PIB aumentó 174%, pasando de $5,7 billones en 2009 a $15,6 billones en 2020.

Este resultado se explica porque en ese segundo piso convergen infraestructuras estratégicas como el aeropuerto José María Córdova, la autopista Medellín-Bogotá, el túnel de Oriente, nuevas dobles calzadas en proyección, una zona franca de 150.000 metros cuadrados construidos, el centro de mantenimiento de aeronaves de Avianca, más la oferta de universidades y hospitales de alta complejidad.

También se ha fortalecido, aún más durante la pandemia, como territorio de descanso, de vivienda campestre y parcelaciones para estratos altos.

Una ola que lleva 30 años
Para Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, la ola urbanizadora de Oriente ha tenido varias fases en las últimas dos décadas.

Hace unos 15 años, contó, en lo inmobiliario se negociaban principalmente fincas de recreo y lotes urbanizados en parcelaciones para segunda vivienda. Entonces, la actividad edificadora se limitaba a atender la incipiente demanda interna de vivienda de costo medio y bajo, además de la segunda vivienda independiente, lo que no significaba más del 3% de la construcción de vivienda en Antioquia.

Desde hace unos 10 años, anotó, se empezó a dinamizar la construcción de urbanizaciones unifamiliares y algunas multifamiliares, lo que atrajo adicionalmente familias de parejas mayores que no eran de Oriente, que buscaban una segunda vivienda o inclusive personas que se desplazaban a trabajar al Valle de Aburrá.

La última etapa empezó hace cinco, siete años, con el desarrollo de viviendas multifamiliares (edificios de apartamentos). Entonces, la actividad edificadora de la región empezó a pesar más del 15% en Antioquia, con más de 3.000 viviendas nuevas vendidas anuales en promedio entre 2017 y 2019, cifra que ya era muy significativa.

El boom se dio el año pasado y, según Estrada, no tiene precedentes y confirmó que es una de las subregiones con mejores dinámicas inmobiliarias del país. El año pasado se comercializaron 10.009 unidades entre viviendas nuevas y lotes urbanizados en nuevos proyectos en parcelación, liderados por Rionegro con 4.688 unidades, seguido por La Ceja con 1.928, El Carmen con 1.259 y El Retiro con 1.062 unidades, según Galería Inmobiliaria.

El líder gremial afirmó que esta alza se estaba esperando, porque vivir en el Oriente ha sido algo aspiracional por sus características paisajísticas, climáticas y ambientales, a lo que se sumó una mayor oferta de servicios, factores de entretenimiento y desarrollo vial en la conexión con el área metropolitana.

Ordenar el territorio
La velocidad a la que está creciendo la subregión en términos económicos y urbanísticos genera desafíos en todos los ámbitos porque la dinámica actual se ha dado de manera fragmentada. Esto ha llevado a la ocupación de suelos agrícolas, a la afectación de zonas naturales y a la ocupación de retiros de quebradas, según el diagnóstico del informe Metrópoli 2050, la Súper Ciudad de Medellín.

A esto hay que añadir el aumento de las necesidades de movilidad y desplazamientos más largos y la mayor contaminación y congestión. ¿Qué camino tomar?

Aunque Estrada no se aventura a hacer proyecciones del crecimiento urbano, se espera que la subregión mantenga su alta participación en el desarrollo inmobiliario del departamento en los próximos años. El pico actual se puede convertir en meseta.

"Los retos son gigantes y muchos, primero tener ordenamiento equilibrado y sostenible, para ello tiene que generar unos instrumentos de financiación justos y con ello invertir en la capacidad de soporte necesaria que tiene todo este desarrollo en infraestructura comunitaria, vial y de espacio público", dijo Estrada.

Pero el ordenamiento del territorio debe estar regido bajo unas directrices regionales y no limitado a las jurisdicciones de cada municipio.

Bien lo decía Rodrigo Zuluaga Mejía, expresidente de la Cámara de Comercio del Oriente, cuando tuvo corto vuelo la campaña por la creación del área metropolitana de la región en 2019: "Es urgente la necesidad de esta figura político-administrativa para que gestione, coordine y planifique el territorio. Tiene vocación de permanencia más allá de alcaldes y concejales y diseña proyectos a largo plazo. Sirve para ocuparse de asuntos supramunicipales".

Es que el estudio de la Súper Ciudad 2050 proyecta al Oriente como uno de los soportes de la megaciudad. Estima que el eje de crecimiento será el José María Córdova, principal nodo de conectividad y llamado a ser uno de los puntos de centralidad de la futura megaurbe conformando una Ciudad Aeroportuaria.

Frente a este proyecto, el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 formulará la idea de convertir al Oriente en una zona con vocación explícita hacia lo aeroportuario, un territorio pensado en el desarrollo de capacidades logísticas, manufactureras y de exportación con el José María como epicentro.

Pero la megaurbe que se conformará tendrá que ir más allá del aeropuerto. Como propuesta, el informe sugiere una Ciudad Jardín para ordenar espacios urbanos cercados hoy por las construcciones. Su propuesta es una ciudad lineal de la industria entre Rionegro, Marinilla y Guarne, polígono en el que se desarrolle un espacio urbano denso, ambiental y con espacio público.

Es que la acelerada expansión pone a pensar que lo que se veía lejos en el futuro está ya a la vuelta de la esquina.

¿qué sigue? ¿Hacia dónde seguirá expandiéndose Rionegro?

El crecimiento poblacional, además del impacto de grandes obras de infraestructura recientes como dobles calzadas, el túnel de Oriente y la futura construcción de la segunda pista del aeropuerto retan el ordenamiento territorial de Rionegro. Según su plan de desarrollo 2020-2023, en el suelo urbano se ha determinado un modelo de consolidación que respete el patrimonio histórico y natural. El municipio posee un territorio predominantemente rural, donde se albergan usos del suelo para vivienda, industria, comercio, servicios logísticos, entre otros. Esta mixtura ha favorecido la conformación de centros poblados y corredores viales suburbanos con alto potencial. ¿Hacia dónde seguirá creciendo Rionegro? Los suelos de expansión urbana se han consolidado en 27 polígonos, 14 de los cuales cuentan con plan parcial adoptado. Están en proceso de formulación tres planes más de iniciativa pública y dos macroproyectos que pretenden impulsar el desarrollo, teniendo como determinantes los sistemas naturales y artificiales.

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

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Expansión urbana llega a picos nunca vistos en el Oriente antioqueño

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Población aumentó en 163.000 personas en últimos 15 años. En 2021 hubo boom en venta de lotes y viviendas. Es como si todos los habitantes de La Estrella y Sabaneta se hubieran ido a vivir al Oriente antioqueño en los últimos 17 años.

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Colombia se alista para nuevo revés en La Haya

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Colombia se alista para nuevo revés en La Haya

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá el próximo jueves la decisión sobre uno de los dos litigios que tiene abiertos entre Colombia y Nicaragua por la cuestión del mar, una disputa de largo aliento entre las dos naciones por la que en 2012 nuestro país perdió un pedazo del océano, cercano al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se trata del caso de incumplimiento, por el que el territorio caribeño demandó al país asegurando que la Casa de Nariño no cumplió la decisión de hace una década que obligaba a cambiar los límites marítimos. Es decir, que pedía replantear el mapa.

A partir de la determinación que se conozca el próximo 21 de abril podrían darse varios escenarios. Primero, que Colombia vuelva a pedirle a Nicaragua una negociación como la que fracasó en 2012 tras la decisión de los togados. Segundo, que se hagan ajustes en el ordenamiento interno para que el cambio de los límites no dependa de un tratado internacional, versión en la que se había excusado el país en estos años para no aplicar los cambios.

O, tercero, que se le pida a Colombia obrar internacionalmente como si ese límite sí se hubiese modificado, a pesar de que no cambie internamente su cartografía.

Lo que está en juego en la CIJ son los derechos de Colombia en el área cercana al archipiélago que ha sido uno de los principales destinos turísticos para los connacionales. Y es que el problema de fondo consiste en que una porción del océano sobre el que el país podría ejercer control terminó sobrepuesto a aguas nicaragüenses, una cuestión que incomoda a los Ortega.

El incumplimiento

Hasta antes de la decisión de 2012 la frontera marítima colombiana terminaba en el meridiano 82, pero el tribunal con sede en La Haya determinó correrla hasta el meridiano 80 en su sentencia de noviembre de 2012. Eso sí, mantuvo la soberanía nacional sobre los islotes que pertenecen a esa zona turística.

Entonces, la queja nicaragüense consiste en que Colombia no cedió a cambiar su mapa y siguió realizando actividades en esa zona como si toda la porción de mar fuese suya: la Armada navega por el lugar, las comunidades raizales pescan y el Gobierno autoriza a empresas robustas a captar animales para venderlos para consumo humano.

A ese caso se le conoce como el del “incumplimiento” y es del que se conocerá la decisión este jueves, a las 3 de la mañana. Para el otro, sobre la delimitación de la plataforma continental extendida, habrá que esperar hasta que la CIJ convoque a audiencias orales, algo que podría darse el próximo semestre, para luego analizar el caso y proceder a una nueva determinación.

Para la Corte, Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el resto de islas y cayos, pero en el mar dice que el límite termina a 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. Eso llevó a que dos cayos que pertenecen al país quedaran encallados: Quitasueño y Serranilla.

La Casa de Nariño no ha cambiado sus límites argumentando que la ley interna lo impide, pues se necesitaría un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso de la República; pero Nicaragua alega que el derecho internacional está por encima de las cuestiones locales.

A esto se suma que el país le pidió a su contraparte conversar y el exmandatario Juan Manuel Santos se reunió con Daniel Ortega en diciembre de 2012. El objetivo de esos diálogos era firmar un tratado conjunto, pero se quedaron sin llegar a acuerdos y la Casa de Nariño argumentó que no podía cambiar los límites sin la existencia de un tratado internacional.

El Estado también replanteó el caso argumentando que no se trata de una cuestión de delimitación, sino de libertades, derechos y deberes en el mar Caribe porque defiende la teoría de que la Armada puede seguir navegando en esta zona por cuestiones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Precisamente, una de las cuestiones que incomoda al régimen de Ortega es que los uniformados de la bandera amarillo, azul y rojo hagan presencia en la zona, y que los raizales y empresas pesquen allí. Las comunidades isleñas, particularmente, tienen una tradición milenaria en la zona.

La frontera intangible del mar

Los debates entre Colombia y Nicaragua acerca de hasta qué punto llegan los derechos de cada uno en el océano se explican en las porciones de agua que la legislación internacional traza en esta parte del Caribe.

Cuando se acaba la tierra firme hay diferentes áreas en el océano. La primera es el mar territorial, que se refiere al tramo del Caribe que está más cercano a la plataforma continental y para este litigio se entiende que está a 12 millas náuticas. En ese espacio el Estado ejerce soberanía.

Luego le sigue la zona contigua en la que el Estado puede efectuar funciones de control y que también corresponde a 12 millas náuticas.

Después se encuentra la zona económica exclusiva, que es la que se delimitó en el fallo de 2012 y en la que el país al que esta le pertenece puede ejercer derechos económicos como la pesca, realizar investigaciones, intervenciones ambientales y explotar el suelo y subsuelo. En otros términos: buscar petróleo, gas y minerales.

Esta llega hasta las 200 millas náuticas y es el espacio que ya delimitó la CIJ en 2012 corriendo el límite desde el meridiano 82 al 80. Justamente, el punto de la discordia por el incumplimiento de la Casa de Nariño.

Colombia sustenta que la zona económica exclusiva no es el territorio de un Estado por lo que considera que sí puede entrar a esas aguas ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo que está amparada en el derecho internacional. Sin embargo, su contraparte no quiere que se ejerza actividad alguna en esas aguas.

Así que la lectura que se dará el próximo jueves en La Haya dará nuevas luces sobre las dinámicas que puede, y no puede, efectuar el país en el Caribe y podría obligar a cambiar las dinámicas de las comunidades raizales que se dedican a la pesca.

En todo caso, la determinación que tome la CIJ será recibida por el equipo de defensa de la Cancillería que representa la delegación de Iván Duque, pero quedará en manos de su sucesor aplicarla o determinar qué nueva medida toma al respecto.

Futuro en el Caribe

El equipo jurídico de Colombia no se pronunciará sobre el caso hasta que se conozca el fallo y a la Presidencia de Iván Duque le quedan apenas 112 días, mucho menos de cuatro meses, por lo que los candidatos a la Casa de Nariño ya plantean qué harían para gestionar estos litigios.

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, dijo que respetaría la decisión de la CIJ y buscaría recuperar la soberanía en una nueva petición que se sustente defensa de la biosfera y de la pesca común entre los dos países. Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, afirmó que no se adelantará al fallo y consideró que este tema es un asunto relativo a la integridad territorial del Estado.

Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, defendió la tesis que ha sostenido el país en los últimos años frente a este litigio, argumentando que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso y “no con una decisión de una corte internacional”. Por eso, apuntaría a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional y buscar un acuerdo con la contraparte. Este diario también consultó al candidato Rodolfo Hernández, pero no obtuvo respuesta frente al tema.

El fallo de la CIJ radicado en La Haya podría cambiar las reglas de juego para las comunidades raizales y presionar a Colombia para cumplir la determinación de 2012. La presión podría escalar al punto que Nicaragua lleve el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un paso que subiría aún más el tono de esta disputa internacional

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El tribunal dictará una sentencia sobre el posible incumplimiento del país al fallo de 2012. Las claves.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá el próximo jueves la decisión sobre uno de los dos litigios que tiene abiertos entre Colombia y Nicaragua por la cuestión del mar, una disputa de largo aliento entre las dos naciones por la que en 2012 nuestro país perdió un pedazo del océano, cercano al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se trata del caso de incumplimiento, por el que el territorio caribeño demandó al país asegurando que la Casa de Nariño no cumplió la decisión de hace una década que obligaba a cambiar los límites marítimos. Es decir, que pedía replantear el mapa.

A partir de la determinación que se conozca el próximo 21 de abril podrían darse varios escenarios. Primero, que Colombia vuelva a pedirle a Nicaragua una negociación como la que fracasó en 2012 tras la decisión de los togados. Segundo, que se hagan ajustes en el ordenamiento interno para que el cambio de los límites no dependa de un tratado internacional, versión en la que se había excusado el país en estos años para no aplicar los cambios.

O, tercero, que se le pida a Colombia obrar internacionalmente como si ese límite sí se hubiese modificado, a pesar de que no cambie internamente su cartografía.

Lo que está en juego en la CIJ son los derechos de Colombia en el área cercana al archipiélago que ha sido uno de los principales destinos turísticos para los connacionales. Y es que el problema de fondo consiste en que una porción del océano sobre el que el país podría ejercer control terminó sobrepuesto a aguas nicaragüenses, una cuestión que incomoda a los Ortega.

Hasta antes de la decisión de 2012 la frontera marítima colombiana terminaba en el meridiano 82, pero el tribunal con sede en La Haya determinó correrla hasta el meridiano 80 en su sentencia de noviembre de 2012. Eso sí, mantuvo la soberanía nacional sobre los islotes que pertenecen a esa zona turística.

Entonces, la queja nicaragüense consiste en que Colombia no cedió a cambiar su mapa y siguió realizando actividades en esa zona como si toda la porción de mar fuese suya: la Armada navega por el lugar, las comunidades raizales pescan y el Gobierno autoriza a empresas robustas a captar animales para venderlos para consumo humano.

A ese caso se le conoce como el del "incumplimiento" y es del que se conocerá la decisión este jueves, a las 3 de la mañana. Para el otro, sobre la delimitación de la plataforma continental extendida, habrá que esperar hasta que la CIJ convoque a audiencias orales, algo que podría darse el próximo semestre, para luego analizar el caso y proceder a una nueva determinación.

Para la Corte, Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el resto de islas y cayos, pero en el mar dice que el límite termina a 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. Eso llevó a que dos cayos que pertenecen al país quedaran encallados: Quitasueño y Serranilla.

La Casa de Nariño no ha cambiado sus límites argumentando que la ley interna lo impide, pues se necesitaría un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso de la República; pero Nicaragua alega que el derecho internacional está por encima de las cuestiones locales.

A esto se suma que el país le pidió a su contraparte conversar y el exmandatario Juan Manuel Santos se reunió con Daniel Ortega en diciembre de 2012. El objetivo de esos diálogos era firmar un tratado conjunto, pero se quedaron sin llegar a acuerdos y la Casa de Nariño argumentó que no podía cambiar los límites sin la existencia de un tratado internacional.

El Estado también replanteó el caso argumentando que no se trata de una cuestión de delimitación, sino de libertades, derechos y deberes en el mar Caribe porque defiende la teoría de que la Armada puede seguir navegando en esta zona por cuestiones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Precisamente, una de las cuestiones que incomoda al régimen de Ortega es que los uniformados de la bandera amarillo, azul y rojo hagan presencia en la zona, y que los raizales y empresas pesquen allí. Las comunidades isleñas, particularmente, tienen una tradición milenaria en la zona.

La frontera intangible del mar

Los debates entre Colombia y Nicaragua acerca de hasta qué punto llegan los derechos de cada uno en el océano se explican en las porciones de agua que la legislación internacional traza en esta parte del Caribe.

Cuando se acaba la tierra firme hay diferentes áreas en el océano. La primera es el mar territorial, que se refiere al tramo del Caribe que está más cercano a la plataforma continental y para este litigio se entiende que está a 12 millas náuticas. En ese espacio el Estado ejerce soberanía.

Luego le sigue la zona contigua en la que el Estado puede efectuar funciones de control y que también corresponde a 12 millas náuticas.

Después se encuentra la zona económica exclusiva, que es la que se delimitó en el fallo de 2012 y en la que el país al que esta le pertenece puede ejercer derechos económicos como la pesca, realizar investigaciones, intervenciones ambientales y explotar el suelo y subsuelo. En otros términos: buscar petróleo, gas y minerales.

Esta llega hasta las 200 millas náuticas y es el espacio que ya delimitó la CIJ en 2012 corriendo el límite desde el meridiano 82 al 80. Justamente, el punto de la discordia por el incumplimiento de la Casa de Nariño.

Colombia sustenta que la zona económica exclusiva no es el territorio de un Estado por lo que considera que sí puede entrar a esas aguas ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo que está amparada en el derecho internacional. Sin embargo, su contraparte no quiere que se ejerza actividad alguna en esas aguas.

Así que la lectura que se dará el próximo jueves en La Haya dará nuevas luces sobre las dinámicas que puede, y no puede, efectuar el país en el Caribe y podría obligar a cambiar las dinámicas de las comunidades raizales que se dedican a la pesca.

En todo caso, la determinación que tome la CIJ será recibida por el equipo de defensa de la Cancillería que representa la delegación de Iván Duque, pero quedará en manos de su sucesor aplicarla o determinar qué nueva medida toma al respecto.

El equipo jurídico de Colombia no se pronunciará sobre el caso hasta que se conozca el fallo y a la Presidencia de Iván Duque le quedan apenas 112 días, mucho menos de cuatro meses, por lo que los candidatos a la Casa de Nariño ya plantean qué harían para gestionar estos litigios.

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, dijo que respetaría la decisión de la CIJ y buscaría recuperar la soberanía en una nueva petición que se sustente defensa de la biosfera y de la pesca común entre los dos países. Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, afirmó que no se adelantará al fallo y consideró que este tema es un asunto relativo a la integridad territorial del Estado.

Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, defendió la tesis que ha sostenido el país en los últimos años frente a este litigio, argumentando que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso y "no con una decisión de una corte internacional". Por eso, apuntaría a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional y buscar un acuerdo con la contraparte. Este diario también consultó al candidato Rodolfo Hernández, pero no obtuvo respuesta frente al tema.

El fallo de la CIJ radicado en La Haya podría cambiar las reglas de juego para las comunidades raizales y presionar a Colombia para cumplir la determinación de 2012. La presión podría escalar al punto que Nicaragua lleve el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un paso que subiría aún más el tono de esta disputa internacional

es el nombre del meridiano sobre el que debe delimitarse el nuevo mapa.

años tenía Colombia para presentar otro alegato con más pruebas, pero no lo hizo.

ANTECEDENTES La demanda de Nicaragua a Colombia

Nicaragua demandó a Colombia en 2013 por supuestamente violar el derecho internacional, no aplicar el fallo de noviembre de 2012, realizar operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe y expedir un decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.

En medio de esa diligencia Colombia contrademandó a Nicaragua por presuntamente violar los derechos de pesca artesanal de las comunidades raizales y expedir un decreto que sería contrario al derecho internacional en el que midió sus espacios marítimos. En ese documento se adjudicó, de forma unilateral, áreas marinas que según La Haya son de Colombia.

Periodista egresada de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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Colombia se alista para nuevo revés en La Haya

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El tribunal dictará una sentencia sobre el posible incumplimiento del país al fallo de 2012. Las claves. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá el próximo jueves la decisión sobre uno de los dos litigios que tiene abiertos entre Colombia y Nicaragua por la cuestión del mar, una disputa de largo aliento entre las dos naciones por la que en 2012 nuestro país perdió un pedazo del océano, cercano al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Vacunación covid se integrará al Programa Ampliado de Inmunizaciones

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Vacunación covid se integrará al Programa Ampliado de Inmunizaciones

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El Gobierno Nacional anunció que la vacunación contra el covid-19 en el país integrará el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), esto con el fin de hacer un balance de lo que ha sido la aplicación de dosis contra la pandemia y "un nuevo paso en el Plan Nacional de Vacunación".
"Esto no significa que se dejará de vacunar contra el covid19, sino que se hará una integración con el programa regular y se utilizarán los recursos de este, tales como los puntos de vacunación y el personal”, precisó Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.

LOS DETALLES
El PAI en Colombia es un programa consolidado, que permitió tener las bases para la construcción del Plan Nacional de Vacunación e, históricamente, ha sido reconocido y galardonado como uno de los mejores en las Américas, explicó el Ministerio de Salud.
"En este sentido esta decisión brinda la confianza en nuestro talento humano en salud, pero también supone un reto importante para las entidades territoriales en no bajar la guardia con el covid-19”, agregó Escobar.
Para que la vacunación contra el covid integre el PAI lo primero que hay que hacer son "arqueos en cada territorio de las vacunas con las que cuentan, para posteriormente hacer una revisión de dosis entregadas y aplicadas, incluyendo traslados entre departamentos y municipios”.
Después, se revisará la información recolectada y se harán los ajustes necesarios para proceder con el cargue de registros en PAIWEB.
“No debemos olvidar tampoco el aspecto de pagos, aquí es importante tener claridad en las cuentas de las IPS, así como giros previos y el proceso de facturación”, sostuvo Escobar.
Todos estos procesos empezarán el 22 de abril con la entrega de un cronograma nacional.
"Se harán en mesas de trabajo con los entes de control y la Superintendencia Nacional de Salud, para darle un cierre a un proceso que implicó el esfuerzo de todos y que ha logrado grandes resultados que permitieron una reactivación como país y proteger la vida de los colombianos”, finalizó Escobar.
Esta integración permitirá, entre otras cosas, pasar de los cerca de 1.700 puntos establecidos para vacunación covid-19 a nivel nacional, a los más de 4.000 establecidos para el PAI en el país.
Al jueves 14 de abril, en el país se habían distribuido 88'558.452 dosis contra el covid, de las cuales se habían aplicado 81'956.379. Y el número de personas con esquema completo de vacunación era 35'179.124.

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Vacunación covid se integrará al Programa Ampliado de Inmunizaciones

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