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Esta categoría de análisis aborda la educación desde una perspectiva plural, inclusiva y crítica, que reconoce la diversidad de los estudiantes y busca garantizar su participación plena. La noción de diversidad incluye diferencias culturales, lingüísticas, socioeconómicas, de género, capacidades y estilos de aprendizaje. La inclusión asegura que todos los estudiantes tengan derecho efectivo a aprender, eliminando barreras que los excluyan o marginen. La accesibilidad promueve entornos, materiales y prácticas educativas adaptables para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad u otras necesidades educativas especiales.

La interseccionalidad permite analizar cómo distintas formas de desigualdad —género, clase, etnia, discapacidad, edad, entre otras— se entrecruzan en la experiencia educativa de cada estudiante, condicionando su acceso, participación y aprendizaje.

🔹 Ejemplos en Neuquén:

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria, que asegura la continuidad educativa de estudiantes con enfermedades o discapacidades, adaptando contenidos y metodologías.

Programas de educación intercultural bilingüe con comunidades mapuche, que respetan lengua y cosmovisión propias.

Adaptación de materiales y entornos para estudiantes con discapacidad física, sensorial o intelectual, garantizando accesibilidad.

Estrategias educativas en escuelas rurales y de zonas petroleras, donde se deben atender contextos socioeconómicos diversos y complejos.

Iniciativas de inclusión de género y diversidad sexual, que buscan reducir desigualdades estructurales y promover un aprendizaje más equitativo.

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Esta categoría de análisis aborda el currículum como un espacio de poder y disputa social, donde se define qué saberes, valores y prácticas educativas son legitimados y cuáles quedan marginados. Incluye el concepto de currículum controversial, que evidencia los conflictos ideológicos, culturales y sociales presentes en la construcción y puesta en práctica de los contenidos educativos.

Reconoce también a los actores del currículum —docentes, estudiantes, directivos, organismos estatales y comunidades— como participantes activos que negocian, adaptan y resignifican los saberes en contextos concretos. La categoría incorpora la noción de poder, entendiendo que la selección de contenidos y la organización escolar reflejan relaciones de hegemonía y posibilidades de resistencia. Asimismo, integra la perspectiva de justicia curricular, interrogando si el currículum contribuye a la equidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, o si reproduce desigualdades estructurales.

🔹 Ejemplos en Neuquén:

La incorporación de contenidos sobre pueblos originarios (mapuche, tehuelche) en escuelas primarias y secundarias, que evidencia la negociación entre la historia oficial y los saberes locales.

La adaptación de planes de estudio en escuelas rurales o de parajes aislados, donde los docentes deben resignificar contenidos para que sean pertinentes al contexto territorial.

La implementación de la Educación Domiciliaria y Hospitalaria, donde el currículum se flexibiliza para garantizar la continuidad del aprendizaje, respetando las condiciones de salud y vida de los estudiantes.

La discusión sobre la inclusión de temáticas de género y diversidad sexual en el currículum de educación secundaria, que refleja debates ideológicos y la tensión entre políticas de inclusión y resistencias locales.

Los programas provinciales de becas y acceso a la educación superior, que intervienen indirectamente en la justicia curricular al abrir oportunidades de aprendizaje que antes estaban restringidas.

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Esta categoría de análisis aborda la necesidad de comprender los procesos educativos desde una perspectiva situada, crítica y plural. Se fundamenta en la decolonialidad, que cuestiona los enfoques eurocéntricos y las herencias coloniales que aún persisten en la producción y transmisión de conocimientos. Reconoce la importancia de la territorialidad y los contextos específicos, entendiendo que cada práctica pedagógica se inscribe en realidades sociales, culturales y geográficas particulares.

Asimismo, incorpora la interculturalidad como horizonte de diálogo y reconocimiento entre saberes diversos, promoviendo la construcción de vínculos educativos más inclusivos y respetuosos de las diferencias. Finalmente, integra la interseccionalidad como herramienta analítica para comprender cómo distintas dimensiones de desigualdad —género, clase, etnia, discapacidad, edad— se entrecruzan en la experiencia educativa de cada sujeto.

En su conjunto, esta dimensión plantea una educación orientada a la justicia social, capaz de visibilizar y atender la diversidad, y de transformar las desigualdades estructurales que atraviesan a los sistemas educativos.

🔹 Ejemplos en Neuquén:

La educación intercultural bilingüe con pueblos mapuche, que reconoce la lengua y cosmovisión propia como parte del currículo.

La necesidad de adecuar propuestas educativas en territorios con fuerte impacto del desarrollo hidrocarburífero en Vaca Muerta, donde los cambios socioeconómicos generan tensiones y desigualdades.

Las políticas educativas dirigidas a escuelas rurales y de parajes cordilleranos, que deben responder a contextos geográficos aislados y a dinámicas comunitarias específicas.

La implementación de la educación domiciliaria y hospitalaria, que articula salud y educación para garantizar el derecho a estudiar de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

El reconocimiento de que ser mujer, migrante y de un sector popular en Neuquén configura una experiencia educativa distinta que debe ser leída con un enfoque interseccional.

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Esta categoría de análisis refiere al conjunto de decisiones, normativas y orientaciones que el Estado establece a través de las políticas públicas y educativas, con el fin de garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles. Implica comprender a la educación pública no como un servicio, sino como un derecho humano fundamental y socialmente irrenunciable, cuyo acceso debe ser universal, gratuito y equitativo. En el caso de la educación superior, esta dimensión permite problematizar el modo en que las políticas estatales inciden en la democratización del acceso, la permanencia y la calidad, así como en la definición de su función social, científica y cultural.

Ejemplos en Neuquén:

La Ley Orgánica de Educación Provincial Nº 2945 garantiza la educación como derecho social y reconoce a la educación pública como responsabilidad indelegable del Estado.

La creación de nuevos Institutos de Formación Docente y Técnicos Superiores en localidades como Añelo responde a políticas públicas que buscan ampliar la cobertura y democratizar el acceso en territorios alejados de la capital provincial.

La implementación de la modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, institucionalizada en la provincia, visibiliza la función del Estado en asegurar la continuidad educativa aun en situaciones de enfermedad, reforzando el principio de la educación como derecho.

El impulso a programas de becas estudiantiles provinciales y nacionales muestra cómo las políticas socioeducativas sostienen la permanencia y la igualdad de oportunidades en la educación superior.

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Dimensión de la diversidad, inclusión e interseccionalidad ISFD 17 (1)

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Categorias conceptuales:

Inclusión educativa: Concepto central de los últimos 30 años, asociado al derecho a la educación y la diversidad, pero con riesgo de quedarse en lo declarativo.

Accesibilidad: Más concreta que la inclusión. Dimensiones: física, comunicacional, académica. Relacionada con diseño universal y equidad.

Diversidad y diferencia: La diversidad puede marcar fronteras; la diferencia supone una mirada ética y vincular.

Interseccionalidad: Reconoce desigualdades entrelazadas (género, discapacidad, pueblos originarios). Surge del feminismo.

Justicia curricular: Garantizar aprendizajes en condiciones de equidad, no que todos aprendan lo mismo.

Institucionalidad y políticas públicas: La educación superior como derecho social; tensiones entre discursos, normas y prácticas.

La inclusión en superior necesita pensarse desde la accesibilidad real.

La UNRN trabaja accesibilidad como categoría central.

Se prioriza la equidad y la fraternidad, más allá de la discapacidad.

Enfoque narrativo y autobiográfico: experiencias de gestión y militancia.

La interseccionalidad evita políticas fragmentadas.

Tensiones en la institucionalidad universitaria: se necesitan acciones efectivas.

1. Normativas iniciales sobre discapacidad.

2. Transversalización en regulaciones generales.

3. Innovaciones actuales con justicia curricular e interseccionalidad

Interrogantes:

¿Cómo sostener las iniciativas en estructuras burocráticas?

¿Alcanza el presupuesto?

¿Cómo superar resistencias internas?

¿Qué obstáculos persisten en la garantía de derechos?

Desafíos:

Profundizar políticas transversales e interseccionales.

Sensibilizar a la comunidad educativa.

Mayor participación de personas con discapacidad en docencia, extensión e investigación.

Accesibilidad académica plena.

El Estado debe garantizar accesibilidad con enfoque de derechos.

Las instituciones pueden favorecer u obstaculizar .

Acompañar el acceso, permanencia y egreso de personas con discapacidad.

Democratización social y acceso a otros derechos.

Mejor calidad de vida.

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Accesibilidad:La accesibilidad se concibe como condición indispensable para la participación plena, más allá de la discapacidad, en clave de equidad y fraternidad.
Se debe garantizar la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad que accedan al nivel terciario.