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Mariano Rivera Paz nació el 24 de diciembre de 1804 en la ciudad de Guatemala. Estudió leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y aunque no completó la carrera, era un brillante estudiante.

En 1846 fue el primer alcalde de la Corporación Municipal de la ciudad de Guatemala.

En 1848 fungió como corregidor y presidente del consejo consultivo.

También fue diputado de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala y corregidor interino del departamento de Jutiapa, con el fin de pacificar dicho departamento.

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Luchó contra el presidente liberal de la Federación Centroamericana Francisco Morazán. Además se le considera el principal causante de la disolución de dicha Federación al impedir que los liberales despojaran a los conservadores de los privilegios de que hasta entonces disfrutaban. Aunque logró equilibrarlo con concesiones a los indígenas guatemaltecos —con quienes fue sumamente benévolo y respetuoso— y el apoyo de Inglaterra, lo cual llevó a la población guatemalteca a disfrutar de cierta prosperidad durante su gobierno.

El capitán general Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala, la cual fue instituida por él mismo el 21 de marzo de 1847. Esto sucedió durante su gobierno vitalicio que duró desde 1839 hasta 1865.

El presidente Carrera era mestizo y con rasgos indígenas, lo que junto al apoyo que recibió del conservador Clan Aycinena ha sido la razón para que su figura haya sido polémica en la historia guatemalteca.

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La administración de Vicente Cerna fue al principio pacífica. Tomó posesión del cargo oficialmente el 24 de mayo de 1865. Luego, se propuso una reelección en enero de 1869 y la ganó, con un margen de dos votos.

Aún así, persistía la desigualdad y falta de oportunidades en la población guatemalteca. El General Serapio Cruz, quien se había rebelado contra el gobierno de Carrera, siguió luchando hasta que en 1870 fue vencido por el Ejército de Guatemala.

Los hechos de la muerte de Serapio Cruz causaron que el ejército liberal luchara con más fuerzas. Vicente Cerna fue depuesto más tarde, en junio de 1871, al final de la Revolución Liberal liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios.

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Después de la revolución se emitió una nueva Constitución para la República, dividiendo el Estado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Convocó elecciones democráticas, dando paso al desarrollo del libre ejercicio al voto.

Decretó la libertad de prensa y libertad de cultos.

Se suprimieron los diezmos y se impulsó la educación laica.

Renaudó relaciones entre Guatemala y Costa Rica.

Fundó la Escuela Politécnica y el Ministerio de Fomento.

Además, hizo que las escuelas públicas fueran gratuitas.

Creó por decreto la bandera de Guatemala, la cual sigue siendo muy similar actualmente. También se creó el Escudo de Armas.

Declarado Benemérito de la Patria por la Asamblea Nacional Legislativa.

Su cara aparece en el billete de Q 10.00.

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Comandó junto con Miguel García Granados la Reforma Liberal de 1871.

Entre 1871 y 1873 ocupó importantes cargos militares.

Fundó el Banco Hipotecario, el Hospital de Oriente en Chiquimula.

Desarrolló el mercado de La Reforma.

El edificio de La Recolección fue convertido en la Escuela Politécnica.

Firmó el contrato para la construcción del ferrocarril del Sur.

Promulgó el Código Penal, Militar y el Código Fiscal.

Mandó a construir el Cementerio General de Guatemala.

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José María Orantes, ocupó la primera magistratura de la nación al ser nombrado por la Asamblea Nacional como sustituto, mientras duraba la ausencia del presidente titular Justo Rufino Barrios, quien había partido hacia los Estados Unidos, para propiciar un arreglo entre México y Guatemala, en lo referente a la cuestión de límites entre estos dos países.

Entrega nuevamente el poder al General Justo Rufino Barrios el 6 de enero de 1883.

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Sinibaldi Castro ocupó el cargo de primer designado a la presidencia durante el período comprendido a partir del 30 de abril de 1884 al 20 de marzo de 1885. Cuando falleció el presidente de la República, el general Justo Rufino Barrios en la Batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885, Castro asumió la Presidencia Interina de Guatemala, ratificado por el Consejo de Ministros.

En un mensaje sumamente breve informó a los ciudadanos de la muerte del general Barrios y solicitó el apoyo de todos para su presidencia interina; poco después, emitió un segundo decreto en el que dejaba al Ministro de la Guerra, general Juan Martín Barrundia, que actuara como mejor conviniese a los intereses del país, ante ola de pasiones que se desató tras conocerse la muerte de Barrios.

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Manuel Lisandro Barillas fungió como presidente interino del 6 de abril 1885 al 15 de marzo 1886 y durante este periodo reformó la Constitución de 1879 y convocó a elecciones, las cuales ganó, y tomó posesión de la presidencia el 15 de marzo de 1886 y gobernó hasta el 15 de marzo de 1892.

El 17 de octubre de 1888 fue fundado en su honor el municipio de Barillas, en Huehuetenango, el propósito de la maniobra, aparte de dar su nombre a un municipio, fue legalizar en favor de propietarios individuales ladinos, la adjudicación de doscientas caballerías expropiadas a los indígenas de Santa Eulalia.

Su gobierno se caracterizó por la excesiva corrupción, gracias a la cual Barillas acumuló una gran extensión de tierras en la zona de Costa Cuca donde se apropió de las Fincas El Porvenir, La Libertad, El Tambor y Dalmacia, en la Costa Sur. No obstante, dilapidó su inmensa fortuna y murió en la miseria en México.

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Reina Barrios tomó posesión el 15 de marzo de 1892 en una fastuosa ceremonia que incluyó bandas y marimbas y aprovechó el alumbrado eléctrico de la plaza central que había instalado Barillas. Su primer acto oficial fue despedir al cónsul guatemalteco en Francia, por la treta que le había jugado pocos años antes.

Durante sus primeros años su gobierno se caracterizó por ser progresista y generoso, y por otorgar libertades en los organismos del estado que nunca habían existido en el país: hubo un congreso que no estaba supeditado al presidente y los jueces no eran venales. Trabajó por asegurar las menos controvertidas de las reformas del presidente Justo Rufino Barrios y también hubo libertad de Prensa.

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Cuando Árbenz inició su gobierno, los guatemaltecos parecían condenados a no prosperar. En 1950, el 76 % de los habitantes poseían menos del 10 % de las tierras; mientras que un 22 % controlaban el 70 %.

La United Fruit Company —UFCO— era dueña de más del 50 % de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6 %; y los campesinos tenían sueldos miserables.

El gobierno de Arévalo intentó cambiar las estructuras judiciales arcaicas, consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas de manipulación, sumisión y formalismo.

La rápida incorporación de nuevos derechos, la aparición de un Parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria generaron tensión en un sistema judicial, el cual se encontraba atrapado en los vicios de su estructura colonial.

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En las elecciones de 1944, considerada por los historiadores como las primeras elecciones transparentes en Guatemala, Arévalo obtuvo más del 85% de los votos emitidos y consiguió la Presidencia de la República el 15 de marzo de 1945.

Durante su gestión, conocida como el Primer Gobierno de la Revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos.

Su filosofía de un Socialismo Espiritual también conocida como Arevalismo fue contrario a esta estructura de una república bananera que había prevalecido en Guatemala. A pesar de todo, su gobierno tuvo dificultades internas y en el entorno internacional con los gobiernos de la época.

Al principio de su gobierno toleró la libertad de Prensa. Pero cuando esto fue aprovechado por la derecha guatemalteca y la United Fruit Company para hacer campaña de desprestigio incesante, tuvo serios altercados con el cuarto poder.

El gobierno de Arévalo compró el periódico Nuestro Diario, de Federico Hernández de León, para contrarrestar la prensa negativa que en este se le hacía. Pretendía que el periódico publicara editoriales de unos artículos partidistas escritos por altos funcionarios públicos.

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Las primeras acciones del gobierno contrarrevolucionario de Castillo Armas fueron:

Hizo ilegal al Partido Guatemalteco del Trabajo,

Prohibió las asociaciones, los sindicatos y los partidos políticos,

Suspendió los programas favorables a los indígenas y a la clase obrera,

Impuso una severa censura,

Disolvió el Congreso.

Comenzó una dura persecusión en contra de los intelectuales de izquierda.

Los fondos del Ministerio de Educación fueron congelados y se prohibieron todos los libros considerados “comunistas”; asimismo, se iniciaron las hostilidades hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se constituyó como la principal fuerza opositora y vía de denuncia contra los abusos del gobierno y contra la invasión estadounidense.

Pero aún más importante, derogó la Constitución democrática de 1945 y la Ley de Reforma Agraria, contenida en el Decreto 900, con lo cual se dejaba sin efecto la distribución de la tierra a los campesinos y todas las tierras que ya habían sido repartidas, fueron devueltas a los terratenientes del país y a la United Fruit Company.

Por último, el nuevo gobierno acordó la fusión del Ejército Nacional de Guatemala con el invasor Ejército de Liberación, lo cual provocó la indignación dentro de la institución armada, quien fue acusada por la sociedad civil de ser “traidora” y “cobarde”.

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En las votaciones del 12 de noviembre de 1995 Arzú superó con el 36,5% de los votos a Alfonso Portillo Cabrera, del Frente Republicano Guatemalteco y ganó en la segunda vuelta del 7 de enero de 1996 con el 51,2%.

El 14 de enero tomó posesión de la primera magistratura de la nación en sustitución de Ramiro de León Carpio.

Firma de la Paz

El más grande logro que tuvo el gobierno de Arzú fue la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, con la URNG. Acuerdos que se venían negociando desde 1988.

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Estudió la primaria y secundaria en el Liceo Guatemala.

Tras titularse de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se convirtió en un empresario y en funcionario público.

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En 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú Irigoyen, Otto Pérez representó al Ejército de Guatemala en la firma de los Acuerdos de Paz.

En 2000 se retiró del Ejército de Guatemala. Impulsó la creación del partido político que lo llevó a la presidencia, una agrupación política derechista integrada por militares, empresarios y políticos conservadores.

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Al inicio del gobierno de Jimmy Morales, existía un grupo de mujeres feministas organizadas que pudieron haber hecho avanzar la Agenda de las Mujeres: Sandra Morán en el Organismo Legislativo, Ana Leticia Aguilar en la Secretaría Presidencial de la Mujer, Lucrecia Hernández Mack en el Ejecutivo Eugenia Mijangos en el Tribunal Supremo Electoral y María Eugenia Morales en el Organismo Judicial, entre otras. Sin embargo, en la medida que fue imponiéndose el Pacto de corruptos el gobierno de Morales se orientó a la defensa de la impunidad, marcando el debilitamiento de las instituciones y la imposibilidad de hacer avanzar la agenda de derechos humanos.

En Guatemala, las corrientes fundamentalistas y conservadoras vinculadas a las empresas nacionales, intervienen en la toma de decisiones institucionales de los tres poderes del Estado. Esto ha implicado un significativo retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, cómo ha sido la negativa a la aprobación de la iniciativa 5376 que pretendía la protección a niñas sobrevivientes de violación sexual hasta los 14 años, o el avance de la iniciativa 5272 (Ley de Protección a la Vida y la Familia) considerada inconstitucional y que por tanto violenta derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ.

En esa misma lógica se ha incrementado la criminalización de todo lo que el gobierno, las empresas y los fundamentalismos consideren una amenaza: mujeres organizadas, feministas y personas defensoras de derechos. Esta erosión de la institucionalidad se constata en la modificación de leyes, políticas públicas, planes y mecanismos para el avance de las mujeres.

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Aunque resultó segundo en el primer turno electoral de 2019, con un escaso 14% de los votos, Alejandro Giammattei es hoy el presidente de Guatemala. En la segunda vuelta, las cosas fueron más simples para él. El candidato derechista logró vencer a Sandra Torres, su contrincante por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), con 57,95% de los votos. Las elecciones, sin embargo, estuvieron marcadas por una abstención de alrededor de 60%, la ausencia de debate y la falta de propuestas sólidas por parte de ambos contendientes.

Candidato por cuarta vez a la Presidencia (siempre con organizaciones políticas diferentes y de escaso arraigo social), Giammattei fue postulado esta vez por el nuevo partido Vamos, una formación que en su programa electoral se declaró «de ideología demócrata progresista, al servicio de los intereses de Guatemala», pese a ser una fuerza de derecha. El nuevo presidente tiene, además, poca experiencia como funcionario público: solo tuvo efímeros pasos por cargos secundarios en la Municipalidad de Guatemala.

El único cargo gubernamental que ocupó fue el de director del Sistema Penitenciario (2006-2007), donde formó equipo con el grupo que, distanciado del ex-presidente Álvaro Arzú por disputas de poder, optó por aplicar una política de limpieza social contra la delincuencia, al grado de ajusticiar a siete reos dentro de un centro de detención bajo la responsabilidad del ahora presidente. Acusado de complicidad y responsabilidad administrativa con el crimen, Giammatei consiguió ser absuelto mediante argucias judiciales. Por ese mismo crimen fue condenado en abril de 2018, en Suiza, el para entonces director general de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen.

Crítico, como todo candidato, de la corrupción que corroe todas las instancias gubernamentales, una de sus primeras acciones ha sido crear una comisión gubernamental contra la corrupción que no tendrá capacidad ejecutiva y dejará en manos del presidente la persecución penal. Como ente burocrático, sin independencia ejecutiva ni experiencia profesional en investigación criminal, la comisión no podrá llenar el vacío que en la investigación y denuncia contra la corrupción tuvo la recién clausurada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). De hecho, no se vislumbra que este nuevo ente llegue para consolidar la independencia y las capacidades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), constituida y fortalecida a propuesta y con recursos de la CICIG, pero debilitada por la actual fiscal general. Muchos integrantes de la FECI se encuentran amenazados y acosados judicialmente por diputados y funcionarios acusados de corrupción.